vulnerarian la ley de publicidad
Nación licitó 88 carteles en la Ciudad y Macri solicitó la intervención de la Justicia
Por Euridice Ferrara
El negocio de la publicidad en la vía pública toma nuevo color y suma otra contienda. Mientras el Gobierno porteño ejerce una rigurosa acción para regularizar y limpiar la Ciudad de carteles publicitarios para cumplir con la Ley 2.936 de Publicidad Exterior, el Gobierno nacional le hace frente.
Recientemente, lanzaron una licitación pública nacional para concesionar espacios publicitarios en 88 lugares claves de la Ciudad, que son terrenos ferroviarios fiscales. El ministro de Espacio Público porteño, Juan Pablo Piccardo, solicitó la suspensión de la licitación por ser ilegal. Funcionarios de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), a cargo de los terrenos, afirmaron que “no hay marcha atrás, la apertura de las ofertas será el 19 de octubre”.
Avenida del Libertador del 100 al 300, bajo puente de Figueroa Alcorta, entre Dorrego y Sarmiento, y El Cano y Crámer, son algunos de los lugares ofertados para la exhibición de publicidad, cuyos pliegos fueron comprados por diez empresas. Llamativamente, entre las firmas que compraron los pliegos, figuran Grupo al Sur (creada por el secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur) y PC Publicidad, ambas ganadoras de la explotación del mobiliario urbano porteño.
PERFIL acccedió en exclusiva a los pliegos que establecen un canon base para los 88 espacios de 61.185 pesos mensuales. El que mejor oferte sobre esos valores acaparará la mayor tajada. Unas monedas, si se considera la opinión de especialistas, según los cuales uno de los espacios más costosos en publicidad (columnas de 100 m2) cuesta 5 mil pesos mensuales y las empresas publicitarias pueden ganar hasta 20 mil pesos por mes por su explotación.
La guerra. El 26 de agosto fue un día de reclamos. ADIF recibió copia de dos cartas del presidente de la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (APE), Jorge Brizuela, dirigidas al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Maci, manifestándose plenamente en contra de dicha licitación porque “el pliego viola la Ley 2936 ofreciendo espacios publicitarios en lugares prohibidos” y solicita “se arbitren los medios para anular la licitación”.
Ese mismo día, el ministro Piccardo dirigió una carta al presidente de ADIF, Juan Pablo Schiavi, comunicando igual posición y solicitando expresamente la suspensión de la concesión.
Ante una nueva consulta, el Gobierno porteño endureció su postura: “Solicitamos una medida cautelar en la Justicia para detener su accionar porque compromete la preservación del medio ambiente y la seguridad vial”.
Sin embargo, el vicepresidente de la entidad estatal, José Nicanor Villafañe, explicó al Gobierno porteño las razones por las cuales la licitación seguirá su curso: “Estamos a cargo de la explotación y la obtención de cánones por la utilización de la infraestructura ferroviaria”, y estableció que “los pliegos dejan en claro que es el concesionario quien debe gestionar las autorizaciones municipales, ADIF no tiene responsabilidad ante cualquier incumplimiento y no se puede interrumpir el pago del canon acordado ante la no obtención de la habilitación”
Nación licitó 88 carteles en la Ciudad y Macri solicitó la intervención de la Justicia
Por Euridice Ferrara
El negocio de la publicidad en la vía pública toma nuevo color y suma otra contienda. Mientras el Gobierno porteño ejerce una rigurosa acción para regularizar y limpiar la Ciudad de carteles publicitarios para cumplir con la Ley 2.936 de Publicidad Exterior, el Gobierno nacional le hace frente.
Recientemente, lanzaron una licitación pública nacional para concesionar espacios publicitarios en 88 lugares claves de la Ciudad, que son terrenos ferroviarios fiscales. El ministro de Espacio Público porteño, Juan Pablo Piccardo, solicitó la suspensión de la licitación por ser ilegal. Funcionarios de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), a cargo de los terrenos, afirmaron que “no hay marcha atrás, la apertura de las ofertas será el 19 de octubre”.
Avenida del Libertador del 100 al 300, bajo puente de Figueroa Alcorta, entre Dorrego y Sarmiento, y El Cano y Crámer, son algunos de los lugares ofertados para la exhibición de publicidad, cuyos pliegos fueron comprados por diez empresas. Llamativamente, entre las firmas que compraron los pliegos, figuran Grupo al Sur (creada por el secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur) y PC Publicidad, ambas ganadoras de la explotación del mobiliario urbano porteño.
PERFIL acccedió en exclusiva a los pliegos que establecen un canon base para los 88 espacios de 61.185 pesos mensuales. El que mejor oferte sobre esos valores acaparará la mayor tajada. Unas monedas, si se considera la opinión de especialistas, según los cuales uno de los espacios más costosos en publicidad (columnas de 100 m2) cuesta 5 mil pesos mensuales y las empresas publicitarias pueden ganar hasta 20 mil pesos por mes por su explotación.
La guerra. El 26 de agosto fue un día de reclamos. ADIF recibió copia de dos cartas del presidente de la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (APE), Jorge Brizuela, dirigidas al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Maci, manifestándose plenamente en contra de dicha licitación porque “el pliego viola la Ley 2936 ofreciendo espacios publicitarios en lugares prohibidos” y solicita “se arbitren los medios para anular la licitación”.
Ese mismo día, el ministro Piccardo dirigió una carta al presidente de ADIF, Juan Pablo Schiavi, comunicando igual posición y solicitando expresamente la suspensión de la concesión.
Ante una nueva consulta, el Gobierno porteño endureció su postura: “Solicitamos una medida cautelar en la Justicia para detener su accionar porque compromete la preservación del medio ambiente y la seguridad vial”.
Sin embargo, el vicepresidente de la entidad estatal, José Nicanor Villafañe, explicó al Gobierno porteño las razones por las cuales la licitación seguirá su curso: “Estamos a cargo de la explotación y la obtención de cánones por la utilización de la infraestructura ferroviaria”, y estableció que “los pliegos dejan en claro que es el concesionario quien debe gestionar las autorizaciones municipales, ADIF no tiene responsabilidad ante cualquier incumplimiento y no se puede interrumpir el pago del canon acordado ante la no obtención de la habilitación”
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