ley de medios y el control de la programacion
Por qué ganan las telefónicas y cuáles son los grupos que deberán achicarse
Entre las principales modificaciones que se realizaron al proyecto desde que se dio a conocer y se envió al Congreso, aparece la imposibilidad de que una radio FM retransmita los programas de una FM de un mismo grupo. También crecieron las restricciones a los canales y radios para evitar contenidos sexistas o discriminatorios. Habrá mayor producción de programas nacionales y se define qué es la música independiente. Las condiciones para entregar licencias para poder operar medios se revisarán cada dos años, pero se aseguró que no afectará a las otorgadas con anterioridad.
Por R.B.
De aprobarse tal como se envió al Congreso, el proyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplazará a la Ley de Radiodifusión. cambiará el mapa de medios y telecomunicaciones en la Argentina. Sus consecuencias son trascendentales, si se tiene en cuenta que la información es uno de los principales bienes de la economía postindustrial.
1 ¿Por qué el Gobierno decide reformar el mercado de medios de la Argentina?
La Ley de Radiodifusión vigente fue proclamada durante la última dictadura militar y tuvo más de 160 reformas durante el período democrático. Muchos especialistas coinciden en que esas reformas la empeoraron. Desde hace más de 20 años, distintas agrupaciones académicas y políticas plantean que es obsoleta y que permite mantener un mercado concentrado de medios en el país. La pelea entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín precipitó la redacción y el envío al Congreso de proyecto oficial.
2 ¿Cuál es el espíritu del proyecto? ¿Quién controlará a los medios?
Si se descuenta la pelea del Gobierno con Clarín y que las gestiones Kirchner realizan un uso arbritrario de la publicidad oficial, premiando a medios amigos; que la Presidenta casi no da conferencias de prensa y tiene una política de comunicación de sus funcionarios decididamente cerrada; además de que no mejoró las condiciones en las que deben operar los organismos reguladores de este mercado, el proyecto limita con fuerza a los multimedios, regula a las compañías de televisión paga, autoriza a las empresas de servicios públicos como las telefónicas a ingresar a este mercado y divide al espectro radioeléctrico en tres partes iguales, para ser usados por medios comerciales, ONGs y estatales. De esta manera se evitaría la concentración. Los medios serán regulados por un organismo que dependerá de la Secretaría de Medios. Esto es criticado porque el regulador dependerá del regulado. Otro aspecto a debatir es su conformación: el directorio tendrá cinco miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, dos de ellos a propuesta de una comisión
bicameral.
3 ¿Qué nuevos límites se les ponen a las empresas de multimedios?
La ley vigente permite a las empresas tener hasta 24 licencias para operar radios y canales de televisión en el país. El proyecto oficial las limita a 10. Además, quien sea operador de un canal de aire no puede tener en la misma ciudad un canal de cable. Sólo se puede tener en la misma área una radio AM y hasta dos FM. Los operadores de cable podrán dar el servicio hasta en 24 localidades (el proyecto no define si son ciudades o barrios). Tendrán otro límite: no podrán tener más de 35% de los abonados de todo el país. Si bien no es común en el mundo que se impida ser dueño de un canal de aire y otro de cable, en algunos países se prohibe a los dueños de diarios tener radios o canales. Lo mismo pasaba en la Argentina hasta una modificación realizada en 1990 a la Ley de Radiodifusión que posibilitó la creación de los multimedios y la privatización de los canales.
4 ¿Cuáles serán los grupos más beneficiados por el proyecto oficial?
Telefónica y Telecom, las herederas del monopolio estatal Entel, tienen prohibido el ingreso al mercado de los medios en los pliegos de licitación de la privatización. Esa claúsula existe porque son dueñas de las redes que llegan a casi todos los hogares de la Argentina, lo que les da una ventaja muy fuerte respecto a las empresas de cable. Con esa prohibición se garantizó el desarrollo de redes independientes, la de las telefónicas y las de los cableros. El proyecto oficial les permite ingresar ahora. Pero les impone dos restricciones básicas: crear una empresa separada para evitar subsidios cruzados y respetar la Ley de Bienes Culturales, por la que los extranjeros no pueden ser dueños de más de 30% de la misma. Esto afecta a Telefónica, que es española. Pero Telecom está en vías de argentinizarse 100%. Por otra parte, se beneficiarán los grupos que compren las empresas y abonados al cable de los que deberán desprenderse los multimedios más grandes.
5 ¿Cuáles serán los grupos más perjudicados por el proyecto oficial?
Clarín, porque deberá vender Canal 13 si quiere mantener Cablevisión, que le entrega más de 60% de sus ingresos. Además deberá achicar esa empresa de cable ya que tiene 50% de los abonados del país y no podrá superar el 35%. El Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano, es dueño de Supercanal, la tercera red de cable del país, pero tiene además 19 radios y canales. No puede tener más de 10 licencias. Lo mismo le pasa al español Grupo Prisa, dueño de Continental, que tiene 19 licencias y sólo podrá tener hasta 10.
6 ¿Es legal obligar a las empresas grandes a que reduzcan su tamaño?
El proyecto oficial les dará un año desde su reglamentación a las empresas para que se adecuen a la nueva norma. En el mundo es muy conocido el caso de “desinversión” de AT&T que fue desmembrada por el regulador de telecomunicaciones de los EE.UU. en 9 compañías, para favorecer la competencia.
7 ¿Habrá más espacios de representación de la ciudadanía en el mapa de medios?
El proyecto oficial propone distribuir el espacio del espectro radioeléctrico, a través del cual se propagan las señales de radio y televisión, en tres partes iguales para usos comerciales, de ONGs y de medios estatales. El argumento oficial es que de esta manera se generará una mayor polifonía de voces ya que dan por sentado que los medios niegan la palabra de algunos sectores. Sin embargo, que haya más espacio para que los gremios, iglesias, ONGs y universidades tengan sus propios canales o radios, no garantiza que esas voces sean escuchadas. Asegurarlo, como lo hace el oficialismo, es desconocer la diferencia entre tener un micrófono y llegar a una audiencia. Legisladores de la oposicón, como María Eugenia Estensoro, consideraron que de no aplicarse pautas similares a las que se impondrán a medios comerciales, también pueden crearse monopolios en el sector de radios de ONGs, por ejemplo. Criticó que la segmentación del espectro no garantiza la libertad de información, “porque un gremio no puede hacer periodismo, sino propaganda”, explicó.
8 ¿Habrá mayor control de los contenidos en las radios y la televisión?
El proyecto plantea la prohibición de emitir programación sexista y discriminatoria entre otras restricciones. Más allá de ello, algunos legisladores consideran que el proyecto intenta controlar a los medios ya que cada dos años se revisará el esquema por el que se otorga las licencias para poder operar los servicios de televisión y radio. Creen que de esta manera, el Gobierno puede tomar examen a los propietarios de los medios y así influir en su línea editorial.
9 ¿Se garantizarán más espacios a las producciones nacionales?
Sí. El proyecto oficial introduce cuotas en las programaciones de canales de televisión y en las radios, para que incluyan películas, telefilms y otras producciones culturales de origen nacional. Distingue además, para el caso de la música, entre las producciones de las disqueras y las independientes, de manera de garantizar un espacio mínimo para las producciones nacionales que no cuentan con el apoyo de grandes empresas productoras.
10 ¿Qué cambiaron en el proyecto desde que se presentó?
Cuando el proyecto se dio a conocer en marzo, se criticó, entre otras cosas, que la revisión cada dos años de las condiciones en las que se entregan las licencias sería una forma de controlar la línea editorial de los medios. Ese punto fue nuevamente redactado y se especifica que esa revisión se realizará para garantizar que las nuevas tecnologías tengan un buen impacto en el mercado. Se especificó que no afectará a las licencias otorgadas con anterioridad.
Se cambiaron los criterios para otorgar licencias: se prioriza la innovación cultural de la propuesta por sobre el patrimonio de los concursantes.
Una empresa de televisión satelital como DirecTV, sólo podrá tener una licencia. No podrá operar una radio o un canal de televisión abierta. Deberá además tener una señal propia nacional (hoy DirecTV no la tiene).
De esta forma, se impedirá que las telefónicas brinden el servicio de televisión por ese sistema. Están obligadas a hacerlo por su propia red. Así se pretende que las mejoren y las amplíen a más localidades, ya que en el Gobierno estiman que el 80% de las redes de banda ancha que hay en el país se concentran en sólo cinco ciudades.
Los bienes de los medios quedarán afectados a la explotación. Se pretende de esta manera que los propietarios de los medios, ante una quiebra, no se lleven los sistemas de producción, como por ejemplo las cámaras y de esta manera no se pueda continuar la explotación y se pierdan fuentes de trabajo.
Las radios no podrán hacer dúplex, es decir repetir la programación de AM en FM.
Por qué ganan las telefónicas y cuáles son los grupos que deberán achicarse
Entre las principales modificaciones que se realizaron al proyecto desde que se dio a conocer y se envió al Congreso, aparece la imposibilidad de que una radio FM retransmita los programas de una FM de un mismo grupo. También crecieron las restricciones a los canales y radios para evitar contenidos sexistas o discriminatorios. Habrá mayor producción de programas nacionales y se define qué es la música independiente. Las condiciones para entregar licencias para poder operar medios se revisarán cada dos años, pero se aseguró que no afectará a las otorgadas con anterioridad.
Por R.B.
De aprobarse tal como se envió al Congreso, el proyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplazará a la Ley de Radiodifusión. cambiará el mapa de medios y telecomunicaciones en la Argentina. Sus consecuencias son trascendentales, si se tiene en cuenta que la información es uno de los principales bienes de la economía postindustrial.
1 ¿Por qué el Gobierno decide reformar el mercado de medios de la Argentina?
La Ley de Radiodifusión vigente fue proclamada durante la última dictadura militar y tuvo más de 160 reformas durante el período democrático. Muchos especialistas coinciden en que esas reformas la empeoraron. Desde hace más de 20 años, distintas agrupaciones académicas y políticas plantean que es obsoleta y que permite mantener un mercado concentrado de medios en el país. La pelea entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín precipitó la redacción y el envío al Congreso de proyecto oficial.
2 ¿Cuál es el espíritu del proyecto? ¿Quién controlará a los medios?
Si se descuenta la pelea del Gobierno con Clarín y que las gestiones Kirchner realizan un uso arbritrario de la publicidad oficial, premiando a medios amigos; que la Presidenta casi no da conferencias de prensa y tiene una política de comunicación de sus funcionarios decididamente cerrada; además de que no mejoró las condiciones en las que deben operar los organismos reguladores de este mercado, el proyecto limita con fuerza a los multimedios, regula a las compañías de televisión paga, autoriza a las empresas de servicios públicos como las telefónicas a ingresar a este mercado y divide al espectro radioeléctrico en tres partes iguales, para ser usados por medios comerciales, ONGs y estatales. De esta manera se evitaría la concentración. Los medios serán regulados por un organismo que dependerá de la Secretaría de Medios. Esto es criticado porque el regulador dependerá del regulado. Otro aspecto a debatir es su conformación: el directorio tendrá cinco miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, dos de ellos a propuesta de una comisión
bicameral.
3 ¿Qué nuevos límites se les ponen a las empresas de multimedios?
La ley vigente permite a las empresas tener hasta 24 licencias para operar radios y canales de televisión en el país. El proyecto oficial las limita a 10. Además, quien sea operador de un canal de aire no puede tener en la misma ciudad un canal de cable. Sólo se puede tener en la misma área una radio AM y hasta dos FM. Los operadores de cable podrán dar el servicio hasta en 24 localidades (el proyecto no define si son ciudades o barrios). Tendrán otro límite: no podrán tener más de 35% de los abonados de todo el país. Si bien no es común en el mundo que se impida ser dueño de un canal de aire y otro de cable, en algunos países se prohibe a los dueños de diarios tener radios o canales. Lo mismo pasaba en la Argentina hasta una modificación realizada en 1990 a la Ley de Radiodifusión que posibilitó la creación de los multimedios y la privatización de los canales.
4 ¿Cuáles serán los grupos más beneficiados por el proyecto oficial?
Telefónica y Telecom, las herederas del monopolio estatal Entel, tienen prohibido el ingreso al mercado de los medios en los pliegos de licitación de la privatización. Esa claúsula existe porque son dueñas de las redes que llegan a casi todos los hogares de la Argentina, lo que les da una ventaja muy fuerte respecto a las empresas de cable. Con esa prohibición se garantizó el desarrollo de redes independientes, la de las telefónicas y las de los cableros. El proyecto oficial les permite ingresar ahora. Pero les impone dos restricciones básicas: crear una empresa separada para evitar subsidios cruzados y respetar la Ley de Bienes Culturales, por la que los extranjeros no pueden ser dueños de más de 30% de la misma. Esto afecta a Telefónica, que es española. Pero Telecom está en vías de argentinizarse 100%. Por otra parte, se beneficiarán los grupos que compren las empresas y abonados al cable de los que deberán desprenderse los multimedios más grandes.
5 ¿Cuáles serán los grupos más perjudicados por el proyecto oficial?
Clarín, porque deberá vender Canal 13 si quiere mantener Cablevisión, que le entrega más de 60% de sus ingresos. Además deberá achicar esa empresa de cable ya que tiene 50% de los abonados del país y no podrá superar el 35%. El Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano, es dueño de Supercanal, la tercera red de cable del país, pero tiene además 19 radios y canales. No puede tener más de 10 licencias. Lo mismo le pasa al español Grupo Prisa, dueño de Continental, que tiene 19 licencias y sólo podrá tener hasta 10.
6 ¿Es legal obligar a las empresas grandes a que reduzcan su tamaño?
El proyecto oficial les dará un año desde su reglamentación a las empresas para que se adecuen a la nueva norma. En el mundo es muy conocido el caso de “desinversión” de AT&T que fue desmembrada por el regulador de telecomunicaciones de los EE.UU. en 9 compañías, para favorecer la competencia.
7 ¿Habrá más espacios de representación de la ciudadanía en el mapa de medios?
El proyecto oficial propone distribuir el espacio del espectro radioeléctrico, a través del cual se propagan las señales de radio y televisión, en tres partes iguales para usos comerciales, de ONGs y de medios estatales. El argumento oficial es que de esta manera se generará una mayor polifonía de voces ya que dan por sentado que los medios niegan la palabra de algunos sectores. Sin embargo, que haya más espacio para que los gremios, iglesias, ONGs y universidades tengan sus propios canales o radios, no garantiza que esas voces sean escuchadas. Asegurarlo, como lo hace el oficialismo, es desconocer la diferencia entre tener un micrófono y llegar a una audiencia. Legisladores de la oposicón, como María Eugenia Estensoro, consideraron que de no aplicarse pautas similares a las que se impondrán a medios comerciales, también pueden crearse monopolios en el sector de radios de ONGs, por ejemplo. Criticó que la segmentación del espectro no garantiza la libertad de información, “porque un gremio no puede hacer periodismo, sino propaganda”, explicó.
8 ¿Habrá mayor control de los contenidos en las radios y la televisión?
El proyecto plantea la prohibición de emitir programación sexista y discriminatoria entre otras restricciones. Más allá de ello, algunos legisladores consideran que el proyecto intenta controlar a los medios ya que cada dos años se revisará el esquema por el que se otorga las licencias para poder operar los servicios de televisión y radio. Creen que de esta manera, el Gobierno puede tomar examen a los propietarios de los medios y así influir en su línea editorial.
9 ¿Se garantizarán más espacios a las producciones nacionales?
Sí. El proyecto oficial introduce cuotas en las programaciones de canales de televisión y en las radios, para que incluyan películas, telefilms y otras producciones culturales de origen nacional. Distingue además, para el caso de la música, entre las producciones de las disqueras y las independientes, de manera de garantizar un espacio mínimo para las producciones nacionales que no cuentan con el apoyo de grandes empresas productoras.
10 ¿Qué cambiaron en el proyecto desde que se presentó?
Cuando el proyecto se dio a conocer en marzo, se criticó, entre otras cosas, que la revisión cada dos años de las condiciones en las que se entregan las licencias sería una forma de controlar la línea editorial de los medios. Ese punto fue nuevamente redactado y se especifica que esa revisión se realizará para garantizar que las nuevas tecnologías tengan un buen impacto en el mercado. Se especificó que no afectará a las licencias otorgadas con anterioridad.
Se cambiaron los criterios para otorgar licencias: se prioriza la innovación cultural de la propuesta por sobre el patrimonio de los concursantes.
Una empresa de televisión satelital como DirecTV, sólo podrá tener una licencia. No podrá operar una radio o un canal de televisión abierta. Deberá además tener una señal propia nacional (hoy DirecTV no la tiene).
De esta forma, se impedirá que las telefónicas brinden el servicio de televisión por ese sistema. Están obligadas a hacerlo por su propia red. Así se pretende que las mejoren y las amplíen a más localidades, ya que en el Gobierno estiman que el 80% de las redes de banda ancha que hay en el país se concentran en sólo cinco ciudades.
Los bienes de los medios quedarán afectados a la explotación. Se pretende de esta manera que los propietarios de los medios, ante una quiebra, no se lleven los sistemas de producción, como por ejemplo las cámaras y de esta manera no se pueda continuar la explotación y se pierdan fuentes de trabajo.
Las radios no podrán hacer dúplex, es decir repetir la programación de AM en FM.
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