Medios

MEDIOS Y COMUNICACION
Una batalla jurídica y política
Los patrocinantes de veinte instituciones que se presentaron ante la Justicia federal en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual recientemente sancionada y cuestionada judicialmente, exponen aquí sus argumentos para sostener la validez de la norma.
Por Víctor Abramovich*, Damián Loreti*, Analía Elíades*, Andrea Pochak* y Luis Lozano**
La demanda por una ley de medios que reemplazara la legislación de la dictadura y garantizara una efectiva democratización de las comunicaciones agrupó desde 1983 a universidades, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Sus reclamos y propuestas, como los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática redactados en 2004, tomaron cuerpo en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Ejecutivo impulsó luego de un inédito proceso de consulta pública y el Congreso aprobó por amplia mayoría en octubre pasado. Pocos meses después, tribunales de diferentes jurisdicciones del país, a partir de argumentaciones diversas, han dejado sin efecto la vigencia de ciertos artículos de la ley o, inclusive, la normativa completa.
En este contexto, los mismos actores que han bregado a lo largo de más de un cuarto de siglo por una efectiva democratización de las comunicaciones y que criticaron públicamente las medidas que permitieron la consolidación de posiciones dominantes en el mercado de medios audiovisuales durante los sucesivos gobiernos democráticos, se presentaron ante la Justicia para defender la constitucionalidad de una ley que ha sido redactada en absoluto cumplimiento de lo dispuesto por nuestra Carta Magna, así como por los instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados a ella desde 1994.
El lunes 15 de marzo, más de 20 instituciones –entre las cuales se encuentran la casi totalidad de los sindicatos que reúnen a los trabajadores de medios de comunicación, universidades nacionales, radiodifusores comunitarios, pequeños y medianos radiodifusores comerciales y organizaciones de la sociedad civil– presentaron un escrito en calidad de amicus curiae (“amigos del tribunal”) ante la Cámara Federal de Salta en el marco de una causa que se inició a fines de 2009. La Cámara debe decidir si confirma o revoca la medida cautelar dispuesta por el juez federal Miguel Medina, que había sido solicitada por la ONG salteña Comité de Defensa del Consumidor (Codelco), que suspendió la vigencia de seis artículos de la norma que hacen referencia a las obligaciones de producción propia, nacional y local, además de las reglas de control de concentración.
El dictamen presentado aporta numerosos antecedentes de derecho internacional de derechos humanos y ejemplos de legislación comparada, que demuestran que la ley 26.522 respeta el derecho a la libertad de expresión. En primer lugar, fundamenta que el Estado no sólo puede, sino que debe regular la actividad de los medios de comunicación audiovisual electrónicos y que, tal como lo ha expresado nuestra propia Corte Suprema en diferentes sentencias, el régimen internacional de telecomunicaciones y radiodifusión al que ha adherido la Argentina impone que esta regulación sea federal y no provincial. Esto es, debe provenir del Congreso nacional.
Por otra parte, el escrito remarca la compatibilidad entre las limitaciones a la concentración de la propiedad de los medios, de las restricciones a la conformación de redes permanentes de programación, y de la fijación de pisos mínimos de producción local e independiente y los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Para ello, apela a la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los Relatores Especiales de Libertad de Expresión de la OEA, la ONU, la Comunidad Europea y la Comisión Africana, así como a la comparación con la regulación vigente en otros países. Tanto en Estados Unidos como en Canadá y en la Unión Europea existen regímenes que establecen límites a la multiplicidad de licencias y están destinados a salvaguardar el pluralismo informativo e impedir que un mismo grupo alcance una posición dominante en el mercado de medios que le permita imponer un discurso único. Los ejemplos de derecho comparado y las citas a convenciones internacionales específicas muestran también la existencia de previsiones legales destinadas a garantizar pisos mínimos de programación local y nacional, con el objetivo de defender la diversidad y la producción local.
El amicus además expone la relevancia que este tipo de medidas tienen en el contexto del sistema de medios que se ha configurado en la Argentina a lo largo de las últimas dos décadas. A modo de ejemplo: en los canales de televisión abierta del interior del país las dos terceras partes de la programación consisten en contenidos de las señales producidas en Buenos Aires que son retransmitidos de manera directa. A la vez, sólo tres empresas (Grupo Clarín, Telefónica Internacional y Pramer) controlan más del 70 por ciento del mercado de comercialización de señales de TV. Si a esto le sumamos los efectos del intento de operación conjunta entre Cablevisión y Multicanal, que llevó al Grupo Clarín y su socio norteamericano Fintech Advisory a controlar más del 60 por ciento del mercado de provisión de TV por cable (con monopolio absoluto en grandes y medianas localidades del país y casi total en otras), nos encontramos con una situación por demás alarmante, que exige políticas enérgicas del Estado para asegurar el derecho de la sociedad a acceder a información plural.
Semejantes niveles de concentración resultan abusivos para cualquier industria, en tanto representan una amenaza a la libre competencia y tienen impactos negativos sobre la formación de precios. Pero en el caso de los medios de comunicación masiva la preocupación es aún mayor debido al efecto restrictivo que implican para el ejercicio de la libertad de expresión, entendida como un derecho humano fundamental y pilar básico de toda sociedad democrática.
* Abogados patrocinantes de las organizaciones que se presentaron como amicus curiae en la causa “Codelco c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa - medida cautelar”.
** Coordinador de Comunicación del CELS.
MEDIOS Y COMUNICACION
Sin título
Luciano Sanguinetti expone su perplejidad ante el escenario mediático y ciertas formas de hacer periodismo y comunicación.
Por Luciano Sanguinetti *
Desde hace un tiempo vengo postergando esta nota. Corrido muchas veces por otras actividades pero también a causa de la vorágine peligrosa en la que se han metido los medios y los periodistas. Proceso que se parece mucho al de los perros que desesperados corren tratando de morderse la cola.
Hace algunas semanas vengo pensando en Víctor Hugo Morales y su feroz pelea por la sensatez en medio de este carnaval de locos en el que los parámetros de lo que hasta hace poco, en la cultura profesional, se llamaba hacer buen periodismo se han trastrocado asombrosamente. No pienso que haya una única manera de hacer buen periodismo ni que ese buen periodismo se defina en términos ideológicos. Pero lo cierto es que hoy una parte de los profesionales parece haber entrado en una especie de guerra de vanidades, de sobreactuada guerrilla, en donde los criterios de jerarquización informativa y relevancia social de las noticias se ven vapuleados en orden a ver en cuánto lo que hacen puede perjudicar a tal o cual sector político, como si fueran ya los periodistas, actores principales de la contienda, metidos hasta el cuello en sus respectivas trincheras, sin pensar en lo que hay en el horizonte ni a quiénes sirven sus disparos. Esa nota se iba a llamar “La secta de los sensatos”. Y parafraseando un viejo cuento de Borges imaginaba a unos pocos sabios tratando de poner un poco de cordura en medio de fanatismos de toda laya, en una Babilonia tan argentina como insensata. Víctor Hugo ejercía en ese imaginario ensayo la virtud de la moderación que paradójicamente se volvía un arma revolucionaria.
Después pensé que era más interesante referir la forma en que los medios, en particular Clarín y La Nación, casi hacen “desaparecer de la esfera pública” el proyecto sobre la despenalización del aborto que impulsa un número importante de legisladoras de casi todo el arco ideológico, sin que esa noticia apareciera mencionada, apenas si quieren, en un minúsculo recuadro en la última página de sus diarios, ni en los flashes de sus radios, ni en los noticieros de sus canales de aire, ni en los programas periodísticos de sus señales de cable, ni en sus repetidoras, ni en sus portales de la web, ni en sus exposiciones rurales, ni nada, nadie, nunca, parafraseando al viejo Saer. Esa nota se iba a titular “¿Qué hacés, Estela, tanto tiempo?”, con su vaga inspiración carvereana. Porque en medio de la nota recordaría que una de las impulsoras del proyecto se llama Estela Díaz, quien fue una de mis compañeras de secundario y delegada eterna del curso, siempre al frente de todo, con la sonrisa de siempre, ahora en el centro de la tapa de Página/12.
Más tarde pensé que debía dejar de hacer sociales a través de los diarios, e imaginé que era más útil usar este espacio para referirme a cómo se está desarrollando el relevamiento de medios por parte del viejo Comfer, hoy Afsca, sobre las frecuencias de radio y televisión de todo el país, para ordenar de una vez por todas, como corresponde, sin parámetros de corto plazo, el espectro radioeléctrico y el seguramente desenfrenado, arbitrario, centralista, criterio con el que se distribuyeron las frecuencias de comunicación en el país desde tiempos inmemoriales.
Pero en medio de todo esto leí una nota en Perfil.com, en donde un periodista escribe una crónica sobre su visita furtiva al estudio donde se emite el programa 6,7,8 de Canal 7. Allí, más allá de ser una crónica de banalidades, lo que se observa es que el periodista se siente como un espía que ha cruzado las filas enemigas.
Entonces, la pregunta que me hice mientras escribía fue: ¿hasta dónde? ¿Qué tipo de ética está gobernando el ejercicio profesional de informar y comunicar? ¿Por qué nadie dice no, esto no lo hago? Si hubo en algún momento necesidad de demostrar que la concentración de los medios en pocas manos era un peligro para el funcionamiento de un sistema democrático en un pequeño país sudamericano, lo que está pasando nos exime de más pruebas. ¿Imaginen si el dueño de ese monopolio, por la razón que fuera, se volviese loco? Después pensé si no era yo el que estaba entrando en la misma vorágine. Entonces dejé de escribir finalmente, y abandoné la nota así, sin título.
* Docente e investigador de la FPyCs de la UNLP.