tecnologia / lucha contra la pirateria
Piden cortar Internet a usuarios que abusen de descargas ilegales
Desde el sector privado impulsan que las autoridades locales implementen medidas de control como en Francia y Gran Bretaña. El debate llegó al Primer Foro de Piratería de los países del Mercosur.
Por Martina Rua
En el umbral del último mes de 2009, casi un sexto de la población mundial, unas mil millones de personas, se conectan con frecuencia a Internet. Este número, que promete seguir creciendo dispara varios cuestionamientos. Entre ellos, ¿cómo controlar la información que los usuarios manipulan? y ¿cómo regular la piratería y asegurar la calidad?
Las respuestas están en pañales, no sólo en Argentina sino también en la mayoría de las potencias mundiales que ensayan propuestas y prueban metodologías, aún lejos de encontrar un marco regulatorio claro.
Sobre estos temas habló PERFIL con expertos locales, en el marco del Foro sobre Piratería para los países del Mercosur, que se realizó entre jueves y viernes en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. En el país, prácticamente todos los contenidos que se descargan –en su mayoría películas, series y música– se hace de manera ilegal.
Voces. Para Javier Delupí, director de CAPIF, cámara que representa a la industria de la música local, uno de los principales temas a abordar es la búsqueda de consenso entre los distintos responsables del proceso. “Intentamos sin resultados positivos sentarnos a discutir cómo abordar esta temática con los proveedores de Internet, pero ellos deslindan responsabilidades. Debemos ir hacia regulaciones como la de Francia o Gran Bretaña, donde, tras reiterados avisos, se procede al corte del servicio de Internet”, dijo y aseguró que el 99% de las descargas musicales son pirateadas al igual que el 60% de los CD callejeros. Desde Capif impulsan esta medida, pero para que pueda ser efectiva se necesita apoyo gubernamental, algo que todavía no está en la agenda, se quejaron.
Otra visión aportó Antonio Millé, abogado especialista en propiedad intelectual, quien sostiene que los contenidos on line no son responsabilidad de los proveedores y apuntó a los sitios que facilitan la posibilidad de bajar contenidos de manera ilegal. “Culpar al ISP sería como penalizar al correo por el contenido de las cartas. En cambio, hay comunidades como Taringa que sirven de vidriera para descargas ilegales de todo tipo”, sostuvo Millé. Según él, un caso reciente se comprobó con la aparición on line de la película El secreto de sus ojos. “Desde el INCCA denunciaron que ese día se frenó la venta de entradas al cine para ese film”, ejemplificó.
Hernán Botbol, director de Taringa, desmintió la acusación: “Por el contrario, Taringa adhiere a la regulación estadounidense llamada Safe Harbour por la cual ante cualquier pedido de baja de un material por un usuario que demuestra su derecho intelectual procedemos de inmediato, y con muchos menos requerimientos que en los EE.UU.”.
Cultura. Millé además responsabilizó a los interesados y dijo que están paralizados y velando a una industria que no ha muerto: “Escucho muchas quejas, pero ninguna acción. Sólo desde el cine están empezando a combatir la piratería; el resto debería poner su energía en buscar formas de control”. Todos los entrevistados coinciden en una idea: no existen políticas públicas que marquen un juego claro. Millé, en sintonía con Delupí, también aconsejó el modelo de regulación francés, pero concluyó con escepticismo: “No podemos pretender que un país como el nuestro, donde está institucionalizada una feria como La Salada, tome acciones serias para paliar la piratería digital”.
Antecedentes en el mundo
Gran Bretaña, Irlanda y Francia son los únicos casos en el mundo donde los gobiernos optaron por una regulación que sanciona con el corte del servicio a los internautas que reincidan en la descarga de contenidos digitales, luego de reiterados avisos documentados.
Estas sanciones son aplicadas a través de un control compartido entre autoridades, empresas de Internet y compañías musicales o filmográficas que se ven afectadas por la violación de los derechos intelectuales. En el caso francés, el presidente Nicolás Sarkozy apoyó la medida argumentando que “no hay ninguna razón por la que Internet deba ser una zona sin ley
Piden cortar Internet a usuarios que abusen de descargas ilegales
Desde el sector privado impulsan que las autoridades locales implementen medidas de control como en Francia y Gran Bretaña. El debate llegó al Primer Foro de Piratería de los países del Mercosur.
Por Martina Rua
En el umbral del último mes de 2009, casi un sexto de la población mundial, unas mil millones de personas, se conectan con frecuencia a Internet. Este número, que promete seguir creciendo dispara varios cuestionamientos. Entre ellos, ¿cómo controlar la información que los usuarios manipulan? y ¿cómo regular la piratería y asegurar la calidad?
Las respuestas están en pañales, no sólo en Argentina sino también en la mayoría de las potencias mundiales que ensayan propuestas y prueban metodologías, aún lejos de encontrar un marco regulatorio claro.
Sobre estos temas habló PERFIL con expertos locales, en el marco del Foro sobre Piratería para los países del Mercosur, que se realizó entre jueves y viernes en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. En el país, prácticamente todos los contenidos que se descargan –en su mayoría películas, series y música– se hace de manera ilegal.
Voces. Para Javier Delupí, director de CAPIF, cámara que representa a la industria de la música local, uno de los principales temas a abordar es la búsqueda de consenso entre los distintos responsables del proceso. “Intentamos sin resultados positivos sentarnos a discutir cómo abordar esta temática con los proveedores de Internet, pero ellos deslindan responsabilidades. Debemos ir hacia regulaciones como la de Francia o Gran Bretaña, donde, tras reiterados avisos, se procede al corte del servicio de Internet”, dijo y aseguró que el 99% de las descargas musicales son pirateadas al igual que el 60% de los CD callejeros. Desde Capif impulsan esta medida, pero para que pueda ser efectiva se necesita apoyo gubernamental, algo que todavía no está en la agenda, se quejaron.
Otra visión aportó Antonio Millé, abogado especialista en propiedad intelectual, quien sostiene que los contenidos on line no son responsabilidad de los proveedores y apuntó a los sitios que facilitan la posibilidad de bajar contenidos de manera ilegal. “Culpar al ISP sería como penalizar al correo por el contenido de las cartas. En cambio, hay comunidades como Taringa que sirven de vidriera para descargas ilegales de todo tipo”, sostuvo Millé. Según él, un caso reciente se comprobó con la aparición on line de la película El secreto de sus ojos. “Desde el INCCA denunciaron que ese día se frenó la venta de entradas al cine para ese film”, ejemplificó.
Hernán Botbol, director de Taringa, desmintió la acusación: “Por el contrario, Taringa adhiere a la regulación estadounidense llamada Safe Harbour por la cual ante cualquier pedido de baja de un material por un usuario que demuestra su derecho intelectual procedemos de inmediato, y con muchos menos requerimientos que en los EE.UU.”.
Cultura. Millé además responsabilizó a los interesados y dijo que están paralizados y velando a una industria que no ha muerto: “Escucho muchas quejas, pero ninguna acción. Sólo desde el cine están empezando a combatir la piratería; el resto debería poner su energía en buscar formas de control”. Todos los entrevistados coinciden en una idea: no existen políticas públicas que marquen un juego claro. Millé, en sintonía con Delupí, también aconsejó el modelo de regulación francés, pero concluyó con escepticismo: “No podemos pretender que un país como el nuestro, donde está institucionalizada una feria como La Salada, tome acciones serias para paliar la piratería digital”.
Antecedentes en el mundo
Gran Bretaña, Irlanda y Francia son los únicos casos en el mundo donde los gobiernos optaron por una regulación que sanciona con el corte del servicio a los internautas que reincidan en la descarga de contenidos digitales, luego de reiterados avisos documentados.
Estas sanciones son aplicadas a través de un control compartido entre autoridades, empresas de Internet y compañías musicales o filmográficas que se ven afectadas por la violación de los derechos intelectuales. En el caso francés, el presidente Nicolás Sarkozy apoyó la medida argumentando que “no hay ninguna razón por la que Internet deba ser una zona sin ley
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