Ciudades
carteles publicitarios
Polémica por la ubicación de los carteles publicitarios
Por Pablo Novillo
Una ley prohíbe ponerlos en terrenos ferroviarios. La norma, de 2009, impide que estén junto a las vías. Pero un organismo nacional otorgó permisos para colocar unos 300. Detrás de una dura pelea judicial y política, el desorden gana en las calles.
ANUNCIOS. LOS CARTELES EN LA VÍA PÚBLICA, UN NEGOCIO RENTABLE.
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La falta de una autonomía completa de la Ciudad sigue generando cruces entre el Gobierno porteño y el Estado nacional, por cuestiones que además involucran importantes negocios . Mientras la Ciudad prohibió la instalación de carteles publicitarios en terrenos ferroviarios, la Nación licitó y adjudicó decenas de pantallas para publicidad junto a las vías , y hasta consiguió un recurso judicial a su favor. En el medio, las empresas del sector se quejan de competencia desleal y crece la contaminación visual.
Todo comenzó en 2009, cuando entró en vigencia la ley N° 2.936, de Publicidad Exterior, una norma polémica que incluyó un veto parcial y varias negociaciones. La ley restringió fuertemente el espacio disponible para la publicidad callejera, y prohibió marquesinas y grandes carteles en avenidas y zonas estratégicas. Las cámaras de empresas del sector terminaron aceptando la regulación, a cambio por ejemplo de que les permitieran instalar pantallas LED en los alrededores del Obelisco y otras zonas. Y también, de que el Estado porteño se comprometiera a terminar con la cartelería trucha.
Esa ley prohíbe la colocación de carteles publicitarios junto a las vías del tren. Sin embargo, a poco de entrar en vigencia la norma, la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), que depende del Gobierno nacional, llamó a licitación para la colocación de unas 300 pantallas en los terraplenes y puentes ferroviarios, como los laterales de las vías de Retiro o el puente Pacífico, entre otros lugares.
En la licitación, la ADIF aclaraba que quien ganara el derecho de explotar cada cartel debía obtener el permiso de la municipalidad correspondiente, en este caso el Gobierno porteño. Sin embargo, muchas pantallas comenzaron a ser utilizadas sin autorización .
El Gobierno porteño logró sacar algunos carteles que estaban en el espacio público, por ejemplo bajo los puentes de los trenes. Así sucedió bajo el puente de Figueroa Alcorta a la altura del Velódromo, en la avenida Dorrego entre Libertador y Cerviño y en el viaducto Carranza, por ejemplo. Pero no pudo remover los que están en los playones del tren porque son terrenos federales , y el Estado nacional no le permitió actuar.
Además, en mayo el juez federal Juan Pablo Cayssials, le otorgó un recurso de amparo a la ADIF por el cual le prohibió a la Ciudad rechazar permisos o autorizaciones para la colocación de carteles en los terrenos ferroviarios. El juez tomó como válido el argumento de la ADIF: que los recursos que se obtienen por la explotación de los carteles publicitarios se reinvierten en mejoras para la infraestructura ferroviaria, por lo que, al prohibir ese tipo de publicidad, se terminaba afectando un interés público como es el ferrocarril.
Esta postura es rechazada por la Ciudad. Fuentes del Ministerio de Espacio Público explicaron: “¿Cómo se puede llamar a una licitación que va en contra de una ley? Aunque el fin sea bueno, no se puede. Es como si nosotros, para financiar la compra de insumos hospitalarios, autorizáramos carteles publicitarios en cualquier lado . Apelamos el amparo en julio, ahora esperamos la resolución de la Cámara”.
Para las empresas del sector que no participaron de la licitación de los carteles ferroviarios –porque éstos estaban en contra de la ley–, la situación actual supone una competencia desleal . Gustavo Brizuela, presidente de la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior, aseguró: “Nuestra organización siempre aceptó tener una actividad legalizada a través de los permisos que debe otorgar el Gobierno porteño. Todo dispositivo colocado de manera ilegal perjudica a la Ciudad e involucra a todas las empresas, ya que es imposible no involucrarlas si la Ciudad se ve desordenada. Cuando se llegó a un consenso por la ley 2.936 las empresas perdimos muchos metros cuadrados de espacios para publicidad. Simplemente pedimos que se respete lo que dice la norma”.
En el medio hay millones de pesos en disputa. Se calcula que este año la publicidad en la vía pública facturó unos $ 1.235 millones, de los cuales un 30%, unos $ 370 millones, se los llevó la publicidad fuera de regla.
Todo comenzó en 2009, cuando entró en vigencia la ley N° 2.936, de Publicidad Exterior, una norma polémica que incluyó un veto parcial y varias negociaciones. La ley restringió fuertemente el espacio disponible para la publicidad callejera, y prohibió marquesinas y grandes carteles en avenidas y zonas estratégicas. Las cámaras de empresas del sector terminaron aceptando la regulación, a cambio por ejemplo de que les permitieran instalar pantallas LED en los alrededores del Obelisco y otras zonas. Y también, de que el Estado porteño se comprometiera a terminar con la cartelería trucha.
Esa ley prohíbe la colocación de carteles publicitarios junto a las vías del tren. Sin embargo, a poco de entrar en vigencia la norma, la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), que depende del Gobierno nacional, llamó a licitación para la colocación de unas 300 pantallas en los terraplenes y puentes ferroviarios, como los laterales de las vías de Retiro o el puente Pacífico, entre otros lugares.
En la licitación, la ADIF aclaraba que quien ganara el derecho de explotar cada cartel debía obtener el permiso de la municipalidad correspondiente, en este caso el Gobierno porteño. Sin embargo, muchas pantallas comenzaron a ser utilizadas sin autorización .
El Gobierno porteño logró sacar algunos carteles que estaban en el espacio público, por ejemplo bajo los puentes de los trenes. Así sucedió bajo el puente de Figueroa Alcorta a la altura del Velódromo, en la avenida Dorrego entre Libertador y Cerviño y en el viaducto Carranza, por ejemplo. Pero no pudo remover los que están en los playones del tren porque son terrenos federales , y el Estado nacional no le permitió actuar.
Además, en mayo el juez federal Juan Pablo Cayssials, le otorgó un recurso de amparo a la ADIF por el cual le prohibió a la Ciudad rechazar permisos o autorizaciones para la colocación de carteles en los terrenos ferroviarios. El juez tomó como válido el argumento de la ADIF: que los recursos que se obtienen por la explotación de los carteles publicitarios se reinvierten en mejoras para la infraestructura ferroviaria, por lo que, al prohibir ese tipo de publicidad, se terminaba afectando un interés público como es el ferrocarril.
Esta postura es rechazada por la Ciudad. Fuentes del Ministerio de Espacio Público explicaron: “¿Cómo se puede llamar a una licitación que va en contra de una ley? Aunque el fin sea bueno, no se puede. Es como si nosotros, para financiar la compra de insumos hospitalarios, autorizáramos carteles publicitarios en cualquier lado . Apelamos el amparo en julio, ahora esperamos la resolución de la Cámara”.
Para las empresas del sector que no participaron de la licitación de los carteles ferroviarios –porque éstos estaban en contra de la ley–, la situación actual supone una competencia desleal . Gustavo Brizuela, presidente de la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior, aseguró: “Nuestra organización siempre aceptó tener una actividad legalizada a través de los permisos que debe otorgar el Gobierno porteño. Todo dispositivo colocado de manera ilegal perjudica a la Ciudad e involucra a todas las empresas, ya que es imposible no involucrarlas si la Ciudad se ve desordenada. Cuando se llegó a un consenso por la ley 2.936 las empresas perdimos muchos metros cuadrados de espacios para publicidad. Simplemente pedimos que se respete lo que dice la norma”.
En el medio hay millones de pesos en disputa. Se calcula que este año la publicidad en la vía pública facturó unos $ 1.235 millones, de los cuales un 30%, unos $ 370 millones, se los llevó la publicidad fuera de regla.
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