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miércoles, 22 de enero de 2014

Redes, esos medios públicos

MEDIOS Y COMUNICACION
Redes, esos medios públicos
Augusto Dos Santos invita a pensar las redes sociales como otra manera de construcción de comunicación pública que invierte las relaciones de poder, mueve nuevas voluntades de expresión y desafía al Estado a dialogar con estas formas de expresión ciudadana.

http://www.pagina12.com.ar/commons/imgs/go-gris.gif Por Augusto Dos Santos *
Desde Asunción, Paraguay
En el diseño paradigmático de los medios públicos se habla del concepto de una gobernanza Estado-sociedad civil, que si bien es conceptualmente muy sólido, lógico y coherente, su aplicación es delicada tanto por la naturaleza de la construcción de corresponsabilidades como de incumbencias.
Siempre será el Estado el que se reserve el mayor poder fáctico y burocrático para el manejo de estos medios, en algunos casos por razones muy sencillas de entender y que –también en algunos casos– no conmueven principios como la pluralidad y la autonomía.
Una de las razones más sencillas es el financiamiento estatal y la designación de autoridades de los medios públicos que devienen de espacios de decisión del nivel político como el Congreso y el Ejecutivo.
Así las cosas, siempre un gobierno tenderá a ejercer su influencia, ya positiva, ya negativa, en la construcción de pluralidad de los medios públicos y posiblemente tendrá preeminencia sobre la sociedad civil, representada –por ejemplo– en un consejo de medios públicos.
Si bien es un fenómeno relativamente nuevo, el sistema de redes sociales constituye una curiosa forma de construcción de comunicación pública que invierte drásticamente la relación de poder entre los consorciados en un proyecto de medios públicos, en tanto se establecen directamente en manos del ciudadano que sin requerir intermediación alguna coloca su información y su opinión en una red de interacciones que se comparte con miles de sujetos comunicantes, en un volumen que casi siempre es superior al alcance de un diario de mediana tirada.
Lo que sucede durante el día cuando la ciudadanía ejerce su expresión desde el universo drástico de los 140 caracteres del Twitter o el más generoso muro en Facebook es una forma de comunicación pública. Aun reconociéndola en un estado informal, carente de sistema, de convergencia coordinadora, de niveles de responsabilidad, de convencionalidad periodística, nada de esto quita que lo que pasa en las redes es exactamente “eso” que se quería que sucediera cuando se partió al rumbo de proyectar una comunicación donde la ciudadanía tuviera la palabra, la comunicación pública.
Negar que las redes son un nuevo inquietante rumbo donde confiar procesos de comunicación pública –entendiendo este fenómeno como un proceso de perfeccionamiento atendiendo los asuntos que resolver (o no) expresados en el párrafo anterior– es caer en un territorio de confort que niegue que la sangre de estos nuevos tiempos está cargada de la adrenalina de los desafíos de cambio, incluso para los dueños privados de la palabra o sus administradores estatales.
Si mueve voluntades para expresarse sobre los temas nacionales, si convoca a movilizaciones y lo logra, si denuncia, si des-opaca la gestión pública, si grita goles, genera movimientos solidarios en catástrofes y conmueve estructuras políticas, se escribe, se distribuye, se lee, se debate y genera opinión pública, es –ni más ni menos– un medio de gestión pública de la comunicación; salvo que nos aseguren que eso que camina sobre el techo, y dice miau, se llama camello.
El desafío del Estado es ahora dialogar con estas nuevas formas de expresión ciudadana, evitando esa tentación de seguir creyendo que las redes son una especie de “chat que se hace público”, sin animarse a percibir que lo que sucede es el relato de una sociedad metida a escribir su historia pública y a confrontarla con el poder. Pero con una novedad en relación con los tradicionales medios públicos, el mango de la sartén lo tienen aquí Felipe y María.
* Comunicador social. Ex ministro de Comunicación y Desarrollo de Paraguay durante de la presidencia de Fernando Lugo.
MEDIOS Y COMUNICACION
Una agenda para la cultura digital
A partir de los intercambios en el Foro Hacia una Agenda para la Cultura Digital en la Argentina, Natalia Calcagno continúa el debate sobre el rol del Estado frente a la convergencia tecnológica.

http://www.pagina12.com.ar/commons/imgs/go-gris.gif Por Natalia Calcagno *
¿Cuál es el valor de la creatividad en la era digital? ¿Internet es solamente un soporte? ¿Tiene sentido un sistema jurídico que protege derechos de copia en un entorno tecnológico basado justamente en la posibilidad de copiar fácilmente? ¿Cuál es el rol del Estado frente a la convergencia tecnológica?
Estas y otras preguntas fueron ejes del Foro Hacia una Agenda para la Cultura Digital en la Argentina, que tuvo lugar en septiembre pasado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Organizadas por el Sistema de Información Nacional de la Cultura Argentina (SInCA) de la Secretaría de Cultura de la Nación, las dos jornadas de trabajo analizaron los aspectos económico, social, tecnológico y regulatorio. Y alcanzaron una primera gran conclusión: hay problemas y desafíos que se inauguran en la era digital y que todavía no están claros ni suficientemente debatidos; es necesario entonces definir una agenda para la cultura digital de manera colectiva y plural, antes de que la definan unos pocos grandes grupos económicos interesados en la temática.
Para empezar, es fundamental, prioritario y hasta obvio a esta altura del desarrollo tecnológico reducir al mínimo la brecha digital, es decir, es necesario incluir a todos en el uso de las nuevas tecnologías, porque de otra manera se profundizan los abismos sociales, políticos, económicos y culturales, y por lo tanto, se vulneran derechos.
Rodolfo Hamawi, director nacional de Industrias Culturales, planteó otro nudo a resolver: “En el mundo digital la concentración económica no desaparece, y en algunos casos se exacerba. Cuando hay lógica comercial en el tráfico de contenidos culturales, el Estado tiene que regular para garantizar el acceso y evitar la exclusión”. En Internet hay alrededor de 700 millones de sitios activos, se comparten 500 millones de fotos cada día y se suben por minuto 100 horas de grabación a YouTube. Sin embargo, los canales masivos para acceder a semejante producción son muy pocos –Google, Yahoo, Facebook o YouTube– y determinan la forma en que las personas acceden a Internet y, a través de estos canales, ven el mundo.
La digitalización abre también una nueva dimensión del derecho a la información. Esto queda claro, por ejemplo, en las nuevas Constituciones de países latinoamericanos como Ecuador, Bolivia o México, que plantean el acceso a las TIC y a Internet como derecho constitucional.
“La nube”, ese cúmulo inabarcable de contenidos que parece estar en ninguna parte y en todas, rejerarquiza los consumos de manera globalizada a través de los buscadores. Estos definen los contenidos que ven los usuarios (y los que no) in-dexando búsquedas y priorizando unos sitios por sobre otros. En este sentido, asegurar la neutralidad de la red aparece como una necesidad básica. Para permitir la libertad de información y expresión, y también para garantizar la visibilidad de los productores culturales regionales no masivos. “La nube no es otra cosa que un montón de servidores en un oscuro sótano de Idaho, regido por las leyes donde están dichos servidores”, señaló Beatriz Busaniche, secretaria de Fundación Vía Libre, para sub-rayar la necesidad de dotar a la red de una neutralidad que evite manipulaciones de grandes jugadores globales.
¿Y qué pasa con el derecho de autor cuando las tecnologías digitales no hacen otra cosa que copiar información de un dispositivo a otro? “La creatividad debería encontrar en lo digital una oportunidad de revalorizarse. Es un buen momento para repensar el justo valor que debe tener la creatividad, transformando los paradigmas de la era industrial”, afirmó Roberto Igarza, especialista en comunicación y tecnologías. Otro tema a resolver: cómo compatibilizar la libertad de acceso con la propiedad intelectual; cómo garantizar a los autores que vivan de sus creaciones, con una justa retribución por su trabajo.
En el Foro, del que participaron, entre otros, Pedro Less Andrade (director de Google Argentina), Osvaldo Nemirovsky (TDA), Silvina Reyes (Cámara Argentina de Comercio Electrónico), Washington Uranga (periodista de Página/12), Hernán Botbol (fundador de Taringa!) y Víctor Yunes (Sadaic), hubo una temática que atravesó todos los paneles: el rol del Estado. Sin dudas, la intervención de lo público en el mundo digital se traduce a partir de iniciativas como Conectar Igualdad, que con cada computadora entrega miles de contenidos y herramientas que permitan generarlos. O la Televisión Digital Abierta, una innovación tecnológica gratuita y masiva con un fuerte sentido de inclusión. O Argentina Conectada, que dirige la inversión pública allí a donde no va la privada, instalando cableado para el acceso a Internet en zonas vulnerables o de baja densidad de población.
Estos diversos tipos de intervención del Estado en la esfera de la cultura digital –regulando relaciones, proveyendo infraestrucura, equipamiento, conectividad y contenidos– son necesarios para que el mundo conectado sea un espacio donde todos puedan ejercer su derecho a expresarse y a informarse con libertad e igualdad. Y en este sentido, son los no conectados quienes más necesitan del Estado para no quedar excluidos de una nueva etapa civilizatoria en la que los bienes culturales se han desmaterializado, transformándose en bytes que modifican las pautas de consumo y de producción cultural.
* Socióloga (UBA), coordinadora de los Programas Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA) y Laboratorio de Industrias Culturales (LIC), Secretaría de Cultura de la Nación.


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