Los anuncios de prostitución, más cerca de la prohibición

El Consejo de Estado ha calificado de "plausible” el hecho de prohibir o limitar severamente los anuncios de prostitución en la prensa siempre y cuando el Gobierno apruebe una ley específica para ello.

Redacción

Al respecto, el Consejo de Estado considera que "no debiera instrumentalizarse mediante su tipificación de ilícito penal", según un informe elaborado al respecto a petición de la ex ministra de Igualdad y actual titular de la Secretaría de Estado homónima, Bibiana Aído.

El organismo consultivo apunta que, dada la "falta de un fundamento general que habilite" al Gobierno para prohibir los anuncios de prostitución en la legislación española "y la insuficiencia de los instrumentos procesales vigentes para declararlos ilícitos", sería necesario aprobar una disposición con rango de ley, "en concreto, una ley prohibitiva de la actividad", que permitiera al Ejecutivo acometer esta restricción.

El informe establece que "el componente de comunicación existente en la publicidad hace que la determinación de sus límites deba hacerse mediante instrumento de rango legal en todo caso y que su establecimiento se justifique objetivamente en la prevalencia de bienes, valores y derechos superiores garantizados por el ordenamiento". En este sentido, considera que la prohibición de estos anuncios "persigue un fin legítimo" al mismo tiempo que argumenta que "la regulación vigente resulta insuficiente para prohibir en la prensa escrita, con carácter general, la publicidad de la prostitución" porque "no existe una habilitación legal" que lo permita y "porque tampoco se puede obtener la desaparición general de dicha publicidad mediante ninguno de los instrumentos de defensa previstos en la Ley". Sobre este asunto, explica que en el caso de la publicidad de prostitución, en España "la autorregulación se ha mostrado insuficiente y baldía pese a las iniciativas adoptadas o impulsadas por los poderes públicos". Es un mecanismo "manifiestamente insuficiente para alcanzar la finalidad perseguida de hacer desaparecer" estos anuncios, explica el informe.

El documento firmado por el Consejo de Estado asegura que "las mujeres se convierten en un objeto de consumo" asumiendo uno de los roles "más extendidos" en la publicidad, que es, según el Consejo de Estado, "aquél que convierte a las mujeres en mercadería". "La mera oferta de servicios sexuales, aún libre y voluntaria, así lo comporta", explica el informe, para incidir en que "por la simple finalidad del anuncio, las mujeres son objeto de una desvalorización completa que pugna frontalmente con su dignidad como persona y es incompatible con los bienes y valores jurídicos reconocidos en la Constitución y en las leyes".