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MEDICINA / INEDITO CONFLICTO ENTRE UN PAIS Y UNA MULTINACIONAL

Recrudece la guerra legal entre Uruguay y Philip Morris por las muertes del tabaco

La aplicación de una fuerte ley anticigarrillo hizo bajar las muertes por infarto el 17%, pero la empresa afectada está dispuesta a llevar al país a tribunales internacionales.

Por Florencia Ballarino

Conflicto. Pese a algunas dudas, Mujica sigue a Tabaré.

El conflicto inédito que mantiene Uruguay con la tabacalera Philip Morris Internacional avanza tras la decisión del presidente José Mujica de “no dar marcha atrás en la política antitabaco del gobierno”. En febrero pasado, la empresa presentó una demanda contra el Estado uruguayo por considerar que las medidas que adoptó el país en su lucha contra el tabaquismo violan el Tratado Bilateral de Inversiones que firmaron Uruguay y Suiza en 1998. La tabacalera presentó su acusación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo dependiente del Banco Mundial. De prosperar este reclamo, se trataría del primer caso de litigio internacional por el control del tabaco y se estima que la primera parte del juicio comenzaría en marzo de 2011.

“No es casual que la empresa haya elegido Uruguay como su blanco. Le molesta que el país se haya transformado en un modelo mundial en la aplicación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT). No quiere llegar a un juicio, lo que busca es atemorizar al gobierno y doblegarlo en su lucha contra el tabaquismo”, le dijo a PERFIL Eduardo Bianco, director para Lationamérica de la Alianza para el Convenio Marco. En 2006, Uruguay se convirtió en el primer país de América latina totalmente libre de humo de tabaco en lugares públicos. En cuatro años y gracias a una fuerte legislación, los infartos de miocardio bajaron en ese país el 17% y el consumo de cigarrillos en adolescentes cayó a la mitad.

Los reclamos de Philip Morris se refieren a tres medidas regulatorias específicas, según una solicitada publicada en diarios de Montevideo. Una, la que ordena destinar el 80% de la superficie de los paquetes a advertencias sanitarias. Dos, el modo del diseño de los pictogramas que muestran los efectos del cigarrillo sobre la salud. Y tres, la prohibición de vender otras marcas como Green, Gold y Blue, herederas de las expresiones “light”, consideradas tramposas. Para Bianco, las leyes uruguayas responden a las directivas del CMCT y no violan el Tratado Bilateral de Inversiones. “La multiplicidad de marcas apunta al engaño de sugerir que hay presentaciones de cigarrillos menos dañinas que otras. Y al requerir que las advertencias sanitarias ocupen el 80% del envase se termina con la principal forma de publicidad, que es el propio paquete de cigarrillos”, sostuvo el experto.

Según trascendió, en julio la tabacalera trató de llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno de José Mujica para flexibilizar las medidas antitabaco, algo que fue duramente criticado por el ex mandatario de su mismo partido, Tabaré Vázquez, quien calificó de “chantaje” la demanda de la empresa. Sin embargo, finalmente las nuevas autoridades uruguayas decidieron mantener sus políticas de salud pública. La decisión recibió el apoyo de diversas ONG y de asociaciones civiles. Mirta Roses, directora de la OPS, dijo que “indigna que las empresas tabacaleras, persiguiendo ciegamente ganancias a corto plazo, estén demandando a países que, como Uruguay y otras naciones, sólo tratan de proteger la salud y la vida de sus ciudadanos”.

Mientras tanto, las partes ya finalizaron la primera etapa del proceso con la elección de sus representantes legales. La tabacalera contrató una firma suiza de abogados llamada Lalive y Uruguay ya empezó a trabajar el caso con el estudio de abogados Foley Hoag, de Boston, EE.UU. (el mismo que representó al país ante La Haya durante el juicio por la papelera Botnia). “No se sabe qué va a pasar con la demanda. Nuestra impresión es que la tabacalera no tiene intención de ir a un juicio”, dijo Bianco. De prosperar el reclamo, será el primer litigio internacional por control del tabaco que deberá decidir entre la defensa de la salud pública y la de las inversiones de una empresa transnacional.

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La contradictoria situación en la Argentina

En la Argentina, un proyecto de ley de control de tabaco, que ya obtuvo media sanción en el Senado, espera su aprobación en Diputados. Como se demora su aprobación, la Fundación Interamericana del Corazón de Argentina y la Alianza Libre de Humo de Tabaco alertaron sobre la necesidad de que la Cámara ratifique con celeridad el proyecto para “protegerlo de las posibles modificaciones que hagan que la ley no cumpla con los estándares internacionales para cuidar la salud de toda la población”. El proyecto incluye varias de las medidas recomendadas por la OMS para el control del tabaco: ambientes 100% libres de humo, prohibición completa de publicidad, campañas de educación y advertencias sanitarias con pictogramas. Lo único que no está incluido es el aumento de impuestos y precios al tabaco. Se estima que, de ser aprobado el proyecto, prevendría 10.507 muertes anuales.

En el Senado nacional también aguarda un proyecto de ley para que la Argentina ratifique el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), el primer tratado de salud pública mundial del que forman parte 171 países. Nuestro país es el único de América latina que, habiéndolo firmado en 2003, no lo ratificó. Mariela Alderete, coordinadora de Aliar, dijo que “cuando los senadores decidieron votar una ley de control de tabaco en lugar de ratificar el CMCT, nosotros insistimos diciendo que no eran intercambiables. Sin embargo, apoyamos la ley”.