MEDIOS Y COMUNICACION
Del estereotipo a la invisibilidad
Gabriela Cicalese parte del tratamiento que algunos medios le dieron al Día de la Mujer para reivindicar que, frente a la invisibilidad, hace falta un Día que coloque algunos temas en la agenda mediática.
Por Gabriela Cicalese *
“¿Por qué las mujeres tienen su día y los hombres no tenemos?” “Si pelean tanto por ser iguales, ¿para qué quieren un día especial?” “Si tienen el Día de la Madre y el de la Mujer para las que no lo son... ¿nosotros por qué tenemos sólo el día del padre? ¿Los no-padres no festejamos?” Estos y otros comentarios similares se escucharon el pasado 8 de marzo, cuando alguna mujer en un programa de radio en vivo decía al aire a algún colega varón: “Te olvidaste de saludarme”.
Esta seguidilla de sentidos comunes tiene relación con el desconocimiento histórico de la raíz de una efemérides que, sin embargo, se coloca en agenda y se menciona. Seguidilla a la que hay que sumar otras tantas voces de algunas mujeres que declaran: “Para mí el Día de la Mujer son todos los días”. “Yo no estoy de acuerdo con el Día de la Mujer, tenemos que aprender a convivir todos juntos, somos todos iguales”.
Hasta bien entrada la década del ’90, cuando no existían ni Hallo- ween ni San Valentín en los calendarios populares en Argentina, el 8 de marzo era una fecha de esas que sólo algunas –siempre pocas– defendíamos en términos de reivindicación de derechos de género desde nuestros distintos ámbitos. Luego, en paralelo a la mercantilización de tantas fechas, el Día de la Mujer pasó a ser “agasajable” a través de los medios masivos, uniéndose a los mismos discursos usados para otros días comerciales y prácticas como flores, bombones y piropos. Gestos acompañados, básicamente, con estereotipos que, detrás de un supuesto reconocimiento, no hacen más que reforzar las naturalizaciones de la discriminación. Así, ensalzar el “instinto” maternal como generador de todo lo bueno que le falta a la sociedad; mirar desde lo “diferente” que se aporta y la “complementariedad” de un deber ser en los roles de decisión que se entiende “por naturaleza” masculino; exotizar los casos de mujeres que hacen tareas que culturalmente son ejercidas por varones (convirtiendo en la excepción que confirma la regla una práctica concreta que debiera hacernos cuestionar esa misma regla).
Este 8 de marzo tal vez hubo menos de esos “festejos” y estereotipos, pero también es cierto que el tratamiento del tema fue considerablemente menor que en años anteriores. Sea porque los debates importantes no dejan espacio para una conmemoración como ésta, desde los DNU hasta el irremplazable fútbol que “no se puede” levantar de pantalla para un discurso alusivo por parte de la Presidenta de la Nación. O bien porque la noche inmediata anterior una película argentina había ganado una estatuilla y se “perdió” el dato de que por primera vez en 82 emisiones el premio a “mejor director” lo ganaba una mujer. Y director se enuncia en masculino singular, tomado como supuesto “neutro” del lenguaje cuando en realidad está remitiendo a roles ejercidos por personas y, como tales, debieran dar cuenta del género y el número de las personas que ocupan cada rol.
Ese mismo “neutro” es el que sostiene la sumisión. La sumisión existe, precisamente, allí donde los grupos que son discriminados u oprimidos no tienen conciencia de esa situación. Sumisión tenían los siervos del Medioevo. Sumisión tienen muchas compañeras cuando hablan de sí mismas en masculino, o repiten discursos que las discriminan u ofenden justificando la “naturalidad” de algunas construcciones patriarcales.
Es lógico que quienes no se reconocen oprimidas “rechacen” el Día Internacional de la Mujer. Aceptarlo interpelaría al punto de tomar conciencia o cambiar alguna práctica.
En el caso de los medios masivos, mientras su tratamiento del tema caía en un estereotipo y aun con sus teñidos mercantiles, el primer plano de ese día en la agenda mediática nos permitía, a quienes tenemos conciencia de la opresión, encontrar una grieta en la vida cotidiana para transformar el festejo en reivindicación y traducir los discursos discriminatorios en protesta. En la medida en que esos espacios se reduzcan y ese Día se mencione menos, serán menores también las posibilidades de visibilizar los derechos vulnerados, las situaciones que impiden igual remuneración por igual tarea, la violencia en todas sus expresiones y la falta de oportunidades igualitarias.
Porque sólo hay una discriminación peor que la caricatura, y es la invisibilidad. Sólo hay un discurso más opresor que la ofensa, y es el silencio. Sólo hay un desafío más grande que el quiebre de los estereotipos, y es generar la escucha. Por eso, al menos, hace falta un Día que coloque algunos temas en la agenda mediática.
* Doctora en Comunicación. Directora del Centro de Comunicación La Crujía (Buenos Aires).
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Limbo normativo, dislate político
Martín Becerra critica las medidas judiciales suspensivas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y propone como solución provisoria y “menos mala” volver a la ley de 1953, la última antes de la actual que fue sancionada en democracia.
Por Martín Becerra*
Las medidas cautelares suspensivas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, emitidas por jueces federales de primera instancia de Mendoza y Salta, provocaron un limbo normativo y un dislate político en la radiodifusión. Como la nueva ley de medios dejaba sin efecto el decreto ley 22.285 de la dictadura, la suspensión de la primera repone automáticamente la vigencia del segundo.
La paradoja es que en nombre de la libertad de expresión y del estado de derecho, la suspensión de la ley de medios dispuesta por dos jueces restaura de facto el decreto de Jorge Videla, considerado casi unánimemente como autoritario, centralista y discriminatorio. El equivalente televisivo sería: “Como hoy el noticiero de Canal 7 no representa cabalmente la noción de servicio público y es progubernamental, lo reemplazamos por el desinformativo 60 minutos de José Gómez Fuentes (de ATC, en dictadura)”.
Es imposible hallar un fundamento coherente con la tradición de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación que objete al mismo tiempo la nueva ley de medios y pugne por restaurar la de la dictadura. De ser consecuente la preocupación por la libre expresión, como declaman las cautelares de los jueces Olga Pura de Arrabal y Miguel Medina, la suspensión de la ley tendría que extenderse a todo decreto anterior, sobre todo a los decretos leyes 22.285 de Videla y 15.460 de Pedro Eugenio Aramburu, de 1957. Ello conduciría a desempolvar la única ley de radiodifusión sancionada en democracia antes de 2009, que es la de... ¡1953!
La paradójica restauración del decreto ley de la dictadura fue lograda por reclamos judiciales de diputados del “peronismo federal” tras su frustrado boicot a la ley en el Congreso. El contrasentido incluye a periodistas, opinólogos y constitucionalistas que desde 1983 no manifestaron incomodidad por la profanación republicana que consiste en hacer regir a los medios audiovisuales –es decir, los que intermedian en la construcción del espacio público– por un decreto dictatorial.
La suspensión se basa en cuestiones de fondo y de forma. De fondo, porque algunos artículos de la norma –relativos a los modos previstos para desconcentrar el mercado o su régimen sancionatorio– serían controvertidos (por ejemplo el impedimento a los operadores de TV cable de poseer más de una señal). De forma, por el desprolijo trámite legislativo, dado que los plazos de funcionamiento de las comisiones, como ocurre a menudo, fueron exiguos. La objeción de fondo, si fuese válida, se subsanaría con normas complementarias o modificatorias de la ley y no con su suspensión, toda vez que el argumento subyacente es que la ley garantiza derechos hasta ahora no reconocidos, y que por ello correspondería ampliar –en lugar de restringir– la multiplicidad de voces, incluyendo las de los operadores comerciales cuando no utilizan un vínculo escaso como es el aire sino un vínculo físico no finito, como es el cable. La cuestión de forma amerita saldarse en el Poder Legislativo, que podría revisar su rutina de funcionamiento para todas las leyes.
Una sólida respuesta a las objeciones de fondo ha sido promovida por el CELS junto a medios comunitarios, sindicatos de trabajadores de la comunicación y universidades nacionales, en un amicus curiae presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones salteña. Estas organizaciones defienden el derecho a la comunicación y por ello respaldan la nueva ley. También exigen su implementación participativa y ecuánime.
Mientras la Justicia sigue su curso, el Poder Ejecutivo nacional podría apelar, por una vez con legitimidad, a la necesidad y a la urgencia y producir un decreto, evitando que mientras perdure el paréntesis a la nueva ley, se retroceda a decretos impuestos por gobiernos dictatoriales.
Esta posibilidad, republicana y constitucional, implicaría derogar por decreto todos los decretos emitidos en materia de medios audiovisuales. De este modo, se sostendría la importancia de la deliberación parlamentaria en la producción de regulaciones para un sector estratégico en la vida pública. Lo que supone derogar el decreto ley de la dictadura, pero también los dispuestos en períodos constitucionales, como el 1005 de Carlos Menem que elevó, de 4 a 24, la cantidad de licencias que puede explotar un mismo grupo y que permitió la transmisión en cadena, arruinando la producción propia en el interior del país, o el decreto 527 de Néstor Kirchner de 2005, que suspendió el cómputo de años de explotación de licencias de radio y televisión, postergando así una década la realización de concursos públicos que no discriminen a las organizaciones sin fines de lucro.
La suspensión de una ley que garantizaba el equilibrio en el acceso de todos los ciudadanos a los medios y que avanzaba –con imperfecciones, como ocurre con toda ley– en su democratización, tiene consecuencias para el interés público al restaurar normas que vulneran derechos humanos elementales. La ley de 1953, con su anacronismo tecnológico y con su tolerancia con la concentración mediática afín al gobierno de Juan Perón, fue sancionada en democracia. Parece que, aún con sus defectos, desempolvarla resulta la solución provisoria “menos mala” antes que reinstalar la Doctrina de la Seguridad Nacional en la regulación audiovisual.
* Doctor en Comunicación. U. Nacional de Quilmes. Conicet.
Del estereotipo a la invisibilidad
Gabriela Cicalese parte del tratamiento que algunos medios le dieron al Día de la Mujer para reivindicar que, frente a la invisibilidad, hace falta un Día que coloque algunos temas en la agenda mediática.
Por Gabriela Cicalese *
“¿Por qué las mujeres tienen su día y los hombres no tenemos?” “Si pelean tanto por ser iguales, ¿para qué quieren un día especial?” “Si tienen el Día de la Madre y el de la Mujer para las que no lo son... ¿nosotros por qué tenemos sólo el día del padre? ¿Los no-padres no festejamos?” Estos y otros comentarios similares se escucharon el pasado 8 de marzo, cuando alguna mujer en un programa de radio en vivo decía al aire a algún colega varón: “Te olvidaste de saludarme”.
Esta seguidilla de sentidos comunes tiene relación con el desconocimiento histórico de la raíz de una efemérides que, sin embargo, se coloca en agenda y se menciona. Seguidilla a la que hay que sumar otras tantas voces de algunas mujeres que declaran: “Para mí el Día de la Mujer son todos los días”. “Yo no estoy de acuerdo con el Día de la Mujer, tenemos que aprender a convivir todos juntos, somos todos iguales”.
Hasta bien entrada la década del ’90, cuando no existían ni Hallo- ween ni San Valentín en los calendarios populares en Argentina, el 8 de marzo era una fecha de esas que sólo algunas –siempre pocas– defendíamos en términos de reivindicación de derechos de género desde nuestros distintos ámbitos. Luego, en paralelo a la mercantilización de tantas fechas, el Día de la Mujer pasó a ser “agasajable” a través de los medios masivos, uniéndose a los mismos discursos usados para otros días comerciales y prácticas como flores, bombones y piropos. Gestos acompañados, básicamente, con estereotipos que, detrás de un supuesto reconocimiento, no hacen más que reforzar las naturalizaciones de la discriminación. Así, ensalzar el “instinto” maternal como generador de todo lo bueno que le falta a la sociedad; mirar desde lo “diferente” que se aporta y la “complementariedad” de un deber ser en los roles de decisión que se entiende “por naturaleza” masculino; exotizar los casos de mujeres que hacen tareas que culturalmente son ejercidas por varones (convirtiendo en la excepción que confirma la regla una práctica concreta que debiera hacernos cuestionar esa misma regla).
Este 8 de marzo tal vez hubo menos de esos “festejos” y estereotipos, pero también es cierto que el tratamiento del tema fue considerablemente menor que en años anteriores. Sea porque los debates importantes no dejan espacio para una conmemoración como ésta, desde los DNU hasta el irremplazable fútbol que “no se puede” levantar de pantalla para un discurso alusivo por parte de la Presidenta de la Nación. O bien porque la noche inmediata anterior una película argentina había ganado una estatuilla y se “perdió” el dato de que por primera vez en 82 emisiones el premio a “mejor director” lo ganaba una mujer. Y director se enuncia en masculino singular, tomado como supuesto “neutro” del lenguaje cuando en realidad está remitiendo a roles ejercidos por personas y, como tales, debieran dar cuenta del género y el número de las personas que ocupan cada rol.
Ese mismo “neutro” es el que sostiene la sumisión. La sumisión existe, precisamente, allí donde los grupos que son discriminados u oprimidos no tienen conciencia de esa situación. Sumisión tenían los siervos del Medioevo. Sumisión tienen muchas compañeras cuando hablan de sí mismas en masculino, o repiten discursos que las discriminan u ofenden justificando la “naturalidad” de algunas construcciones patriarcales.
Es lógico que quienes no se reconocen oprimidas “rechacen” el Día Internacional de la Mujer. Aceptarlo interpelaría al punto de tomar conciencia o cambiar alguna práctica.
En el caso de los medios masivos, mientras su tratamiento del tema caía en un estereotipo y aun con sus teñidos mercantiles, el primer plano de ese día en la agenda mediática nos permitía, a quienes tenemos conciencia de la opresión, encontrar una grieta en la vida cotidiana para transformar el festejo en reivindicación y traducir los discursos discriminatorios en protesta. En la medida en que esos espacios se reduzcan y ese Día se mencione menos, serán menores también las posibilidades de visibilizar los derechos vulnerados, las situaciones que impiden igual remuneración por igual tarea, la violencia en todas sus expresiones y la falta de oportunidades igualitarias.
Porque sólo hay una discriminación peor que la caricatura, y es la invisibilidad. Sólo hay un discurso más opresor que la ofensa, y es el silencio. Sólo hay un desafío más grande que el quiebre de los estereotipos, y es generar la escucha. Por eso, al menos, hace falta un Día que coloque algunos temas en la agenda mediática.
* Doctora en Comunicación. Directora del Centro de Comunicación La Crujía (Buenos Aires).
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Limbo normativo, dislate político
Martín Becerra critica las medidas judiciales suspensivas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y propone como solución provisoria y “menos mala” volver a la ley de 1953, la última antes de la actual que fue sancionada en democracia.
Por Martín Becerra*
Las medidas cautelares suspensivas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, emitidas por jueces federales de primera instancia de Mendoza y Salta, provocaron un limbo normativo y un dislate político en la radiodifusión. Como la nueva ley de medios dejaba sin efecto el decreto ley 22.285 de la dictadura, la suspensión de la primera repone automáticamente la vigencia del segundo.
La paradoja es que en nombre de la libertad de expresión y del estado de derecho, la suspensión de la ley de medios dispuesta por dos jueces restaura de facto el decreto de Jorge Videla, considerado casi unánimemente como autoritario, centralista y discriminatorio. El equivalente televisivo sería: “Como hoy el noticiero de Canal 7 no representa cabalmente la noción de servicio público y es progubernamental, lo reemplazamos por el desinformativo 60 minutos de José Gómez Fuentes (de ATC, en dictadura)”.
Es imposible hallar un fundamento coherente con la tradición de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación que objete al mismo tiempo la nueva ley de medios y pugne por restaurar la de la dictadura. De ser consecuente la preocupación por la libre expresión, como declaman las cautelares de los jueces Olga Pura de Arrabal y Miguel Medina, la suspensión de la ley tendría que extenderse a todo decreto anterior, sobre todo a los decretos leyes 22.285 de Videla y 15.460 de Pedro Eugenio Aramburu, de 1957. Ello conduciría a desempolvar la única ley de radiodifusión sancionada en democracia antes de 2009, que es la de... ¡1953!
La paradójica restauración del decreto ley de la dictadura fue lograda por reclamos judiciales de diputados del “peronismo federal” tras su frustrado boicot a la ley en el Congreso. El contrasentido incluye a periodistas, opinólogos y constitucionalistas que desde 1983 no manifestaron incomodidad por la profanación republicana que consiste en hacer regir a los medios audiovisuales –es decir, los que intermedian en la construcción del espacio público– por un decreto dictatorial.
La suspensión se basa en cuestiones de fondo y de forma. De fondo, porque algunos artículos de la norma –relativos a los modos previstos para desconcentrar el mercado o su régimen sancionatorio– serían controvertidos (por ejemplo el impedimento a los operadores de TV cable de poseer más de una señal). De forma, por el desprolijo trámite legislativo, dado que los plazos de funcionamiento de las comisiones, como ocurre a menudo, fueron exiguos. La objeción de fondo, si fuese válida, se subsanaría con normas complementarias o modificatorias de la ley y no con su suspensión, toda vez que el argumento subyacente es que la ley garantiza derechos hasta ahora no reconocidos, y que por ello correspondería ampliar –en lugar de restringir– la multiplicidad de voces, incluyendo las de los operadores comerciales cuando no utilizan un vínculo escaso como es el aire sino un vínculo físico no finito, como es el cable. La cuestión de forma amerita saldarse en el Poder Legislativo, que podría revisar su rutina de funcionamiento para todas las leyes.
Una sólida respuesta a las objeciones de fondo ha sido promovida por el CELS junto a medios comunitarios, sindicatos de trabajadores de la comunicación y universidades nacionales, en un amicus curiae presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones salteña. Estas organizaciones defienden el derecho a la comunicación y por ello respaldan la nueva ley. También exigen su implementación participativa y ecuánime.
Mientras la Justicia sigue su curso, el Poder Ejecutivo nacional podría apelar, por una vez con legitimidad, a la necesidad y a la urgencia y producir un decreto, evitando que mientras perdure el paréntesis a la nueva ley, se retroceda a decretos impuestos por gobiernos dictatoriales.
Esta posibilidad, republicana y constitucional, implicaría derogar por decreto todos los decretos emitidos en materia de medios audiovisuales. De este modo, se sostendría la importancia de la deliberación parlamentaria en la producción de regulaciones para un sector estratégico en la vida pública. Lo que supone derogar el decreto ley de la dictadura, pero también los dispuestos en períodos constitucionales, como el 1005 de Carlos Menem que elevó, de 4 a 24, la cantidad de licencias que puede explotar un mismo grupo y que permitió la transmisión en cadena, arruinando la producción propia en el interior del país, o el decreto 527 de Néstor Kirchner de 2005, que suspendió el cómputo de años de explotación de licencias de radio y televisión, postergando así una década la realización de concursos públicos que no discriminen a las organizaciones sin fines de lucro.
La suspensión de una ley que garantizaba el equilibrio en el acceso de todos los ciudadanos a los medios y que avanzaba –con imperfecciones, como ocurre con toda ley– en su democratización, tiene consecuencias para el interés público al restaurar normas que vulneran derechos humanos elementales. La ley de 1953, con su anacronismo tecnológico y con su tolerancia con la concentración mediática afín al gobierno de Juan Perón, fue sancionada en democracia. Parece que, aún con sus defectos, desempolvarla resulta la solución provisoria “menos mala” antes que reinstalar la Doctrina de la Seguridad Nacional en la regulación audiovisual.
* Doctor en Comunicación. U. Nacional de Quilmes. Conicet.
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