medios

MEDIOS Y COMUNICACION

Cultura participativa y derecho de autor

Paola Fernández sostiene que los usos y prácticas que posibilita Internet obligan a (re) pensar las regulaciones vigentes, sobre todo en lo que respecta al derecho de autor. Desde esta perspectiva, el concepto de “cultura participativa” permite repasar este nuevo tipo de habilidades usuarias desde un abordaje colectivo y ciudadano.

 Por Paola Fernández *

A partir de la irrupción de Internet y sobre todo de la digitalización, las industrias culturales atraviesan una profunda transformación que afecta todos los eslabones de la producción y actores que en ella intervienen. Conceptos como inteligencia colectiva y cultura participativa adquieren mayor trascendencia, en particular gracias al análisis de los procesos sociales vinculados con las prácticas que posibilitan las herramientas tecnológicas y digitales.

Desde esta premisa, y desde el anclaje del derecho de autor, la regulación y normativa restrictiva –desde la interpretación negativa del derecho–, entra en crisis como consecuencia de la incapacidad de restringir el accionar individual y colectivo que permite la copia.

Bajo estas consideraciones iniciales, en el actual entorno mediático-cultural se torna visible la intervención de los espectadores de los medios de comunicación, situación que provoca la tentación de caer en la utópica liberación individual producto de las tecnologías de gestión, desplazando la función del Estado –como garante de derechos– a un mero espectador del proceso.

Vale aquí la aclaración metodológica que implica que, más que hablar de tecnologías interactivas, se deberían considerar las acciones e inte-racciones entre los actores emergentes, así como también desplazar el rol de consumidor hacia una (re) significación como autores/creadores de bienes y obras intelectuales, fundado en la noción de los bienes comunes (Ariel Vercelli, 2009, en http://www.arielvercelli.org/rlbic.pdf). En este contexto, se interpretan estos últimos como los recursos que se encuentran a disposición de cualquier persona –sin discriminar usos o apropiaciones–, pero no se encuentran bajo la propiedad exclusiva de ningún individuo o colectivo en particular.

Desde esta perspectiva, podemos pensar la gestión colectiva de los bienes y obras intelectuales bajo la tríada conformada por las nuevas herramientas y tecnologías; subculturas o grupos de interés que impulsan la producción propia de contenidos; y tendencias económicas que promueven una participación más interactiva de los espectadores por parte de los grupos concentrados mediáticos.

Es posible entonces (re) pensar el derecho de autor y derecho a copia como un proceso de coconstrucción, en función de los diferentes espacios que ocupan los actores y considerando las tensiones latentes, producto de las disputas de cada uno y su rol en el ecosistema mediático.

En definitiva, “se trata de considerar el derecho a copiar como un derecho a generar y gestionar la riqueza comunitaria (...), así como partes de una regulación sobre la gestión de la abundancia/riqueza común” (Vercelli, 2012). Atendiendo a esta mirada, “las nuevas capacidades tecnológicas de copiar y los derechos de copia emergentes se van coconstruyendo a través del tiempo” (Ibídem).

En otras palabras, la propuesta se enfoca hacia la articulación de las potencialidades de la cultura participativa desde la perspectiva del derecho de autor y de copia. Se trata de comprender y abordar la cultura participativa como el derivado de usos y hábitos sociales que atraviesan a todo el conjunto humano, que no emerge sólo con Internet o la digitalización. Todo individuo comparte cultura. Y éste es un ejercicio que antecede a los medios de comunicación tal como los conocemos en la actualidad. En suma, se trata de facilitar el acceso a la cultura, con ópticas reguladoras de la difusión y acceso a las herramientas comunicativas; arraigadas en la igualdad de oportunidades para la creación y producción de bienes culturales.

A partir de esta consideración, toda relación social que implique la participación mediada por tecnologías se comprende como un proceso de diseño y reflexión sobre los elementos que la conforman, para poder así entender el significado de la representación que implican las inte-racciones en la red.

Desde esta conceptualización, el constituir redes no es solo un acto social, sino una acción fundacional para la nueva participación. Elemento que tampoco podría realizarse si no se entiende el derecho a copiar como un derecho humano.

* Licenciada en Comunicación, Universidad Nacional de Quilmes.

MEDIOS Y COMUNICACION

La monopolización del discurso ambiental

Lorena Suárez denuncia la monopolización del discurso ambiental en los medios de comunicación por parte de las grandes potencias y sus organizaciones, imponiendo agenda y concepciones respecto de esta cuestión. Y demanda que los comunicadores argentinos se preocupen por el tema.

 Por Lorena Suárez *

El discurso de lo ambiental en la agenda pública internacional cuenta con poco más de treinta años. Pero no es ésa su principal característica, sino su monopolización por parte de las grandes potencias y sus organizaciones (Europa, EE.UU., ONU). Son ellas las que imponen sus puntos de vista, sus versiones de los problemas, incluso la que definen como problema.

Las ONG con visión internacional desarrollan campañas donde resaltan que no reciben fondos de gobiernos haciendo énfasis en la “no política”. Desde esta perspectiva, los conflictos ambientales no serían cuestiones de los gobiernos, sino de ciudadanos comprometidos con su entorno quienes delegan en ellos el tratamiento de esos temas. Según éstos, el ambiente es asunto de expertos; no es algo que nos pasa a todos y a todas, aquí y ahora.

En los ámbitos académicos, la discusión de contenidos ambientales fue hasta hace poco considerada “posmoderna”. No se discutía ahí la lucha de clases, sino temas menores, superfluos, débiles. Sin embargo, esto está cambiando. Los pensadores empiezan a ver en la cuestión ambiental la discusión por los recursos escasos, por las energías, por la subsistencia. En suma, por la forma en la que producimos y consumimos.

En Argentina, los temas ambientales ocupan un lugar muy reducido en la agenda mediática, monopolizados por versiones “primermundistas” de los hechos y reafirmados por las ONG que en sus fines recaudacionistas intentan visiones globalizadoras de los temas.

Pocos medios cuentan con especialistas en temas de ambiente. Cometen errores técnicos en su tratamiento, simplifican su complejidad o se limitan a reflejar denuncias de algunas de las partes ocultando que, en la mayoría de los casos, los conflictos ambientales involucran multiplicidad de actores e intereses y que cada uno de ellos tiene al menos una parte de “la verdad”.

Si bien Argentina no aparece aún, a nivel internacional, con un relato fuerte y claro en torno de lo ambiental, lo ha hecho a nivel local con el conflicto por las papeleras, la minería a cielo abierto en Famatina, el fra-cking en Vaca Muerta, la contaminación industrial en el Riachuelo, la utilización de los agroquímicos. Todos estos temas siguen latentes en la agenda mediática, pero no han logrado ni imponerse con suficiente fuerza en la opinión pública, ni expresar una visión sobre lo ambiental que implique una mirada propia (nacional y popular).

Sin embargo, empiezan a asomarse en Latinoamérica relatos con conceptualizaciones distintas, a veces contrapuestas, a las que alientan potencias mundiales y las ONG ambientalistas.

El largamente aplaudido discurso del presidente de Uruguay, Pepe Mujica, en la Cumbre Río + 20, celebrada en Brasil en agosto de 2012, explicaba que, para las sociedades latinoamericanas, trabajar por la defensa del medio ambiente es pelear por condiciones de trabajo dignas, por los derechos humanos, por la eliminación de la pobreza. En síntesis, por mejorar nuestra vida cotidiana. En sus palabras, lo ambiental no es algo que tenemos que ir a buscar en otro lado, sino que nos atraviesa en lo cotidiano.

Desde otro enfoque, el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, acaba de editar Geopolítica de la Amazonia, un libro en el que asegura que “existe una operación cuidadosamente planeada de parte de organismos extranjeros, las ONG y fundaciones ambientalistas que, utilizando a los indígenas de la Amazonia, quieren controlar la región, por su reserva de biodiversidad y de agua dulce, cuestionando la intervención de los Estados”.

Desde Ecuador, Rafael Correa fijó posición en relación con la explotación petrolera de la reserva Yasuní. “El mundo es una gran hipocresía”, declaró tras fracasar el proyecto que buscaba inexplotar el crudo en la zona a cambio de que la comunidad internacional aportara a Ecuador una suma de dinero que le permitiera preservar esa reserva. Correa evidenció la complejidad de los temas ambientales y la necesidad de que las “grandes potencias” se involucren, más allá de los discursos bonitos.

Los conflictos ambientales son muy complejos e involucran muchos aspectos de nuestra vida cotidiana: la forma de habitar, de relacionarnos, de consumir, de crecer y progresar. Perderíamos una gran oportunidad de convertirnos en actores si seguimos importando discursos que no nos tienen como protagonistas. Los comunicadores tenemos un gran desafío. Se trata de poner sobre la agenda mediática argentina estas cuestiones desde una mirada propia que nos involucre, nos acerque a las visiones que empieza a esbozar la región, problematizarlas, difundirlas, hacerlas noticia.

* Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Asesora en comunicación en Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).