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miércoles, 29 de febrero de 2012


MEDIOS Y COMUNICACION

Luz, cámara, acción

Federico Corbière propone mirar la historia de las industrias culturales para comprender qué es lo que está sucediendo hoy con las medidas que dicen combatir la supuesta “piratería” en Internet y denuncia un nuevo avance sobre la democratización cultural.

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Por Federico Corbière *

Sin lugar a dudas, Thomas Alva Edison (1847-1931) fue un genio. No sólo por su inteligencia sino por una singular habilidad para hacer negocios. El (falso) inventor de la lamparita tiene registradas más de mil patentes y una historia de “niño terrible”, que de telegrafista pasó a célebre científico.

Edison era una suerte de Steve Jobs del siglo XIX. Supo experimentar sobre toda innovación a su alcance y perfeccionarla. La bombilla incandescente (1883) sería años después fundamental para la creación de la radio a válvulas, entre otros soportes que surgirían con las industrias culturales.

El suyo fue el tiempo del cine. Su conocimiento de una base tecnológica que ya mostraba una tendencia transnacional por las rutas telegráficas, creadas por las agencias de noticias Reuters y Havas, le permitieron imaginar un mundo globalizado sobre el que se constituyó la revolución audiovisual del cinematógrafo.

Tras batallar con los hermanos Lumière, en 1902 Estados Unidos tuvo sus famosos nickelodeons (películas por cinco centavos). También, un ganador y otro invento: las primeras formas de concentración: vertical y horizontal, de lo que sería el principal oligopolio del siglo XX.

Detrás de la pantalla estaba la Motion Picture Patents Company (MPPC), organizada por Edison y conformada por nueve productoras, que no sólo vendían los derechos de exhibición sino que condicionaban a los dueños de las salas a presentar exclusivamente películas de ese pool y a pagar licencias por usar sus proyectores.

Es decir, la MPPC controlaba el soporte, los canales de exhibición, su distribución y los contenidos, anulando toda posible competencia.

La falta de control estatal y la novela negra de presiones mafiosas hicieron que los productores independientes se mudaran de Nueva York. Ese será el curioso comienzo de Hollywood, en 1914, cuyas principales cadenas hoy consolidadas reclaman por los derechos de Propiedad Intelectual.

La MPPC tuvo su final en 1918 al aplicarse la Sherman Act (ley antimonopolios). Sin embargo, su espejo actual está en la Motion Picture Association of America (MPAA), con seis grandes operadores: Walt Disney, Paramount, Sony, Twentieth Century Fox, Universal y Warner.

La MPAA apoyó todas las propuestas elevadas al Capitolio para perseguir la “piratería” en Internet, seguida de infinidad de firmas ligadas al sector.

Si bien la conmoción en el mundo cibernético dejó las iniciativas en el tintero, el operativo en Nueva Zelanda sobre Megaupload y detención de Kim Schmitz cumplen ya su efecto ejemplificador sobre otros servidores de descarga que, por las dudas, están bloqueando enlaces sospechados de infringir los derechos de autor de ésas y otras compañías.

Respecto del segmento musical no sólo algunas ONG relativizan que la digitalización destruya la industria. Dominique Leguern, anfitriona del Midem 2011 (Mercado Internacional del Disco y la Edición Musical), la mayor feria del sector, que suele reunir cerca de 8000 participantes, con 4000 empresas y más de 2000 expositores, aseguró al cierre de la edición 45ª, en Cannes: “La industria musical no está tan mal como dicen”.

En su análisis, la responsable de Virgin Records por más de una década señaló que la crisis está en el “mercado físico de los CD”, mientras “hay un crecimiento del digital” y que la industria ha demostrado capacidad para reinventarse.

La especialista explicó que el cambio está en la monetarización por canales de sincronización, aplicaciones móviles (cloud-music), sistemas de streaming por suscripción, entre otros esquemas de negocios. En tanto, aventuró que las descargas gratuitas sostenidas por publicidad no ofrecen una perspectiva viable, mientras modelos como iTunes (Apple) suelen ser aún caros, debido a que las discográficas no cambian sus políticas de precios.

Lo llamativo del caso es que el operativo del FBI en tierras extranjeras ocurrió antes de darse a conocer que Megaupload pensaba lanzar un servicio para bajar música con pago de regalías, siguiendo el camino de My Space y Bandcamp como alternativa de iTunes, lo cual dinamizaría la competencia en el sector y promovería un mayor acceso a la cultura rompiendo dos tipos de barreras: las de consumo final de los usuarios y aquellas que impiden a los realizadores darse a conocer.

Más allá de las conductas mafiosas que dieron inicio al cine y el eventual lavado de dinero de Kim Schmitz, que transforma a Edison en una carmelita descalza, lo cierto es que acciones directas como éstas retrasan y atacan toda instancia de democratización cultural.

Todo pasa en un opresivo universo orwelliano con poco rating. Justo cuando el “conventillo global”, caracterizado por el inolvidable Aníbal Ford, parecía abrir un espacio de libertad en las redes de comunicación.

* Docente-investigador. Facultad de Ciencias Sociales UBA

MEDIOS Y COMUNICACION

Acceso y participación

Diego Rossi anticipa los cambios que se producirán en breve a partir de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las nuevas iniciativas oficiales en materia de comunicación, pero alerta sobre la necesidad de que estos pasos estén acompañados de procesos de participación apoyados en legitimidades políticas y sociales.

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Por Diego Rossi *

La televisión abierta y gratuita en la Argentina por fin concretará cambios estructurales en los próximos dos años de aplicación de políticas públicas de comunicación.

Durante más de treinta años la cantidad de emisoras de TV abierta en el país se ha mantenido invariable. Más aún: en la década del ’90 se sinceró la influencia de los canales de la Ciudad de Buenos Aires en todo el país, con la legalización de las redes y la concentración de propiedad de canales del interior y las redes de TV por cable.

Millones de ciudadanos y ciudadanas que habían naturalizado la necesidad de “pagar el peaje de inclusión por consumo” de la TV por cable o satelital podrán optar ahora por la recepción gratuita con más ofertas para sintonizar. Recordemos que en media Argentina aún hoy se reciben una o dos señales de TV abierta y, a pesar de la modernización y los esfuerzos que está desplegando Canal 7, la TV pública no llega a todo el territorio.

El crecimiento del acceso federal a la TV gratuita tiene dos vías: una, a mediano plazo, por los concursos públicos de asignación de frecuencias (a partir de un histórico llamado para 220 emisoras).

Paralelamente, otra ventana de oportunidades se abre desde 2010 con el programa Argentina Conectada, por el cual el Estado está desplegando la red de antenas para la Televisión Digital Abierta (TDA). A medida de su puesta en marcha, la TDA brinda una grilla cuya variedad podría compararse con un abono básico de TV paga usual en otros países (abono básico que en Argentina los cableros no ofrecieron porque tenían la vaca atada de una audiencia cautiva por falta de ofertas en la TV abierta, por repetir en directo las señales de Capital y el exterior, y por usar al fútbol como anzuelo para el abono, entre otras travesuras de mercado).

De cumplirse las metas actualizadas en estos días por la propia Presidenta, a fines de 2013 el 95 por ciento del territorio y casi el ciento por ciento de la población estará cubierto por la TDA, elevando la accesibilidad a todos los canales locales, más los nuevos canales que salgan airosos de los concursos, más un paquete de señales públicas y privadas cuyos permisos de emisión deberán tener criterios transparentes de selección.

Mientras se produce el acortamiento de la endémica brecha de acceso a la televisión gratuita, la participación de nuevos actores sociales y la mejora de la programación son terrenos en disputa.

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual establece varios mecanismos para generar mejores pisos de diversidad y pluralismo, además de la propiedad de los medios, como las cuotas de pantalla y los fondos para la producción audiovisual. Las prioridades para asignar fondos públicos a una programación diversa y federal, aun con las tramas complejas que cualquier pulseada podría tener, seguirán ayudando a reducir la fuerte incidencia de los mercaderes de la información y el entretenimiento chivero y atorrante que todos conocemos.

Estamos en una situación estratégica para seguir avanzando. La visibilidad de la “cuestión audiovisual” es una conquista de la democracia argentina y de los protagonistas del debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este año, además de haber pasado la prueba de legitimidad política, parlamentaria y judicial, la ley será cumplida a través del funcionamiento de la comisión bicameral, junto a los Consejos y demás institutos creados para tutelar derechos y promover definiciones colegiadas.

Comparemos el camino recorrido con las dificultades del debate en Brasil, donde aun habiéndose realizado diversas acciones colectivas, todavía no se concretó una política democratizadora; o en Bolivia, donde la nueva ministra de Comunicaciones tiene como principal misión promover consultas y consenso para lograr una ley de medios que supere los invocados fantasmas de la mordaza y el “proestatismo” gubernamental.

Por otra parte, estamos alertas ante un sistema de comunicaciones altamente globalizado tendiente a la concentración. La crisis económica en España llevó en estos días al cierre o redimensionamiento (vía Internet) de emisoras que habían comenzado con el aliciente de la televisión digital... y también llevó a la entrada de empresas multinacionales presionando otra vez hacia la TV de pago.

Hay mucho camino por recorrer, pero está claro que cuanto más fortalezcamos las prácticas comunicativas y su financiamiento con arreglo a legitimidades políticas y sociales, mejor estaremos preparados para que el canto de sirenas del ajuste y del mercado nunca nos haga retroceder los casilleros que tanto esfuerzo nos llevó avanzar.

* Profesor adjunto Políticas y Planificación de la Comunicación, UBA


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