radiografía de la estrategia de los partidos para recaudar fondos
¿Sabe cómo se financia la campaña?
Desde el Frente para la Victoria y Unión-PRO no dan detalles de dónde obtienen el dinero. En el Acuerdo Cívico tomaron créditos personales.
Jesica Bossi
Parece tabú. La pregunta sobre cómo se recaudan los fondos para esta campaña incomoda a la mayoría de los candidatos y encargados de las finanzas partidarias. “Todavía está muy verde”, dijo a Crítica de la Argentina Carlos Machiaroli, el encargado financiero de la campaña del Frente para la Victoria bonaerense, en referencia a los fondos recaudados para la lista que encabezan Néstor Kirchner y Daniel Scioli. En el PJ, estiman que entre el 30 y el 40 por ciento de los gastos que tendrá en esta campaña estarán cubiertos por los fondos que aporta el Estado, y el resto saldrá –según dicen– “de la militancia, legisladores y funcionarios de alta responsabilidad”. Pero, por ahora, el proselitismo está sustentado por la labor de funcionarios y recursos públicos. Kirchner fue denunciado por usar avión y helicóptero oficiales y la Secretaría de Medios para difundir y organizar sus apariciones. “Para los actos chicos y las caminatas en el conurbano, aporta logística el municipio y algo de dinero PJ distrital”, sostiene un peronista que recauda desde hace años para las campañas bonaerenses. El ejemplo más descarnado de la confusión entre partido y Estado lo dio el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez. En la última liquidación de haberes retuvo el 2,5% de los salarios de los empleados públicos y lo destinó al Partido Justicialista. En el opositor Unión-PRO, la recaudación es una incógnita. “La campaña cuesta mucha plata y es toda, pero toda mía”, dijo Francisco de Narváez semanas atrás. De ser así, estaría violando la ley. La normativa establece que, en la provincia de Buenos Aires, las personas físicas pueden donar hasta $ 153.132 y las personas jurídicas hasta 306.264 pesos. Consultado por Crítica de la Argentina sobre las formas y números de lo recaudado por el candidato millonario, los voceros se limitaron a decir: “Tanto los partidos miembros de la Alianza como los distintos candidatos de las listas aportarán. Esperamos algunas donaciones de los principales candidatos, siempre respetando los límites legales”. La responsable financiera de la campaña es Soledad Waisman, de 29 años, secretaria del empresario. De Narváez es el candidato que más invirtió en publicidad. Desde enero del año pasado, cuando no hubo elecciones, hasta abril, hizo propaganda en vía pública en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano por 5.367.893 de pesos. Además, difundió spots televisivos antes del plazo permitido por la ley electoral. En el PRO de la Ciudad de Buenos Aires, toda la planta política del gobierno porteño –más de mil personas– aportó entre 50 y 200 pesos. El responsable económico es el ministro de Economía, Néstor Grindetti, quien se ocupa personalmente de llamar a algunos empresarios amigos para que hagan donaciones. Los más activos en la búsqueda de recursos son los referentes del Acuerdo Cívico y Social, un frente armado por la Coalición Cívica, la UCR y socialistas. Tienen un aceitado sistema para tomar créditos. Este año, la mayoría de los candidatos porteños pidió préstamos en el Banco Credicoop, justamente la entidad que maneja su rival en las elecciones, el kirchnerista Carlos Heller. Para la campaña porteña, legisladores y candidatos ya desembolsaron 382.800 pesos. Y en provincia, quince integrantes de la Coalición Cívica pusieron de su bolsillo 535.000 pesos. Además, el Acuerdo importó un recurso que hizo furor con Barack Obama en Estados Unidos. Hace dos meses habilitaron un sistema de donación por mensaje de texto por celular: “Futuro” al 50150.OPINIÓNDinero, política, control y transparenciaManuel Garrido (Director de Justicia y Transparencia de Cippec)Los límites que fija la ley a los partidos en materia de financiamiento y del gasto tienen como fin evitar la contaminación del proceso político con dinero proveniente de hechos de corrupción o bien prevenir abultadas deudas a particulares que se traduzcan en “favores” una vez que el candidato arribe a la función pública. También busca asegurar una competencia equitativa cuando establecen topes máximos de gastos. Estos límites, lógicamente, son ilusorios si no existen controles eficaces.Pese a los esfuerzos de la Cámara Nacional Electoral para sobreponerse a limitaciones presupuestarias, a la resistencia de los controlados y a trabas burocráticas de diversa naturaleza, es evidente la necesidad de un fortalecimiento de estos controles, que no deben limitarse a aspectos contables y que son muy dispares en las provincias argentinas.Es que pueden existir formas paralelas de gastar durante las campañas, eludiendo el monitoreo mediante la acción de fundaciones, facturación en negro, publicidad encubierta, desvío de dinero público y otras triquiñuelas semejantes. Sería deseable que estas auditorías fueran permanentes, con efecto preventivo, y no posteriores y aleatorias, como ocurre hasta ahora.La rendición de cuentas y su examen es el único medio idóneo para limitar los gastos excesivos y los fondos de origen ilegal. El cumplimiento de la ley y las rendiciones de cuentas claras no deberían ser un dato menor a la hora de votar.
¿Sabe cómo se financia la campaña?
Desde el Frente para la Victoria y Unión-PRO no dan detalles de dónde obtienen el dinero. En el Acuerdo Cívico tomaron créditos personales.
Jesica Bossi
Parece tabú. La pregunta sobre cómo se recaudan los fondos para esta campaña incomoda a la mayoría de los candidatos y encargados de las finanzas partidarias. “Todavía está muy verde”, dijo a Crítica de la Argentina Carlos Machiaroli, el encargado financiero de la campaña del Frente para la Victoria bonaerense, en referencia a los fondos recaudados para la lista que encabezan Néstor Kirchner y Daniel Scioli. En el PJ, estiman que entre el 30 y el 40 por ciento de los gastos que tendrá en esta campaña estarán cubiertos por los fondos que aporta el Estado, y el resto saldrá –según dicen– “de la militancia, legisladores y funcionarios de alta responsabilidad”. Pero, por ahora, el proselitismo está sustentado por la labor de funcionarios y recursos públicos. Kirchner fue denunciado por usar avión y helicóptero oficiales y la Secretaría de Medios para difundir y organizar sus apariciones. “Para los actos chicos y las caminatas en el conurbano, aporta logística el municipio y algo de dinero PJ distrital”, sostiene un peronista que recauda desde hace años para las campañas bonaerenses. El ejemplo más descarnado de la confusión entre partido y Estado lo dio el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez. En la última liquidación de haberes retuvo el 2,5% de los salarios de los empleados públicos y lo destinó al Partido Justicialista. En el opositor Unión-PRO, la recaudación es una incógnita. “La campaña cuesta mucha plata y es toda, pero toda mía”, dijo Francisco de Narváez semanas atrás. De ser así, estaría violando la ley. La normativa establece que, en la provincia de Buenos Aires, las personas físicas pueden donar hasta $ 153.132 y las personas jurídicas hasta 306.264 pesos. Consultado por Crítica de la Argentina sobre las formas y números de lo recaudado por el candidato millonario, los voceros se limitaron a decir: “Tanto los partidos miembros de la Alianza como los distintos candidatos de las listas aportarán. Esperamos algunas donaciones de los principales candidatos, siempre respetando los límites legales”. La responsable financiera de la campaña es Soledad Waisman, de 29 años, secretaria del empresario. De Narváez es el candidato que más invirtió en publicidad. Desde enero del año pasado, cuando no hubo elecciones, hasta abril, hizo propaganda en vía pública en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano por 5.367.893 de pesos. Además, difundió spots televisivos antes del plazo permitido por la ley electoral. En el PRO de la Ciudad de Buenos Aires, toda la planta política del gobierno porteño –más de mil personas– aportó entre 50 y 200 pesos. El responsable económico es el ministro de Economía, Néstor Grindetti, quien se ocupa personalmente de llamar a algunos empresarios amigos para que hagan donaciones. Los más activos en la búsqueda de recursos son los referentes del Acuerdo Cívico y Social, un frente armado por la Coalición Cívica, la UCR y socialistas. Tienen un aceitado sistema para tomar créditos. Este año, la mayoría de los candidatos porteños pidió préstamos en el Banco Credicoop, justamente la entidad que maneja su rival en las elecciones, el kirchnerista Carlos Heller. Para la campaña porteña, legisladores y candidatos ya desembolsaron 382.800 pesos. Y en provincia, quince integrantes de la Coalición Cívica pusieron de su bolsillo 535.000 pesos. Además, el Acuerdo importó un recurso que hizo furor con Barack Obama en Estados Unidos. Hace dos meses habilitaron un sistema de donación por mensaje de texto por celular: “Futuro” al 50150.OPINIÓNDinero, política, control y transparenciaManuel Garrido (Director de Justicia y Transparencia de Cippec)Los límites que fija la ley a los partidos en materia de financiamiento y del gasto tienen como fin evitar la contaminación del proceso político con dinero proveniente de hechos de corrupción o bien prevenir abultadas deudas a particulares que se traduzcan en “favores” una vez que el candidato arribe a la función pública. También busca asegurar una competencia equitativa cuando establecen topes máximos de gastos. Estos límites, lógicamente, son ilusorios si no existen controles eficaces.Pese a los esfuerzos de la Cámara Nacional Electoral para sobreponerse a limitaciones presupuestarias, a la resistencia de los controlados y a trabas burocráticas de diversa naturaleza, es evidente la necesidad de un fortalecimiento de estos controles, que no deben limitarse a aspectos contables y que son muy dispares en las provincias argentinas.Es que pueden existir formas paralelas de gastar durante las campañas, eludiendo el monitoreo mediante la acción de fundaciones, facturación en negro, publicidad encubierta, desvío de dinero público y otras triquiñuelas semejantes. Sería deseable que estas auditorías fueran permanentes, con efecto preventivo, y no posteriores y aleatorias, como ocurre hasta ahora.La rendición de cuentas y su examen es el único medio idóneo para limitar los gastos excesivos y los fondos de origen ilegal. El cumplimiento de la ley y las rendiciones de cuentas claras no deberían ser un dato menor a la hora de votar.
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