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lunes, 5 de octubre de 2009

campañas politicas, gastos confusos

Elecciones 2009 / Rendición de gastos en la mira judicial
Curiosidades y trampas en el financiamiento de la campaña
Entre los donantes hay familiares, contratistas de obra pública y empresas de seguridad
Gabriel Sued LA NACION
Aunque lejos de los escándalos que suscitó el financiamiento de la campaña electoral del kirchnerismo en 2007, las rendiciones de ingresos y gastos proselitistas que acaban de presentar los candidatos de las últimas elecciones están pobladas de sorpresas, curiosidades y prácticas al filo de la ley.
Personas que pusieron plata pero que no figuran en el listado, dueños de empresas contratistas de obra pública que donaron como particulares y jugosos aportes de familiares de los candidatos son algunas novedades de los informes, que la justicia federal electoral analiza desde el lunes pasado.
La rendición del Frente Justicialista para la Victoria, cuya lista encabezaron en la provincia de Buenos Aires Néstor Kirchner y Daniel Scioli, marcó un giro respecto de anteriores campañas del kirchnerismo. Los principales aportantes ya no son droguerías o empresas farmacéuticas, sino dirigentes bonaerenses, casi todos ellos funcionarios provinciales o municipales.
Pero los que figuran como autores de las donaciones más importantes aseguran que ellos no pusieron el dinero, sino que oficiaron de meros recaudadores en sus distritos. Es el caso del senador bonaerense José Molina, que aparece con una donación de $ 178.581. "Abrimos una cuenta con el PJ de Pilar, en la que aportó un montón de gente. Fue a nombre mío porque no tenemos personería jurídica. Cuando llegue el momento vamos a presentar los nombres ante la Justicia", dijo a LA NACION.
De acuerdo con la ley de financiamiento de los partidos políticos, las agrupaciones deben presentar 90 días después de los comicios un informe detallado de los aportes recibidos, "con indicación de origen y monto". La Justicia exige que se detalle el nombre de cada aportante.
Una práctica similar adoptaron en Tres de Febrero, Hurlingham y Vicente López. Néstor Cotignola, vicepresidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia y vicepresidente del PJ de Vicente López, figura con un aporte de $ 137.712, al igual que el presidente del partido, Martín Cosentino. "Abrimos una cuenta y recibimos aportes de particulares. Si la Justicia manda un oficio al Banco Provincia, va a saber quiénes son las personas que pusieron plata", dijo.
Gustavo Triemsta, director general de Asuntos Jurídicos de la municipalidad de Hurlingham y apoderado del PJ de ese distrito, afirmó que los $ 114.000 que figuran a su nombre en el informe de aportantes son el resultado de una colecta del partido. "Tenemos toda la documentación y está a disposición de quien la quiera ver", dijo.
Cosa de familia
La lista ganadora en la provincia, encabezada por Francisco de Narváez y Felipe Solá, declaró un total de ingresos y egresos de $ 14.397.777. El principal aportante particular fue el propio De Narváez, con $ 280.000, justo por debajo del límite permitido, fijado en $ 310.512. Si se tiene en cuenta lo aportado por los hijos del candidato, Francisco ($ 30.000), Jazmín ($ 20.000) y Martín ($ 10.000), la cifra alcanza $ 340.000. A eso se pueden agregar $ 130.000 que donó la empresa 14 de Marzo, que preside una hermana de De Narváez y de la que el diputado electo es accionista.
Entre las empresas que más aportaron para la campaña de Unión Pro se destacan las agencias de seguridad, en línea con las principales propuestas que sostuvo De Narváez durante la campaña. Son Biggest ($ 20.000), Cima Security ($ 20.000), Metro Safe de Argentina ($ 20.000) y Munro Seguridad ($ 30.000).
En la Capital Federal, los montos son más pequeños. La que más gastó fue, como en la provincia, la lista de Unión Pro, encabezada por Gabriela Michetti. El jefe del gobierno, Mauricio Macri, donó $ 50.000, más de 25.000 por debajo del límite de $ 75.747 fijado por la Justicia para aportes particulares. Más cerca del tope estuvieron sus hermanos, Gianfranco y Mariano, que donaron $ 70.000 cada uno.
La campaña de Michetti también fue una causa familiar para los Caputo. Nicolás, dueño de una constructora que tiene contratos con el gobierno porteño, puso $ 70.000. El resto de su familia aportó otros $ 155.000.
Juan Garrone, presidente de la desarrolladora inmobiliaria Creaurban SA, también está en la nómina de aportantes, con $ 50.000. La firma pertenece al grupo Iecsa, propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. Calcaterra SA, otra de las firmas del grupo, está a cargo de las reformas del Hospital de Niños Pedro Elizalde, tal como lo denunció la legisladora porteña Gabriela Cerruti.
Según la documentación que presentó el frente kirchnerista que encabezó Carlos Heller en la Capital, su principal aportante fue el grupo empresario Lupier, de la familia Vara, dueño de la constructora Saint Piper, de la siderúrgica Acerbrag y de los colchones Piero. A nombre personal, Luisa Vara puso $ 75.000. Saint Piper donó otros $ 25.000.
Otras de las empresas que más dinero pusieron para la campaña de Heller son Laboratorios Bagó ($ 30.000), una de las 14 firmas del rubro farmacéutico que donaron para los gastos kirchneristas. Guzmán Nacich, una empresa de estructuras metálicas para comunicaciones y transporte de energía con contratos con estados provinciales, puso $ 35.000. La tecnológica Storey SA, presidida por Esteban Eskenazi, del grupo Petersen, dueño del 15% de YPF, donó $ 20.000.
$ 178.581 Fue el mayor aporte al FPV
Lo hizo el senador provincial bonaerense José Molina a la lista de candidatos a diputados encabezada por Néstor Kirchner y Daniel Scioli.
$ 14,3 Millones
Fue el monto de ingresos y egresos declarado por la lista de Unión Pro, que encabezó Francisco de Narváez.
Los partidos gastaron cerca de $ 80 millones
En la campaña electoral del 28 de junio último, en la que se eligieron 24 senadores y 127 diputados, los partidos gastaron casi $ 80 millones, según un estudio de la Fundación Poder Ciudadano sobre la base de los informes de financiamiento presentados ante la Justicia por todas las agrupaciones, el lunes pasado, en los 24 distritos del país.
El gasto total registrado por la Justicia es de $ 78.366.117. La gran parte de esa cifra, casi $ 61 millones se destinó a inversión en propaganda, mientras que los gastos operativos superaron los $ 13 millones, las transferencias entre partidos de distrito totalizaron $ 3.700.000 y los créditos casi un millón de pesos. La inversión que deben hacer los partidos en las campañas podría disminuir en forma significativa si avanza un proyecto del Gobierno para que el Estado se haga cargo del reparto de todos los espacios para la actividad proselitista.
Casi tres cuartos de lo recaudado, $ 57 millones provino del aporte privado de personas y empresas. Un poco más de $ 15 millones fueron aportes del Estado y unos $ 4.500.000 de transferencias de partidos de distrito.
Buenos Aires fue la provincia en la que más dinero se gastó, con $ 37 millones.

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