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MEDIOS Y COMUNICACION
Cámaras ocultas en discusión
Damián Loreti retoma la discusión sobre el uso de las cámaras ocultas en el periodismo y aporta elementos jurídicos y éticos para ayudar a la reflexión.
Por Damián Loreti *
En días pasados se ha iniciado –o más bien ha retomado vigencia– el debate sobre el uso de las cámaras ocultas en los medios de comunicación y su justificación y validación. Alrededor de este dispositivo existe un gran conjunto de cuestiones y matices pero, sin lugar a dudas, el primer punto a considerar es si se ha tratado de un caso de investigación periodística o si sus contenidos son más bien propios de un programa de espectáculos. A partir de allí pueden cuestionarse los marcos éticos o normativos.
En términos periodísticos las reglas de autorregulación suelen aconsejar que la utilización de cámaras ocultas se considere un recurso de última instancia que sólo es admisible cuando el registro periodístico no puede ser obtenido por otras vías y requiere la presencia -como justificación- de razones de interés público.
Según el código de prácticas de la prensa inglesa, por ejemplo, esto abarcaría hipótesis aplicables a situaciones tales como: a) detectar o exponer un crimen o una conducta seriamente impropia; b) proteger la salud y la seguridad pública; 3) prevenir al público de ser engañado o defraudado por una acción o afirmación de un individuo u organización. En este posible contexto y posiblemente sólo en él, es que quizá sea justificable que el periodista oculte su condición de tal y se haga pasar por otra cosa. Pero es imprescindible hacer énfasis en quién realiza la acción: es el profesional, el periodista, quien disimula su condición y es él mismo quien toma conocimiento de ciertos hechos de interés público. Al ser el periodista el que hace uso de estas prácticas, es por lo tanto de quien se debe esperar el cumplimiento de estándares éticos.
Otra de las tantas cuestiones a dirimir es si los profesionales de la prensa deben poner en conocimiento de las autoridades que habrán de realizar una cobertura periodística en estas condiciones. Nada indica que deba ser así para validar la actividad realizada si el interés es periodístico. Muchos profesionales defienden a ultranza no tener ningún punto en contacto con las autoridades cuando realizan sus investigaciones. Y está bien que así sea. Pero, en tal caso, nada de ello podrá o debería ser tomado por cierto y válido como prueba judicial si se la recoge en violación a las reglas de procedimiento que garantizan el derecho de defensa de quien resultara comprometido por las imágenes y las grabaciones. Y sobre los contenidos relacionados con la vida privada, el principio general es que sólo las intromisiones arbitrarias pueden generar responsabilidades ulteriores.
Ahora bien: ¿Qué pasa si el contexto no es periodístico? ¿Y si fuera un espectáculo de interés general? Si la finalidad no es registrar hechos sino construir los acontecimientos: ¿Qué reglas éticas caben? ¿Existen? ¿Permiten utilizar cualquier recurso? ¿Se puede admitir que los contenidos no periodísticos tengan principios de autorregulación éticos y estéticos más relajados que los que se pretenden para el periodismo? ¿Cómo los profesionales del periodismo podrían considerar que sus labores de investigación sean asumidas por quienes no tienen experiencia o preparación profesional? ¿Cómo hacernos cargo y discutir si niños, niñas o adolescentes pueden ser comprometidos en imágenes que los vinculan a prácticas que sugieran su explotación de cualquier forma? ¿Qué decir de la estigmatización de la mujer? ¿Es razonable que el hilo se corte por lo más delgado y quien sufra primero las consecuencias de lo hecho –a título personal y con riesgo de procesos penales– sea quien aparece en cámara? ¿No es ya hora de que los periodistas cuenten con cláusulas que les permitan mantener indemnes sus principios (los cuales no deben estar fijados por una ley) frente a las empresas? ¿Es dable pensar lo mismo respecto de la actividad publicitaria y que los trabajadores creativos tengan también cláusula de conciencia?
No es el caso pretender la promoción de un debate sobre tribunales de ética o leyes que impongan ni principios éticos obligatorios ni restricciones a la libertad de expresión, como posiblemente surgirán iniciativas al respecto como reacción desde algunos sectores. Sí parece menester invitar a que los debates sobre contenidos, estéticas y estándares que pongan en juego los derechos y obligaciones de los trabajadores de los medios, de las empresas de medios de comunicación social y los derechos de los públicos –el plural es adrede– sean menos espasmódicos y muchísimo más visibles. En el año 2004 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas le “recomendó” en su informe individual a la Argentina que tomara medidas para combatir la propaganda racista en los medios de información y nadie parecía asumir que ello importa la discusión de qué se emite y quién lo decide.
Quizá sea necesario insistir respecto a que no es posible contemplar como solución salir a hacer leyes sino visibilizar las cuestiones y discutirlas escuchando la polifonía de voces de nuestra sociedad, y no acallándolas como si nada ocurriera. La Corte de los Estados Unidos ha dicho –en el que sea posiblemente el caso más famoso de radiodifusión (“Red Lion vs. FCC”)– que “es el derecho de los oyentes y televidentes, y no el derecho de los radiodifusores, el que es supremo en el caso”. Con más pluralidad, más debate y más derechos para los públicos las cosas deberían ir mejorando.
* Doctor en Comunicación. Abogado. Docente e investigador. Ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales UBA.
MEDIOS Y COMUNICACION
Medios, política y poder
A partir de la relación entre medios, política y poder, Roberto Samar reinstala el debate sobre la construcción mediática de la realidad.
Por Roberto Samar *
Cuando la Presidenta inauguró la sesiones del Congreso nacional mencionó que hay un país real y uno virtual o mediático, donde nada está bien, donde todo está mal. A partir de esta afirmación sobre la realidad virtual y la verdadera podemos preguntarnos: ¿Cuál es la verdad de la realidad? ¿Existe una “realidad verdadera”?
En realidad, valga la redundancia, no hay una verdad ni una única mirada de las cosas. Siempre hay interpretaciones subjetivas de la realidad que percibimos. Según Michel Foucault, “no hay nada absolutamente primario para interpretar, porque en el fondo todo es interpretación, cada signo es en sí mismo no la cosa que se ofrece a la interpretación, sino la interpretación de otros signos”.
En otras palabras, cuando pensamos políticamente nuestra situación actual, lo hacemos a partir de interpretaciones realizadas por otros. Siempre son construcciones colectivas de sentido.
Es decir, mientras leemos el diario o miramos la tele y pensamos cualquier situación actual, la interpretamos. Mientras percibimos la “realidad” y nos comunicamos, producimos nuevas interpretaciones que tomarán otros. Una semiosis ilimitada de sentido.
Pero esta discusión sobre qué es la “realidad verdadera” se complejiza en el mundo de hoy que está hipermediatizado por los grandes medios de comunicación. Quienes tienen un gran poder a la hora de transmitir sus interpretaciones. En esta sociedad, todos ocupamos distintos espacios de poder, pero muy desiguales. Por lo cual serán distintos los efectos de esas lecturas de la “realidad”.
Mi lectura de cualquier problema ocupará un espacio de poder en esa construcción colectiva de interpretaciones. La cual, obviamente, es mínima en relación con la opinión que brinde Marcelo Tinelli o con la política comunicacional de un grupo mediático.
Sin embargo, cuando se discute la problemática de la concentración de los medios, muchas veces se plantea como un enfrentamiento caprichoso entre Clarín y Kirchner. Pero el problema es profundo, porque una sociedad con una gran concentración de medios de comunicación tenderá a construir un país con puntos de vista hegemónicos. En sí, lo que se discute es el modelo de democracia en la cual queremos vivir.
Si repartimos el poder de los grandes medios, se permite garantizar el acceso a todas las voces. En otras palabras, se permite difundir todas las interpretaciones de la realidad. Ese es el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se votó el año pasado.
Cuando se logre la plena implementación de la ley se podrán difundir otras miradas. Lo cual permitirá que entendamos nuestros problemas de distintas maneras. Pensando desde nuevos ángulos, podemos ver nuevas alternativas y soluciones. Se podrán generar nuevas políticas posibles.
Con otras voces, que defiendan nuestros intereses se podrá construir un pensamiento contrahegemónico para transformar la realidad.
Otro elemento de análisis importante en la comunicación, a la hora de democratizar los medios, es el fenómeno llamado “la espiral del silencio”: cuando una opinión se presenta como mayoritaria, los que coinciden con esa lectura de las cosas se sienten más seguros y tienden a manifestar con más fuerza sus posturas. Paralelamente, quienes se sienten en una situación minoritaria tienden a inhibir sus afirmaciones.
A modo de ejemplo. Instalado el discurso de “mano dura”, seguramente quienes se sienten identificados con posturas alternativas tenderán a callarse y aislarse. Mientras quienes alienten el endurecimiento de las leyes lo manifestarán con orgullo.
Los grandes medios tienen la capacidad de amplificar una interpretación particular y hacer que se vea como mayoritaria, aunque no necesariamente sea así.
Si queremos profundizar nuestra democracia, no les tengamos miedo a las opiniones hegemónicas. La “realidad” es una construcción colectiva que hacemos entre todos. Y todos, desde nuestro mayor o menor lugar de incidencia, podemos interpretar y difundir otras lecturas, que son fundamentales si queremos construir otro mundo posible.
* Licenciado en Comunicación Social, docente del Seminario de Filosofía Política Moderna, UNLZ.