VENEZUELA EL ESPACIO DE JORGE DELL’ORO
Cuando el silencio no es salud
En su trabajo de hoy, el columnista de adlatina.com comenta la situación de los medios de comunicación en Venezuela tras el cierre de 32 radios y dos emisoras de TV locales.
Es incierto el futuro de los medios de comunicación privados en Venezuela, pues el Gobierno Bolivariano de Chávez acaba de cerrar 32 radios y dos emisoras de televisión locales y, además, estudia una ley sobre delitos mediáticos.
Los organismos internacionales de prensa expresaron su preocupación sobre este nuevo acto de censura a la libertad de expresión, mientras que el gobierno argumenta que sólo busca la “democratización de los medios de comunicación y regulación” de lo que llama “terrorismo mediático”.
Es curioso que la OEA no se haya manifestado como lo viene haciendo con el caso de Honduras y la restitución en el poder de un discípulo chavista como el ex presidente Zelaya.
Como pareciera ser insuficiente estas cancelaciones de licencias, la Asamblea Nacional Venezolana, adicta al régimen, estudia un Proyecto de Ley de Delitos Mediáticos.
Según el borrador del proyecto, constituyen “delitos mediáticos” la difusión o publicación de lo que el Gobierno califique como “falso”, “manipulación” o “tergiversación” y que cause “perjuicio a los intereses del Estado” o atente contra la “moral publica” o la “salud mental”.
Tales delitos serían condenados con penas que irían de dos a cuatro años de prisión, según la propuesta del proyecto que la fiscal general presentó el 30 de julio pasado a la Asamblea Nacional Venezolana.
Los argumentos que esgrime la fiscal son: que dicha ley es necesaria para “castigar” las “nuevas formas de criminalidad surgidas del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión”.
La presentación fue inmediatamente rechazada por el gremio de periodistas y organizaciones civiles venezolanas, con el argumento de que criminalizaría cualquier opinión y, en consecuencia, violaría la libertad de expresión e información.
En sus declaraciones lo trabajadores de la prensa expresaron: “Somos periodistas, no delincuentes”. Las declaraciones no le cayeron bien al régimen y decenas de motociclistas, que se identificaron como aliados del gobierno, atacaron la sede del canal de noticias Globovisión y lanzaron bombas lacrimógenas al interior de esa televisora dejando contusos y heridos entre su personal.
Como bien me decía un periodista amigo: “Comenzó la cacería de brujas para que el gobierno pueda instaurar una hegemonía comunicacional y controlar las líneas editoriales de los medios”.
El gobierno declaró que avanzará en establecer lo que llama la “democratización” de los medios de comunicación, además de reiterar que existe una campaña internacional en su contra que busca “satanizar” a Chávez y al proceso político socialista en curso.
De seguir el gobierno su avance, corren peligro 240 emisoras de radio y 45 televisoras que ya están siendo inspeccionas por “irregularidades” administrativas.
Se hace difícil poder tolerar un avasallamiento de tal magnitud en el siglo XXI, parece ser que falta mucho para que el sistema democrático se consolide en América latina, especialmente, cuando uno de sus pilares como lo es la libertad de expresión, es cercenada acallando las voces opositoras, el silencio en este caso no es salud.
Cuando el silencio no es salud
En su trabajo de hoy, el columnista de adlatina.com comenta la situación de los medios de comunicación en Venezuela tras el cierre de 32 radios y dos emisoras de TV locales.
Es incierto el futuro de los medios de comunicación privados en Venezuela, pues el Gobierno Bolivariano de Chávez acaba de cerrar 32 radios y dos emisoras de televisión locales y, además, estudia una ley sobre delitos mediáticos.
Los organismos internacionales de prensa expresaron su preocupación sobre este nuevo acto de censura a la libertad de expresión, mientras que el gobierno argumenta que sólo busca la “democratización de los medios de comunicación y regulación” de lo que llama “terrorismo mediático”.
Es curioso que la OEA no se haya manifestado como lo viene haciendo con el caso de Honduras y la restitución en el poder de un discípulo chavista como el ex presidente Zelaya.
Como pareciera ser insuficiente estas cancelaciones de licencias, la Asamblea Nacional Venezolana, adicta al régimen, estudia un Proyecto de Ley de Delitos Mediáticos.
Según el borrador del proyecto, constituyen “delitos mediáticos” la difusión o publicación de lo que el Gobierno califique como “falso”, “manipulación” o “tergiversación” y que cause “perjuicio a los intereses del Estado” o atente contra la “moral publica” o la “salud mental”.
Tales delitos serían condenados con penas que irían de dos a cuatro años de prisión, según la propuesta del proyecto que la fiscal general presentó el 30 de julio pasado a la Asamblea Nacional Venezolana.
Los argumentos que esgrime la fiscal son: que dicha ley es necesaria para “castigar” las “nuevas formas de criminalidad surgidas del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión”.
La presentación fue inmediatamente rechazada por el gremio de periodistas y organizaciones civiles venezolanas, con el argumento de que criminalizaría cualquier opinión y, en consecuencia, violaría la libertad de expresión e información.
En sus declaraciones lo trabajadores de la prensa expresaron: “Somos periodistas, no delincuentes”. Las declaraciones no le cayeron bien al régimen y decenas de motociclistas, que se identificaron como aliados del gobierno, atacaron la sede del canal de noticias Globovisión y lanzaron bombas lacrimógenas al interior de esa televisora dejando contusos y heridos entre su personal.
Como bien me decía un periodista amigo: “Comenzó la cacería de brujas para que el gobierno pueda instaurar una hegemonía comunicacional y controlar las líneas editoriales de los medios”.
El gobierno declaró que avanzará en establecer lo que llama la “democratización” de los medios de comunicación, además de reiterar que existe una campaña internacional en su contra que busca “satanizar” a Chávez y al proceso político socialista en curso.
De seguir el gobierno su avance, corren peligro 240 emisoras de radio y 45 televisoras que ya están siendo inspeccionas por “irregularidades” administrativas.
Se hace difícil poder tolerar un avasallamiento de tal magnitud en el siglo XXI, parece ser que falta mucho para que el sistema democrático se consolide en América latina, especialmente, cuando uno de sus pilares como lo es la libertad de expresión, es cercenada acallando las voces opositoras, el silencio en este caso no es salud.
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