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miércoles, 21 de mayo de 2014

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Las nuevas disputas culturales
Anna Valeria Prato y María Soledad Segura presentan un escenario de nuevas disputas culturales habilitadas a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que apuntan a reconfigurar el sistema mediático a partir de la movilización social y de nuevas estrategias del Estado.

http://www.pagina12.com.ar/commons/imgs/go-gris.gif Por Anna Valeria Prato * y María Soledad Segura **
Desde Córdoba
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) no sólo sentó bases más democráticas para reconfigurar el sistema mediático, sino que su debate público colocó los derechos a la comunicación y a la cultura en un lugar central en la agenda social y gubernamental. Esto amplió las oportunidades políticas para que se conformaran y fortalecieran organizaciones sociales de otros sectores de la comunicación (como los gráficos e Internet) y de la cultura (músicos, bailarines, productores culturales comunitarios). La inédita participación social y los altos niveles de incidencia que la Coalición por una Radiodifusión Democrática logró tener en las políticas de comunicación del país de los últimos cinco años constituyeron fuente de inspiración para nuevos colectivos, que impulsan cambios en las reglas de juego de otras áreas de la producción cultural.
En particular, la LSCA estableció cuotas de música nacional e independiente a ser programada por las radios y destinó un porcentaje de la recaudación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual al Instituto Nacional de Música. Esto fue un logro de la Federación Argentina de Músicos Independientes y la Federación Independiente de Músicos de la Argentina, que se habían conformado en 2008 y que luego impulsaron la Ley de la Música, aprobada en 2013. Su proyecto había sido presentado en 2012 por el diputado del Frente para la Victoria Eric Calcagno.
En 2010 se reunió el Colectivo Pueblo Hace Cultura, y en 2012 promovió el proyecto de Ley de Apoyo a la Cultura Comunitaria, Autogestiva e Independiente. Este proyecto, luego de perder estado parlamentario, fue presentado nuevamente en 2013 por el diputado de Unidad Popular Claudio Lozano. Por su parte, la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina se constituyó en 2012 y presentó el proyecto de Ley de Promoción de la Producción Independiente y Autogestiva de Comunicación Cultural por Medios Gráficos y de Internet a través del diputado del Frente para la Victoria Jorge Rivas. En tanto, el pasado 29 de abril, el Movimiento por la Ley de Danza, que integra experiencias que se desarrollan desde 2008, volvió a presentar –después de que perdiera estado parlamentario– el proyecto de Ley de Danza, con el apoyo de diversos bloques.
Todas estas propuestas se basan en el paradigma de la comunicación y la cultura como derechos humanos, y como condición para la democracia y el desarrollo de los pueblos en el que se funda la LSCA, y se colocan en las antípodas del modelo mercantil de bienes y servicios culturales. Desde esta perspectiva se busca garantizar el acceso y la participación de actores que ocupan una posición marginal en la producción cultural: social-comunitarios, autogestivos, independientes, sin fines de lucro. Esta concepción implica también reivindicar el rol activo del Estado como garante de ese derecho para todos y todas y la consecuente necesidad de que fomente estas expresiones.
No obstante, lo novedoso no es sólo el fundamento de las propuestas, sino también sus procesos de construcción. Los debates y las definiciones de estos proyectos de ley se realizaron con amplia participación y movilización social en casi todo el país. Esto conllevó necesarios cambios de roles tanto en el Estado como en la sociedad civil y la puesta en juego de nuevos sentidos sobre lo estatal, lo público y lo común. Estas organizaciones sociales procuran pasar de la desconfianza al Estado y la resistencia a sus políticas, a la propuesta, la negociación y los intentos de incidencia. Por su parte, agentes estatales ensayan nuevos modos de relacionarse con estos colectivos sociales: de la estrategia de cooptación mediante el financiamiento y de imposición de decisiones a la consulta, la apertura y la cooperación. Estos avances, sin embargo, no están exentos de conflictos, rupturas y retrocesos.
* Licenciada en Psicología. Maestranda en Investigación e Intervención Psico-social de la UNC. Integrante de la Red de Productores Culturales de Sierras Chicas-Córdoba.
** Doctora en Ciencias Sociales. Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea. Docente de la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC e investigadora asistente del Conicet.
 MEDIOS Y COMUNICACION
Fútbol, contenidos y derechos audiovisuales
Tomando en cuenta los anuncios sobre transmisiones del Campeonato Mundial de Fútbol y el aporte de la Televisión Digital Abierta, Diego Rossi subraya la importancia de lo hecho y reclama nuevas políticas de Estado para garantizar la eficacia de la inversión en la materia.

http://www.pagina12.com.ar/commons/imgs/go-gris.gif Por Diego Rossi *
La transmisión del Campeonato Mundial de Fútbol 2014 retoma desafíos para una política pública del audiovisual que garantiza acceso, gratuidad y alta definición en casi todo el país, mientras ocho de cada diez hogares pagan TV por cable o satelital.
La información oficial indica que “Fútbol para Todos será el único medio de la televisión abierta argentina que transmitirá todos los partidos de la próxima Copa del Mundo, y los mismos podrán disfrutarse, gratuitamente y en alta definición, a través de las pantallas de la TV Pública y DeporTV, señales 23.02 y 24.01 de la TDA”, ya sea en directo o en diferido.
Catalizador de nuestras pasiones por excelencia, el fútbol es una “actividad de interés relevante”, según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y recibe la inversión de recursos públicos para facilitar su recepción gratuita por diversos soportes.
Dado que un 82 por ciento de los hogares son abonados a la TV por suscripción y que la mayoría se ha demostrado favorable a la estatización del Fútbol para Todos, asumimos que en términos generales al Estado se le agradece haber librado a los argentinos de la mensualidad premium o pay-per-view del fútbol, aunque eso no conlleve cortar con el abono básico.
¿Quiénes deberían pagar para ver TV?
El Estado viene realizando inéditos esfuerzos para el acceso ciudadano y la diversificación de contenidos (series de ficción, películas, documentales, producciones con visión federal y otros materiales que no lograron llegar a pantallas masivas).
Mientras algunos se apresuran a declarar la debacle de la Televisión Digital Abierta (TDA), recién se cumplen cuatro años de su comienzo, y sabemos que el pasaje de analógico a digital en la TV de cualquier país tiene plazos no menores a ocho o diez años.
Convergen varias cuestiones: en primer lugar, la dependencia estructural basada en las redes de TV con centro en Buenos Aires, que condenaban a “los del interior” a ver uno o dos canales, con producciones de Capital transmitidas en diferido.
En tal sentido, el lugar configurado para el espectador-consumidor ante la oferta audiovisual ha sido tanto o más cultural que el atesoramiento de ahorros en dólares.
Desde 2010, la TDA desarrolló rápidamente antenas e infraestructura para cubrir hoy al 85 por ciento del territorio y más del 90 por ciento de la población, junto a nuevas señales. Pero la difusión de la TDA con criterio de política social (reparto gratuito de 1.500.000 decodificadores a sectores vulnerables y entidades sociales, instalación de antenas, etc.) confundió en su validación el criterio de accesibilidad con el efectivo uso de los dispositivos, los contenidos y el recambio de televisores. Ciertas formas clientelares de distribución de los “decos” y algunos fallos técnicos de recepción son factores que inciden en los presumibles bajos índices de audiencia, como también el ninguneo de los medios dominantes a las nuevas señales y a la TDA en general.
Quizá fueron subestimados los hábitos culturales que naturalizaron el pagar-abono-para-ver, especialmente con un modelo de inclusión económica que permite a vastos sectores destinar sin dudar más de 200 pesos mensuales para cubrir sus “necesidades básicas de consumo audiovisual”, TN y Tinelli incluidos.
Ahora, frente a la convergencia de servicios, personas de todas las edades también eligen contenidos a través de conexiones a Internet: ya sean servicios de pago como Netflix o Spotify, pero también YouTube, los sitios por fuera de los derechos de propiedad intelectual, y los programas desenganchados de la grilla de las pantallas.
Es bueno que se garantice la visualización del Mundial en forma gratuita a través de la TDA.
También resulta necesario consagrar jurídicamente los principios de neutralidad de la red, para la circulación de una producción diversa y plural y el acceso digital con equidad.
Pero sobre todo, aplicar políticas de Estado para evitar oligopolios que cambian de formas y se suceden unos a otros. El audiovisual como verdadera industria demanda la identificación y regulación de excedentes extraordinarios en la cadena de valor (hoy son “los exhibidores que se la llevan”, a costa de las inversiones públicas o de quienes invierten en el desarrollo de contenidos y/o redes de comunicación).
Actualizar las formas de subsidiar y garantizar programas nacionales por muchos años más será el mejor de los esfuerzos para desterrar el derrame de las soluciones del mercado, en pos de una redistribución inteligente y eficiente de los recursos que genera y banca la sociedad argentina toda.
* Docente-investigador, Facultad de Ciencias Sociales UBA. @diegodrossi


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