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Acceso a la información / Denuncia contra la Casa Rosada
No difunden el gasto publicitario oficial
El Gobierno le negó a dos ONG información sobre la pauta oficial del último semestre de 2009; aduce que involucra datos personales

Laura Capriata LA NACION
El Gobierno se negó por escrito a difundir sus gastos en publicidad oficial, alegando que esa información involucra "datos personales" y por lo tanto queda exceptuada del decreto 1172 que le garantiza a la ciudadanía el acceso a la información pública.
La decisión cambia drásticamente la política que mantenía hasta el momento la Casa Rosada, que hasta el primer semestre de 2009 otorgó información al respecto.
Además, llega justo cuando crecen los interrogantes sobre cómo se financian las millonarias transmisiones del fútbol que el Gobierno maneja. La partida para costearlo iba a salir de los fondos de la pauta oficial, según habían informado en el propio Gobierno.
La negativa de la Casa Rosada llegó mediante una nota firmada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en respuesta a los pedidos que a principio de este año habían hecho la Fundación Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), organizaciones no gubernamentales dedicadas a promover la transparencia y la libertad de expresión.
Nota oficial
La nota oficial, a la que tuvo acceso LA NACION, tiene fecha de 19 de enero, pero recién se conoció ahora, después de que las ONG´s insistieran sin éxito en su reclamo ante la Casa Rosada. Sorprendidas por la negativa, la ADC acaba de presentar un recurso de amparo para lograr la información que el Gobierno le negó y Poder Ciudadano continuará el reclamo por vía administrativa. Ayer LA NACION intentó comunicarse con Aníbal Fernández para conocer el cambio de política, pero sus voceros respondieron que no podían localizarlo y pidieron remitirse a la contestación que había dado el funcionario por escrito.
En un pedido que renuevan todos los años desde 2004, ambas organizaciones habían reclamado información sobre los gastos totales en publicidad oficial en el segundo semestre de 2009, discriminados por organismo (cuántos gastó cada ministerio u organismo oficial), por rubro (televisión, cable, gráfica, radio y vía pública) y por empresa (en qué medios puntuales se pautó).
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El pedido también incluía el detalle de en qué campañas oficiales se invirtió el dinero. Pero, a diferencia de los años anteriores, esta vez los datos no llegaron.
"La información solicitada refiere a personas de existencia ideal", dice la nota que Fernández dirigió a ambas ONG, en la que concluye que cabe aplicar la ley Nº 25.326 de protección de datos personales.
En escuetas 12 líneas, Fernández argumenta: "Los datos personales sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario, previo consentimiento del titular de los datos".
En Poder Ciudadano y en la ADC rechazaron los argumentos del funcionario y le respondieron en una nota que su postura "fija estándares de transparencia inadmisibles para un Estado democrático", y que afecta los preceptos del decreto 1172 de acceso a la información pública.
Esas organizaciones dijeron que el decreto sólo admite excepciones cuando se trata de "datos personales de carácter sensible", que vulneren el derecho de la intimidad y el honor de las personas involucradas.
"Las personas ideales y jurídicas no tienen honor ni intimidad, y tampoco se trata de datos personales, sino de contrataciones públicas, en las que rige el principio de máxima divulgación de los actos de Gobierno", argumentó a LA NACION Eleonora Rabinovich, directora del Programa de Libertad de Expresión de la ADC. También recordó que la información requerida no se refería a temas sensibles, que son los vinculados al origen racial o étnico; las opiniones políticas, filosóficas o religiosas; o la vida sexual de las personas.
"Los de este semestre eran datos muy importantes, porque en el medio quedó el fútbol, que el Gobierno dijo iba a ser solventado con pauta publicitaria oficial", advirtió Pablo Secchi, director de área de Instituciones Políticas de Poder Ciudadano.
Antecedentes
Secchi recordó que en los primeros seis meses de 2009 el gasto del Gobierno en publicitarse había crecido 248% respecto del mismo período en 2008, y que si seguía ese ritmo iba a superar los 1200 millones de pesos anuales, y eso sin incluir el fútbol.
Cuando se lanzó la iniciativa oficial de Fútbol para todos (el convenio con la Asociación de Fútbol Argentino para televisar gratis los partidos del campeonato de primera división), el Gobierno dijo que pagaría $ 600 millones por ese acuerdo, pero que los recuperaría con publicidad privada.
Sin embargo, según estudios publicados por LA NACION, en cada partido del torneo anterior hubo 470 segundos de publicidad oficial, frente a los 53 segundos de anunciantes privados. Es decir que cada partido tuvo más de medio millón de pesos estatales ($ 572.175), y apenas $ 91.105 de aportes privados, y el torneo actual marcaría una brecha todavía mayor.
Mientras tanto, los números que el Gobierno invirtió en 2009 para publicitar su gestión en un año electoral, por ahora permanecerán en el misterio.