03.02.2013 | el ataque a la tda gratuita y el silencio de los medios cómplices
El apagón informativo en Córdoba
¿Qué hubiera sucedido si Cristina bajaba la palanca de 22 canales de TV al mismo tiempo? Eso pasa hoy en Córdoba, por orden de De la Sota.
La gravedad de lo que ocurre contrasta con este silenciamiento cómplice. Ni Clarín ni La Nación opinaron sobre las actuaciones administrativas 1026/1027,1028 y 1029 –que llevan las firmas del secretario de Ambiente, Luis Federico Bocco; y del ministro de Ambiente, Agua y Energía delasotista, Manuel Calvo–, por las cuales quedaron suspendidos, de manera intempestiva, los servicios de las antenas ubicadas en Cerro de los Mogotes y en los municipios de Leones, Villa Dolores y Villa María, sacando del aire 22 canales de TV a la vez. ¿Qué dirían esos mismos diarios si mañana Cristina Kirchner le bajara la palanca a Cablevisión o Telecentro por decreto? ¿Y la SIP? Por torpe y antidemocrático, es un escenario impensado. Al gobierno nacional, que no puede aplicarle la Ley de Medios al Grupo Clarín, ahora también le clausuran las antenas de la TDA que garantiza nuevos contenidos y gratuidad a las audiencias. Hay que decirlo: la medida tomada por el delasotismo constituye un ataque gravísimo al derecho a la comunicación de la sociedad y compite en osadía, solamente, con el arrojo del cuerpo de abogados de Héctor Magnetto, que consiguió que el sector más corporativo y conservador del Poder Judicial le extendiera una cautelar de tres años y medio para violar una ley votada por el Parlamento, revalidada en las urnas y con fallo de constitucionalidad en primera instancia. Para el Estado Nacional, no basta con una ley democrática; para el gobierno cordobés, en cambio, una resolución alcanza y de sobra.
La verdad es que no hay razones técnicas para justificar el avasallamiento. Mucho menos, de carácter ambiental. La televisión digital terrestre, con tecnología japonesa, cumple con los estándares nacionales e internacionales que rigen en la materia. Esto no lo discuten ni siquiera los expertos antikirchneristas. Por eso, lo dispuesto por los delasotistas Bocco y Calvo huele a chicana barata, banal, disimulada en gramática leguleya. Sus resoluciones, apocadas, dicen lo siguiente: "Establecer el cese en forma inmediata y precautoria de las operaciones de estructura soporte para el equipamiento de comunicaciones perteneciente a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT SA –Televisión Digital", atento a que "el mismo no cumplimenta con lo prescrito por el Decreto 2131, reglamentario de la Ley 7343". Traducido: clausurar las antenas que se utilizan para poner al aire dos decenas de canales públicos estatales, públicos de gestión privada y privados con fines de lucro, de acceso libre y gratuito para todos los cordobeses. ¿A que no saben qué es lo que queda en el mercado? Sí, la televisión paga oligopólica y de contenidos amigables con el gobierno de De la Sota, un mal administrador endeudado que cosecha críticas por sus desmanejos financieros, quien ahora apelará a la piedad de las señales informativas de Clarín, que no cayeron en el cepo de su apagón informativo.
Ni el Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido, ni la AFSCA de Martín Sabbatella, ni la Defensoría del Público a cargo de Cynthia Ottaviano, ni las ONG que se dedican al tema, ni los 20 intendentes de las localidades perjudicadas, ni la justicia federal que aceptó el pedido de amparo presentado por Sabbatella el viernes 1, recibieron o tuvieron noticias –al momento en que se escribía esta nota– de algún informe oficial cordobés que justificara la suspensión de un derecho humano como el de la comunicación, al menos, basándose en datos que explicaran la supuesta amenaza que provocarían las antenas entre los vecinos. Nada de nada. Es más, el viernes 1 por la mañana, mientras la delegación sabbatellista de la AFSCA se apuraba por llegar en avión al juzgado federal de Alejandro Sánchez Freytes y presentar el amparo, antes de que la provincia entrara en el tedio del discurso de apertura de sesiones legislativas a cargo de De la Sota, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), que dirige Ceferino Namuncurá, realizaba una nueva medición sobre antenas similares a las clausuradas, descartando cualquier tipo de impacto negativo.
Es que no hay evidencia de contaminación. El expediente de habilitación de la antena de la TDA en el pueblo de Leones, clausurada el 28 de diciembre último por el delasotista Botto, comenzó a tramitarse el 21 de agosto a instancias de ARSAT. Cumplía con todos los requisitos de la ley provincial, el decreto reglamentario y las ordenanzas municipales. Con la firma del ingeniero civil cordobés Adrián Santoro, reconocido por la Secretaría de Ambiente provincial, y de su colega Fernando Pasccon, del servicio ARSAT, allí puede leerse la "Evaluación Ambiental Preliminar": "Todo el sistema (la plataforma y la antena) utiliza como fuente de energía a la electricidad, la misma permite alimentar los equipos de radiación y no se generan ni se desechan fluidos o residuos de ningún tipo (…) Tampoco se presenta el caso de contaminación visual pues externamente tanto los shellters como el mástil implantado resultan similares a los ya existentes para uso cotidiano en las telecomunicaciones (…) Por estudios realizados por la Comisión Nacional de Comunicaciones –CNC– se verifica que los niveles de radiación no ionizantes –RNI– que se generan están muy por debajo de los niveles aceptados y permitidos. A tal fin se adjunta un informe de la CNC para una antena de la misma altura."
Dos días después, el secretario de Obras y Servicios Públicos de Leones, el ingeniero Alejandro Rossc, y la presidenta del Concejo Deliberante, Lorena Bussi, le responden a ARSAT solicitándole "el estudio de Impacto Ambiental a los fines de cumplimentar los trámites pertinentes". Todo se hace, finalmente, el 6 de diciembre, al mismo tiempo en el municipio y en la Secretaría de Ambiente provincial, donde se da el aviso de obra bajo la referencia "Proyecto de Estación Digital Terrestre Leones" y con el objeto "Inicio de gestión de Proyecto antena de TV digital en Leones". Lleva la firma del ingeniero Pasccon. Una semana después, el 14 diciembre, Pasccon y su colega Santoro adjuntan todo el expediente, incluido el estudio de impacto ambiental definitivo. Bocco no estaba y había corte de luz en su dependencia. Así y todo, su secretario Carlos Escobar estampó su firma y el sello de recibido en la primera foja. Puede leerse al pie una leyenda, escrita a mano alzada, que dice: "Recibido con sticker, por falta de energía eléctrica."
Lo que sigue es una síntesis de lo más relevante del informe de ARSAT que el secretario Bocco ignora, como excusa para clausurar la antena del pueblo de Leones:
• "Para la realización del proyecto de EDT Leones no se verá afectada de forma directa la población próxima a la zona de emplazamiento del mismo, al estar ubicada en un predio abierto a distancia considerable de asentamientos urbanos, dentro de un predio que ya posee antenas de otras características."
• "No hay empresas de transporte, estaciones de servicio ni depósitos de combustible o explosivos en un radio inferior a 2 km."
• "Durante la fase operativa, dado que todo el sistema utiliza como fuente de energía a la electricidad, la misma permite alimentar los equipos de irradiación y no se desechan fluidos o residuos de ningún tipo."
• "Sobre efectos adversos en el ecosistema o alteración de los procesos ecológicos esenciales, no habrá impacto significativo a este aspecto (…) En el área de influencia directa o indirecta del proyecto no se encuentra ningún área natural protegida."
• "La intensidad del campo electromagnético se encontrará por debajo de los límites máximos permitidos por la resolución 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social. Esta afirmación está avalada por el informe de la CNC, que se adjunta en el apéndice 4. A pesar de esto, el control y vigilancia de estas radiaciones forma parte del Plan de Monitoreos."
• "Los impactos positivos se producen en el medio socio-económico-cultural. Son el empleo y la economía local los factores más fuertemente impactados durante la fase de construcción, dada la contratación de mano de obra y el consumo de materiales locales. Durante la fase de funcionamiento, estos impactos se relacionan a la ampliación de la red de televisión, que presenta ventajas en relación a la mejor tecnología empleada y a que esta permite reducir costos, lo que se traduce en la entrega de un mejor servicio a la comunidad."
• "Sobre los costos ambientales indirectos (eventuales riesgos de contaminación por manejo negligente en tareas de mantenimientos), se utilizan baterías de alta seguridad y eficiencia, selladas en origen, cuyo recambio se realiza cada diez años (…) El principal daño es la modificación del paisaje, cuya valoración cuantitativa es muy difícil. El daño ha sido minimizado al colocar la antena en una zona altamente modificada, dentro del radio urbano, con escasos valores paisajísticos. Se puede considerar este daño de escasa importancia."
• "Sobre la generación de radiaciones no ionizantes (las que emiten todas las antenas), los niveles emitidos durante la operación no son peligrosos, de acuerdo con lo determinado por a CNC."
A esta altura, aparece el informe de la CNC, con fecha del 29 de noviembre, elevado por Namuncurá, que dictamina sobre las radiaciones: "Se estaría aproximadamente 37 veces por debajo del límite máximo establecido en la normativa vigente en nuestro país, siendo además coincidente con la recomendación que dictara a posteriori la Organización Mundial de la Salud –OMS."
En definitiva, el supuesto daño o riesgo sobre el que se basó el apagón informativo resuelto por el delasotismo, no está probado, más bien está descartado. Tampoco puede argumentar el gobierno cordobés que hay errores o fallas formales en la presentación. La ley provincial 7343 y su decreto reglamentario 2131, según surge de la presentación a la que tuvo acceso este diario, se cumplieron desde el principio. Toda esta información fue prolijamente omitida por el gobierno de De la Sota, sus funcionarios y los medios de comunicación que funcionan con una lógica corporativa y practican una suerte de guerra de guerrillas judicial y mediática contra la política antimonopólica que cristalizó en la Ley de Medios y tiene en la TDA un formidable instrumento tecnológico para ser aplicada en su totalidad. Es conveniente releer su artículo 1: "El objeto de la presente ley es la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación."
La administración De la Sota, la misma que boicotea al COFECA (Comité Federal de Comunicación Audiovisual), no integrando a su representante provincial en el organismo, no puede vivir al margen del proceso general de democratización de la comunicación que vive la Argentina. Córdoba no es una isla. Es territorio nacional. Lo que está sucediendo allí, sucede en el país. Más de medio millón de cordobeses están siendo víctimas de un apagón informativo, sin que los que habitualmente se rasgan las vestiduras por la libertad de expresión levanten siquiera la voz o murmuren una leve condena. «
Un hecho inédito y subversivo
Casi 30 mil personas se reunieron el jueves pasado en Plaza de Mayo para disfrutar de un festival de historia, a 200 años de la Asamblea Constituyente del Año XIII. Suena raro escucharlo, pero es un verdadero placer dejarlo por escrito. La historiadora Araceli Bellota, el politólogo y panoramista político de Tiempo Argentino Hernán Brienza (ambos integrantes del Instituto Manuel Dorrego, que preside Pacho O’Donnell) y el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni dieron una clase magistral ante una multitud congregada de cara al Cabildo. Salvo Tiempo y Página 12, los medios tradicionales no le dieron despliegue a la noticia. Algo importante sucedió allí, como para que los diarios que ya sabemos lo invisibilizaran de manera tan obvia. Juntar tanta gente para hablar de historia, un día feriado y con amenaza de lluvia, es un hecho inédito y subversivo. Si lo impulsa el Estado, doblemente raro.
Quizá por eso, por el atrevimiento de un festival de historia que saca canas verdes al conservadurismo, el sábado 2, el diario mitrista La Nación eligió atacar desde sus páginas al Instituto Manuel Dorrego, creado por la presidenta Cristina Kirchner, con el objeto de poner en valor la historia plebeya que el revisionismo nacional, popular y federal rescató para que haya memoria completa, es decir, una verdadera democratización de la historia.
Democratización que tuvo en la Plaza de Mayo, durante el festival de historia encabezado por Brienza, Bellota y Zaffaroni, un punto altísimo. Impensado años atrás.
Cuando se habla de batalla cultural, se omite decir que se trata de la suma de pequeñas y grandes acciones como estas, que van cambiando un viejo paradigma y construyendo uno nuevo. En este caso, en la calle y de cara a la sociedad.
A propósito, el día después del festival, La Nación le dio amplia cobertura al recambio del campanario de la Catedral de Notre Dame, en París.
Miraron tanto tiempo hacia afuera, que se comieron la mejor noticia del día. No estaba a orillas del Sena, que es muy bonito, sin duda: ocurrió en la Plaza de Mayo, a ocho cuadras de su propia redacción.
Sabbatella, en tiempo récord
Apenas consumado el apagón cordobés, el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, condenó la medida arbitraria de De la Sota. Por orden de la presidenta, quedó a cargo de coordinar la estrategia para reponer la TDA, en cumplimiento de la Ley de Medios. El viernes 1, en tiempo récord, junto a Sergio Surano, el director jurídico del órgano de aplicación de la Ley de Medios, Sabbatella desembarcó en Pajas Blancas y radicó un pedido de amparo ante el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, en resguardo al derecho a la comunicación de las audiencias cordobesas, y regresó a Capital Federal. Como buena señal, el magistrado aceptó la presentación y la legitimidad de la AFSCA para actuar en jurisdicción mediterránea. Ahora tendrá 48 horas para pedir informes a las Secretaría de Ambiente delasotista, que a su vez deberá responder en igual plazo. En menos de una semana, entonces, es probable que el juez decida ordenar una cautelar, en este caso, a favor del Estado Nacional, que restituya rápidamente el funcionamiento de la TDA en la provincia.
El juez Freytes tiene antecedentes buenos y no tan buenos: recibió críticas de Abuelas de Plaza de Mayo en un expediente de restitución de identidad y en octubre del año pasado condenó a Cablevisión a una multa diaria por cobrar sobrecargos en el abono.
*Director fundador de tiempo argentino
No hay comentarios:
Publicar un comentario