Sociedad
Espacio público: tierra de todos
Manteros, basura, ruidos. Radiografía de una ciudad que convive con cinco cortes de calles por día y trapitos que cobran hasta 150 pesos por cuidarte el auto
-No.
-Dale, amigo, una moneda.
La transacción se hará a regañadientes, pero se hará: usted alquilará un espacio que es de todos a un dueño momentáneo y arbitrario y pagará por su tranquilidad. Esa que, por ejemplo, en el caso de los recitales que Roger Waters dio en River en marzo, valió entre 100 y 150 pesos.
Trapitos o cuidacoches. Basura sacada fuera de horario. Piquetes. Manteros que hay que zigzaguear con la destreza de Messi y no dejar la cadera en el gesto. Policía Federal y Metropolitana. Todo, en el espacio público. Ese lugar de todos y de nadie.
El ranking de denuncias que recibe el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires habla de cómo viven los porteños: en primer lugar, amenazas, seguido por el uso indebido del espacio público, hostigamientos, maltratos, intimidaciones, daños y ruidos molestos; conducir ebrio, cuidacoches y la lista sigue. Estamos bailando con la más fea. ¿Cómo se convive en un lugar que nadie siente propio? Vamos más atrás: ¿qué es el espacio público?
"El principal acto en las fundaciones de las ciudades era la determinación de la plaza. Ese espacio era el único centro de atracción, la ciudad crecía como un espiral desde allí, de ese lugar que no le pertenecía a nadie y les pertenecía a todos. Alrededor estaban la iglesia, el Cabildo, la Aduana. Buenos Aires comenzó a crecer a partir de la Plaza de Mayo", explica el historiador Daniel Balmaceda. "La actividad social allí devino en la actividad política. La concentración de la pelea de las Invasiones Inglesas fue en el terreno de la Plaza de Mayo, era el objetivo final de los ingleses y porteños. Fue la primera vez que una plaza se transformó en bastión político".
Más cerca en la historia, el licenciado Germán Pérez, politólogo e investigador del grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva del Instituto Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA), dice que la tradición política argentina "tiende a pensar a lo público en relación a lo estatal. Pensando más en lo que fue el proceso de movilización social y de asambleas de 2001, que también puede replicarse en los piquetes -tiene que ver más con la exclusión del neoliberalismo de los 90-, la idea de lo público en ese espacio se gestiona por los propios usuarios de ese espacio. Lo público se opone a la lógica jerárquica y burocrática del Estado; durante el proceso militar el Estado era la amenaza del uso de lo público, era el lugar del terror. La vida era privada o laboral, no había vida pública". Para Javier García Elorrio, director del Parque Tres de Febrero cuando se dispuso allí la zona roja, en 1983 se produjo "una especie de destape de los espacios públicos, que el país lo registra como que aumentó el uso y el vandalismo. La sociedad pasó de no poder hacer nada a hacer lo que quiso y nunca pudo volver a hacer lo que debía".
Germán Garavano, al frente del Ministerio Público Fiscal -de él dependen los fiscales penales y contravencionales-, observa que la degradación del espacio público "es un problema cultural que refleja la anomia, la falta de respeto por la ley y el desapego por lo que es de todos".
Peaje para quedarse
El Código Contravencional prohíbe la actividad de los cuidacoches. Es el artículo 79. Según datos extraoficiales, más de 1500 personas viven de esto. Pero no es lo mismo el trapito de Alberti y Alsina que el de la puerta del restaurante de Palermo. Ni hablar de un partido de fútbol importante. La actividad más fuerte se concentra, claro, en las zonas más comerciales (Liniers, Belgrano y Palermo), pero la miel está en los estadios, donde hay shows musicales y espectáculos deportivos: Núñez (River), La Boca (Boca Juniors) y Liniers (Vélez).
Durante la visita de Paul McCartney en 2010, afuera del estadio de River se tiroteaban los barrabravas por cobrar el estacionamiento. Según un trabajo de investigación del periodista Nicolás Balinotti, Los Borrachos del Tablón recaudaban entonces unos 300 mil pesos mensuales por el paquete de reventa de entradas y venta de asientos para recitales más el cobro de estacionamiento. El entonces jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, dijo que los móviles no dieron abasto y debieron liberar a los cuidacoches demorados porque los testigos se negaron a declarar.
¿Hay complicidad entre la policía y los trapitos? En abril de 2010 el fiscal federal Federico Delgado denunció a la comisaría 24 al advertir que los cuidacoches amenazaban con llamar a la brigada.
En octubre del año pasado la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de un limpiavidrios por amenazas a conductores que rechazaban sus servicios y PRO retomó un proyecto de ley destinado a sancionar con cárcel a ellos y a los trapitos. La oposición la consideró una iniciativa electoral y habló de criminalización de la pobreza. La sesión de la madrugada del 8 de diciembre no salió como lo planeó el oficialismo: la Legislatura sancionó la creación de un registro en el que se inscribirían los cuidacoches. Según la nueva letra en el Código Contravencional, a aquel que no estuviera inscripto y no tuviera la credencial lo esperaría una sanción de entre uno y dos días de trabajo de utilidad pública o multa que iba de 200 a 400 pesos. Si exigieran retribución, la multa se duplicaría, y si se comprobara que había una organización dedicada a lucrar en el espacio público, el castigo subiría de uno a cinco días de arresto y la multa, de 800 a 2000 pesos. Al día siguiente el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habló de vetarla. Para Cristian Ritondo, legislador PRO, "armar un registro no es erradicar el tema". El 2 de febrero Macri la vetó. Para que el proyecto vuelva al Ejecutivo debería lograr en la Legislatura una aprobación por mayoría especial, de 40 votos. Hay 60 legisladores; 26 son macristas.
En julio de 2011 la ministra de Seguridad, Nilda Garré, impulsó el plan de seguridad Cinturón Sur, por el que 2500 gendarmes y prefectos patrullan la zona sur de la ciudad y la tarea preventiva en las calles dejó de estar a cargo de la Policía Federal. Uno de los objetivos era desarmar posibles connivencias entre organizaciones criminales y policías federales.
Casi al mismo tiempo que Garré, la Metropolitana anunció con 300 nuevos uniformados que además de custodiar Villa Urquiza, Saavedra, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Ortúzar, Chacarita, Villa Crespo, Paternal, Agronomía y Parque Chas empezaría a cuidar de las calles de La Boca, Parque Patricios (cancha de Huracán), Barracas y Pompeya. La pelea de fondo por temas de seguridad estaba planteada. Garré siguió y en octubre presentó el Plan de Seguridad Urbana: los jefes de 17 comisarías de la Policía Federal ya no podrían elegir dónde asignar a su personal para que haga tareas de vigilancia en la vía pública. "La elección de las paradas policiales eran decisiones equivocadas de los comisarios por errores o intereses", dijo.
En febrero hubo otro gesto: la ministra anunció el retiro de agentes de la Policía Federal de las estaciones de subte. La medida aún no se llevó a cabo (la jueza Rita Ailán resolvió que continúe la Federal en los andenes hasta tanto ambos gobiernos respondan una serie de pedidos de informe).
Hoy corto yo
El porteño engorda de ira con los piquetes. La modalidad -ahora muy urbana- nació allá en los años 90. Pérez se refiere a la génesis: "Lo del derecho de uno termina donde empieza el del otro presupone una frontera clara que, en una sociedad compleja y dinámica, es un mito. La forma tradicional de protesta es la huelga, lo que tiene que ver con la inserción laboral. En la medida que hay menos, no sólo por desocupación, sino por un trabajo que es cada vez más flexible, los espacios son cada vez más difusos. La huelga supone una inserción laboral que la población tiene cada vez menos. Era obvio que este tipo de experimento con lo público se multiplicaría, por una transformación social (piquetes, cacerolazos). Lo que hay que discutir es qué se justifica, la protesta de aquel que no tiene el recurso (económico, simbólico) del que sí. Cuando fue la del campo los que protestaban eran los que más tenían, cuando lo hacían los que no y que sólo tenían esa experiencia pública, eran marginales, obstruían la libre circulación: ese discurso quedó invertido".
De los cortes que se hacen en la ciudad de Buenos Aires, según Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público, mucho, pero muchísimo menos de la mitad cuenta con autorización del Gobierno.
Garavano sostiene que más allá de ser una problemática vigente y que existen serias dificultades para coordinar su control con las fuerzas de seguridad, se lograron "importantes avances respecto de aquellos que llegan a la instancia judicial. Así, por ejemplo, por haber realizado cortes, integrantes de la Uocra, del Sindicato de Peones de Taxi y de otras entidades gremiales realizaron tareas en beneficio de la comunidad: pintar escuelas, reparar comedores o efectuar contribuciones a instituciones de bien público. Así se logró que gran parte de las entidades sindicales pida autorización antes de efectuar una movilización. El problema más serio es el desempeño de las fuerzas policiales ante las manifestaciones, en tanto no adoptan los recaudos adecuados para asegurar la circulación de los vehículos en contextos que permitirían hacerlo perfectamente".
Según cifras de la Subsecretaría de Tránsito porteña entre abril y junio del año pasado el promedio de bloqueos era de cuatro por día. En el primer trimestre de 2012 trepó a cinco. Para sortearlos, desde el 28 de diciembre último el gobierno porteño apunta una herramienta: el mapa online del tránsito que se actualiza en tiempo real con los cortes provocados por manifestaciones, obras y semáforos fuera de servicio (http://movilidad.buenosaires.gob.ar/mapa-corte-calles).
¿Usted qué lee acá?
Si hasta el año pasado probó cruzar de una vidriera a otra en línea recta en la calle Florida y lo logró, usted habrá desafiado a la geometría. Florida tuvo la mayor concentración de manteros de la ciudad (ojo: a lo largo de las avenidas Cabildo y Santa Fe la cantidad de puesteros es mayor). Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), en marzo de 2011 la cantidad de puestos de venta ilegal callejera había crecido 6,9% respecto del mes anterior y la ciudad tenía 2123 puestos, el doble que en 2009. En noviembre los comerciantes empezaron con cortes en Florida y Corrientes, pidiendo terminar con los manteros, porque no pagaban impuestos y era competencia desleal: según Vicente Lourenzo, vocero de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, un sábado los casi 700 manteros que hay desde Rivadavia hasta Santa Fe recaudaron 500 mil pesos.
La sesión maratónica del 8 de diciembre tuvo una mala y una buena para el bloque macrista. La mala, el proyecto que pretendía un registro de trapitos; la buena, la embestida contra los manteros: lograron impedir la existencia de vendedores en lugares fijos y suprimió la figura de venta de mera subsistencia. Como paliativo, legalizó 30 ferias para que los manteros trabajen en parques y plazas. Hoy los manteros de Florida se fueron de ahí, pero, a la vista, crecieron en otros barrios.
El Código Contravencional, aún antes de esta medida, prohibía la venta ambulante, con el artículo 83. El problema estaba donde el oficialismo puso el dedo: "No constituye contravención la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta de mera subsistencia". Mera subsistencia. ¿Cómo se medía? "Siempre se decía lo mismo: la falta de trabajo. Con el hecho de que lamentablemente les falte el trabajo deberíamos habilitar todos los espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a un abogado que no tiene dinero para tener su estudio, ¿le decimos instalate una carpa en la plaza San Martín?", ironiza Jorge Enríquez, ex subsecretario de Gobierno de De la Rúa en la ciudad. Adrián Camps, ex vicepresidente de la Comisión de Espacio Público de la Legislatura, habla de los clanes. "Están los artesanos (elaboran todo el producto), los manualistas (incorporan trabajo a algo elaborado, por ejemplo el tallador de mate) y los revendedores. Y están los que venden libros, considerados distintos a todos los demás. ¿La supervivencia?, era un tema de interpretación". Enríquez agrega: "Son escalas subjetivas, es un concepto muy elástico. Las mafias fraccionan los productos y simulan así una venta para mera subsistencia."
Según Garavano, "en la venta ambulante el problema central es que hay gente de bajos recursos cuya necesidad es utilizada y explotada por organizaciones que lucran -muchas veces con cobertura y amparo político-. Son poderosas, con cuadras asignadas e incluso dan teléfonos celulares a cada uno de los vendedores en la calle. En los últimos 4 años trabajamos sobre más de 100 casos de estas organizaciones clandestinas, realizando investigaciones que generalmente terminaron en allanamientos y otras medidas judiciales. Lo mismo ocurre con los cuidacoches que, amparados por este tipo de organizaciones, actúan en eventos masivos. Seguramente un ciudadano apremiado por razones económicas que intentara llevar a cabo estas acciones fracasaría si no contara con el respaldo de estos grupos vinculados a clubes de fútbol, fuerzas de seguridad y referentes políticos. Muchas de esas circunstancias han sido descubiertas en los procedimientos realizados por los fiscales de la ciudad, y como se trata de casos de corrupción en los que la justicia local aún no tiene competencia, fueron llevados ante los tribunales correspondientes".
En la vidriera
La falta de diálogo y la puja entre el gobierno local y nacional tocó su techo en diciembre de 2010. La toma del parque Indoamericano, que dejó tres muertos, planteaba un escenario apocalíptico, declaraciones confusas y un concurso de ampulosas y rápidas declaraciones y grandes fintas. Santilli espera que no haya otro Indoamericano: "Ojalá hayamos aprendido la lección horrible como sociedad. Yo lo vi de cerca, el conflicto nace de un grupo de personas con necesidades, y atrás se le sumó uno de gente con necesidades non sanctas, que era lotear y vender terrenos". Para Garavano, "fue un caso muy particular, en el que se mezclaron cuestiones de necesidad social con motivaciones políticas".
Un año después del conflicto, la jueza María Cristina Nazar se excusó de seguir en la causa, en noviembre pasado. Dijo que según su criterio no hubo delitos, sino un reclamo social. El expediente pasó al Juzgado Nº 14, a cargo de María López Iñíguez. El 6 de febrero el juez de instrucción Eliseo Otero sobreseyó a 33 policías de la Metropolitana, 11 de la Federal y a Nazar. Días más tarde el fiscal Sandro Abraldes apeló la resolución judicial. "Dos de los responsables serán juzgados próximamente y otros dos han arribado a acuerdos de colaboración con el gobierno de la ciudad en beneficio de la comunidad. Ello, sin considerar las trágicas muertes de inocentes y otros delitos graves que investiga la justicia nacional", comenta Garavano.
El Indoamericano puso en la mesa otra crisis, la habitacional. Cuántas casas hizo Macri, cuántas el gobierno nacional, fue otro partido. En la ciudad, según estadísticas oficiales, durante el año del conflicto (2010) hubo 961 usurpaciones, casi tres por día. Entonces el presupuesto del programa Atención para Familias en Situación de Calle era de 30 millones (en 2011 ascendió a 51). Según investigó Laura Rocha, periodista de La Nacion, un tercio de esos 30 millones se destinó a la atención de personas que presentaron amparos judiciales (el subsidio que reciben es por 10 meses, luego van a tribunales y piden la extensión del beneficio). Además del Indoamericano hubo otras tomas, como la del Club Alvariño en Lugano, y en marzo de 2011, el complejo del Bajo Flores (donde serían trasladados los vecinos de la ribera del Riachuelo); ahí Eugenio Burzaco pidió la intervención de la Federal para hacer el desalojo, ya que la ciudad no contaba con grupos especiales para esos operativos (ver Fuerzas especiales). El tema de las villas, la apertura de sus calles, es capítulo gigantesco aparte.
Dos bolsitas
En 2010 se decía que el relleno sanitario Norte III, en Camino de Buen Ayre, donde deposita la basura la ciudad, colapsaría este año. "Se está lanzando la licitación del Ecoparque. Se tratarán 600 toneladas de residuos orgánicos por día, 1000 de resto de obra y 1000 por mes de restos verdes; es el 30% de la basura que genera la ciudad", explica Santilli. Y agrega que con la nueva planta de tratamiento mecánico biológico, que recibirá 1000 toneladas por día, "los residuos que se destinen a los rellenos sanitarios disminuirán notablemente".
La basura es otro conflicto. Scioli pidió en la apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense que Macri se hiciera cargo de la de la ciudad en su territorio. Y hay versiones sobre un proyecto de ley -en etapa de redacción- que prohibiría el traslado de residuos de un distrito a otro del país: la ciudad no podría descargar en Norte III.
Lejos de cumplir con la ley basura cero, la situación alarmante hace que la separación en origen sea la salida; se apuesta a una ciudad llena de contenedores.
El pasado 13 de diciembre Macri y Santilli presentaron el nuevo sistema de contenedores de residuos diferenciados. La etapa inicial se hizo entre las calles Rivadavia, Entre Ríos, Belgrano y Lima. Según Santilli, en junio se cubrirá todo el microcentro y macrocentro (1400 cuadras). "El segundo semestre se incorporarán 2000 cuadras en la zona noroeste con contenedores plásticos de 1000 litros y hacia el último trimestre del año se continuará con la contenerización de carga lateral en Belgrano, Palermo, Flores y Caballito (3500 cuadras más)."
Lo que entra en juego, además de la educación y la información, más la buena cara de los porteños a separar secos de húmedos, es el amor-odio por los contenedores. Todos los queremos porque organizan y esconden la cochambre. Todos los odiamos porque ocupan ese espacio donde entra justo el auto. Las rueditas. ¡geniales para llevarlo hasta la otra esquina!
Otro dato: la figura de amenazas y hostigamiento crecen en las denuncias que llegan a la fiscalía. El perro del vecino que no calla, el vecino que no calla, la incapacidad de dialogar. Garavano resume: "Una de las razones por las que no podemos contar con un control adecuado del uso del espacio público es la falta de respuesta policial. Otro de los motivos es la imposibilidad de avanzar, desde la justicia local, con la investigación de los graves delitos existentes detrás de esas contravenciones. Por esa razón es fundamental seguir luchando por el traspaso policial y judicial, para prevenir y poder intervenir en la totalidad de los delitos que nos afectan".
La vida moderna es eso que empezó hace rato. Marshall Berman pensó en ella muchísimo en su libro Todo lo sólido se desvanece en el aire. En Las grandes urbes y la vida del espíritu, para Georg Simmel, los problemas más graves en la ciudad "manan de la pretensión del individuo de conservar la autonomía y peculiaridad de su existencia frente a la prepotencia de la sociedad, de lo históricamente heredado, de la cultura externa y de la técnica de la vida (.) El tipo del urbanita (que, naturalmente, se ve afectado por cientos de modificaciones individuales) se crea un órgano de defensa frente al desarraigo con el que le amenazan las corrientes y las discrepancias de su medio ambiente externo: en lugar de con el sentimiento, reacciona frente a estas en lo esencial con el entendimiento". Aparece la apatía y la antipatía como mecanismo de defensa. Cualquier semejanza con la realidad (o con su espejo) no es mera coincidencia.
LOS MAYORES PROBLEMAS
- Ocupación indebida de espacio público.
- Vandalismo: el año pasado se gastaron 14 millones de pesos en reparación de columnas de iluminación, césped, veredas, cestos de basura, bancos de plaza.
- Pegatinas ilegales: en 2011 se detectaron y multaron más de 13 mil carteles. A los avisos de prostitución y tarot se sumaron las campañas del año electoral. Solo entre enero y abril de 2012 los anuncios detectados y multados fueron 13.900 (el boom fue por culpa de la carrera del TC200 en el microcentro: más de 4 mil anuncios pegados sobre las vallas de cemento).
CONSTITUCION, COMO PALERMO
El Código Contravencional prohíbe el ejercicio de la prostitución en la vía pública a menos de 200 metros de viviendas, escuelas, templos y comercios. La deuda más grande es en Constitución. Garavano toma la experiencia de Palermo como inspiradora. "Se generó un equipo de trabajo con mesa de mediación múltiple con experiencia internacional y un fiscal de la zona. Hay un lugar que no produciría perjuicios. Se estuvo relevando un sector contiguo a la estación que cumplimente los requisitos de la cláusula transitoria de la ley 1472 (Código Contravencional). El objetivo primario es tener un diagnóstico de la situación para poder proponer, de ser posible, una zona roja en ese barrio que pueda ser consensuada con los trabajadores sexuales y los vecinos".FUERZAS ESPECIALES
La Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) nació en 2008. Las denuncias por desalojos violentos a personas en situación de calle y en viviendas ocupadas le firmaron el acta de defunción rápidamente, en 2009. Pero aún en 2011 hubo coletazos: en junio, Mauricio Macri fue indagado en la causa en la que se investigaba el accionar de la unidad. El 30 de diciembre, el jefe de gobierno porteño fue sobreseído por la jueza María Fontbona de Pombo. Pero el 27 de abril pasado la Cámara del Crimen anuló el fallo.El constitucionalista Andrés Gil Domínguez explica: "Para intervenir en conflictos sociales, el Estado debe contar con una fuerza especializada que lo haga de forma racional. La Federal y la Metropolitana no cuentan con dichas fuerzas, lo cual implica que quizá su intervención sea más gravosa que beneficiosa (en términos de derecho a la vida y protección de la integridad física de las personas) para la solución del conflicto".
El año pasado Garré ya hablaba de la creación de cuerpos policiales de pacificadores, similares a los vistos en Río de Janeiro, y aclaró que la Policía Federal tendría participación en "otros roles, de pacificación, de mediación para todo lo que es conflicto intravecinal, intrafamiliar". La nueva fuerza comenzaría a trabajar este año en las villas de la zona sur. El mes pasado la ministra asistió al cierre de curso de capacitación y formación de la Policía Vecinal. Son 500 efectivos. El objetivo es disminuir los niveles de conflictividad social y violencia.
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