Gobierno gastó más de $ 6 millones en encuestas
Según la Casa Rosada, no se trata de estudios con fines electorales
Gabriel Sued LA NACION
Están en todos los despachos, salen de cualquier cajón, las muestran todos los ministros, en especial cuando favorecen a los candidatos del oficialismo. Pero, como en toda campaña, se convirtieron también en parte de un misterio: quién paga las encuestas electorales que maneja la Casa Rosada.
El Gobierno no da oficialmente ninguna información sobre gastos en ese rubro. Pero la jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior reconocieron que, durante los últimos tres años, contrataron servicios de estudios de opinión no electorales, por más de seis millones de pesos.
Los datos surgen de documentos oficiales que LA NACION obtuvo por medio de varios pedidos de acceso a la información pública -una práctica regulada por el decreto 1172/03-, presentados entre junio de 2008 y febrero de 2009, con la colaboración de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Se consultó a la jefatura de Gabinete, al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de la Presidencia sobre la contratación de estudios de opinión y sobre cualquier otro contrato con las principales encuestadoras del país.
De los datos obtenidos, no surge cuáles son las encuestas electorales que contrata el Gobierno, una tarea que últimamente se atribuye a la Secretaría de Inteligencia (SIDE), pero sí cuáles son las encuestadoras preferidas por la Casa Rosada para medir el clima social.
En total, la jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior informaron haber pagado 6.168.256 pesos a seis encuestadoras: el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), OPSM, Analogías, Equis Investigación Social, Ricardo Rouvier SA y Opinión Autenticada. La cifra asciende a 7.585.646 pesos si se le agrega lo que ambos organismos dijeron haber gastado en auditorías sobre contenidos de los medios de comunicación.
Consultados por LA NACION, los encuestadores se preocuparon en aclarar lo mismo que surge de los contratos: ninguno provee de estudios electorales al Gobierno, sino encuestas sobre el grado de aprobación de las gestiones nacional y provinciales, la opinión de la gente y sus preocupaciones sobre determinados temas.
La única de esas empresas que, según los documentos, aún mantiene vínculo comercial con el Gobierno es CEOP, dirigida por Roberto Bacman. A partir de una licitación privada de Télam, se comprometió a hacer seis encuestas al mes, entre julio de 2008 y junio de 2009, a cambio de 3.198.896 pesos. Esto es 44.429 pesos por encuesta.
Del contrato con Télam surge que CEOP debía elaborar "estudios sistemáticos de opinión pública" para conocer el "clima y el escenario general de la opinión pública", "obtener un índice de gestión del gobierno nacional y gobiernos provinciales", y "analizar e interpretar los temas de mayor presencia mediática".
"Gran Cuñado" y crisis
"Hacemos estudios de clima social, evaluaciones de gestión. Por ejemplo, ahora estamos midiendo el efecto del programa «Gran Cuñado». Antes medimos el conflicto con el campo, la crisis internacional, nos van pidiendo distintos temas", explicó Bacman. El consultor destacó que no eran encuestas electorales, pero dijo que los estudios también evaluaban la popularidad de varios políticos: "Medimos la imagen de dirigentes nacionales y provinciales. Del oficialismo y también de la oposición".
En el contrato se aclara que la Secretaría de Medios decidirá en cada caso si la encuesta será nacional o si estará dedicada a alguna provincia en particular. El resto de los estudios de opinión pública contratados por la jefatura de desde 2006 tiene objetivos y costos parecidos. Y algo más en común: se hizo por medio de contrataciones directas. La jefatura de Gabinete detalló que, entre octubre de 2006 y octubre de 2007, pagó 540.000 pesos a Analogías, de Analía del Franco; 540.000 a Equis, de Artemio López, y 480.000 a Ricardo Rouvier SA, de Ricardo Rouvier.
OPSM, dirigida por Enrique Zuleta Puceiro, recibió 1.080.000 pesos, por encuestas mensuales, hechas entre febrero de 2007 y febrero de 2009. "El Gobierno estaba suscripto al monitor de tendencias económicas y sociales, un servicio que contratan todos los meses distintos organismos provinciales, varias empresas y los bancos más importantes", dijo Zuleta Puceiro a LA NACION. "Medimos el apoyo al Gobierno, índice de desempeño general y temas más puntuales, como el dengue y la gripe porcina", agregó el encuestador.
En el caso de Analogías, la orden de compra detalla que se contrataron estudios sobre "clima social-político y diagnóstico socioeconómico", a razón de 45.000 pesos cada encuesta mensual. "Hoy no tenemos contratos con el Gobierno. En su momento, hicimos estudios de evaluación sobre todas las áreas de gestión y de temas particulares, como las expectativas sobre el dólar", explicó Del Franco.
La tarea pactada con Rouvier fue la "investigación sistemática sobre el vínculo entre la ciudadanía y el espacio público"; la de Artemio López, monitorear "los sectores urbanos más carenciados, con diagnóstico específico sobre trabajo y salud".
Las encuestas que aseguró haber encargado el Ministerio del Interior sumaron 329.360 pesos. Fueron contratadas Analogías y Opinión Autenticada, que dirige Cecilia Valladares. Siempre por medio de contrataciones directas, se les asignó la tarea de hacer durante 2007 encuestas personales en Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Mendoza, Tucumán, Córdoba y Salta.
Según la Casa Rosada, no se trata de estudios con fines electorales
Gabriel Sued LA NACION
Están en todos los despachos, salen de cualquier cajón, las muestran todos los ministros, en especial cuando favorecen a los candidatos del oficialismo. Pero, como en toda campaña, se convirtieron también en parte de un misterio: quién paga las encuestas electorales que maneja la Casa Rosada.
El Gobierno no da oficialmente ninguna información sobre gastos en ese rubro. Pero la jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior reconocieron que, durante los últimos tres años, contrataron servicios de estudios de opinión no electorales, por más de seis millones de pesos.
Los datos surgen de documentos oficiales que LA NACION obtuvo por medio de varios pedidos de acceso a la información pública -una práctica regulada por el decreto 1172/03-, presentados entre junio de 2008 y febrero de 2009, con la colaboración de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Se consultó a la jefatura de Gabinete, al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de la Presidencia sobre la contratación de estudios de opinión y sobre cualquier otro contrato con las principales encuestadoras del país.
De los datos obtenidos, no surge cuáles son las encuestas electorales que contrata el Gobierno, una tarea que últimamente se atribuye a la Secretaría de Inteligencia (SIDE), pero sí cuáles son las encuestadoras preferidas por la Casa Rosada para medir el clima social.
En total, la jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior informaron haber pagado 6.168.256 pesos a seis encuestadoras: el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), OPSM, Analogías, Equis Investigación Social, Ricardo Rouvier SA y Opinión Autenticada. La cifra asciende a 7.585.646 pesos si se le agrega lo que ambos organismos dijeron haber gastado en auditorías sobre contenidos de los medios de comunicación.
Consultados por LA NACION, los encuestadores se preocuparon en aclarar lo mismo que surge de los contratos: ninguno provee de estudios electorales al Gobierno, sino encuestas sobre el grado de aprobación de las gestiones nacional y provinciales, la opinión de la gente y sus preocupaciones sobre determinados temas.
La única de esas empresas que, según los documentos, aún mantiene vínculo comercial con el Gobierno es CEOP, dirigida por Roberto Bacman. A partir de una licitación privada de Télam, se comprometió a hacer seis encuestas al mes, entre julio de 2008 y junio de 2009, a cambio de 3.198.896 pesos. Esto es 44.429 pesos por encuesta.
Del contrato con Télam surge que CEOP debía elaborar "estudios sistemáticos de opinión pública" para conocer el "clima y el escenario general de la opinión pública", "obtener un índice de gestión del gobierno nacional y gobiernos provinciales", y "analizar e interpretar los temas de mayor presencia mediática".
"Gran Cuñado" y crisis
"Hacemos estudios de clima social, evaluaciones de gestión. Por ejemplo, ahora estamos midiendo el efecto del programa «Gran Cuñado». Antes medimos el conflicto con el campo, la crisis internacional, nos van pidiendo distintos temas", explicó Bacman. El consultor destacó que no eran encuestas electorales, pero dijo que los estudios también evaluaban la popularidad de varios políticos: "Medimos la imagen de dirigentes nacionales y provinciales. Del oficialismo y también de la oposición".
En el contrato se aclara que la Secretaría de Medios decidirá en cada caso si la encuesta será nacional o si estará dedicada a alguna provincia en particular. El resto de los estudios de opinión pública contratados por la jefatura de desde 2006 tiene objetivos y costos parecidos. Y algo más en común: se hizo por medio de contrataciones directas. La jefatura de Gabinete detalló que, entre octubre de 2006 y octubre de 2007, pagó 540.000 pesos a Analogías, de Analía del Franco; 540.000 a Equis, de Artemio López, y 480.000 a Ricardo Rouvier SA, de Ricardo Rouvier.
OPSM, dirigida por Enrique Zuleta Puceiro, recibió 1.080.000 pesos, por encuestas mensuales, hechas entre febrero de 2007 y febrero de 2009. "El Gobierno estaba suscripto al monitor de tendencias económicas y sociales, un servicio que contratan todos los meses distintos organismos provinciales, varias empresas y los bancos más importantes", dijo Zuleta Puceiro a LA NACION. "Medimos el apoyo al Gobierno, índice de desempeño general y temas más puntuales, como el dengue y la gripe porcina", agregó el encuestador.
En el caso de Analogías, la orden de compra detalla que se contrataron estudios sobre "clima social-político y diagnóstico socioeconómico", a razón de 45.000 pesos cada encuesta mensual. "Hoy no tenemos contratos con el Gobierno. En su momento, hicimos estudios de evaluación sobre todas las áreas de gestión y de temas particulares, como las expectativas sobre el dólar", explicó Del Franco.
La tarea pactada con Rouvier fue la "investigación sistemática sobre el vínculo entre la ciudadanía y el espacio público"; la de Artemio López, monitorear "los sectores urbanos más carenciados, con diagnóstico específico sobre trabajo y salud".
Las encuestas que aseguró haber encargado el Ministerio del Interior sumaron 329.360 pesos. Fueron contratadas Analogías y Opinión Autenticada, que dirige Cecilia Valladares. Siempre por medio de contrataciones directas, se les asignó la tarea de hacer durante 2007 encuestas personales en Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Mendoza, Tucumán, Córdoba y Salta.
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