LA DISCUSION SOBRE LOS CLASIFICADOS QUE PROMUEVEN EL COMERCIO SEXUAL
Un debate caliente
Especialistas en género y organizaciones antitrata cuestionan los avisos sexuales. Y plantean propuestas para limitarlos. Son un gran negocio para los medios, pero a la vez pueden encubrir situaciones de trata y explotación. Las posiciones.
Por Mariana Carbajal¿Se debe limitar la publicación de avisos en los medios de comunicación que promueven el comercio sexual? La presencia cada vez más extendida en la mayoría de los diarios nacionales y provinciales de clasificados que ofrecen cuerpos femeninos reavivó el debate. Los anuncios hot significan un frondoso negocio para muchos diarios –algunos llegan a facturar un millón de pesos por mes–. Pero a la vez denigran a las mujeres, reafirman el estereotipo de la mujer-objeto sexual, transmiten la idea de un género femenino servil y pueden encubrir situaciones de trata, proxenetismo y explotación sexual de menores, advierten diversas voces. De esa forma, algunos diarios –y revistas– pueden ser soporte y cómplices de mafias de trata y de prostitución. Prohibir o reglamentar su publicación son algunas de las propuestas de ONG. En Legislaturas provinciales y comunales se han presentado proyectos para restringirlos y proponen que no se entregue pauta publicitaria oficial a los medios que incluyan avisos con oferta sexual.
Entre los principales diarios que se editan en la ciudad de Buenos Aires, publican ese tipo de clasificados Clarín, La Nación, Ambito, Crónica, Diario Popular y El Argentino, entre otros. La amplia mayoría de los diarios provinciales también contiene avisos de comercio sexual.
En España, el Consejo de Estado, que es el órgano superior de consulta del gobierno, emitió recientemente un dictamen favorable al establecimiento de la prohibición de ese tipo de publicidad en publicaciones de interés general como los diarios. Con esa venia, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está buscando consensuar una medida en ese sentido con los líderes de los distintos partidos políticos del Congreso de los Diputados (ver aparte).
“No deberían existir. Pero como primera medida se debería reglamentar su publicación y exigir que la persona que lo publique deje sus datos personales, como cuando se va a comprar dólares”, opinó Fabiana Túnez, de Asociación Civil La Casa del Encuentro, al ser consultada por Página/12. “Detrás de esos avisos no suele haber mujeres autónomas que deciden ejercer la prostitución. Lo que se presume es que hay mafias que se dedican a ganar dinero con la explotación de la prostitución ajena y redes de tratantes. Muchos de los teléfonos que aparecen en esos anuncios coinciden con los de los papelitos que inundan los teléfonos públicos de la ciudad de Buenos Aires con oferta sexual”, agregó Túñez.
Graciela Collantes, de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, que agrupa a mujeres en situación de prostitución, coincidió con la mirada de Túñez, pero advirtió que, más allá de que se tomen medidas en relación con los avisos de contactos sexuales, se requieren “políticas públicas” destinadas a las mujeres que para sobrevivir se ven empujadas a vender sus cuerpos. “Ese tipo de avisos discrimina a las mujeres, las estigmatiza y a la vez naturaliza la explotación sexual. Se requieren campañas de sensibilización también para cuestionar ese tipo de publicidad y desnaturalizar la prostitución”, consideró Collantes.
Elena Reynaga, titular de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, planteó que no todos los avisos provienen de redes mafiosas. “Nuestras compañeras venden sus servicios con ese tipo de anuncio. Prohibir el rubro 59 no va a resolver el problema de la trata. Y puede generar mayor clandestinidad para las trabajadoras sexuales. Tal vez sería interesante generar un protocolo para publicar avisos, donde quede anotado el DNI de quien lo paga, si la persona es mayor de edad y si está en la prostitución por su propia voluntad”, propuso Reynaga. La dirigente de Ammar-Nacional, que reclama el reconocimiento oficial de la entidad como sindicato, destacó que los diarios nacionales y de las provincias suelen cobrar más caros los anuncios de oferta sexual que los de otros rubros.
La abogada Susana Chiarotti, directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), de Rosario, señaló que los diarios con clasificados piden datos personales si el aviso es para la venta de un automóvil, por ejemplo, pero en los casos de comercio sexual “hacen la vista gorda”. Deberían pedir el DNI también es esos casos, acordó. “Si los medios quisieran colaborar para combatir la explotación de la prostitución ajena y la trata deberían llamar a la policía cada vez que reciben un pedido de publicación de avisos de ese tipo y las fiscalías deberían investigar quiénes los ponen y si los anuncios están encubriendo delitos. Al no hacerlo, los diarios están siendo cómplices”, observó Chiarotti, integrante del Comité de Expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que monitorea la aplicación en el continente de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres conocida como de Belem do Pará.
La aplicación de un protocolo para los anunciantes tiene ciertas limitaciones. Resulta muy difícil saber quién es el verdadero anunciante de los espacios contratados, dado que pueden utilizarse personas interpuestas.
En la Argentina no está prohibida la prostitución. Lo que es delito es el proxenetismo. También están prohibidos los prostíbulos, recordó Chiarotti.
Página/12 puso en agenda hace dos años, con una amplia producción periodística, el debate sobre los riesgos de alertar sobre la problemática de la trata y la explotación sexual en las páginas que facturan con los clasificados hot. El Inadi se hizo eco del tema y también el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que lo abordó el año pasado en declaraciones públicas y en su blog.
La mayoría de los diarios provinciales suelen publicar también avisos –en sus clasificados– con falsas ofertas laborales que resultan ser modos de reclutamiento de las redes de trata para explotación sexual.
A lo largo de 2010 algunos periódicos decidieron retirar los anuncios de servicios sexuales, entre ellos La Arena de La Pampa, La Mañana de Neuquén, La República, de Corrientes, y el semanario El Tiempo, de Pergamino, y El Diario de la República, de San Luis. Integrantes de la Red PAR –Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista– vienen reclamando en diversos ámbitos la necesidad de que los propios medios tomen la decisión de retirarlos como parte de una política editorial. Otras voces se sumaron para cuestionar ese tipo de avisos. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) lanzó en 2010 una campaña por la erradicación total de los avisos que promueven la explotación sexual y la prostitución, en todos los diarios de la Argentina. También Fopea se pronunció en contra.
La diputada María Elena Naddeo, de Diálogo por Buenos Aires, presentó el año pasado un proyecto en la Legislatura porteña que busca impedir que el Gobierno de la Ciudad otorgue pauta publicitaria a los diarios con clasificados de comercio sexual. Una iniciativa similar propuso la diputada cordobesa Silvia Rivero. Este año, El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora aprobó en noviembre una ordenanza que impide al gobierno comunal poner propaganda oficial en aquellos medios que publiquen contenidos o clasificados relacionados con la oferta sexual. Este año, en la provincia de Buenos Aires, la diputada bonaerense (UCR) Cecilia Moreau presentó un proyecto para que todos los medios de comunicación se abstengan de publicitar y/o promocionar el comercio sexual de cualquier tipo.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil se pronunció en 2003 por limitar esa clase de anuncios para proteger a los niños y adolescentes de contenidos “obscenos”, pero el fallo fue apelado y la causa se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. El tribunal de alzada negó que prohibirlos constituya censura previa. “No se puede sostener válidamente que dicho comercio tenga estricta relación con la libertad de prensa y constituya esta decisión una censura previa toda vez que no se trata de impedir la publicación de ideas, opiniones, noticias u otras relacionadas con manifestaciones que tutela la Constitución”, fundamentó su posición.
En Mar del Plata el fiscal general ante la Cámara Federal, Daniel Adler, viene denunciando hace más de diez años la connivencia indirecta entre diarios y redes de trata. “Se convierten en colaboradores de la trata en forma indirecta. Es un tema que merece un abordaje nacional”, evaluó. En 1998, siendo juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Mar del Plata, Adler condenó a un hombre a tres años de prisión efectiva por corrupción de menores, en un caso en el que se comprobó que explotaba sexualmente a dos adolescentes de 15 y 16 años y a otra joven de 20 en un “privado” ubicado en la calle Rivadavia 2631, 4º piso, de la ciudad balnearia. El “vip” era promocionado entre los clasificados de La Capital. El aviso decía: “...jovencitas recién llegadas...” y precisaba el número telefónico del lugar donde se alojaban. En la sentencia, Adler consideró: “Llama la atención que el matutino La Capital, de gran circulación en nuestro medio, publicite este tipo de consumo, sin adoptar los mecanismos de salvaguarda para no convertirse en un colaborador indirecto y seguramente no deseado de la promoción de actos de prostitución infantil”.
En la reglamentación que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el año pasado de la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres –aprobada en 2009–, se establece que el Consejo Nacional de las Mujeres deberá disponer acciones coordinadas con otras jurisdicciones para “prevenir, sancionar y erradicar la difusión de mensajes o imágenes” en medios de comunicación que “estimulen o fomenten la explotación sexual de las mujeres”.
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