se frenó la licitación de la publicidad callejera que maneja albistur
Sigue el negocio del viva la Pepe
El juez Roberto Gallardo suspendió el concurso para la renovación de carteles en paradas de colectivos y carapantallas, un rubro que mueve más de 300 millones de pesos. La medida exime de invertir a los actuales concesionarios.
La Justicia porteña frenó nuevamente la licitación del mobiliario urbano, el concurso para renovar las paradas de colectivos, puestos de diarios y carteles de señalización y que incluye la explotación por diez años del jugoso negocio de la publicidad callejera de la ciudad. El juez Roberto Andrés Gallardo hizo lugar a una medida cautelar que había presentado una de las empresas que fue descalificada en el concurso. La medida beneficia a los actuales concesionarios porque los exime de realizar una millonaria inversión. Entre ellos, está el secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur.En su resolución, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Roberto Gallardo ordenó “la inmediata suspensión del proceso licitatorio de la concesión de la fabricación, provisión, instalación, mantenimiento, conservación y retiro del mobiliario urbano”.El recurso de amparo había sido presentado por la empresa Spinazzola, una de las cinco concesionarias que hoy explotan la publicidad del mobiliario urbano. Las otras son Rainbow, de la familia Albistur; Wellon, relacionada con el empresario Carlos Avila; Sarmiento, del mendocino Osvaldo Terranova, y una unión de empresas que integran Lesko, Trabacar y Siemens. Spinazzola denunció que una de las preseleccionadas, su competidora Sarmiento, “habría presentado documentación adulterada”. Gallardo le dio la razón y cuestionó el “llamativo silencio evidenciado” por el gobierno porteño.El fallo, anticipado ayer por este diario, sorprendió por su celeridad: Gallardo no es el juez “natural” de la causa, que está a cargo de la jueza Alejandra Petrella. El magistrado habilitó la feria judicial para tratar el recurso, y en el último día antes de que el expediente regresara a Petrella, se expidió. “No había urgencia.Ningún motivo para expedirse ahora. La apertura del segundo sobre ni siquiera tiene fecha”, afirmó el procurador general de la Ciudad, Pablo Tonelli y agregó: “Está claro que Gallardo actúa por motivaciones políticas y no judiciales. Está empeñado en estorbar la gestión de Macri”.Las intrigas de la publicidad callejera comenzaron hace más de doce años, cuando venció la concesión de las carteleras de publicidad y el entonces jefe de Gobierno Fernando de la Rúa le permitió a Albistur continuar con el negocio sin contrato y pagando un canon irrisorio. Recién durante su segunda gestión, Aníbal Ibarra pretendió revertir la situación. Para ese entonces, también se habían vencido las otras concesiones. En 2004, llamó a un concurso nacional para el diseño de todos los elementos del mobiliario. Y en julio de 2005, pocos meses antes de ser suspendido de su cargo, Ibarra convocó a la licitación. No pasó más de un mes hasta que las empresas del sector comenzaron a accionar para suspender el proceso. Con la declarada intención de proteger a las compañías más chicas, y siempre con el aval de algún juez, terminaron prorrogando la concesión en beneficio de los actuales concesionarios.Jorge Telerman avanzó con la selección de los oferentes, y también padeció la embestida empresarial-judicial. Y tras la derrota electoral, acordó con Mauricio Macri que la adjudicación se realizaría durante la gestión Pro. Macri quería monitorear una de las licitaciones más importantes de su mandato: la publicidad callejera mueve más de 300 millones de pesos por año.El fallo de Gallardo tiene claros beneficiarios: la propia demandante y los demandados. Sin adjudicación, ninguna de las empresas deberá realizar la inversión que reclama la nueva concesión del servicio. Y podrán mantener el negocio pagando un canon irrisorio
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El juez Roberto Gallardo suspendió el concurso para la renovación de carteles en paradas de colectivos y carapantallas, un rubro que mueve más de 300 millones de pesos. La medida exime de invertir a los actuales concesionarios.
La Justicia porteña frenó nuevamente la licitación del mobiliario urbano, el concurso para renovar las paradas de colectivos, puestos de diarios y carteles de señalización y que incluye la explotación por diez años del jugoso negocio de la publicidad callejera de la ciudad. El juez Roberto Andrés Gallardo hizo lugar a una medida cautelar que había presentado una de las empresas que fue descalificada en el concurso. La medida beneficia a los actuales concesionarios porque los exime de realizar una millonaria inversión. Entre ellos, está el secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur.En su resolución, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Roberto Gallardo ordenó “la inmediata suspensión del proceso licitatorio de la concesión de la fabricación, provisión, instalación, mantenimiento, conservación y retiro del mobiliario urbano”.El recurso de amparo había sido presentado por la empresa Spinazzola, una de las cinco concesionarias que hoy explotan la publicidad del mobiliario urbano. Las otras son Rainbow, de la familia Albistur; Wellon, relacionada con el empresario Carlos Avila; Sarmiento, del mendocino Osvaldo Terranova, y una unión de empresas que integran Lesko, Trabacar y Siemens. Spinazzola denunció que una de las preseleccionadas, su competidora Sarmiento, “habría presentado documentación adulterada”. Gallardo le dio la razón y cuestionó el “llamativo silencio evidenciado” por el gobierno porteño.El fallo, anticipado ayer por este diario, sorprendió por su celeridad: Gallardo no es el juez “natural” de la causa, que está a cargo de la jueza Alejandra Petrella. El magistrado habilitó la feria judicial para tratar el recurso, y en el último día antes de que el expediente regresara a Petrella, se expidió. “No había urgencia.Ningún motivo para expedirse ahora. La apertura del segundo sobre ni siquiera tiene fecha”, afirmó el procurador general de la Ciudad, Pablo Tonelli y agregó: “Está claro que Gallardo actúa por motivaciones políticas y no judiciales. Está empeñado en estorbar la gestión de Macri”.Las intrigas de la publicidad callejera comenzaron hace más de doce años, cuando venció la concesión de las carteleras de publicidad y el entonces jefe de Gobierno Fernando de la Rúa le permitió a Albistur continuar con el negocio sin contrato y pagando un canon irrisorio. Recién durante su segunda gestión, Aníbal Ibarra pretendió revertir la situación. Para ese entonces, también se habían vencido las otras concesiones. En 2004, llamó a un concurso nacional para el diseño de todos los elementos del mobiliario. Y en julio de 2005, pocos meses antes de ser suspendido de su cargo, Ibarra convocó a la licitación. No pasó más de un mes hasta que las empresas del sector comenzaron a accionar para suspender el proceso. Con la declarada intención de proteger a las compañías más chicas, y siempre con el aval de algún juez, terminaron prorrogando la concesión en beneficio de los actuales concesionarios.Jorge Telerman avanzó con la selección de los oferentes, y también padeció la embestida empresarial-judicial. Y tras la derrota electoral, acordó con Mauricio Macri que la adjudicación se realizaría durante la gestión Pro. Macri quería monitorear una de las licitaciones más importantes de su mandato: la publicidad callejera mueve más de 300 millones de pesos por año.El fallo de Gallardo tiene claros beneficiarios: la propia demandante y los demandados. Sin adjudicación, ninguna de las empresas deberá realizar la inversión que reclama la nueva concesión del servicio. Y podrán mantener el negocio pagando un canon irrisorio
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