Una vez más, los medios hegemónicos usan el “doble criterio” ante las denuncias
Publicado el 22 de Julio de 2011Clarín y La Nación destacan la presentación de Luis Majul, quien asegura “que lo discriminan”. Sin embargo, las presentaciones de trabajadores de prensa contra los grupos Clarín y América son “congeladas” por la oposición.
El “doble criterio” utilizado por los medios dominantes, y algunos legisladores opositores para atender casos referidos a la censura, discriminación y ataques a la libertad de expresión quedó otra vez evidenciado en las ediciones de ayer de Clarín y La Nación. Mientras algunos integrantes de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados brindan espacio, tiempo y apoyo a la presunta denuncia del periodista y productor Luis Majul sobre una supuesta “discriminación” en el reparto de la publicidad oficial hacia su productora, por el otro minimizaron o “congelaron” casos de censura y discriminación que sufrieron periodistas como Reynaldo Sietecase (en el canal América, del Grupo con ese nombre), Claudio Díaz (en Clarín) y Pablo Llonto (también en Clarín).
Clarín titula en la página 14: “Majul denunció que lo discriminan”, y consigna: “Lo hizo ayer en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, ante una docena de diputados opositores y el faltazo de todos los kirchneristas”. En el tercer párrafo el medio hace foco en los dichos de Majul, quien sostuvo: “Este año el Gobierno va a gastar unos $ 2000 millones entre publicidad oficial y el programa Fútbol para Todos, sin control, ni auditoría. Se reparten millones de pesos en programas que no escucha nadie, en medios que nadie lee, sólo porque favorecen al Gobierno (…)”. Con esta última frase, Majul está menospreciando la elección de los lectores, oyentes y televidentes que no eligen su propuesta, ni tampoco la de Clarín, La Nación o Perfil, englobándolos en una supuesta “minoría”.
Además, Clarín intenta detallar: “En la presentación que hizo ante los diputados, el periodista explicó que sus programas recibían un promedio de un millón de pesos al año en publicidad oficial, entre 2008 y 2010, pero en 2011 eso se cortó y sólo le pautaron por $ 7270...”. Es decir, para el periodista estarían ahora en juego un millón de pesos anuales que habrían solventado los ciudadanos a su productora por medio del Estado en el período 2008-2010. La Nación en la página nueve consigna : “quejas por la publicidad oficial”, y en la bajada remarca que “la oposición analizó en Diputados casos de discriminación a la prensa”. La nota menciona que la reunión –sin quórum– estaba encabezada por la diputada Silvana Giudici (UCR), presidenta de la Comisión.
Lejos de la celeridad y atención dispensada a Majul, como consignara Tiempo en notas anteriores, esta Comisión mide con varas bien distintas los ataques –o supuestos ataques– a la libertad de expresión según sean denunciados por empresas o por trabajadores. Bajo esa lógica, los principales beneficiarios del trabajo de Giudici y compañía fueron el diputado Francisco De Narváez, el Grupo América y el Grupo Clarín, quienes fueron denunciados ante la Comisión de Libertad de Expresión por censura, discriminación laboral y violación a la libertad sindical. Por ejemplo, el 10 de junio de 2010 expusieron ante la Comisión Claudio Díaz –periodista discriminado laboralmente en el diario Clarín por firmar un editorial en favor de la Resolución 125 en otro medio–, Pablo Llonto, quien detalló la persecución que vivieron los trabajadores del diario Clarín que quisieron formar una comisión interna, y Reynaldo Sietecase, quien denunció el caso de censura sufrido en el Grupo América y aseguró que el diputado nacional Francisco de Narváez no sólo era dueño de una parte de ese Grupo, sino que había tenido que ver con el episodio de censura. Ni las denuncias de Llonto y Díaz sobre las persecuciones permanentes que viven los trabajadores en Clarín, ni la denuncia de Sietecase sobre el atropello a la libertad de expresión en el Grupo América tuvieron resolución, pese a que ha pasado más de un año de su presentación.
Ninguno de los denunciados se presentó ante la Comisión. De Narváez optó por hacer su descargo por escrito, en tanto en el caso del diario Clarín aún no queda claro si no fue notificado o nunca contestó el requerimiento de la Cámara Baja. De esta manera la Comisión de Libertad de Expresión presidida por Silvana Giudici decidió no profundizar la investigación y quedarse con la explicación escrita del diputado y candidato a gobernador bonarense, y con el silencio de Clarín. <
El “doble criterio” utilizado por los medios dominantes, y algunos legisladores opositores para atender casos referidos a la censura, discriminación y ataques a la libertad de expresión quedó otra vez evidenciado en las ediciones de ayer de Clarín y La Nación. Mientras algunos integrantes de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados brindan espacio, tiempo y apoyo a la presunta denuncia del periodista y productor Luis Majul sobre una supuesta “discriminación” en el reparto de la publicidad oficial hacia su productora, por el otro minimizaron o “congelaron” casos de censura y discriminación que sufrieron periodistas como Reynaldo Sietecase (en el canal América, del Grupo con ese nombre), Claudio Díaz (en Clarín) y Pablo Llonto (también en Clarín).
Clarín titula en la página 14: “Majul denunció que lo discriminan”, y consigna: “Lo hizo ayer en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, ante una docena de diputados opositores y el faltazo de todos los kirchneristas”. En el tercer párrafo el medio hace foco en los dichos de Majul, quien sostuvo: “Este año el Gobierno va a gastar unos $ 2000 millones entre publicidad oficial y el programa Fútbol para Todos, sin control, ni auditoría. Se reparten millones de pesos en programas que no escucha nadie, en medios que nadie lee, sólo porque favorecen al Gobierno (…)”. Con esta última frase, Majul está menospreciando la elección de los lectores, oyentes y televidentes que no eligen su propuesta, ni tampoco la de Clarín, La Nación o Perfil, englobándolos en una supuesta “minoría”.
Además, Clarín intenta detallar: “En la presentación que hizo ante los diputados, el periodista explicó que sus programas recibían un promedio de un millón de pesos al año en publicidad oficial, entre 2008 y 2010, pero en 2011 eso se cortó y sólo le pautaron por $ 7270...”. Es decir, para el periodista estarían ahora en juego un millón de pesos anuales que habrían solventado los ciudadanos a su productora por medio del Estado en el período 2008-2010. La Nación en la página nueve consigna : “quejas por la publicidad oficial”, y en la bajada remarca que “la oposición analizó en Diputados casos de discriminación a la prensa”. La nota menciona que la reunión –sin quórum– estaba encabezada por la diputada Silvana Giudici (UCR), presidenta de la Comisión.
Lejos de la celeridad y atención dispensada a Majul, como consignara Tiempo en notas anteriores, esta Comisión mide con varas bien distintas los ataques –o supuestos ataques– a la libertad de expresión según sean denunciados por empresas o por trabajadores. Bajo esa lógica, los principales beneficiarios del trabajo de Giudici y compañía fueron el diputado Francisco De Narváez, el Grupo América y el Grupo Clarín, quienes fueron denunciados ante la Comisión de Libertad de Expresión por censura, discriminación laboral y violación a la libertad sindical. Por ejemplo, el 10 de junio de 2010 expusieron ante la Comisión Claudio Díaz –periodista discriminado laboralmente en el diario Clarín por firmar un editorial en favor de la Resolución 125 en otro medio–, Pablo Llonto, quien detalló la persecución que vivieron los trabajadores del diario Clarín que quisieron formar una comisión interna, y Reynaldo Sietecase, quien denunció el caso de censura sufrido en el Grupo América y aseguró que el diputado nacional Francisco de Narváez no sólo era dueño de una parte de ese Grupo, sino que había tenido que ver con el episodio de censura. Ni las denuncias de Llonto y Díaz sobre las persecuciones permanentes que viven los trabajadores en Clarín, ni la denuncia de Sietecase sobre el atropello a la libertad de expresión en el Grupo América tuvieron resolución, pese a que ha pasado más de un año de su presentación.
Ninguno de los denunciados se presentó ante la Comisión. De Narváez optó por hacer su descargo por escrito, en tanto en el caso del diario Clarín aún no queda claro si no fue notificado o nunca contestó el requerimiento de la Cámara Baja. De esta manera la Comisión de Libertad de Expresión presidida por Silvana Giudici decidió no profundizar la investigación y quedarse con la explicación escrita del diputado y candidato a gobernador bonarense, y con el silencio de Clarín. <
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