CRISTINA KIRCHNER ENVIO AL CONGRESO EL PROYECTO QUE BUSCA REEMPLAZAR A LA LEY DE RADIODIFUSION DE LA DICTADURA
“Esta ley va a poner a prueba a la democracia”
En un acto en la Casa Rosada, la Presidenta le puso la firma al proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ayer mismo entró al Congreso. La mayoría de la oposición adelantó su voto en contra.
Por Fernando Cibeira
“Esta ley va a poner a prueba a la democracia argentina”, aseguró la presidenta Cristina Kirchner al firmar ayer el envío al Congreso del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que busca convertirse en el nuevo marco jurídico en el que se desarrollen los medios de comunicación en el país en reemplazo de la ley de Radiodifusión 22.285, sancionada durante la dictadura militar. En el clima efervescente que se vivió al mediodía en la Casa Rosada y alrededores, la Presidenta sostuvo que “la libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión”. La iniciativa ingresará al Congreso por la Cámara de Diputados y ayer el jefe del bloque K, Agustín Rossi, aseguraba contar con los votos para la media sanción. Salvo algunos legisladores de centroizquierda que adelantaron su apoyo, el resto de la oposición se abroqueló en contra del proyecto, aunque con argumentos diversos.
Se trató del segundo acto que encabezó la Presidenta para defender la propuesta. El primero fue el 18 de marzo pasado, en el cabalístico Teatro Argentino de La Plata, cuando se lanzó el anteproyecto. A partir de ese día fue discutido en 24 foros y 80 charlas en todo el país, que junto con cartas y mails generaron más de 15 mil opiniones para “enriquecerlo”, al decir del titular del Comfer, Gabriel Mariotto, factótum e impulsor de la iniciativa. El resultado fue el añadido de unas 50 modificaciones –aunque ninguna medular– al proyecto original que consta de 144 artículos.
Entre los aspectos más novedosos de la propuesta figura repartir por tercios la adjudicación de las licencias: un tercio para la explotación comercial, un tercio para el sector público y un último tercio para organizaciones sin fines de lucro tales como iglesias, sindicatos universidades o fundaciones. Por otro lado, suplanta como autoridad de aplicación al viejo directorio militar por un órgano colegiado en el que habrá representantes del Ejecutivo y de las tres principales fuerzas legislativas. Además, se propone impedir la formación de monopolios y de oligopolios.
Como detalló la Presidenta en su discurso, el origen de la propuesta se ubica en los 21 puntos redactados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, un conglomerado de ONG, organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, universidades y demás, que ayer organizaron una marcha en la Plaza de Mayo a la misma hora del acto para respaldar la iniciativa. Bajo el sol anduvieron también los intelectuales de Carta Abierta, los jóvenes K de La Cámpora, militantes de la Federación Tierra y Vivienda y de los sindicatos de Camioneros y Judiciales. Repartían una versión “trucha” del diario Clarín en donde se recordaba el fin de las transmisiones codificadas de los partidos de fútbol.
El Salón de las Mujeres, en el primer piso de la Casa de Gobierno, lucía como en las grandes ocasiones. El gabinete nacional a pleno, una buena representación de gobernadores –aunque sólo del oficialismo– y una fervorosa platea de invitados especiales dieron el contorno a la aparición de la Presidenta, que se ubicó en una mesa junto a Mariotto y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En el patio central, en la planta baja, hubo sillas para los invitados que quedaron afuera. Así pudieron seguir los discursos a través de una pantalla gigante.
“Este proyecto no es de este gobierno, no es de un partido político, es de la sociedad, es también en nombre de los 118 periodistas detenidos-desaparecidos durante la dictadura, que con su vida dieron testimonio de los que es el verdadero ejercicio de la libertad de expresión”, sostuvo la Presidenta en el arranque del mensaje emitido por la cadena nacional. Entre el público se veían varios pañuelos blancos de Madres y Abuelas, con Hebe de Bonafini en primera fila, junto con los jefes de bloque Agustín Rossi y Miguel Angel Pichetto. Más al centro, el jefe de la CGT, Hugo Moyano, y el de la CTA, Hugo Yasky. Había, desperdigados, hombres y mujeres de la cultura, intelectuales y periodistas.
Cristina Kirchner resaltó que en 26 años de democracia el suyo era el primer gobierno que presenta un proyecto para suplantar la ley de Radiodifusión, un dato que luego fue desbaratado porque los gobiernos de Raúl Alfonsín, de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa también elaboraron sus propuestas, aunque evidentemente no con el mismo impulso. La Presidenta agregó que si ningún gobierno había podido aprobar antes un proyecto de este tenor era “porque había un suprapoder en la Argentina, lo que significa que por sobre los poderes instituidos por la Constitución hay otros poderes que tienen suficiente fuerza para imponer decisiones en cualquiera de los tres poderes a partir de la presión”.
En más de una ocasión, mientras que los participantes del acto quedaban en silencio, podían escucharse en el Salón de las Mujeres los aplausos que venían desde abajo en respuesta a algún párrafo de parte de quienes lo según a través de la pantalla.
La Presidenta pidió no confundir “la libertad de prensa con la libertad de los propietarios de la prensa”. Y se mostró convencida de que de esa “prueba” a la que considera que será sometida la democracia con este debate saldrá victoriosa. “Porque han sido demasiados años en los cuales todos han visto coartadas sus libertades al no poder escuchar su voz frente a otra voz. Pero creo que es una oportunidad histórica que tenemos los argentinos para mostrar ante el mundo eso que tantos reclamos y que es la calidad institucional”, agregó.
El discurso de apertura del acto estuvo a cargo de Mariotto, quien pidió apoyo para que “cuando los legisladores reciban la presión sepan que tienen un pueblo atrás que los está sosteniendo”. “¡Viva Mariotto!”, lanzó un entusiasta desde el fondo cuando terminó, provocando la carcajada de la platea. También se leyó un mensaje del relator especial de las Naciones Unidas sobre libertad de expresión, el guatemalteco Frank La Rue, ya convertido en el hincha número uno de la iniciativa fuera de la Argentina. “Me permito reconocer públicamente que esta propuesta de ley es un modelo único en el mundo y un ejemplo para todos los demás países”, sostuvo La Rue.
En la despedida, Mariotto era el principal receptor de los abrazos, en tanto que los legisladores, de las consultas sobre el futuro del proyecto en el Congreso. “En Diputados, los votos los tengo”, sostenía, confiado, Rossi, descontando el respaldo sólo del oficialismo. Sin embargo, luego, diputados de centroizquierda no kirchnerista adelantaban su apoyo a la propuesta, subrayando que querían discutir algunos puntos.
Las intrigas, entonces, quedarían centradas en el Senado. El Gobierno desea aprobar la ley antes del recambio legislativo de diciembre, con una composición de las Cámaras ligeramente más favorable. El reloj ya empezó a correr: después de 26 años, la propuesta que aspira a suplantar a la ley de Radiodifusión de la dictadura ingresó ayer a las 19 al Parlamento.
› OPINION
Buenas y malas ondas
Por Mario Wainfeld
El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entrado en el Congreso tiene 144 artículos, dotados de una profusa fundamentación, insólita para los usos parlamentarios actuales. Fue editado en un libro de casi 150 páginas, usado como disparador en foros realizados en todo el país. Esa dinámica previa le hace honor, su contenido también.
El texto no fue una invención del kirchnerismo. Sintetiza aportes oriundos de la sociedad civil y del mundo académico decantados en el último cuarto de siglo. Los sonados “21 puntos” cristalizaron parte de esa producción, también hubo proyectos de legisladores de varias bancadas, incluyendo a varios radicales, que fueron pioneros.
El cronista, que forma parte del pelotón que brega por esa norma desde que se inauguró la actual etapa democrática, considera que es un buen proyecto, de clara raigambre democrática e igualitaria. Un debate honesto podría mejorar zonas grises, errores o limitaciones. El cronista señala dos, a su criterio.
- El primero es la eventual amplitud de posibilidades abiertas a las telefónicas, que quizá no amerite borrarse de un plumazo, pero sí tener restricciones más ceñidas.
- El segundo alude a un objetivo encomiable, la protección a la producción nacional. Nada que objetar salvo que su definición es muy imprecisa.
Pasible de esas anotaciones o de otras, el proyecto avanza en aras de la libertad de información, de ampliar el espectro de emisores, de poner coto a los monopolios y oligopolios. No hay ninguna alusión, siquiera lateral, a la limitación de contenidos y sí varios artículos que defienden la libertad de expresión y la de los periodistas. Entre otras experiencias de otros países se recoge la de Defensoría del Público.
Desde luego, afecta poderes establecidos, que tienen razones y derecho de defender su patrimonio. Podrían hacerlo polemizando con calidad afín a la propuesta en cuestión. Eligen otro camino, el del poder desnudo.
- - -
El poder y los ultras: Asombra la baja calidad de los argumentos de los medios que enfrentan esta ley. Pocas notas firmadas, un síntoma de que no es fácil reclutar afinidades aun en sus propios elencos. Y un abandono casi absoluto del razonamiento o del análisis minucioso. Se ostenta la rabia editorial, se muestran aliados de aquende o allende las fronteras, así sean corporaciones de mala fama, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La renuncia al espacio discursivo no ha de ser casual, es una opción. En el ágora, la polémica franca puede dejar mal parados a los damnificados. Por eso se elige la lógica de la “batalla campal”, por usar la calificación con que designó el senador Carlos Reutemann al conflicto del “campo”.
Los defensores de la ley son estigmatizados. No brotaron ayer, de una unidad básica recién creada. La mayoría proviene de un amplísimo movimiento social que insta la reforma, con enorme base en organizaciones no gubernamentales, radios y medios alternativos, universidades públicas y hasta algunas privadas.
El sentido común mediático describe a los académicos como “intelectuales K”, en tanto que los movimientos sociales que se embanderan son “ultrakirchneristas”. Todo un detalle: la condición de ultra sólo califica a los oficialistas. Ningún opositor es “ultra” nada. Ni el patotero Alfredo De Angeli ni el golpista Hugo Biolcati son ultrarruralistas. Tampoco es ultragolpista (ni siquiera golpista) Mariano Grondona, instigador, justificador y encubridor de todos los golpes de Estado de los últimos 55 años. Marcos Aguinis exalta la evasión fiscal, tampoco es ultra...
Sin embargo, vaya si hay ultras en la coalición del rechazo a la norma. Un vistazo a los diarios de ayer puede ser ilustrativo. Vaya, pues, una digresión parcial.
- - -
La efigie de la SIP: Vale la pena leer de cabo a rabo la necrológica, anónima, de Diana Julio de Massot, publicada ayer en La Nación. Su título (“Defensora infatigable de la prensa libre”) da cuenta de la valoración que merece. Su condición de miembro de número de la SIP y de Adepa es un dato resaltado. Hay algunos lugares comunes con que La Nación condecora a los defensores de la clase dominante y sus ideas. Lo que sorprenden, en su despojada brutalidad, son los elogios a su alineamiento político con todos los gobiernos antidemocráticos que asolaron este suelo. Vaya un párrafo como muestra: “Durante los años de fuerte influencia militar en las decisiones políticas argentinas, La Nueva Provincia constituyó el periódico de lectura insoslayable para conocer el pensamiento dominante en la Armada y sobre todo en el ámbito naval de Puerto Belgrano, Bahía Blanca y su zona de influencia”. Aclaremos, por si hace falta. Se la lisonjea por haber conducido un house organ de todas las dictaduras y por reflejar en la última el pensamiento vivo del genocida Emilio Massera. Esa noble influencia inspiró sin duda el editorial del 24 de marzo de 1976, evocado ayer en Página/12 por el periodista Diego Martínez. “Al enemigo es menester destruirlo allí donde se encuentre sabiendo que sobre su sangre redentora debe alzarse la segunda república”, escribían entonces los corifeos de la Armada.
Pasadas dos décadas y media de rutinas republicanas, la SIP y Adepa (una de cuyas figuras viene de fallecer) son vanguardia de la oposición a una norma democrática, defendiendo “infatigables” lo que ellos entienden como “prensa libre”.
- - -
El porotómetro: Así parezca un ritornello, una ley de calidad amerita un debate legislativo acorde. Las primeras reacciones muestran a varias fuerzas opositoras enardecidas, con poco ánimo de discutir constructivamente. El oficialismo deberá sumar trabajosamente los votos necesarios, no le será sencillo.
La planilla de asistencia del acto presidencial de ayer puede ser una señal de alineamientos futuros. Los gobernadores de Neuquén (Jorge Sapag, del MPN) y de Río Negro (Miguel Saiz, radical K) pegaron el faltazo. Tampoco estuvieron los gobernadores peronistas Juan Manuel Urtubey y Mario Das Neves. El salteño sigue cerca del oficialismo, el chubutense le muestra los dientes todo el tiempo. Sus diputados y senadores votaron a favor de las facultades delegadas, en defensa de la gobernabilidad y la sustentabilidad fiscal del gobierno central, que les conviene e interesa.
En materia de medios audiovisuales, su acompañamiento es menos seguro. El temor a la vendetta de los poderosos es un disuasivo. “No es un quilombo nuestro”, explican en confianza, aunque sin adelantar si enfrentarán al gobierno nacional, lo (justo es subrayar) que sería otro entuerto, de diferente naturaleza.
Con el aval de los partidos de centroizquierda en Diputados, quizá la clave del equilibrio parlamentario pase por el socialismo. El gobernador Hermes Binner ha apoyado desde el llano iniciativas afines a la que se tratará. El tono de la ley es progresista, consistente con el ethos del socialismo y hasta algún funcionario del gobierno santafesino participó en los foros ya mencionados, con actitud amigable. Binner sin duda estará tironeado por su prosapia progresista, por sus alineamientos previos versus la presión mediática y la de sus actuales aliados, que apoyan sin rubor a las corporaciones rurales y mediáticas.
- - -
Jugar a más: La información es una riqueza que, como todas, está mal distribuida. Es también un atributo de la ciudadanía social, que no se puede reducir a un derecho del consumidor. Toda ampliación del espectro de emisores lo es también de los derechos republicanos, máxime si ganan terreno organizaciones sin fines de lucro.
Es una mutilación circunscribir la ampliación de ciudadanía de “Rosa de Caballito” o “Carlos de Lugano” a dejar un mensaje de 50 segundos en su radio favorita.
Comunicarse implica informarse e informar, escuchar y hacerse oír. La ampliación del espectro mediático con nuevos protagonistas es un objetivo de alta calidad institucional. Con un añadido digno de mención, que también preocupa a gobernadores de variadas camisetas. La vivacidad de la sociedad argentina, la tradición de su periodismo de trinchera y la de las radios comunitarias augura un nuevo escenario que no será complaciente ni seguidista con ningún gobierno.
Cunde entre nosotros la llamada “ley de Godwin”. Mike Godwin, lo parafraseamos, explicó que “a medida que una discusión se alarga la posibilidad de que se mencione a Hitler o al nazismo propende al ciento por ciento”. Hablaba del ágora informática, la mediática funciona de modo similar. La tendencia a la simplificación, al panfleto es una vertiente naturalizada de la comunicación de masas. En estas pampas, Hitler suele ser sustituido por Hugo Chávez. La apelación al cuco releva de cualquier razonamiento estructurado, de cualquier lectura fina de las circunstancias o de una ley parida en muchos años.
Así están las cosas, cuando el proyecto entra al Parlamento, con una mora de casi tres décadas y con final abierto.
mwainfeld@pagina12.com.ar
LOS EJES DEL PROYECTO
Los cambios propuestos
La ley dará un nuevo marco legal a los servicios de comunicación audiovisuales, regidos actualmente por la 22.285, heredada de la dictadura.
Apunta a desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios e impulsa la creación de nuevos.
Sobre las licencias:
- Con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, pone límites a la concentración, fijados por cantidad de licencias y por tipo de medio.
- Sólo se podrá tener:Una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital.
Hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de 24).
Hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción.
- A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda.
- Quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa.
- Las licencias durarán diez años (hoy son por 15) y se podrán prorrogar por diez años más, previa realización de audiencias públicas. Quienes hayan obtenido una renovación o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún título.
- Las licencias serán controladas cada dos años, para evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías –la digitalización– un licenciatario multiplique sus señales, generando un nuevo modo de concentración.
Los dueños de los medios
- Los responsables de los medios deberán mantener una carpeta de acceso público donde figure toda la información relevante del licenciatario.
- Para ser titular de una licencia se evaluarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Se excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto.
Medios públicos
- El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tendrán asignadas frecuencias. (Hasta ahora sólo se preveía a Canal 7 como empresa comercial.)
- Se creará la sociedad de Estado Radio y Televisión Argentina, que tendrá a su cargo la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión y televisión del Estado.
- Las universidades podrán tener emisoras sin restricciones. Ya no tendrán obligación de constituir sociedades comerciales.
Protección al trabajo local
- La televisión abierta y el cable deberán emitir cine nacional. Como mínimo tendrán que difundir en estreno televisivo seis películas al año.
Podrán “optar por incluir en la misma cantidad, hasta dos telefilms, en ambos casos producidos mayoritariamente por productoras independientes”.
- Se le exigirá a la TV además que el 60 por ciento de su producción sea nacional.
- Las radios deberán emitir un mínimo de setenta por ciento de producción nacional. Por lo menos el treinta por ciento de la música deberá ser de autores o intérpretes argentinos.
El fútbol
- Los derechos exclusivos de transmisión del fútbol no deberán perjudicar el derecho de los ciudadanos a seguir los partidos en directo y de manera gratuita, en todo el territorio nacional. Para esto, la Secretaría de Medios de Comunicación realizará un listado anual de los acontecimientos deportivos de interés general, que serán de acceso universal.
- Los criterios para elaborar el listado serán tres: “Que el acontecimiento haya sido retransmitido o emitido tradicionalmente por
televisión abierta, que su realización despierte atención de relevancia sobre la audiencia de televisión y que se trate de un acontecimiento de importancia nacional o de un acontecimiento internacional relevante con una participación de representantes argentinos en calidad o cantidad significativa”.
La publicidad
- El tiempo de publicidad en la televisión paga estará reglamentado.
- Habrá medidas parafiscales para desalentar la inversión de publicidad en el exterior del país, tales como hacen otros estados como Canadá. Por ejemplo, no se permitirá deducir del impuesto a las ganancias lo invertido en publicidad en el extranjero.
Medios sociales
- Las entidades sin fines de lucro podrán tener licencias de radiodifusión (la ley de la dictadura sólo concebía a la radiodifusión como una actividad comercial. En el año 2005 el Congreso permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias, pero con restricciones). La nueva ley reservará el 33 por ciento del espectro para asociaciones, fundaciones, mutuales y otras organizaciones sin fines de lucro.
- Se promoverá la regularización de los medios comunitarios.
Nuevas tecnologías
- En relación con el triple play (la posibilidad de dar los servicios de Internet, teléfono y cable en un mismo soporte), las empresas telefónicas podrán hacerlo cumpliendo una serie de requisitos, entre ellos demostrar que el 70 por ciento de su capital es de origen argentino.
Autoridad de aplicación
- El organismo que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado integrado por representantes de la Legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría, y representantes del Poder Ejecutivo nacional.
- El Proyecto establece un año de plazo para que las empresas se adecuen a la nueva legislación.
“Esta ley va a poner a prueba a la democracia”
En un acto en la Casa Rosada, la Presidenta le puso la firma al proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ayer mismo entró al Congreso. La mayoría de la oposición adelantó su voto en contra.
Por Fernando Cibeira
“Esta ley va a poner a prueba a la democracia argentina”, aseguró la presidenta Cristina Kirchner al firmar ayer el envío al Congreso del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que busca convertirse en el nuevo marco jurídico en el que se desarrollen los medios de comunicación en el país en reemplazo de la ley de Radiodifusión 22.285, sancionada durante la dictadura militar. En el clima efervescente que se vivió al mediodía en la Casa Rosada y alrededores, la Presidenta sostuvo que “la libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión”. La iniciativa ingresará al Congreso por la Cámara de Diputados y ayer el jefe del bloque K, Agustín Rossi, aseguraba contar con los votos para la media sanción. Salvo algunos legisladores de centroizquierda que adelantaron su apoyo, el resto de la oposición se abroqueló en contra del proyecto, aunque con argumentos diversos.
Se trató del segundo acto que encabezó la Presidenta para defender la propuesta. El primero fue el 18 de marzo pasado, en el cabalístico Teatro Argentino de La Plata, cuando se lanzó el anteproyecto. A partir de ese día fue discutido en 24 foros y 80 charlas en todo el país, que junto con cartas y mails generaron más de 15 mil opiniones para “enriquecerlo”, al decir del titular del Comfer, Gabriel Mariotto, factótum e impulsor de la iniciativa. El resultado fue el añadido de unas 50 modificaciones –aunque ninguna medular– al proyecto original que consta de 144 artículos.
Entre los aspectos más novedosos de la propuesta figura repartir por tercios la adjudicación de las licencias: un tercio para la explotación comercial, un tercio para el sector público y un último tercio para organizaciones sin fines de lucro tales como iglesias, sindicatos universidades o fundaciones. Por otro lado, suplanta como autoridad de aplicación al viejo directorio militar por un órgano colegiado en el que habrá representantes del Ejecutivo y de las tres principales fuerzas legislativas. Además, se propone impedir la formación de monopolios y de oligopolios.
Como detalló la Presidenta en su discurso, el origen de la propuesta se ubica en los 21 puntos redactados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, un conglomerado de ONG, organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, universidades y demás, que ayer organizaron una marcha en la Plaza de Mayo a la misma hora del acto para respaldar la iniciativa. Bajo el sol anduvieron también los intelectuales de Carta Abierta, los jóvenes K de La Cámpora, militantes de la Federación Tierra y Vivienda y de los sindicatos de Camioneros y Judiciales. Repartían una versión “trucha” del diario Clarín en donde se recordaba el fin de las transmisiones codificadas de los partidos de fútbol.
El Salón de las Mujeres, en el primer piso de la Casa de Gobierno, lucía como en las grandes ocasiones. El gabinete nacional a pleno, una buena representación de gobernadores –aunque sólo del oficialismo– y una fervorosa platea de invitados especiales dieron el contorno a la aparición de la Presidenta, que se ubicó en una mesa junto a Mariotto y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En el patio central, en la planta baja, hubo sillas para los invitados que quedaron afuera. Así pudieron seguir los discursos a través de una pantalla gigante.
“Este proyecto no es de este gobierno, no es de un partido político, es de la sociedad, es también en nombre de los 118 periodistas detenidos-desaparecidos durante la dictadura, que con su vida dieron testimonio de los que es el verdadero ejercicio de la libertad de expresión”, sostuvo la Presidenta en el arranque del mensaje emitido por la cadena nacional. Entre el público se veían varios pañuelos blancos de Madres y Abuelas, con Hebe de Bonafini en primera fila, junto con los jefes de bloque Agustín Rossi y Miguel Angel Pichetto. Más al centro, el jefe de la CGT, Hugo Moyano, y el de la CTA, Hugo Yasky. Había, desperdigados, hombres y mujeres de la cultura, intelectuales y periodistas.
Cristina Kirchner resaltó que en 26 años de democracia el suyo era el primer gobierno que presenta un proyecto para suplantar la ley de Radiodifusión, un dato que luego fue desbaratado porque los gobiernos de Raúl Alfonsín, de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa también elaboraron sus propuestas, aunque evidentemente no con el mismo impulso. La Presidenta agregó que si ningún gobierno había podido aprobar antes un proyecto de este tenor era “porque había un suprapoder en la Argentina, lo que significa que por sobre los poderes instituidos por la Constitución hay otros poderes que tienen suficiente fuerza para imponer decisiones en cualquiera de los tres poderes a partir de la presión”.
En más de una ocasión, mientras que los participantes del acto quedaban en silencio, podían escucharse en el Salón de las Mujeres los aplausos que venían desde abajo en respuesta a algún párrafo de parte de quienes lo según a través de la pantalla.
La Presidenta pidió no confundir “la libertad de prensa con la libertad de los propietarios de la prensa”. Y se mostró convencida de que de esa “prueba” a la que considera que será sometida la democracia con este debate saldrá victoriosa. “Porque han sido demasiados años en los cuales todos han visto coartadas sus libertades al no poder escuchar su voz frente a otra voz. Pero creo que es una oportunidad histórica que tenemos los argentinos para mostrar ante el mundo eso que tantos reclamos y que es la calidad institucional”, agregó.
El discurso de apertura del acto estuvo a cargo de Mariotto, quien pidió apoyo para que “cuando los legisladores reciban la presión sepan que tienen un pueblo atrás que los está sosteniendo”. “¡Viva Mariotto!”, lanzó un entusiasta desde el fondo cuando terminó, provocando la carcajada de la platea. También se leyó un mensaje del relator especial de las Naciones Unidas sobre libertad de expresión, el guatemalteco Frank La Rue, ya convertido en el hincha número uno de la iniciativa fuera de la Argentina. “Me permito reconocer públicamente que esta propuesta de ley es un modelo único en el mundo y un ejemplo para todos los demás países”, sostuvo La Rue.
En la despedida, Mariotto era el principal receptor de los abrazos, en tanto que los legisladores, de las consultas sobre el futuro del proyecto en el Congreso. “En Diputados, los votos los tengo”, sostenía, confiado, Rossi, descontando el respaldo sólo del oficialismo. Sin embargo, luego, diputados de centroizquierda no kirchnerista adelantaban su apoyo a la propuesta, subrayando que querían discutir algunos puntos.
Las intrigas, entonces, quedarían centradas en el Senado. El Gobierno desea aprobar la ley antes del recambio legislativo de diciembre, con una composición de las Cámaras ligeramente más favorable. El reloj ya empezó a correr: después de 26 años, la propuesta que aspira a suplantar a la ley de Radiodifusión de la dictadura ingresó ayer a las 19 al Parlamento.
› OPINIONBuenas y malas ondas
Por Mario Wainfeld
El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entrado en el Congreso tiene 144 artículos, dotados de una profusa fundamentación, insólita para los usos parlamentarios actuales. Fue editado en un libro de casi 150 páginas, usado como disparador en foros realizados en todo el país. Esa dinámica previa le hace honor, su contenido también.
El texto no fue una invención del kirchnerismo. Sintetiza aportes oriundos de la sociedad civil y del mundo académico decantados en el último cuarto de siglo. Los sonados “21 puntos” cristalizaron parte de esa producción, también hubo proyectos de legisladores de varias bancadas, incluyendo a varios radicales, que fueron pioneros.
El cronista, que forma parte del pelotón que brega por esa norma desde que se inauguró la actual etapa democrática, considera que es un buen proyecto, de clara raigambre democrática e igualitaria. Un debate honesto podría mejorar zonas grises, errores o limitaciones. El cronista señala dos, a su criterio.
- El primero es la eventual amplitud de posibilidades abiertas a las telefónicas, que quizá no amerite borrarse de un plumazo, pero sí tener restricciones más ceñidas.
- El segundo alude a un objetivo encomiable, la protección a la producción nacional. Nada que objetar salvo que su definición es muy imprecisa.
Pasible de esas anotaciones o de otras, el proyecto avanza en aras de la libertad de información, de ampliar el espectro de emisores, de poner coto a los monopolios y oligopolios. No hay ninguna alusión, siquiera lateral, a la limitación de contenidos y sí varios artículos que defienden la libertad de expresión y la de los periodistas. Entre otras experiencias de otros países se recoge la de Defensoría del Público.
Desde luego, afecta poderes establecidos, que tienen razones y derecho de defender su patrimonio. Podrían hacerlo polemizando con calidad afín a la propuesta en cuestión. Eligen otro camino, el del poder desnudo.
- - -
El poder y los ultras: Asombra la baja calidad de los argumentos de los medios que enfrentan esta ley. Pocas notas firmadas, un síntoma de que no es fácil reclutar afinidades aun en sus propios elencos. Y un abandono casi absoluto del razonamiento o del análisis minucioso. Se ostenta la rabia editorial, se muestran aliados de aquende o allende las fronteras, así sean corporaciones de mala fama, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La renuncia al espacio discursivo no ha de ser casual, es una opción. En el ágora, la polémica franca puede dejar mal parados a los damnificados. Por eso se elige la lógica de la “batalla campal”, por usar la calificación con que designó el senador Carlos Reutemann al conflicto del “campo”.
Los defensores de la ley son estigmatizados. No brotaron ayer, de una unidad básica recién creada. La mayoría proviene de un amplísimo movimiento social que insta la reforma, con enorme base en organizaciones no gubernamentales, radios y medios alternativos, universidades públicas y hasta algunas privadas.
El sentido común mediático describe a los académicos como “intelectuales K”, en tanto que los movimientos sociales que se embanderan son “ultrakirchneristas”. Todo un detalle: la condición de ultra sólo califica a los oficialistas. Ningún opositor es “ultra” nada. Ni el patotero Alfredo De Angeli ni el golpista Hugo Biolcati son ultrarruralistas. Tampoco es ultragolpista (ni siquiera golpista) Mariano Grondona, instigador, justificador y encubridor de todos los golpes de Estado de los últimos 55 años. Marcos Aguinis exalta la evasión fiscal, tampoco es ultra...
Sin embargo, vaya si hay ultras en la coalición del rechazo a la norma. Un vistazo a los diarios de ayer puede ser ilustrativo. Vaya, pues, una digresión parcial.
- - -
La efigie de la SIP: Vale la pena leer de cabo a rabo la necrológica, anónima, de Diana Julio de Massot, publicada ayer en La Nación. Su título (“Defensora infatigable de la prensa libre”) da cuenta de la valoración que merece. Su condición de miembro de número de la SIP y de Adepa es un dato resaltado. Hay algunos lugares comunes con que La Nación condecora a los defensores de la clase dominante y sus ideas. Lo que sorprenden, en su despojada brutalidad, son los elogios a su alineamiento político con todos los gobiernos antidemocráticos que asolaron este suelo. Vaya un párrafo como muestra: “Durante los años de fuerte influencia militar en las decisiones políticas argentinas, La Nueva Provincia constituyó el periódico de lectura insoslayable para conocer el pensamiento dominante en la Armada y sobre todo en el ámbito naval de Puerto Belgrano, Bahía Blanca y su zona de influencia”. Aclaremos, por si hace falta. Se la lisonjea por haber conducido un house organ de todas las dictaduras y por reflejar en la última el pensamiento vivo del genocida Emilio Massera. Esa noble influencia inspiró sin duda el editorial del 24 de marzo de 1976, evocado ayer en Página/12 por el periodista Diego Martínez. “Al enemigo es menester destruirlo allí donde se encuentre sabiendo que sobre su sangre redentora debe alzarse la segunda república”, escribían entonces los corifeos de la Armada.
Pasadas dos décadas y media de rutinas republicanas, la SIP y Adepa (una de cuyas figuras viene de fallecer) son vanguardia de la oposición a una norma democrática, defendiendo “infatigables” lo que ellos entienden como “prensa libre”.
- - -
El porotómetro: Así parezca un ritornello, una ley de calidad amerita un debate legislativo acorde. Las primeras reacciones muestran a varias fuerzas opositoras enardecidas, con poco ánimo de discutir constructivamente. El oficialismo deberá sumar trabajosamente los votos necesarios, no le será sencillo.
La planilla de asistencia del acto presidencial de ayer puede ser una señal de alineamientos futuros. Los gobernadores de Neuquén (Jorge Sapag, del MPN) y de Río Negro (Miguel Saiz, radical K) pegaron el faltazo. Tampoco estuvieron los gobernadores peronistas Juan Manuel Urtubey y Mario Das Neves. El salteño sigue cerca del oficialismo, el chubutense le muestra los dientes todo el tiempo. Sus diputados y senadores votaron a favor de las facultades delegadas, en defensa de la gobernabilidad y la sustentabilidad fiscal del gobierno central, que les conviene e interesa.
En materia de medios audiovisuales, su acompañamiento es menos seguro. El temor a la vendetta de los poderosos es un disuasivo. “No es un quilombo nuestro”, explican en confianza, aunque sin adelantar si enfrentarán al gobierno nacional, lo (justo es subrayar) que sería otro entuerto, de diferente naturaleza.
Con el aval de los partidos de centroizquierda en Diputados, quizá la clave del equilibrio parlamentario pase por el socialismo. El gobernador Hermes Binner ha apoyado desde el llano iniciativas afines a la que se tratará. El tono de la ley es progresista, consistente con el ethos del socialismo y hasta algún funcionario del gobierno santafesino participó en los foros ya mencionados, con actitud amigable. Binner sin duda estará tironeado por su prosapia progresista, por sus alineamientos previos versus la presión mediática y la de sus actuales aliados, que apoyan sin rubor a las corporaciones rurales y mediáticas.
- - -
Jugar a más: La información es una riqueza que, como todas, está mal distribuida. Es también un atributo de la ciudadanía social, que no se puede reducir a un derecho del consumidor. Toda ampliación del espectro de emisores lo es también de los derechos republicanos, máxime si ganan terreno organizaciones sin fines de lucro.
Es una mutilación circunscribir la ampliación de ciudadanía de “Rosa de Caballito” o “Carlos de Lugano” a dejar un mensaje de 50 segundos en su radio favorita.
Comunicarse implica informarse e informar, escuchar y hacerse oír. La ampliación del espectro mediático con nuevos protagonistas es un objetivo de alta calidad institucional. Con un añadido digno de mención, que también preocupa a gobernadores de variadas camisetas. La vivacidad de la sociedad argentina, la tradición de su periodismo de trinchera y la de las radios comunitarias augura un nuevo escenario que no será complaciente ni seguidista con ningún gobierno.
Cunde entre nosotros la llamada “ley de Godwin”. Mike Godwin, lo parafraseamos, explicó que “a medida que una discusión se alarga la posibilidad de que se mencione a Hitler o al nazismo propende al ciento por ciento”. Hablaba del ágora informática, la mediática funciona de modo similar. La tendencia a la simplificación, al panfleto es una vertiente naturalizada de la comunicación de masas. En estas pampas, Hitler suele ser sustituido por Hugo Chávez. La apelación al cuco releva de cualquier razonamiento estructurado, de cualquier lectura fina de las circunstancias o de una ley parida en muchos años.
Así están las cosas, cuando el proyecto entra al Parlamento, con una mora de casi tres décadas y con final abierto.
mwainfeld@pagina12.com.ar
LOS EJES DEL PROYECTO
Los cambios propuestos
La ley dará un nuevo marco legal a los servicios de comunicación audiovisuales, regidos actualmente por la 22.285, heredada de la dictadura.
Apunta a desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios e impulsa la creación de nuevos.
Sobre las licencias:
- Con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, pone límites a la concentración, fijados por cantidad de licencias y por tipo de medio.
- Sólo se podrá tener:Una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital.
Hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de 24).
Hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción.
- A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda.
- Quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa.
- Las licencias durarán diez años (hoy son por 15) y se podrán prorrogar por diez años más, previa realización de audiencias públicas. Quienes hayan obtenido una renovación o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún título.
- Las licencias serán controladas cada dos años, para evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías –la digitalización– un licenciatario multiplique sus señales, generando un nuevo modo de concentración.
Los dueños de los medios
- Los responsables de los medios deberán mantener una carpeta de acceso público donde figure toda la información relevante del licenciatario.
- Para ser titular de una licencia se evaluarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Se excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto.
Medios públicos
- El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tendrán asignadas frecuencias. (Hasta ahora sólo se preveía a Canal 7 como empresa comercial.)
- Se creará la sociedad de Estado Radio y Televisión Argentina, que tendrá a su cargo la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión y televisión del Estado.
- Las universidades podrán tener emisoras sin restricciones. Ya no tendrán obligación de constituir sociedades comerciales.
Protección al trabajo local
- La televisión abierta y el cable deberán emitir cine nacional. Como mínimo tendrán que difundir en estreno televisivo seis películas al año.
Podrán “optar por incluir en la misma cantidad, hasta dos telefilms, en ambos casos producidos mayoritariamente por productoras independientes”.
- Se le exigirá a la TV además que el 60 por ciento de su producción sea nacional.
- Las radios deberán emitir un mínimo de setenta por ciento de producción nacional. Por lo menos el treinta por ciento de la música deberá ser de autores o intérpretes argentinos.
El fútbol
- Los derechos exclusivos de transmisión del fútbol no deberán perjudicar el derecho de los ciudadanos a seguir los partidos en directo y de manera gratuita, en todo el territorio nacional. Para esto, la Secretaría de Medios de Comunicación realizará un listado anual de los acontecimientos deportivos de interés general, que serán de acceso universal.
- Los criterios para elaborar el listado serán tres: “Que el acontecimiento haya sido retransmitido o emitido tradicionalmente por
televisión abierta, que su realización despierte atención de relevancia sobre la audiencia de televisión y que se trate de un acontecimiento de importancia nacional o de un acontecimiento internacional relevante con una participación de representantes argentinos en calidad o cantidad significativa”.
La publicidad
- El tiempo de publicidad en la televisión paga estará reglamentado.
- Habrá medidas parafiscales para desalentar la inversión de publicidad en el exterior del país, tales como hacen otros estados como Canadá. Por ejemplo, no se permitirá deducir del impuesto a las ganancias lo invertido en publicidad en el extranjero.
Medios sociales
- Las entidades sin fines de lucro podrán tener licencias de radiodifusión (la ley de la dictadura sólo concebía a la radiodifusión como una actividad comercial. En el año 2005 el Congreso permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias, pero con restricciones). La nueva ley reservará el 33 por ciento del espectro para asociaciones, fundaciones, mutuales y otras organizaciones sin fines de lucro.
- Se promoverá la regularización de los medios comunitarios.
Nuevas tecnologías
- En relación con el triple play (la posibilidad de dar los servicios de Internet, teléfono y cable en un mismo soporte), las empresas telefónicas podrán hacerlo cumpliendo una serie de requisitos, entre ellos demostrar que el 70 por ciento de su capital es de origen argentino.
Autoridad de aplicación
- El organismo que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado integrado por representantes de la Legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría, y representantes del Poder Ejecutivo nacional.
- El Proyecto establece un año de plazo para que las empresas se adecuen a la nueva legislación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario