MEDIOS Y COMUNICACION
Participación y comunicación
Para debatir sobre los temas de comunicación no es suficiente con la voluntad de hacerlo. Es necesario también desarrollar estrategias de información para que la ciudadanía cuente con los insumos necesarios para darle fundamento al diálogo colectivo. También para poder analizar cuáles son los aspectos vinculados con el derecho y con la participación ciudadana. Un aspecto específico es el relacionado con el mercado y el consumo de la música, que aquí comienza a plantearse.
Por Washington Uranga
La decisión gubernamental de habilitar el debate sobre el proyecto de ley de radiodifusión puede dar por sentado que se trata de una cuestión que la ciudadanía conoce y de la que puede apropiarse fácilmente. No es así. El hecho de que el tema haya sido escatimado voluntariamente y durante mucho tiempo de la agenda pública, sumado a la complejidad que agrega la aceleración tecnológica del mundo info-comunicacional, ha convertido a la ciudadanía en poco menos que iletrada en la materia. De allí que sea necesario reinstalar cuestiones tales como si estamos hablando de una ley de radiodifusión en términos estrictos, o de una norma que contemple la complejidad actual de los servicios de comunicación, de los cuales la radiodifusión es apenas una parte. Y clarificar cómo se conecta todo esto con una perspectiva de derechos y de construcción de ciudadanía y cuáles son los efectos sobre la vida cotidiana. Paradójicamente, no hay información sobre la comunicación, sobre sus implicancias y consecuencias, sobre la importancia del fenómeno en el espacio público, en la toma de decisiones, en el poder. Gran parte de los actores que hoy se mueven en el escenario social y la mayoría de los ciudadanos tienen visiones sumamente fragmentadas, cuando no estereotipadas, de lo que la comunicación significa y su nivel de incidencia en los procesos de desarrollo integral. La pregunta, en consecuencia, es si estamos realmente en condiciones de debatir sobre la comunicación. O mejor dicho, si no es necesario un proceso de “alfabetización” ciudadana sobre la comunicación que ayude a comprender los alcances, las dimensiones y las implicancias de lo que se está planteando.
Lo anterior también para que podamos rescatar la comunicación desde una perspectiva que la entienda como un derecho humano fundamental y que todo no quede limitado al debate sobre la distribución del espectro radiotelevisivo o sobre el sistema de propiedad de los medios. No porque estos y otros aspectos no sean importantes en sí mismos, sino porque lo que se acuerde sobre la comunicación tiene que cimentarse en la complejidad económica, política, cultural y tecnológica que presenta el tema y abrirse, al mismo tiempo, a la participación de todos los actores posibles.
Ampliar el espacio de participación popular en la comunicación es también incluir dentro del diseño de una política de comunicación del Estado un adecuado incentivo a la producción artística y cultural de raíz nacional, multiplicar la fuentes y las redes de información temáticas y de raíz local, promover las radios y las televisoras comunitarias, formar y adiestrar en el uso de las tecnologías de comunicación, entre otros tantos temas que se podrían mencionar.
Sería importante tener en cuenta que los medios comunitarios y locales, por la cercanía con la problemática y la vida cotidiana de los ciudadanos, tienen la potencialidad de ser sustentos valederos de una red ciudadana, espacio de construcción política, ámbito de reafirmación de la identidad. El ejercicio comunicacional es una práctica ciudadana para la que es necesario capacitarse. Tarea esta a la que hay que dedicar esfuerzos y recursos, algo que sólo se puede impulsar y garantizar desde el Estado. La participación popular en la comunicación es parte de una decisión política de construir ciudadanía, y si se entiende de esta manera no debería estar al margen de una estrategia política de cualquier gobierno, actuando de manera coordinada con organizaciones sociales experimentadas en la materia. Todo esto sin dejar de contemplar las aristas, las complejidades y también los escollos que ello representa. Si no se llega a este punto, seguiremos discutiendo normas aisladas, que pueden ser buenas en sí mismas, pero que estarán muy lejos de aportar realmente a la construcción de una nueva ciudadanía y de garantizar el derecho a la comunicación.
//

MEDIOS Y COMUNICACION
Legalidad, resistencia y ética
Para debatir sobre los temas de comunicación no es suficiente con la voluntad de hacerlo. Es necesario también desarrollar estrategias de información para que la ciudadanía cuente con los insumos necesarios para darle fundamento al diálogo colectivo. También para poder analizar cuáles son los aspectos vinculados con el derecho y con la participación ciudadana. Un aspecto específico es el relacionado con el mercado y el consumo de la música, que aquí comienza a plantearse.
Por George Yúdice *
A pesar de los vaticinios de la muerte de la industria de la música, en los cuales yo mismo he incurrido en varias publicaciones, sería más exacto caracterizar el estado actual del fenómeno musical como una encrucijada, un período de incertidumbre en el que los contornos del futuro sistema de circulación musical todavía no se vislumbran. Los ingresos de la industria de la música vienen cayendo, a la vez que aquellos que la escuchan (melómanos, usuarios, consumidores o como se quiera llamarles) adquieren fonogramas por intercambio de archivos en Internet o en los puestos de top manta. La industria responde con represalias legales, pero aun así no logra frenar toda la actividad que tiene lugar fuera de su control. Por otra parte, los músicos mismos vienen escapándose de las estructuras ya evidentemente caducas de la industria fonográfica. McCartney, Prince, Radiohead, Nine Inch Nails, Madonna, Bowie y un sinnúmero de músicos menos conocidos internacionalmente han buscado nuevos modelos de mercado y de circulación musical. Asimismo, han surgido miles de sitios donde se pueden conseguir fonogramas o intervenir en la creación de música en remixes y mashups, aproximando el usuario al músico, efecto que muchos celebran por su empoderamiento democratizante y otros descalifican como empobrecimiento artístico.
Aunque podría pensarse que las eventualidades empoderadora o empobrecedora son igualmente probables en este momento de flujo –o de liquidez al decir de Bauman–, la verdad es que no se dan en igualdad de condiciones. Si bien las diversas nuevas tecnologías de intercambio de archivos desafían a la industria en varios aspectos, ésta continúa teniendo el respaldo de la ley y de las fuerzas policiales. Podría decirse que se están perfilando nuevas políticas en torno de la ética del intercambio de archivos. Hace décadas nadie habría sido procesado por intercambiar LPs con sus amigos e inclusive con desconocidos en clubes y lugares de encuentro, como se hace en la economía del trueque. Hoy, más allá de la criminalización de canjeadores que lleva a cabo la industria fonográfica, una miríada de organizaciones y de individuos está buscando el término medio entre el derecho de los creadores a recibir una compensación por su trabajo y el derecho de la sociedad a bienes comunes o al patrimonio de la humanidad. Las primeras concesiones de derecho de autor y de copyright limitaron el monopolio de reproducción a 28 años, después de los cuales la obra entraba al dominio público. Además, se protegió a los consumidores prohibiendo que los editores controlaran el uso de obras después de su publicación. En los EE.UU. se limitó el copyright a 14 años, renovable por otros 14, período que se duplicó en 1909. Pero desde 1962 viene aumentando hasta alcanzar 95 años en 1998. Como explica Lessig en su libro Cultural libre (2005), no hay justificación constitucional para esa extensión, la cual refleja la tentativa de las empresas de establecer un monopolio sobre las obras que deberían entrar en el dominio público, aumentando así las ganancias.
La gran novedad en la actualidad es la creciente politización de ciudadanos de todos los países que se oponen a este empequeñecimiento del dominio público y más aún al resultado de las estrategias de blockbuster y marketing empleadas por los grandes sellos para reducir el riesgo de fracaso en el mercado. Ese resultado es la casi eliminación en la radio y la televisión de las obras producidas por pequeñas y medianas empresas y, por tanto, la mayor dificultad de sostener la diversidad musical en el mercado. Es justo por esta razón (apoyar el acceso a la diversidad de obras, sobre todo de regiones que no pueden competir en el mercado internacional) y por el deseo de los artistas, aun los más reconocidos, de ganar mayor control de la circulación de música y de las ganancias, que la industria fonográfica tendrá que cambiar, si quiere sobrevivir.
Podría decirse que las políticas de negocio de los grandes sellos han generado un gran movimiento social en torno de la propiedad intelectual, tema que hace un par de décadas no provocaba el interés de nadie. Pero más allá de los partidos y los movimientos sociales más o menos organizados, hay una marea de resistencia a obedecer las leyes que las mayorías creen injustas. En EE.UU., donde se supone hay el mayor seguimiento a las leyes, la mayoría de los estudiantes en todos los niveles consigue su música mediante el intercambio de archivos en Internet. Y ni hablar de los jóvenes en países en desarrollo.
Más que el precio, lo que se busca es ampliar la oferta, por una parte, y asegurar que el intercambio de música siga siendo uno de los fundamentos de la socialización o social networking. Para verificar la enorme diversidad de música, vinculada con la identidad de los internautas, basta entrar en los sitios de socialización como My Space o ver los videos que se suben a YouTube. Algunos críticos descartan este vínculo entre identidad individual o grupal y repertorios de música reduciéndolo a un mero consumo acrítico. Pero en los sitios de socialización hay debates en torno de la música desde una miríada de criterios, desde los tecnológicos a los estéticos. Lo que constatamos, pues, es una nueva alfabetización musical que enriquecerá la actividad creativa de los usuarios. Esta no es una revolución política ni una liberación social, pero sí es un reclamo al derecho a la creatividad.
* Profesor de la Universidad de Miami (la nota fue publicada originalmente en La Vanguardia, Barcelona).