› MEDIOS Y COMUNICACION
Las nuevas disputas culturales
Anna Valeria Prato y María Soledad
Segura presentan un escenario de nuevas disputas culturales habilitadas a
partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que apuntan a
reconfigurar el sistema mediático a partir de la movilización social y de nuevas
estrategias del Estado.
Desde Córdoba
La Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual (LSCA) no sólo sentó bases más democráticas para
reconfigurar el sistema mediático, sino que su debate público colocó los
derechos a la comunicación y a la cultura en un lugar central en la agenda
social y gubernamental. Esto amplió las oportunidades políticas para que se
conformaran y fortalecieran organizaciones sociales de otros sectores de la
comunicación (como los gráficos e Internet) y de la cultura (músicos,
bailarines, productores culturales comunitarios). La inédita participación
social y los altos niveles de incidencia que la Coalición por una Radiodifusión
Democrática logró tener en las políticas de comunicación del país de los
últimos cinco años constituyeron fuente de inspiración para nuevos colectivos,
que impulsan cambios en las reglas de juego de otras áreas de la producción
cultural.
En particular, la
LSCA estableció cuotas de música nacional e independiente a ser programada por
las radios y destinó un porcentaje de la recaudación de la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual al Instituto Nacional de Música. Esto fue
un logro de la Federación Argentina de Músicos Independientes y la Federación
Independiente de Músicos de la Argentina, que se habían conformado en 2008 y
que luego impulsaron la Ley de la Música, aprobada en 2013. Su proyecto había
sido presentado en 2012 por el diputado del Frente para la Victoria Eric
Calcagno.
En 2010 se reunió el
Colectivo Pueblo Hace Cultura, y en 2012 promovió el proyecto de Ley de Apoyo a
la Cultura Comunitaria, Autogestiva e Independiente. Este proyecto, luego de
perder estado parlamentario, fue presentado nuevamente en 2013 por el diputado
de Unidad Popular Claudio Lozano. Por su parte, la Asociación de Revistas
Culturales Independientes de Argentina se constituyó en 2012 y presentó el
proyecto de Ley de Promoción de la Producción Independiente y Autogestiva de
Comunicación Cultural por Medios Gráficos y de Internet a través del diputado
del Frente para la Victoria Jorge Rivas. En tanto, el pasado 29 de abril, el
Movimiento por la Ley de Danza, que integra experiencias que se desarrollan
desde 2008, volvió a presentar –después de que perdiera estado parlamentario–
el proyecto de Ley de Danza, con el apoyo de diversos bloques.
Todas estas propuestas
se basan en el paradigma de la comunicación y la cultura como derechos humanos,
y como condición para la democracia y el desarrollo de los pueblos en el que se
funda la LSCA, y se colocan en las antípodas del modelo mercantil de bienes y
servicios culturales. Desde esta perspectiva se busca garantizar el acceso y la
participación de actores que ocupan una posición marginal en la producción
cultural: social-comunitarios, autogestivos, independientes, sin fines de
lucro. Esta concepción implica también reivindicar el rol activo del Estado
como garante de ese derecho para todos y todas y la consecuente necesidad de
que fomente estas expresiones.
No obstante, lo
novedoso no es sólo el fundamento de las propuestas, sino también sus procesos
de construcción. Los debates y las definiciones de estos proyectos de ley se
realizaron con amplia participación y movilización social en casi todo el país.
Esto conllevó necesarios cambios de roles tanto en el Estado como en la
sociedad civil y la puesta en juego de nuevos sentidos sobre lo estatal, lo
público y lo común. Estas organizaciones sociales procuran pasar de la
desconfianza al Estado y la resistencia a sus políticas, a la propuesta, la
negociación y los intentos de incidencia. Por su parte, agentes estatales ensayan
nuevos modos de relacionarse con estos colectivos sociales: de la estrategia de
cooptación mediante el financiamiento y de imposición de decisiones a la
consulta, la apertura y la cooperación. Estos avances, sin embargo, no están
exentos de conflictos, rupturas y retrocesos.
* Licenciada en
Psicología. Maestranda en Investigación e Intervención Psico-social de la UNC.
Integrante de la Red de Productores Culturales de Sierras Chicas-Córdoba.
** Doctora en
Ciencias Sociales. Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea. Docente de
la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC e investigadora asistente
del Conicet.
MEDIOS Y COMUNICACION
Fútbol, contenidos y derechos
audiovisuales
Tomando en cuenta los anuncios sobre
transmisiones del Campeonato Mundial de Fútbol y el aporte de la Televisión
Digital Abierta, Diego Rossi subraya la importancia de lo hecho y reclama
nuevas políticas de Estado para garantizar la eficacia de la inversión en la
materia.
Por Diego Rossi *
La transmisión del Campeonato Mundial
de Fútbol 2014 retoma desafíos para una política pública del audiovisual que
garantiza acceso, gratuidad y alta definición en casi todo el país, mientras
ocho de cada diez hogares pagan TV por cable o satelital.
La información
oficial indica que “Fútbol para Todos será el único medio de la televisión
abierta argentina que transmitirá todos los partidos de la próxima Copa del
Mundo, y los mismos podrán disfrutarse, gratuitamente y en alta definición, a
través de las pantallas de la TV Pública y DeporTV, señales 23.02 y 24.01 de la
TDA”, ya sea en directo o en diferido.
Catalizador de
nuestras pasiones por excelencia, el fútbol es una “actividad de interés
relevante”, según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y recibe la
inversión de recursos públicos para facilitar su recepción gratuita por
diversos soportes.
Dado que un 82 por
ciento de los hogares son abonados a la TV por suscripción y que la mayoría se
ha demostrado favorable a la estatización del Fútbol para Todos, asumimos que
en términos generales al Estado se le agradece haber librado a los argentinos
de la mensualidad premium o pay-per-view del fútbol, aunque eso no conlleve
cortar con el abono básico.
¿Quiénes deberían
pagar para ver TV?
El Estado viene
realizando inéditos esfuerzos para el acceso ciudadano y la diversificación de
contenidos (series de ficción, películas, documentales, producciones con visión
federal y otros materiales que no lograron llegar a pantallas masivas).
Mientras algunos se
apresuran a declarar la debacle de la Televisión Digital Abierta (TDA), recién
se cumplen cuatro años de su comienzo, y sabemos que el pasaje de analógico a
digital en la TV de cualquier país tiene plazos no menores a ocho o diez años.
Convergen varias
cuestiones: en primer lugar, la dependencia estructural basada en las redes de
TV con centro en Buenos Aires, que condenaban a “los del interior” a ver uno o
dos canales, con producciones de Capital transmitidas en diferido.
En tal sentido, el
lugar configurado para el espectador-consumidor ante la oferta audiovisual ha
sido tanto o más cultural que el atesoramiento de ahorros en dólares.
Desde 2010, la TDA
desarrolló rápidamente antenas e infraestructura para cubrir hoy al 85 por
ciento del territorio y más del 90 por ciento de la población, junto a nuevas
señales. Pero la difusión de la TDA con criterio de política social (reparto
gratuito de 1.500.000 decodificadores a sectores vulnerables y entidades
sociales, instalación de antenas, etc.) confundió en su validación el criterio
de accesibilidad con el efectivo uso de los dispositivos, los contenidos y el
recambio de televisores. Ciertas formas clientelares de distribución de los
“decos” y algunos fallos técnicos de recepción son factores que inciden en los
presumibles bajos índices de audiencia, como también el ninguneo de los medios
dominantes a las nuevas señales y a la TDA en general.
Quizá fueron
subestimados los hábitos culturales que naturalizaron el pagar-abono-para-ver,
especialmente con un modelo de inclusión económica que permite a vastos
sectores destinar sin dudar más de 200 pesos mensuales para cubrir sus
“necesidades básicas de consumo audiovisual”, TN y Tinelli incluidos.
Ahora, frente a la
convergencia de servicios, personas de todas las edades también eligen
contenidos a través de conexiones a Internet: ya sean servicios de pago como
Netflix o Spotify, pero también YouTube, los sitios por fuera de los derechos
de propiedad intelectual, y los programas desenganchados de la grilla de las
pantallas.
Es bueno que se
garantice la visualización del Mundial en forma gratuita a través de la TDA.
También resulta
necesario consagrar jurídicamente los principios de neutralidad de la red, para
la circulación de una producción diversa y plural y el acceso digital con
equidad.
Pero sobre todo,
aplicar políticas de Estado para evitar oligopolios que cambian de formas y se
suceden unos a otros. El audiovisual como verdadera industria demanda la
identificación y regulación de excedentes extraordinarios en la cadena de valor
(hoy son “los exhibidores que se la llevan”, a costa de las inversiones
públicas o de quienes invierten en el desarrollo de contenidos y/o redes de
comunicación).
Actualizar las formas
de subsidiar y garantizar programas nacionales por muchos años más será el
mejor de los esfuerzos para desterrar el derrame de las soluciones del mercado,
en pos de una redistribución inteligente y eficiente de los recursos que genera
y banca la sociedad argentina toda.
*
Docente-investigador, Facultad de Ciencias Sociales UBA. @diegodrossi
No hay comentarios:
Publicar un comentario