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lunes, 26 de diciembre de 2011

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Lunes, 26 de diciembre de 2011

"Cablevisión vulnera el derecho de los usuarios"

Luis Lázaro, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuestionó duramente la posición dominante que logró el Grupo Clarín a partir de la fusión entre esa empresa, que fue intervenida el martes por la Justicia federal, y Multicanal.


Por Mariano Pistone
mpistone@diariouno.net.ar



“Cablevisión tiene el 60% del mercado en el interior del país, mientras que en otras plazas tiene hasta el 90% –en el caso de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, por ejemplo–. Así se vulnera el derecho de elegibilidad de los usuarios”. La frase corresponde a Luis Lázaro, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), quien salió de esa manera a cuestionar la posición dominante que logró el Grupo Clarín a partir de la fusión entre Cablevisión, intervenida el martes por la Justicia federal, y Multicanal.


El funcionario también recordó que la unión entre ambas empresas dejó en la calle a “centenares de trabajadores” y que los responsables del grupo empresarial “no tienen autoridad moral” para salir a hablar “ahora en defensa del empleo”. Ambas firmas deberán volver a ser independientes y el grupo empresarial advirtió de que muchas personas podrían perder su trabajo, algo que estaría lejos de suceder.


Por los consumidores
El accionar judicial llegó a partir de una denuncia de Supercanal (empresa subsidiaria de UNO Medios), a partir de la cual la Justicia entendió que esta empresa de Clarín realizó un abuso de posición dominante en el mercado. La competencia desleal practicada por Cablevisión no sólo afectó a Supercanal, sino también de igual manera a todas las otras operadoras de cable del país y, lo que es aún más importante, a los consumidores, a quienes se les vedó la posibilidad de elegir libremente.


Esto es así pues, según la denuncia realizada y la convalidación de la misma por parte de la Justicia federal, Cablevisión ejerció un abuso de su posición privilegiada en el mercado a través de la negativa de venta de productos, prácticas predatorias (conducta anticompetitiva a partir de la fijación de precios) en plazas en las que Supercanal compite con Cablevisión y la manipulación de la grilla de canales en beneficio de sus propias señales y en detrimento de las de la competencia. Todas estas maniobras violan, según la denuncia judicial, la ley Nº25.156 de Defensa a la Competencia.


Esta última forma de presión sobre sus competidores se vio evidenciada con las reiteradas negativas de la empresa al cumplimiento de una normativa oficial que obligó a todos los cableoperadores del país a reordenar la grilla de canales.


Por todo esto es que no cesan de surgir voces a favor de la medida judicial, ya sea de entidades de usuarios (quienes, entre otras cosas, han sufrido en varias oportunidades el aumento sin razón de la cuota del abono), de todos los otros operadores de TV paga del país, de varios sectores políticos y de la misma autoridad de aplicación de la ley de servicios audiovisuales.


Sin autoridad moral Cablevisión y Multicanal se fusionaron en 2006, esto le dio al Grupo Clarín el control casi absoluto del mercado, situación de la que el grupo empresarial sacó provecho ejerciendo presiones sobre la competencia para sacarla de carrera, según se desprende de la denuncia judicial. Ahora el multimedios, que en Mendoza es dueño de diario Los Andes, deberá separar ambas firmas, aunque plantea que esto dejaría a muchos trabajadores en la calle.


“No hay ninguna autoridad moral de estos grupos para hablar en defensa de los trabajadores”, sentenció al respecto el titular de AFSCA en declaraciones a radio Nihuil y remarcó que la posición dominante “vulnera el derecho de elegibilidad del usuario”.


Luego recordó algo que el grupo empresarial calla: “El mismo proceso de concentración dejó mucha gente en la calle; la fusión se hizo de hecho en nombre de la famosa si nergia empresarial, pero que dispuso la salida de centenares de trabajadores. Por esto no hay ninguna autoridad moral por parte de estos grupos empresariales para hablar en nombre de la defensa del empleo”.

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