MEDIOS Y COMUNICACION
Políticas de comunicación
Washington Uranga señala que la ley forma parte de una
política de comunicación, pero no la agota, y recuerda también otros aspectos
para continuar trabajando en esa línea.
Los dos años que se han
cumplido desde la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
han servido para demostrar que, con voluntad política y herramientas de
gestión, se pueden vencer muchos obstáculos y resistencias. Aun los que
parecían más difíciles de sortear. En este mismo diario, Damián Loreti (“Ahora
dicen que la ley no se aplica”, 10-10-11) hizo un valioso repaso de los
importantes avances obtenidos en este tiempo y de los beneficios que ello
implica. En esta página, Carlos Valle destaca el valor de la ley como una
herramienta para la democracia, pero también deja en evidencia los problemas
que sigue enfrentando su instrumentación. Son todos aspectos complementarios de
una evaluación que es a todas luces positiva de un proceso de muchos años que
tuvo su columna vertebral en la movilización de comunicadores y organizaciones
sociales a favor del derecho a la comunicación y que alcanzó su punto de
inflexión a partir de la decisión política del gobierno de la presidenta
Cristina Fernández de impulsar la aprobación de la nueva norma respetando el
trabajo que se venía realizando en la materia. Perseverancia, militancia,
convicciones, decisión, audacia, derechos. Son todas palabras que pueden
acumularse a la hora de los primeros balances.
Al mismo tiempo, muchos de los pronósticos
catastróficos y pesimistas sobre las consecuencias de la aplicación de la ley
no encuentran hoy ningún dato cierto que los compruebe. No hay más periodistas
sin trabajo como consecuencia de la ley de SCA, no se cerraron productoras, no
se censura con los instrumentos que la ley ofrece. Lo contrario es más fácil de
demostrar: existen más oportunidades, se abren nuevas perspectivas y, sobre
todo, hay más alternativas de ejercer el derecho a la comunicación. Como bien
lo señala Carlos Valle, la ley de SCA es una herramienta de la democracia.
Pero en el campo de la comunicación y de
las políticas comunicacionales no está todo dicho en la Argentina. Es necesario
seguir trabajando para aprovechar todas las posibilidades que la ley ofrece,
transitar todas las sendas abiertas, mejorar en mucho los medios de
comunicación audiovisual. Porque, tal como lo señalamos al día siguiente de la
aprobación de la norma, la ley fue la culminación de un capítulo pero, lo más
importante, el comienzo de un camino que apenas se inicia. Sólo para mencionar
algunos temas: habrá que continuar con la asignación de más frecuencias de
radio y televisión, pero sobre todo seguir pensando en la producción de
contenidos; las universidades deberían tomar las riendas de la producción para
acelerar la operatoria con calidad de los canales de televisión que ya tienen
asignados; es necesario desarrollar nuevas ideas que integren
cultura-educación-comunicación como parte integral de las políticas públicas en
todos los niveles.
Siendo importante, la ley de SCA no agota
una política de comunicación. Como en cualquier otro aspecto de la convivencia
social que atañe a la calidad de vida de los ciudadanos (salud, educación,
ambiente, etc.), la comunicación requiere hoy en día de una política pública
que, promovida desde la gestión del Estado, impulse y garantice la vigencia de
los derechos –en particular del derecho a la comunicación– de todos los actores
y sectores. Los medios audiovisuales son una parte fundamental de la
comunicación, pero una política de comunicación debe ser más abarcativa y
atender a cuestiones tales como el acceso a la información, la promoción e
incentivo de los bienes y las industrias culturales y las garantías de una
auténtica comunicación de servicio público diferente y al margen de la
comunicación de gobierno.
Precisamente este último capítulo es uno
de los que más debates puede requerir. En principio, porque existe una larga
experiencia que ha confundido lo público con lo estatal y aún más, con lo
gubernamental. Es necesario que, como parte del proceso de democratización de
la comunicación, se tomen acuerdos políticos, sociales y culturales para
definir el sentido y las formas de la comunicación pública, de los medios
públicos distintos a los gubernamentales y a los comerciales. Son ámbitos y
actividades complementarias, de cuya suma sólo puede resultar una mejor
comunicación, más verdaderamente democrática, pluralista y diversa.
Más allá de los logros
que ya aportó la ley de SCA y de la consolidación que en sí misma significa
para el sistema democrático, el actual período electoral puede servir para
ahondar en el debate de ideas. Y seguramente, la gestión que se iniciará el 10
de diciembre podrá profundizar el rumbo en materia de políticas de comunicación
basadas en el derecho a la comunicación como derecho humano.
MEDIOS Y COMUNICACION
Herramienta de la democracia
Dos años se han cumplido desde la aprobación de la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual, después de largos debates y un
proceso de movilización social. Carlos Valle analiza lo actuado y destaca el
valor de la norma como herramienta de la democracia.
Dos años después de su
sanción la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Nº 26.522), aprobada
tras largas discusiones y acusaciones de todo tipo, sigue enfrentando
dificultades para su puesta en marcha.
Varios jueces se mostraron reacios a su
implementación total o parcial. Hay, al menos, uno que teniendo un concepto
bastante laxo de lo que es una “medida cautelar” sigue manteniendo en suspenso
un artículo clave para el desmantelamiento del oligopolio de medios y la
consiguiente puesta en marcha de una distribución democrática de las ondas
(Art. 161). La Corte Suprema se ha pronunciado en forma muy esquiva sobre el
tema, indicando que las medidas cautelares debieran durar un plazo razonable,
pero sin mencionar su duración. Joaquín Morales Solá ya pronosticaba: “A la futura
ley de medios audiovisuales le aguarda el fárrago lento y arduo de una compleja
gestión judicial. Será, al mismo tiempo, una ley fugaz; un próximo gobierno la
cambiará o hará una nueva” (La Nación, 4/10). Adrián Ventura extrema el
dramatismo: “La democracia se suicidó”. Con una lectura particular de la
historia concluye: “En 1989 se derrumbó el Muro de Berlín, en 2009, el Gobierno
y el Congreso, alegremente, construyeron el muro de la censura”.
Todas estas predicciones, que fueron
acompañadas por reiteradas acciones contra la ley, están demorando su plena
implementación. Con la instalación de la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual se tomaron varias medidas para implementar la ley,
pero sus resoluciones reglamentarias están enfrentando un fuerte rechazo o
simplemente son ignoradas.
Todavía sigue llamando la atención que una
ley de comunicaciones de la dictadura haya sobrevivido en la era democrática.
Pasaron más de 25 años y varios gobiernos elegidos por el pueblo. En estos años
se introdujeron algunas modificaciones que no han hecho más que incrementar la
concentración de los medios y limitar o impedir la participación de multitud de
voces de la sociedad. En estos años se elaboraron más de 75 proyectos de ley
que nunca fueron tratados por el Parlamento. Esto parece indicar que la
voluntad política ha estado sometida a los poderes empresariales que, desde
hace muchos años, quieren seguir marcando el paso del país.
Con la ley se han rescatado muchas de las
iniciativas elaboradas mayormente a partir de los aportes de muy variados
grupos sociales y políticos. Cuando la comunidad se reúne, reflexiona y piensa
como tal, surgen aportes y se abren caminos para que su voz sea escuchada en
los lugares de decisión. Los aportes y la dedicación de tantos grupos para que
la comunidad pueda tener acceso a la comunicación y para que la cultura que
crea el pueblo pueda compartirse no han sido en vano. La riqueza del diálogo y
el disenso posibilita la oportunidad de abrirse a nuevas propuestas y reconsiderar
las propias, conocer verdades ocultas o intereses particulares.
Las declamaciones en defensa de la
manoseada “libertad de prensa” de muchos medios podrían resumirse a “los
negocios no se tocan”. A pesar de este repiqueteo descalificador no pudieron impedir
que muchas otras voces comenzaran hacerse oír. Lejos se está de negar el
carácter comercial de buena parte de los emprendimientos de medios. Pero hay
dos cosas que no se pueden obviar. Una, que la comunicación de la comunidad no
puede reducirse a un negocio. El reduccionismo mercantilista de la comunicación
es una forma de establecer el poder totalitario del negocio. Dos, la
posibilidad del negocio de los medios tiene que tener un límite y una
orientación. El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y debe
ser regulado. Este es el camino para una verdadera democracia. Las dificultades
que sigue encontrando la ley para su implementación no han impedido que otras
voces se manifestaran. El halo de infalibilidad y autoridad que muchos medios y
periodistas ejercieron por muchos años se ha ido desmoronando.
¿De dónde ha venido esa arrogancia de los
medios para considerarse dueños indiscutibles de la verdad? Se podría pensar si
algo de esto no lo han heredado o tomado de los religiosos. La actitud
todopoderosa de los religiosos, en muchos momentos de la historia, definía los
límites entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo justo de lo
injusto. El poder que provee tener la información pone una distancia y un grado
de superioridad en la relación que inhibe toda crítica. Pero los tiempos de la
autoridad religiosa impositiva han terminado, la verdad no les pertenece. La
verdad se va creando en la verdadera comunicación sin ataduras de la comunidad
toda.
Nuestro país ha vivido muchos períodos de
oscuridad y opresión que han costado muchas vidas, impedido mucha creatividad,
producido mucho dolor. No se pueden plegar las banderas de la ciudadanía
responsable por el atropello de unos pocos que sólo tienen el argumento de su
fuerza y su poder económico. Hoy tenemos las herramientas para bregar por una
comunicación democrática que cree la comunidad solidaria.
* Comunicador social. Ex
presidente de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC).
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