MEDIOS
Y COMUNICACION
Todos
los medios son públicos
Néstor
Piccone afirma que todos los medios son públicos y sólo se diferencian por su
modelo de gestión y sostiene que, ante el predominio del modelo oligopólico,
los gobiernos, a través de los medios estatales, están en todo su derecho de
defenderse.
¿Los gobiernos (nacional, provincial y municipal)
tienen derecho a utilizar los medios públicos estatales para difundir sus
políticas y a través de los mismos fijar su posición frente a las polémicas que
se plantean cotidianamente desde los demás sectores? Intentaré responder a este
interrogante y sumar algunas ideas al pertinente debate propuesto por Hugo
Muleiro en Página/12 el pasado 17 de abril.
El
modelo mediático hegemónico que se instaló en los años noventa disfraza de
periodismo independiente su dependencia política, ideológica, técnica y
cultural de los grandes grupos concentrados de la economía y del modelo de
mercado, que son quienes los sostienen económica y judicialmente. La Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) habilitó la legalidad para que
otros sectores avancen sobre ese modelo de medios. Así están los medios
universitarios, que a partir de la promulgación de la ley accedieron a
licencias para manejar frecuencias audiovisuales. Hay otro sector, en el que se
incluyen los medios administrados por las micro y pequeñas empresas de arraigo
local, el sector cooperativo y comunitario y los pueblos originarios.
La
distorsión que en los ’90 produjeron los grandes medios concentrados, más
conocidos como monopolio mediático, llevó a que la aplicación de la ley (que
garantiza espacios para todos) se postergara por más de tres años.
En
esta distribución de espacios que hizo la LSCA se preservó un 33 por ciento
para las organizaciones sin fines de lucro y se garantizaron radios y canales
para los pueblos originarios.
Pero
no todos están en las mismas condiciones para enfrentar el desa-fío de la
libertad de expresión. Los únicos que no tienen garantizada su sostenibilidad
en el sistema de medios son los del 33 por ciento, los pueblos originarios y
las micro y pequeñas empresas de arraigo local.
Todos
los medios son públicos, sólo se diferencian por su modelo de gestión. Los
grandes integran un dispositivo tecno-económico-cultural que promueve el modelo
socio-económico-cultural de mercado. Son impulsores de las políticas
neoliberales y sostenedores del sistema capitalista, atado a la
financiarización de la economía. En ellos se defiende a la banca mundial, la
concentración económica, se impulsa el Estado mínimo y la privatización de la
sociedad. Condicionan a los gobiernos desde esta posición dominante y sustraen
la verdad a los públicos. Públicos que son el sujeto de derecho: a la
información y a la libertad de expresión.
Los
medios estatales manejados por los gobiernos nacional, provincial o municipal,
según los postulados de los grandes, tendrían que ser estatales no
gubernamentales y en sus contenidos debería reproducirse la agenda que ellos
manipulan día a día y en la que nunca se ve, por ejemplo, la obra pública o la
gestión gubernamental.
Las
universidades no han logrado, hasta el momento, entrar al sistema con algún
grado de potencia; los casos más destacados son los de Córdoba (que desde la
aprobación de la LSCA, logró poner al aire el primer canal de noticias del
interior del país y mantener las radios AM y FM y el canal de televisión
abierta), y Tucumán y La Plata, que también tienen canales propios con un
impacto importante.
Ningún
sector de los mencionados está en condiciones de enfrentar al monopolio que
concentra el manejo del cable, conexión hasta ahora necesaria para que el
público acceda a la mayor cantidad de canales de televisión. Es por eso que se
demanda un rol activo del Estado y los gobiernos (en todos sus niveles y
encuadramientos políticos) para que se garantice el funcionamiento integral del
sistema habilitado por la ley.
Desde
esta posición se puede sostener que ante el predominio del modelo oligopólico
de gestión y de producción de contenidos noticiosos, artísticos y de
entretenimiento, los gobiernos, a través de los medios estatales, están en todo
su derecho de defenderse de los ataques permanentes y tienen la obligación de
utilizar el espacio para dar a conocer la gestión gubernamental, negada
sistemáticamente por el mercado.
En
las condiciones en las que se desarrolla hoy el sistema de medios, la
democracia (según la ley de SCA) admite medios públicos privados (sin
monopolio), medios públicos estatales (manejados por los gobiernos) y medios
públicos no estatales ni gubernamentales. Es cuestión de que la democracia (no
sólo el kirchnerismo y el Ejecutivo nacional) respete el texto integralmente y
garantice su total aplicación. La última palabra para cerrar esta etapa que
definirá si la democracia se impone al monopolio la tiene un puñado de personas
que integran la Corte Suprema de Justicia.
* Periodista, psicólogo. Integrante de la Mesa de
Coordinación de la Coalición por una Comunicación Democrática.
MEDIOS
Y COMUNICACION
Agenda,
Estado y convergencia
Según
Diego Vesciunas, a partir de la convergencia y la multimedialidad los Estados
están en condiciones de redefinir su utilización de la comunicación, para dar
lugar a mayores espacios de participación y creatividad por parte de los
ciudadanos.
La convergencia de medios, tan en boga en estos
últimos años, podría resumirse como la conjunción de tres industrias:
informática, telecomunicaciones y de contenidos. Su aparición y posterior
vigencia comenzaron a generar un fuerte cambio en las formas de consumo,
almacenamiento, producción y circulación de información. Hoy, con un único
dispositivo móvil, es posible consumir y producir cualquier tipo de material
audiovisual. La convergencia resulta entonces, además de un fenómeno económico
y tecnológico, un proceso cultural y transmediático capaz de trastrocar
nuestras prácticas sociales. Los Estados pueden tomar nota de las
características e impactos de estos cambios para impulsar estrategias que potencien
su posible vinculación con la ciudadanía.
En
el caso específico de la instalación de una temática en la agenda pública, es
necesario que redefinan las acciones impulsadas hasta hoy: campañas obsoletas
que desestiman al ciudadano y pierden terreno frente a la intervención
mediática. Las campañas de concientización o sensibilización sobre un tema
particular necesitan contemplar los pareceres de la sociedad civil. Estas ya no
pueden construir un ciudadano aquietado y expectante, sino que deben perfilar uno
inquieto, activo y capaz de complementar el contenido producido. Los códigos de
interpelación también constituyen un elemento a redefinir por parte del sector
público. Requieren un relevamiento y análisis de lo que los formatos
multimediales están generando en relación con conceptos, expresiones, sentidos
de pertenencia, nuevas identidades, nuevos tipos de participación, demandas
ciudadanas que circulan en nuevos espacios, etcétera.
El
Estado puede instalar temáticas, por ejemplo, a través de las redes sociales.
En ellas se suceden fuertes discusiones sobre temáticas vinculadas con el ser
ciudadano. Y, muchas veces, dichos intercambios se generan sobre la base de
issues impuestos mediáticamente (inseguridad, inflación, etc.), bajo intereses
y tiempos que no se corresponden con las complejidades de los mismos. Por eso
resulta importante analizar las oportunidades que la interactividad, la
multimedialidad y la velocidad de distribución ofrecen para instalarlos.
En
relación con la interactividad, la creación de un perfil en una red social
puede generar una fuerte humanización del Estado. Esto es, una mayor cercanía
con el ciudadano desde una faceta desburocratizada y centrada en el
intercambio. Existen, actualmente, varios antecedentes interesantes: Aerolíneas
Argentinas (@Aerolineas_AR, www.facebook.com/Aerolineas.argentinas),
Presidencia de la Nación (@casarosadaar, www.facebook.com/casarosadaargentina),
Anses (@ansesgob, www.facebook.com/
ANSES), Ministerio de Planificación Federal, Inversión, Pública y Servicios
(@minplan, www.facebook.com/minplan),
etcétera.
En
relación con la multimedialidad, el desafío es crear plataformas que permitan
un contacto ameno y recíproco con el ciudadano. Conformar un espacio en donde
este último sea convocado para desasnarse, pero también para crear y sugerir
alternativas con respecto a la información que se ofrece, pudiendo recoger
inquietudes que colaboren en la instalación de futuros temas. En este sentido,
la página www.proyectowalsh.com.ar, creada por Alvaro Liuzzi y Vanina
Berghella, presenta una interesante interrelación con las diferentes redes
sociales que brindan un contexto de fuerte socialidad alrededor de la
plataforma. El objetivo aquí es rectificar al Estado como promotor de
iniciativas verticales de contacto con el ciudadano basadas solo en la
instrucción.
En
relación con la distribución, es posible pensar un proceso de difusión y
sensibilización abarcativos. La convergencia brinda la posibilidad de instalar
viralmente la temática con velocidades inusitadas. A partir de la simultaneidad,
permite poner en marcha el proceso rápidamente y en diferentes territorios. La
conformación de un canal en YouTube puede colaborar en este sentido (algunos
ejemplos, Aerolíneas Argentinas: www.youtube.com/user/AerolineasAR,
ANSES: www.youtube.com/ansesgob).
En
definitiva, los Estados están en condiciones de redefinir su utilización de la
comunicación. La verticalidad, la subestimación del ciudadano y la exclusiva
atención de consultas deberían dar paso a la horizontalidad en la constitución
de información de trascendencia pública, promoviendo un ciudadano activo en la
discusión sobre temáticas que nunca dejaron de involucrarlo directamente.
* Docente de Políticas y Planificación de la
Comunicación (UBA).
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