Open data, la utopía del Estado transparente

La tecnología permite hoy mostrar lo que por lo general los gobiernos prefieren ocultar; en esa premisa se apoya un movimiento que cobra fuerza a nivel internacional y que consiste en "abrir" la información pública para que la ciudadanía controle más de cerca al poder; los avances en el mundo y el incómodo lugar de la Argentina en esta arena

Por Lorena Oliva | LA NACION

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Foto: Ilustración: Martín Balcala

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Una cantera nueva para el periodismo

Todos los días, los ciudadanos españoles pueden acceder al boletín oficial, a la actividad de los ministros y hasta a la agenda del presidente a través del sitio www.datos.gob.es . Desde el portal de datos del gobierno norteamericano - www.data.gov - los ciudadanos de ese país pueden obtener información de lo más variada: desde los sueldos de los funcionarios hasta la evolución de las infecciones hospitalarias. El Estado inglés, en tanto, tiene aproximadamente 3200 bases de datos relacionados con su funcionamiento y ofrece a los ingleses unas cincuenta herramientas útiles -conocidas como aplicaciones- creadas con toda la información que publica en su portal, www.data.gov. uk .

¿Mero rejunte de datos? En absoluto. Estos casos son ejemplos de buenas prácticas en materia de transparencia gubernamental, algo que, en la era 2.0, potencia aquello de que el Estado puede y debe rendir cuentas a los ciudadanos por una razón muy simple: son ellos quienes, con el pago de sus impuestos, lo financian.
Ya decía Francis Bacon que la información es poder. Y lo que buscan los ejemplos antes citados -y otros tantos que empiezan a multiplicarse en el mundo- es, justamente, transferir ese poder del Estado al ciudadano.
La utopía, en todos los casos, es la misma: a caballo del desarrollo digital, propone pasar de simples modelos de gobierno electrónico a estructuras de gobierno abierto, en las que la información que el Estado va generando como producto de su funcionamiento deje de estar guardada bajo siete llaves y comience a estar disponible para todos.
Y no sólo aquella información relacionada con el clima, la cultura o el transporte sino - y sobre todo- la que tiene que ver con su financiamiento y el manejo de los recursos del Estado, ese resquicio por el que a menudo se cuela la arbitrariedad: desde las planillas de sueldos de los funcionarios, pasando por el detalle de lo que cada organismo paga por lo que se compra hasta, incluso, la posibilidad de cotejar el presupuesto aprobado con el ejecutado a partir de la publicación de ambos.
Detrás de esta utopía existe además un organismo internacional que se encarga de promover una mayor apertura por parte de los gobiernos, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), impulsada por EE.UU. y secundado por otros países que son referentes en sus propias regiones, como Brasil y el Reino Unido.
La existencia de la OGP es relativamente reciente -data de septiembre de 2011- y ya nuclea a casi 60 naciones que, al formar parte del organismo, se comprometieron a defender el valor de la apertura de datos no sólo como un mecanismo de participación ciudadana sino también como una herramienta efizaz de lucha contra la corrupción.
Es que no se trata únicamente de difundir la información relacionada con el funcionamiento estatal. Además de difundirla, los Estados tienen que abrirla, es decir, ponerla a disposición de los ciudadanos en los portales gubernamentales y en formatos simples, como archivos Excel, de manera que cualquiera que sepa manejar una computadora pueda acceder a ella e interpretarla.
Los beneficios son múltiples. Un Estado abierto, dispuesto a brindar toda la información relacionada con su funcionamiento, acorta sensiblemente la distancia con el ciudadano. Facilita el control social del gasto público y también simplifica la vida cotidiana, sobre todo en los gobiernos locales, en donde la generación de herramientas relacionadas con la vida cultural o el transporte público están a la orden del día.
Pero no siempre la información abierta y en estado puro es significativa para el ciudadano. Generalmente hacen falta figuras o mecanismos capaces de traducir, contextualizar o cruzar esa información con otros datos para volverlos productivos.
"Los datos abiertos de los Estados tienen varios destinatarios. El primero es el ciudadano que aporta con sus impuestos al erario público y tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero. El segundo: las ONG, capaces de ejercer un control social a partir de esos datos. También los contratistas del Estado, que pueden estar interesados en obtener información a la hora de concursar precios, y también la oposición. El tercero es el periodismo, que en algunos países se vuelve más relevante que en otros", puntualiza Sandra Crucianelli, periodista especializada en investigación y fellow de la Knight Foundation, que entre otras cosas promueve la innovación periodística.
"Si el rol de las ONG y de los ciudadanos en materia de control social se cumpliera -señala la especialista-, casi no haría falta el periodismo para este tipo de asuntos. Pero en países como el nuestro no hay una cultura de control social ni en los ciudadanos ni en las ONG, excepto el caso de algunas más ligadas a la transparencia. Y la oposición se ha vuelto un poco más proactiva en la materia en los últimos dos o tres años."
Los gobiernos también se ven beneficiados con la apertura de datos. El sólo ejercicio de ordenarlos y reformatearlos para volverlos accesibles implica un criterio de orden beneficioso para cualquier gestión. Algunos especialistas también señalan la ventaja de reducir el riesgo de pérdida de información cuando, por ejemplo, un funcionario abandona su cargo y se lleva consigo conocimientos o datos no documentados.

Información sensible

Esto no significa, claro está, que los gobiernos deban abrir toda su información. "En general se dice que los datos sensibles o privados no deben ser compartidos, pero los términos siguen siendo ambiguos. No obstante lo anterior, las restricciones deben ser siempre la excepción", sostiene Gastón Concha Fariña, ingeniero chileno especializado en gobierno electrónico y consultor internacional en la materia.
Concha Fariña es coautor de un paper titulado recientemente por la Cepal: "Datos abiertos: un nuevo desafío para los gobiernos de la región", en el que ofrece recomendaciones y analiza los primeros resultados en el mundo, contrastándolos con el escaso impacto en Latinoamérica.
"América latina tiene poco que decir en temas de apertura de datos. Esto es bastante obvio toda vez que la apertura de datos va muy relacionada con los modelos de madurez de gobierno electrónico y con la creación de leyes de transparencia y acceso a la información pública. (.)", indica el documento, en el que se destacan avances en Uruguay y Chile. Otras fuentes también reconocen el liderazgo de Brasil en el tema. De hecho, ese país fue sede de la segunda conferencia de la OGP, en abril del año pasado.
En el trabajo antes mencionado se puntualizan los ocho principios que deben regir cualquier modelo de apertura de datos. Se recomienda, entre otros puntos, abrir todos los datos públicos y no sólo los que la autoridad estime pertinentes; la publicación de los datos originales, sin procesamientos o formas agregadas, así como una actualización ágil de los datos, de manera que pueda preservarse su valor público.
"La sola apertura de datos claramente es insuficiente -admite el experto chileno-. Se requiere implementar a continuación una estrategia que incentive la participación e, incluso, en etapas más maduras, propiciar lo que se denomina el proceso de colaboración, donde el gobierno puede llegar a delegar la iniciativa y conducción de los proyectos en la ciudadanía misma."
Hace pocos días nuestro país se convirtió en miembro de la OGP. El organismo respondió de esta manera a la solicitud de participación firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, en octubre último. La aprobación se basó en las conclusiones de un comité de expertos que, al evaluar cuatro criterios de elegibilidad -acceso a la información, transparencia fiscal, publicidad y divultación de documentos relacionados con funcionarios públicos y compromiso con los ciudadanos-, le otorgó a la Argentina 13 puntos sobre un total de 16.
Con respecto al criterio de acceso a la información, tal vez el punto más espinoso para nuestro país, los especialistas otorgaron, sin embargo, 3 puntos sobre un total de 4, reconociendo que, pese a que el país no tiene ley de acceso a la información pública, existe un decreto -el 1172
03, firmado por Néstor Kirchner- que permite solicitar información al poder Ejecutivo y los organismos que dependen de él.
Aunque la aplicación y alcances de este decreto son cuestionados por las ONG especializadas en transparencia, lo cierto es que para que nuestro país se convierta en miembro pleno deberá presentar una estrategia en materia de apertura de datos hacia la segunda mitad de este año. LA NACION intentó sin éxito comunicarse con Mariano Greco, subsecretario de Tecnologías de Gestión de la Jefatura de Gabinete, el organismo que estaría a cargo del asunto.
"Hasta el momento, cada jurisdicción y cada oficina tiene su propio sitio web con sus propias características. No hay una política unificada. Algunos datos están visibles, otros están visibles pero desactualizados. También es frecuente que la información esté visible, como en el caso de la publicidad oficial, pero al estar como formato de imagen, no se puede extraer la información. Visible no es lo mismo que accesible", explica Crucianelli.
"La voluntad argentina de participar en la OGP extraña porque desde afuera no se observa un compromiso con la transparencia sino más bien dificultades. Tal vez haya detrás de esta actitud otros incentivos: se trata de una práctica impulsada por líderes de peso, como Barack Obama o Dilma Rousseff y no está bien visto quedarse afuera", arriesga Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.
En diálogo con LA NACION, Secchi recuerda que la OGP se apoya no sólo en el compromiso de los Estados, sino también en la capacidad de control de las organizaciones de la sociedad civil. "Las ONG son las que deben insistir para que los gobiernos cumplan con sus compromisos y son las encargadas de reportar a la OGP. El monitoreo social es fundamental, tanto por parte de los ciudadanos como de las ONG. Pero tiene que haber un claro acompañamiento del Poder Judicial para sancionar a quien incumpla", agrega.

Iniciativas aisladas

A pesar de que la performance nacional en materia de transparencia genera, hasta el momento, más dudas que certezas, comienzan a cobrar notoriedad algunas iniciativas interesantes aunque aisladas de apertura de datos en los sitios de algunas ciudades como Buenos Aires, Bahía Blanca o Jesús María. En el sitio de la Municipalidad de Jesús María, por ejemplo, están disponibles las planillas de sueldos de la planta permanente y de los funcionarios políticos hasta octubre de 2012.
"Las iniciativas de este tipo tienen más impacto a nivel hiperlocal porque te permiten estar más cerca del vecino. Por eso el tema prende más rápido en las ciudades, que empiezan a conectarse entre sí: una aplicación creada para una determinada ciudad puede adaptarse y ser útil para las demás", reconoce Rudi Borrman, director de Buenos Aires Data, el portal de datos abiertos de la ciudad de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Modernización del Gabinete, creado en diciembre de 2011.
"El concepto de apertura y democratización de la información está atacando a un montón de organizaciones diseñadas originalmente para ser cerradas, pero que ahora se van a tener que adaptar. Primero trabajamos con áreas que tenían una publicación de información frecuente, como puede ser la relacionada con información geográfica. Vamos trabajando área por área. Ésa es nuestra estrategia. Por el momento nos pasan información y nosotros la publicamos, pero esperamos que más adelante podamos crear valor con esa información", describe Borrman.
Todos los teóricos y especialistas coinciden en afirmar que este nuevo paradigma en el manejo de datos no sólo promueve democracias más transparentes sino también más participativas y colaborativas. Un modelo de madurez que se ha convertido en una meta mundial. Tanto que, como dijo Hillary Clinton hace muy poco, decir que un país es comunista o capitalista, o que pertenece a Oriente o a Occidente, es cosa del pasado. Hoy, lo que realmente importa saber es si es abierto o cerrado.

Iniciativa global

Más transparencia, más democracia
Nacida en septiembre de 2011, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP son sus siglas en inglés) es impulsada por los Estados Unidos y Brasil. Está formada por 58 países. Al promover una mayor transparencia, el organismose propone tanto luchar contra la corrupción mediante un mayor control social, como fomentar la democracia en el mundo.
BARACK OBAMA
Presidente de los EE.UU

• La apertura de datos gubernamentales fue una prioridad para Obama desde el inicio de su gestión.

• Entre los logros de su administración se puede mencionar un completo sitio de datos abiertos así como un apartado de datos en el portal de cada organismo gubernamental.

• El gobierno norteamericano tiene sitio en Internet desde 1999.

• "Buscamos promover una mayor divulgación de la información gubernamental. Capacitar a los ciudadanos sobre nuevas formas de participar en su democracia."

DILMA ROUSSEFF
Presidenta de Brasil

• El gobierno brasileño posee ley de transparencia desde fines de 2011.

• Desde que forma parte de la OGP, los especialistas remarcan importantes avances en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.

• Entre los diferentes tipos de datos abiertos en ese país, pueden consultarse las inversiones de cara al Mundial de Fútbol y las Olimpíadas.

• "La apertura de datos debe darse no sólo en el Ejecutivo sino también en el nivel judicial y el legislativo".

CLAVES PARA INTEGRAR LA OGP

• 4
  Criterios
  De elegibilidad deben reunir los miembros de la OGP. Acceso a la información, transparencia fiscal y compromiso con los ciudadanos, entre otros.

• 8
  Principios
  Rigen cualquier modelo de gobierno abierto. Entre ellos, la publicación de todos los datos en formatos libres de exclusividad.