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Denuncian irregularidades con la pauta

Apunta a la cúpula de la Secretaría de Comunicación Social. Se sospecha que sus funcionarios habrían beneficiado a empresas amigas desde 2008. Las explicaciones.

Por Lucas Morando

Mañana se sumará un nuevo capítulo vinculado a los presuntos manejos irregulares en la asignación y distribución de pauta oficial del Gobierno porteño, cuando se presente una denuncia penal en la Justicia contra la cúpula de la Secretaría de Comunicación Social (SCS) por administración infiel en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos. La denuncia, efectuada por la Coalición Cívica, apunta contra Gregorio Centurión y Rubén Héctor Azcárate, los dos responsables de planificar, ejecutar y vehiculizar la publicidad de la Ciudad.

Sucede que para la oposición, que desde hace meses analiza las asignaciones de publicidad, habría privilegios en la elección de las empresas a través de las cuales se canalizan los fondos oficiales. La más directa apunta a Rubén Azcárate, director de Planeamiento de Medios –que responde a Centurión, secretario de Comunicación e íntimo amigo de Macri– quien contrató en repetidas oportunidades a tres empresas con la que estuvo vinculado comercialmente. El caso más cuestionado es el de MediaStrategy SA, que recibió entre 2008 y 2010, $ 2 millones de pesos, según el propio Azcárate, y de la cual fue uno de sus directores hasta el 12 de diciembre de 2007, cuando presentó su renuncia. Si bien dos días después de que PRO asumió el gobierno, él presentó su dimisión, para la oposición –que presentará documentación que sustenta la denuncia– también es cuestionable la relación entre MediaStrategy SA, Devicom y Central Media SA, que también se dedican a rubros vinculados a la comercialización publicitaria y comparten las tres a los mismos socios del directorio (presidente y vice), además de la misma dirección, Córdoba 323, piso 3ro. Ambas empresas recibieron en el mismo período $ 1,9 millones y $ 8 millones respectivamente. La primera se enfoca en producir programas para periodistas y la segunda comercializa publicidad para terceros.

“Desde hace meses estudiamos los manejos con la publicidad oficial porque creemos que hay altas posibilidades de irregularidades, y encontramos que se beneficia a empresas amigas por el propio interés de los funcionarios”, adelanta Rocío Sánchez Andía, diputada porteña de la Coalición Cívica e integrante de la Comisión de Comunicación Social de la Legislatura, que vehiculizará la denuncia. “Además, vemos que hay una problema ético porque un funcionario no puede contratar a empresas en las cuales participó”, se quejó. “Me da la sensación de que ellos están usando los recursos públicos para recaudar para su bolsillo”, sostuvo.

La denuncia también afectará a Alejandra Suárez, asesora contable de la SCM, encargada de administrar los fondos de toda la dependencia, según el propio Gobierno. Su marido es el director comercial de Bernini Medios, empresa que se especializa en comercializar y ubicar pauta en medios del interior del país. La empresa, de un amigo personal de Azcárate –él mismo lo reconoce–, recibió $ 7 millones desde que comenzó la gestión.

Desmentida oficial. Los funcionarios involucrados en la denuncia explicaron a PERFIL que no se trata de beneficios a empresas cercanas, rige una selección totalmente legal en función de una compulsa de precios bimestral donde se contrata a la que mejor precio ofrece. Además, señalaron que dejarlas afuera sería un acto de “discriminación” que podría desencadenar acciones legales por parte de la empresa.

En otros casos, como el de Bernini o Devicom, explican que tienen la exclusividad con muchos medios del interior y de Capital. En el caso de la primera, dicen además que es la la única empresa que presta un servicio de ese tipo. Consultada al respecto, la compañía negó que la vinculación familiar con Suárez los haya beneficiado, pero reconocieron que al menos cuatro empresas prestan servicios similares.

A la denuncia de la CC, Hernán Charosky, director ejecutivo de Poder Ciudadano dijo: “Hay que investigar el posible favorecimiento de una empresa a la que pertenecía el funcionario en detrimento de las demás, eso involucraría un delito penal”. Recordó, además, que la Ley de Etica Pública impide que quien renuncia a una empresa para sumarse al Estado (en el plano nacional) pueda contratarla antes de que pasen tres años.

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Contratos para el guitarrista

Entre la documentación que se entregará con la denuncia penal contra los funcionarios de la Secretaría, figura una serie de órdenes de publicidad por unos $ 270.000 entre enero y abril de 2010 que beneficiarían al guitarrista de la banda de rock Horus, en la que el funcionario Rubén Azcárate es bajista.

El hombre contrató por ese valor a su colega para que realice diversos trabajos vinculados a la producción artística y multimedia (diseño gráfico de carteles y animaciones) para varias campañas del Gobierno de la Ciudad.

Consultado al respecto, Azcárate respondió que su guitarrista “cobra barato y trabaja bien” y que por eso decidió pedir sus servicios en reiteradas oportunidades, a pesar de poseer un vínculo personal.