OPINION
Comunicación
audiovisual, todo lo que hay que saber
La sanción de la ley 26.522 (http://bit.ly/LqSlQL) puso en juego la
facultad del Estado para regular la actividad de los medios de comunicación
audiovisuales desde un paradigma de derechos humanos. Desde que comenzó a
debatirse el proyecto hasta hoy pasaron más de tres años y esta potestad
estatal todavía resulta cuestionada, tanto desde las empresas mediáticas con
posiciones dominantes en el mercado como por parte de algunos referentes
políticos. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y
la Corte Interamericana han señalado en más de una oportunidad que la actividad
de los medios de comunicación no sólo puede, sino que debe ser regulada por el
Estado a través de políticas públicas respetuosas de los estándares
internacionales (http://bit.ly/RL0nrK).
Las medidas estatales deben tener como finalidad el fomento del pluralismo y la
diversidad de voces y deben tender a garantizar condiciones de igualdad en el
acceso al debate público. En esta línea, los Estados no sólo están obligados a
abstenerse de limitar el ejercicio del derecho a la comunicación por cualquier
medio, sino que además deben implementar políticas públicas destinadas a
revertir las asimetrías existentes en el acceso al debate público. La
intervención de los Estados se torna, por lo tanto, imprescindible para
garantizar un reparto equitativo de los medios y reconocer la diversidad de las
manifestaciones culturales.
En
este sentido, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) promueve
la participación de diferentes actores en la prestación de servicios de
comunicación y garantiza que el sector comercial siga siendo económicamente
viable. Sin embargo, una arquitectura legal construida a lo largo de más de
tres décadas a la medida de quienes debían ser regulados y controlados por el
Estado indica que democratización no era una variable a tener en cuenta a la
hora de pensar los medios y su vínculo con el acceso al debate público. En este
escenario, el cambio de paradigma que implicó la sanción de la LSCA requiere un
diálogo permanente entre el Estado y la sociedad civil para generar políticas
públicas que impulsen el proceso democratizador.
Concentración,
pluralismo y diversidad
El
fomento de la diversidad de voces y el pluralismo como presupuestos básicos del
ejercicio del derecho a la comunicación se ha convertido en un desafío central
frente a las lógicas de globalización, integración comercial y libre comercio.
En sus Indicadores de Desarrollo Mediático aprobados en 2008, la Unesco
sostiene que para incrementar el pluralismo y la diversidad en un sistema de
medios “las autoridades responsables de ejecutar las leyes antimonopolios
cuentan con las atribuciones suficientes, por ejemplo, para negar las
solicitudes de licencias y para exigir la desinversión en las operaciones
mediáticas actuales cuando la pluralidad esté comprometida o se alcancen
niveles inaceptables en la concentración de la propiedad” (http://bit.ly/Qwzv09). Cualquier parecido
con la realidad argentina es pura coincidencia.
La
concentración de la propiedad de medios de comunicación, no absoluta pero sí
tendencialmente, deviene en homogeneización de contenidos, marginación de voces
disidentes a partir de alianzas comerciales y/o políticas, subsidios cruzados
que canibalizan mercados, competencia desleal e incremento de las barreras de
entrada para nuevos actores. Algo que en Argentina ya vivimos.
Sin
embargo, los cultores de la autorregulación encuentran sólo deficiencias
coyunturales del mercado, cuya solución ubican en la propia matriz
mercadocéntrica y la mayoría de las veces aparece asociada a una ampliación de
las posibilidades tecnológicas. La experiencia de las últimas décadas, tanto en
nuestro país como en el resto del mundo, ha demostrado la escasa validez de
estas posturas: en ningún caso el avance tecnológico ha implicado, por su mera
aparición, una democratización de las comunicaciones.
El
rol de los medios y los procesos de concentración de la propiedad, así como el
análisis de las alianzas políticas y económicas y su impacto sobre los
contenidos, definen un escenario en el que, una vez más, la intervención del
Estado se vuelve imprescindible para garantizar el ejercicio del derecho a la
comunicación, entendido como un derecho humano fundamental.
Miradas
desde el paradigma de derechos humanos
La
LSCA puso de manifiesto la necesidad de construir un consenso social amplio que
garantice el reconocimiento de la comunicación y la cultura como elementos
centrales en el marco de un Estado de derecho, que de ninguna manera pueden
quedar supeditados a las lógicas de la explotación comercial en desmedro del
bienestar común. Así lo entendieron los principales actores de los sistemas
regionales e internacionales de derechos humanos, quienes opinaron sobre la ley
desde una perspectiva de defensa de la libertad de expresión. Al respecto
aparecen dos referencias clave.
Para
el relator especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La
Rue, “la Argentina está sentando un precedente muy importante. No sólo en el
contenido de la ley, porque el proyecto original que vi es lo más avanzado que
hay en el mundo en ley de telecomunicaciones, sino además en el procedimiento
que se siguió, el proceso de consulta a nivel popular. Me parece que ésta es
una ley realmente consultada con su pueblo”. En cuanto al texto de la ley, La
Rue reconoció que “garantiza el pluralismo, que todas las voces tengan acceso.
Reconoce que tiene que haber tres tipos de medios: comerciales, comunitarios y
públicos. Y los convierte en ley. Ante una progresiva concentración monopólica
y oligopólica de medios, no sólo en América latina, creo que esta ley es un
gran avance” (http://bit.ly/Xytv9V).
Por
su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA
sostuvo, en su informe del año 2009, que “esta reforma legislativa representa
un importante avance respecto de la situación preexistente en Argentina. En
efecto, bajo el marco normativo previo, la autoridad de aplicación era
completamente dependiente del Poder Ejecutivo, no se establecían reglas claras,
transparentes y equitativas para la asignación de las frecuencias ni se
generaban condiciones suficientes para la existencia de una radiodifusión
verdaderamente libre de presiones políticas” (http://bit.ly/h3IEah).
Pese
a los insistentes argumentos respecto del supuesto control que la ley impondría
sobre los contenidos de los medios audiovisuales, a diferencia de otras
legislaciones o proyectos de la región, no aparece en toda la norma ningún
artículo que pueda resultar incompatible con las disposiciones del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos sobre este punto. Tampoco contempla, dentro
de los diferentes tipos de servicios de comunicación, restricciones en cuanto a
potencia, cobertura territorial o acceso a fuentes de financiamiento ni
establece un plazo de duración de los permisos excesivamente breve que impida
la realización de los proyectos comunicacionales presentados al momento de
concursar la licencia o que dificulte, en el caso de los medios comerciales, el
desarrollo de un negocio rentable. Es decir que, en sintonía con los estándares
internacionales en materia de libertad de expresión, la ley asegura
previsibilidad y certeza jurídica para quienes poseen o adquieren una licencia.
Los derechos y obligaciones establecidos en la norma son claros y precisos; se
contemplan procedimientos transparentes y respetuosos del debido proceso –que
permiten, entre otras cosas, revisar judicialmente cualquier decisión adoptada
en el ámbito administrativo– y garantiza que mientras se usa la frecuencia no
serán exigidos más requerimientos que los establecidos en la ley.
La
LSCA incorpora un enfático reconocimiento acerca de la importancia del
pluralismo y la diversidad. Además de los compromisos recogidos por la
ratificación de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad
de las Expresiones Culturales de la Unesco (http://bit.ly/S8hlDl),
la ley recoge lo dicho por los relatores de Libertad de Expresión de ONU, OEA,
Europa y Africa que, en el año 2001, en su Declaración Conjunta (http://bit.ly/T34ui2) recomendaron: “La
promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación
de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la
radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos
de la sociedad a las ondas de radiodifusión”.
En
relación con la universalidad del acceso a los medios de comunicación como un
soporte fundamental para el ejercicio del derecho humano a la libertad de
expresión, que la ley establece en los artículos 2, 3, 72 y 153, afirma la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 5/85: “Son
los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio
de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento
deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es
indispensable la pluralidad de medios y la prohibición de todo monopolio
respecto de ellos, cualquiera fuera la forma que pretenda adoptar” (http://bit.ly/hvuZ5w).
La
Corte Suprema de Justicia de la Nación, el pasado 22 de mayo, al resolver el
resonado expediente por la vigencia de la medida cautelar por el artículo 161
para el Grupo Clarín, entendió que “no existen argumentos que relacionen
directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Ello
resulta necesario, porque en todo el derecho comparado existen normas de
organización del mercado en el campo de los medios de comunicación, sin que su
constitucionalidad haya sido cuestionada de modo genérico. Debe existir una
afectación concreta de la libertad de expresión para invalidar una norma de
regulación de la competencia, lo que en el caso no se ha demostrado” (http://bit.ly/KJRX4y).
El
espacio público construido por los medios de comunicación asume hoy una
centralidad primordial para conformar nuestra percepción de la realidad social
y política, para determinar la agenda pública de necesidades a ser atendidas y
desde donde la ciudadanía obtiene buena parte de las herramientas que la ayudan
a aprehender el universo de la cotidianidad. Ese debe ser el lugar de la
democracia, el pluralismo y la diversidad. Los negocios son otra cosa.
*
Docente de Cs. de la Comunicación (UBA), secretario de la Comisión Directiva
del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
**
Docente de Cs. de la Comunicación (UBA-UNLP), director del área de Comunicación
del CELS.
*** Docente de Cs. de la Comunicación (UBA).
MEDIOS
Y COMUNICACION
Cine
comunitario y organización popular
Sol
Benavente y Ramiro García, participantes del reciente Festival Internacional de
Cine y Video Alternativo y Comunitario realizado en Colombia, presentan la
experiencia desde la perspectiva de la comunicación popular en América latina.
Del 14 al 21 de septiembre pasado se realizó en
Ciudad Bolívar, zona sur de Bogotá, el V Festival Internacional de Cine y Video
Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho (www.ojoalsancocho.org). Ciudad
Bolívar es una de las zonas más pobres y estigmatizadas de la capital
colombiana, pero al mismo tiempo, reconocida por su organización comunitaria y
su promoción cultural. En esta parte de la ciudad, donde la mayoría de sus
fundadores y habitantes son víctimas del desplazamiento forzado y de la
violencia que vive el país hace más de 50 años, la población ha ascendido de
20.000 personas en la década del ’90 a más de 800.000 en la actualidad.
Democratizar
la producción audiovisual comunitaria en este territorio implica promover
procesos de organización y autorrepresentación en las comunidades que rompan
con los discursos monocordes de los medios de comunicación hegemónicos,
abriendo nuevos horizontes de participación y creación.
En
el Festival participaron invitados de Argentina, Bolivia, España, Guatemala,
México, Ecuador, Sahara Democrática y más de 12 organizaciones de distintas
localidades de Colombia. Durante toda la semana se organizaron en distintos
barrios populares 31 proyecciones; se debatió en cinco foros y se trabajó en
trece talleres de producción audiovisual comunitaria.
Los
talleres estuvieron orientados a promover una idea común entre los
organizadores del festival, las organizaciones y realizadores invitados: el
cine no es privativo de una élite artística que domina la técnica, sino que
debe ser la expresión viva de los pueblos. O, como afirmaba el filósofo
argentino Rodolfo Kusch: “... Hacer arte supone una revelación, porque implica
sacar a relucir la verdad, que yace en lo más profundo del país, para llevarla
a escena, al papel o al cuadro. Pero hacer eso entre nosotros, significa
crearlo todo de nuevo (...) Se plantean entonces dos cosas: o se escribe para
la gente feliz y limpia o se trabaja para darle al pueblo una expresión.
Nuestra verdad está en el charco y no en la traducción de La Divina Comedia...”.
Bajo
esta premisa se trabajó en Ciudad Bolívar con jóvenes, con la comunidad Lgtbi,
con mujeres adultas mayores, con niños, niñas y adolescentes de escuelas y
centros comunitarios de la localidad. En pocos días se acercaron los elementos
básicos del lenguaje audiovisual para que crearan sus propios cortometrajes. De
allí surgieron animaciones, ficciones, documentales y videoclips que condensan
sueños, preguntas, reflexiones, temores, denuncias y recuerdos de la comunidad.
La
trama comunitaria y la resistencia popular no sólo se palpitó en los talleres o
en las proyecciones, sino también en los vínculos creados, los lugares
conocidos, las comidas compartidas, las palabras aprendidas. Partiendo desde la
comunidad, se debatieron estrategias para generar transformaciones
estructurales y profundas en la sociedad y la cultura, como la sanción de una
ley de medios democrática. Tomando la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (26.522) de Argentina como modelo en este campo, se llamó a la
organización local, nacional e iberoamericana para desactivar la concentración
mediática y multiplicar las miradas desde el territorio.
Frente
a la guerra interna y los desplazamientos forzados, los paramilitares y la
“limpieza social”, la pobreza y los “ghettos”, el entramado comunitario de
Ciudad Bolívar elige el arte y la cultura como herramienta de reflexión, de
memoria y de transformación social. Recuperando la herencia de Jorge Gaitán,
líder popular colombiano asesinado en 1948, el Festival Ojo al Sancocho es una
experiencia que busca desarrollar “una sensibilidad, una capacidad plástica
para captar y resumir en un momento dado, el impulso que labora en el agitado
subfondo del alma colectiva...”.
El
Sancocho es un plato tradicional de Colombia, que en la mezcla de varios
ingredientes y condimentos, se logra su tradicional sabor. Estos ocho días de
Sancocho cultural en Ciudad Bolívar agrandaron la olla para seguir sumando
relatos y protagonistas a la historia de la comunicación popular en América
latina.
*
Licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestranda en Comunicación y Cultura
de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Centro Cultural de la
Cooperación.
** Egresado de la carrera de Realización de la
Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) y
coordinador de la Asociación Civil Cine en Movimiento.
MEDIOS
Y COMUNICACION
Comunicación
entrecortada
Hugo
Muleiro, quien acompañó en su condición de periodista los recientes comicios
venezolanos, analiza las diferencias entre la vivencia del proceso político por
parte de la población y la tensión dramática construida por el conjunto de los
medios de comunicación.
Los procesos políticos de cambio en varios países
de América latina plantean a los medios de difusión, los convencionales y los
“nuevos”, desafíos y tensiones, cuya salida o resolución son de pronóstico muy
difícil. Lo que está a la vista, y pudo verificarse otra vez el 7 de octubre en
Venezuela, es que los actos electorales potencian la complejidad del problema y
aumentan la distancia entre la realidad y los contenidos en diarios, radios y
canales de televisión, hasta volverla a veces abismal.
La
participación de más del 80 por ciento de venezolanos habilitados para votar en
una elección que no es obligatoria, el transcurrir normal de la jornada por
encima de algunos inconvenientes aislados y un escrutinio reconocido por los
actores políticos no se corresponde en nada con las tensiones profundas
planteadas por buena parte de los medios opositores en vísperas del 7 de
octubre.
Esa
asistencia a las urnas y el respeto al resultado llevan a pensar entonces en
que una porción significativa del electorado sí confía en el acto democrático
que significa votar, en sus efectos y en su contexto: todo ello fue y es
ignorado o negado por los medios de la derecha local y continental.
Como
dice la socióloga venezolana Maryclén Stelling, aun en la derrota la coalición
opositora consiguió un avance en su caudal electoral, después de una campaña en
la que realizó actos multitudinarios. El candidato, Henrique Capriles Radonski,
obtuvo ese capital político con un discurso que, exceptuando algunos
intercambios agresivos directos con el presidente Hugo Chávez, no se sustentó
en la irritación sin límite ni en la amenaza del desastre final e inminente,
tal como es planteada con frecuencia por los medios que combaten al gobierno.
A
partir de una base minoritaria asegurada, opositora permanente a Chávez, la
coalición que respaldó a Capriles Radonski consiguió adhesiones entre quienes
debían decidir si optaban por él o por su adversario. Esto equivale a decir que
tuvo “audiencia” entre sectores que no estaban cautivos del mensaje mediático
más rabioso, el que por ejemplo por boca del otrora dirigente progresista
Teodoro Petkoff usó la tribuna del canal Globovisión en las postrimerías de la
campaña para llegar al ridículo de negar la reducción de la pobreza en
Venezuela, los avances en la superación del analfabetismo o la construcción de
viviendas.
Esto
abre una hipótesis que excede inclusive a Venezuela: la construcción de
alternativas políticas a los gobiernos de la región es insatisfactoria si se
sustenta únicamente en una descripción de la realidad y unas campañas hostiles
que numerosos conglomerados mediáticos acometen ajustándose a la medida muy
restringida de sus intereses empresariales específicos. Los dirigentes que se
apegan a esta mecánica como único recurso para alimentar sus proyectos corren
el riesgo de quedarse sin nexo con las sociedades y pueden caer, como hemos
visto, en el esperpento de negar resultados incontrastables, o en el de quedar
asociados a maniobras y sobreactuaciones televisadas que, por su
inconsistencia, se esfuman en un suspiro.
Periodistas
que fuimos parte del acompañamiento internacional de los comicios en Venezuela
dijimos en nuestras conclusiones que la jornada electoral no expresó, ni
siquiera en mínima proporción, la tensión dramática expuesta por el conjunto de
los medios de difusión. Hubo allí una distancia palpable y evidente, que
involucra a defensores y detractores del gobierno que intervienen en la
comunicación.
Siguiendo
esta línea, queda espacio para pensar en que unos y otros les hablan
habitualmente a sus audiencias “duras”, a los incondicionales de sus posiciones
y enunciados, de alguna manera a sus “militantes”.
Como
sucede en parte en la Argentina, porciones muy significativas de los espacios
mediáticos que en Venezuela se destinan a la defensa del gobierno de Hugo
Chávez están enfocados en la tarea fatigosa de desmontar cotidianamente
operaciones de los conglomerados privados dominantes. Asumiendo que se trata de
una tarea que es legítimo y necesario acometer, parece a la vez claro que no
llega a tomar la envergadura de una construcción propia, no atada a la
iniciativa del “otro”. En contraposición, el anuncio ininterrumpido de
desastres y catástrofes, la presentación permanente del apocalipsis, tiene a su
vez audiencia limitada, aunque con un núcleo fiel y constante.
Parece
posible afirmar entonces que el intento de dirimir la disputa por el poder a
través de este sistema de ataque y defensa en los medios de difusión crea,
paradójicamente, una crisis de comunicación con sectores significativos de la
sociedad.
* Periodista, secretario de Comunicadores de la
Argentina (Comuna).
No hay comentarios:
Publicar un comentario