Mientras se debate una ley en la ciudad
No autorizarán nuevos carteles publicitarios
Crece la disputa con el sector anunciante
El gobierno porteño suspendió por 120 días hábiles la entrega de permisos para la colocación en la ciudad de anuncios publicitarios, al igual que la renovación de los ya existentes, mientras aguarda que avance en la Legislatura el proyecto de ley de publicidad exterior remitido por el Poder Ejecutivo, que divide la Capital en cuatro zonas con distintos criterios para permitir la práctica.
La medida provocó el rechazo de las cámaras que agrupan a empresas de publicidad en la vía pública y a fabricantes de carteles, que ya estaban en pie de lucha por los límites previstos para la actividad en la iniciativa en estudio en la Comisión de Espacio Público del Poder Legislativo.
El proyecto -entre otros puntos salientes- prohíbe las marquesinas en toda la ciudad y la publicidad de sponsors en toldos de quioscos, al tiempo que reduce considerablemente el tamaño de los denominados "carteles salientes" que suelen usar los comercios para ser vistos desde lejos.
Además, fija para los infractores multas de entre 1000 y 900.000 pesos, que pueden alcanzar tanto al dueño del espacio, como a la empresa que lo comercializa y al propio anunciante.
Según los fundamentos de la resolución N° 1065, publicada ayer en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, "Buenos Aires ha visto crecer la aparición de anuncios publicitarios, en forma constante y desbordante, muchas veces en zonas expresamente vedadas". Según fuentes oficiales, el 70 por ciento de los carteles está hoy en infracción, porcentaje que según voceros del sector es del 50%. Por lo tanto, continúa la resolución, "corresponde tomar medidas preventivas, atento la obligación constitucional de proteger antes de recomponer cuando se trata de riesgos de afectación del espacio público".
El texto también hace referencia a la gran cantidad de solicitudes de permisos -fuentes del Ministerio la estimaron en 50.000- aún en trámite en esa dependencia. Y, por todo lo referido, establece la suspensión por 120 días de los expedientes abiertos, del ingreso de nuevos pedidos y de la renovación de los ya otorgados.
"El proyecto de ley concentra la publicidad exterior en el mobiliario urbano, lo que deja a muchos anunciantes sin poder competir. Admitimos que hay un 50% de carteles en infracción y tenemos buena voluntad para sacarlos; el desorden no le hace bien a un sector serio. Pero esta resolución directamente anula la actividad. Antes de construir y colgar un cartel, debemos habilitarlo. Suspender los permisos es no poder trabajar", protestó el presidente de la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (APE), Gustavo Brizuela.
Su par de la Cámara Argentina de la Industria del Letrero y Afines (CAIL), Daniel Carnaghi, sentenció: "Esta suspensión equivale a una prohibición de trabajar por cuatro meses. Nos sentimos burlados, porque venimos trabajando en la Legislatura para intentar acordar propuestas que conformen a ambas partes. Tendremos que denunciar el atropello a la libertad de trabajo y de expresión. Se trata de 2300 talleres con 14.000 trabajadores, cuya fuente laboral está en riesgo. Nos sentimos como el campo: no escuchados".
Piccardo les respondió con dureza: "No necesitan ser escuchados ni pedir permiso para cumplir la ley; deben cumplirla. Hay 40.000 carteles en infracción: que los retiren. Suspender los permisos es el primer paso para detener el caos. Durante muchos años, hubo empresarios que no respetaron la ley, y un Estado que no controló. Ahora, queremos una Buenos Aires menos contaminada. Las empresas deberán reconvertirse y, como muchos carteles deberán ser adecuados, tendrán mucho trabajo".
Por lo pronto, encabezado por la APE, el sector prepara unos 4400 carteles para lanzar pasado mañana una campaña en contra de la iniciativa oficial. Rescatará la influencia positiva de la publicidad exterior en ciertas conductas ciudadanas, como la donación de órganos.
No autorizarán nuevos carteles publicitarios
Crece la disputa con el sector anunciante
El gobierno porteño suspendió por 120 días hábiles la entrega de permisos para la colocación en la ciudad de anuncios publicitarios, al igual que la renovación de los ya existentes, mientras aguarda que avance en la Legislatura el proyecto de ley de publicidad exterior remitido por el Poder Ejecutivo, que divide la Capital en cuatro zonas con distintos criterios para permitir la práctica.
La medida provocó el rechazo de las cámaras que agrupan a empresas de publicidad en la vía pública y a fabricantes de carteles, que ya estaban en pie de lucha por los límites previstos para la actividad en la iniciativa en estudio en la Comisión de Espacio Público del Poder Legislativo.
El proyecto -entre otros puntos salientes- prohíbe las marquesinas en toda la ciudad y la publicidad de sponsors en toldos de quioscos, al tiempo que reduce considerablemente el tamaño de los denominados "carteles salientes" que suelen usar los comercios para ser vistos desde lejos.
Además, fija para los infractores multas de entre 1000 y 900.000 pesos, que pueden alcanzar tanto al dueño del espacio, como a la empresa que lo comercializa y al propio anunciante.
Según los fundamentos de la resolución N° 1065, publicada ayer en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, "Buenos Aires ha visto crecer la aparición de anuncios publicitarios, en forma constante y desbordante, muchas veces en zonas expresamente vedadas". Según fuentes oficiales, el 70 por ciento de los carteles está hoy en infracción, porcentaje que según voceros del sector es del 50%. Por lo tanto, continúa la resolución, "corresponde tomar medidas preventivas, atento la obligación constitucional de proteger antes de recomponer cuando se trata de riesgos de afectación del espacio público".
El texto también hace referencia a la gran cantidad de solicitudes de permisos -fuentes del Ministerio la estimaron en 50.000- aún en trámite en esa dependencia. Y, por todo lo referido, establece la suspensión por 120 días de los expedientes abiertos, del ingreso de nuevos pedidos y de la renovación de los ya otorgados.
"El proyecto de ley concentra la publicidad exterior en el mobiliario urbano, lo que deja a muchos anunciantes sin poder competir. Admitimos que hay un 50% de carteles en infracción y tenemos buena voluntad para sacarlos; el desorden no le hace bien a un sector serio. Pero esta resolución directamente anula la actividad. Antes de construir y colgar un cartel, debemos habilitarlo. Suspender los permisos es no poder trabajar", protestó el presidente de la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (APE), Gustavo Brizuela.
Su par de la Cámara Argentina de la Industria del Letrero y Afines (CAIL), Daniel Carnaghi, sentenció: "Esta suspensión equivale a una prohibición de trabajar por cuatro meses. Nos sentimos burlados, porque venimos trabajando en la Legislatura para intentar acordar propuestas que conformen a ambas partes. Tendremos que denunciar el atropello a la libertad de trabajo y de expresión. Se trata de 2300 talleres con 14.000 trabajadores, cuya fuente laboral está en riesgo. Nos sentimos como el campo: no escuchados".
Piccardo les respondió con dureza: "No necesitan ser escuchados ni pedir permiso para cumplir la ley; deben cumplirla. Hay 40.000 carteles en infracción: que los retiren. Suspender los permisos es el primer paso para detener el caos. Durante muchos años, hubo empresarios que no respetaron la ley, y un Estado que no controló. Ahora, queremos una Buenos Aires menos contaminada. Las empresas deberán reconvertirse y, como muchos carteles deberán ser adecuados, tendrán mucho trabajo".
Por lo pronto, encabezado por la APE, el sector prepara unos 4400 carteles para lanzar pasado mañana una campaña en contra de la iniciativa oficial. Rescatará la influencia positiva de la publicidad exterior en ciertas conductas ciudadanas, como la donación de órganos.
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