PEÑA NIETO IMPULSA UNA REFORMA EN MATERIA DE
TELECOMUNICACIONES
Ley de medios a la mexicana
La iniciativa toca directamente los intereses de los principales
monopolios de televisión y telefonía, pero también deja abierta la posibilidad
de intromisión gubernamental en los contenidos difundidos por los medios.
Por Gerardo Albarrán
de Alba
Desde México
DF
Entre la sorpresa de algunos críticos y la desconfianza que
prevalece no sólo entre los jóvenes del movimiento #YoSoy132 sino del principal
órgano empresarial del país, Enrique Peña Nieto dio un nuevo golpe efectista
para reafirmar su legitimidad como presidente de México mediante una iniciativa
de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones negociada con el PRI,
el PAN y el PRD, la cual aborda algunos pendientes históricos en la
democratización de los medios y toca directamente los intereses de los
principales monopolios nacionales de televisión y telefonía, pero también deja
abierta la posibilidad de intromisión gubernamental en los contenidos difundidos
por los medios.
Para algunos observadores, esta reforma implica que Peña Nieto busca sacudirse la influencia de Televisa, a la que se atribuye la construcción política del actual presidente, y también un freno a las ambiciones de Carlos Slim, quien domina la telefonía y la conexión a Internet en el país.
Por lo pronto, la primera reacción de Televisa, controlada por Emilio Azcárraga Jean, y de Telmex, la empresa insignia de Slim, fue de aceptación de la iniciativa de reforma de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual gira en torno de cinco ejes: reconocer el derecho al acceso a las tecnologías de la información; considerar a las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general; la creación de órganos reguladores autónomos, así como de tribunales especializados, y nuevas atribuciones gubernamentales en materia de concesiones de radio y televisión.
Además abre hasta el 49 por ciento a la participación de la inversión extranjera en radio y televisión, hasta ahora reservados para mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, y hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones. Ambas propuestas pretenden facilitar la culminación de la transición digital terrestre a más tardar el 31 de diciembre de 2015.
A punto de ser discutida y aprobada en la Cámara de Diputados, como primer paso del largo proceso que representa una reforma constitucional, la iniciativa pretende retomar la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, que es propiedad de la nación, mediante la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sería un órgano autónomo del gobierno para sustituir a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes y que históricamente ha sido utilizada discrecionalmente por los presidentes para presionar a los dueños de las televisoras y las estaciones de radio.
Los críticos reconocen que, pese a que tiene omisiones, contradicciones y ambigüedades, la propuesta de Peña Nieto, avalada por la oposición en el llamado Pacto por México, también representa un gran avance.
Destaca en la iniciativa la prohibición para la “transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”, una práctica común durante procesos electorales mediante la venta de notas o entrevistas a candidatos y partidos políticos, con pagos subrepticios. También se establece la obligatoriedad de “regular el derecho de réplica”, algo que no ocurre en radio y televisión.
La reforma pasa también por la digitalización de la radio y la multiprogramación, que abarca tanto radio como televisión, así como reconocer como derecho humano el acceso a la banda ancha de Internet.
En materia de competencia se abre la posibilidad de que Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, pueda entrar al negocio de la televisión restringida, algo que la administración de Felipe Calderón le negó mediante la interpretación torcida de instrumentos jurídicos, plegándose así a los deseos de Emilio Azcárraga Jean, el dueño de Televisa, que hasta ahora había logrado bloquear todo intento de competencia. De hecho, la iniciativa propone hasta dos nuevas cadenas de televisión abierta, lo que rompería el duopolio que representan Televisa y Televisión Azteca, las dos empresas que juntas controlan los principales siete canales del país.
Fuera de México, la reforma propuesta por Peña Nieto fue alabada por Financial Times, The Wall Street Journal y The Economist. El semanario estadounidense le atribuyó la intención de eliminar los bloqueos monopólicos en el sector de la telefonía, Internet y de la televisión, afectando los intereses de Azcárraga y de Slim. Por lo pronto, las acciones de Televisa y de Telmex en la Bolsa Mexicana de Valores e incluso en la Bolsa de Nueva York sufrieron considerables pérdidas la semana pasada, tras conocerse el contenido de la reforma.
Una preocupación es un añadido constitucional al artículo 6, que da al Estado la facultad de tutelar “la pluralidad y la veracidad de la información” que se difunde por medios de radiodifusión. Esto abriría las puertas para que el gobierno se erija como censor. Sin embargo, el artículo 7 de la Constitución considera “inviolable” la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio y prohíbe los controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, infraestructura y tecnologías de la información y comunicación.
El Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa a las principales empresas del país, celebró la iniciativa de reforma, pero advirtió los riesgos en materia de regulación de contenidos y los consecuentes excesos que podrían limitar la libertad de expresión en México. Por lo mismo, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios expresó su preocupación porque el nuevo órgano regulador propuesto se convierta en juez y parte, lo que tal vez desincentive la inversión privada en el sector de telecomunicaciones.
Paradójicamente, la desconfianza empresarial se empata con el rechazo del movimiento #YoSoy132, que reclamó la inclusión de las propuestas ciudadanas para validar la iniciativa de Peña Nieto, en tanto que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, junto con más de 200 organizaciones civiles y cientos de personalidades públicas, lanzó una campaña pública para presionar a los legisladores y que éstos aprueben una reforma que signifique una verdadera democratización del sistema de medios que garantice la competencia y el derecho a la información de la sociedad mexicana y no sea una mera operación de gatopardismo.
Para algunos observadores, esta reforma implica que Peña Nieto busca sacudirse la influencia de Televisa, a la que se atribuye la construcción política del actual presidente, y también un freno a las ambiciones de Carlos Slim, quien domina la telefonía y la conexión a Internet en el país.
Por lo pronto, la primera reacción de Televisa, controlada por Emilio Azcárraga Jean, y de Telmex, la empresa insignia de Slim, fue de aceptación de la iniciativa de reforma de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual gira en torno de cinco ejes: reconocer el derecho al acceso a las tecnologías de la información; considerar a las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general; la creación de órganos reguladores autónomos, así como de tribunales especializados, y nuevas atribuciones gubernamentales en materia de concesiones de radio y televisión.
Además abre hasta el 49 por ciento a la participación de la inversión extranjera en radio y televisión, hasta ahora reservados para mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, y hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones. Ambas propuestas pretenden facilitar la culminación de la transición digital terrestre a más tardar el 31 de diciembre de 2015.
A punto de ser discutida y aprobada en la Cámara de Diputados, como primer paso del largo proceso que representa una reforma constitucional, la iniciativa pretende retomar la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, que es propiedad de la nación, mediante la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sería un órgano autónomo del gobierno para sustituir a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes y que históricamente ha sido utilizada discrecionalmente por los presidentes para presionar a los dueños de las televisoras y las estaciones de radio.
Los críticos reconocen que, pese a que tiene omisiones, contradicciones y ambigüedades, la propuesta de Peña Nieto, avalada por la oposición en el llamado Pacto por México, también representa un gran avance.
Destaca en la iniciativa la prohibición para la “transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”, una práctica común durante procesos electorales mediante la venta de notas o entrevistas a candidatos y partidos políticos, con pagos subrepticios. También se establece la obligatoriedad de “regular el derecho de réplica”, algo que no ocurre en radio y televisión.
La reforma pasa también por la digitalización de la radio y la multiprogramación, que abarca tanto radio como televisión, así como reconocer como derecho humano el acceso a la banda ancha de Internet.
En materia de competencia se abre la posibilidad de que Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, pueda entrar al negocio de la televisión restringida, algo que la administración de Felipe Calderón le negó mediante la interpretación torcida de instrumentos jurídicos, plegándose así a los deseos de Emilio Azcárraga Jean, el dueño de Televisa, que hasta ahora había logrado bloquear todo intento de competencia. De hecho, la iniciativa propone hasta dos nuevas cadenas de televisión abierta, lo que rompería el duopolio que representan Televisa y Televisión Azteca, las dos empresas que juntas controlan los principales siete canales del país.
Fuera de México, la reforma propuesta por Peña Nieto fue alabada por Financial Times, The Wall Street Journal y The Economist. El semanario estadounidense le atribuyó la intención de eliminar los bloqueos monopólicos en el sector de la telefonía, Internet y de la televisión, afectando los intereses de Azcárraga y de Slim. Por lo pronto, las acciones de Televisa y de Telmex en la Bolsa Mexicana de Valores e incluso en la Bolsa de Nueva York sufrieron considerables pérdidas la semana pasada, tras conocerse el contenido de la reforma.
Una preocupación es un añadido constitucional al artículo 6, que da al Estado la facultad de tutelar “la pluralidad y la veracidad de la información” que se difunde por medios de radiodifusión. Esto abriría las puertas para que el gobierno se erija como censor. Sin embargo, el artículo 7 de la Constitución considera “inviolable” la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio y prohíbe los controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, infraestructura y tecnologías de la información y comunicación.
El Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa a las principales empresas del país, celebró la iniciativa de reforma, pero advirtió los riesgos en materia de regulación de contenidos y los consecuentes excesos que podrían limitar la libertad de expresión en México. Por lo mismo, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios expresó su preocupación porque el nuevo órgano regulador propuesto se convierta en juez y parte, lo que tal vez desincentive la inversión privada en el sector de telecomunicaciones.
Paradójicamente, la desconfianza empresarial se empata con el rechazo del movimiento #YoSoy132, que reclamó la inclusión de las propuestas ciudadanas para validar la iniciativa de Peña Nieto, en tanto que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, junto con más de 200 organizaciones civiles y cientos de personalidades públicas, lanzó una campaña pública para presionar a los legisladores y que éstos aprueben una reforma que signifique una verdadera democratización del sistema de medios que garantice la competencia y el derecho a la información de la sociedad mexicana y no sea una mera operación de gatopardismo.
MALA PRAXIS DE LOS MEDIOS IMPRESOS
Luz verde para regular la prensa británica
El marco regulatorio establece multas de hasta un
millón de libras y obliga a los diarios a pedir públicamente perdón si incurren
en abusos. Contará con la sanción de la reina Isabel II por medio de un acta
real sólo modificable en el Parlamento.
La policía está investigando cientos de nuevos casos de escuchas
telefónicas del fenecido dominical del Grupo Murdoch News of the World. Las
revelaciones de un informante del periódico ponen otra vez contra las cuerdas al
imperio mediático que mediante indemnizaciones y arreglos extrajudiciales estaba
buscando sepultar la investigación. Mientras tanto, los tres principales
partidos políticos alcanzaron el domingo por la noche un acuerdo sobre la
regulación de la prensa escrita. “Mi mensaje a la prensa es claro. Hemos
debatido el tema. Es hora de que miremos adelante y hagamos funcionar este nuevo
sistema”, indicó el primer ministro David Cameron a una sesión de emergencia del
Parlamento.
El nuevo marco regulatorio, que establece multas de hasta un millón de libras y obliga a los periódicos a pedir públicamente perdón si incurren en abusos, contará con la sanción de la reina Isabel II por medio de un acta real y sólo podrá modificarse con una mayoría parlamentaria de dos tercios. El acuerdo interpartidario esconde una sorda batalla en torno del tema. En noviembre pasado la Comisión Leveson propuso que continuara la autorregulación de la prensa con un código de conducta más estricto y la creación por ley de un nuevo organismo supervisor que vigilara el cumplimiento de las normas. La propuesta era moderada, pero la mayoría de los grandes medios puso el grito en el cielo y el primer ministro conservador, David Cameron, convocó a una negociación con los otros partidos dejando en claro que se oponía a que el Parlamento sancionara una ley porque era “una amenaza a la libertad de prensa”.
En los meses de negociación interpartidaria que siguieron, los conservadores propusieron un acta real para subsanar la falta de apuntalamiento legal que tendría el nuevo marco. La propuesta fue rechazada por sus aliados en el gobierno, los liberaldemócratas, y por la oposición laborista y las víctimas de abusos de la prensa, nucleados en torno de la agrupación Hacked off. El jueves pasado el premier Cameron dio por finalizada las negociaciones y convocó a una votación parlamentaria para ayer lunes. A última hora del domingo por la noche se llegó al acuerdo mediante un subterfugio. Las tres partes apoyaban la promulgación de una ley que estipula que un acta real sólo podrá ser revocada por las dos terceras partes de la Cámara de los Lores y los Comunes. Ambas partes pudieron reivindicar una victoria política. El interrogante es si este nuevo marco evitará nuevos abusos.
La autorregulación de la prensa fue consagrada en 1953 como una suerte de principio democrático sagrado, pero ha sido cuestionada y examinada por siete comisiones en las últimas décadas. La última de estas comisiones formada durante los escándalos familiares que sacudieron a la familia real (princesa Diana, divorcios, etc.) a principios de los ‘90 concluyó que era la última oportunidad para la autorregulación de la prensa. El experimento falló, como dejó en claro el escándalo de las escuchas telefónicas. El mismo Cameron se vio obligado a crear en julio de 2011 una nueva comisión investigadora de la prensa, luego de que se revelara que News of the World había interferido el celular de una adolescente desaparecida y surgiera una catarata de denuncias similares de víctimas de violaciones, familiares de los caídos en Afganistán e Irak o cualquier otro tema que hubiera captado el ojo mediático.
Desde que saltó el primer caso en 2005 –la escucha telefónica del príncipe William– se ha iniciado juicio a 16 personas, entre ellos la otrora número dos de Rupert Murdoch, Rebekah Brooks, y el ex jefe de prensa del primer ministro Cameron y ex editor del dominical David Coulson. El Grupo Murdoch aceptó pagar indemnizaciones en 254 casos y hay más de 250 demandas iniciadas, que incluyen a la esposa de Tony Blair, Cherie, y a Ted Beckham, padre del futbolista. En febrero, seis directivos del News of the World fueron arrestados y el jueves pasado el escándalo se extendió de lleno a otro grupo, el Trinity Mirror, con el arresto de Tina Weaver, ex editora de Sunday Mirror, y otros tres colegas suyos. Este lunes, un abogado de las víctimas, Hugh Tomilson, dijo ante el Alto Tribunal de Londres que la policía había descubierto cientos de nuevos casos de escuchas telefónicas.
El golpe más duro ha sido por el momento para Rupert Murdoch y News Corporation, segundo grupo mediático del mundo. Murdoch tuvo que abandonar su intento de ganar control absoluto de la cadena BSkyB y compareció dos veces ante el Parlamento. En mayo del año pasado la Comisión de Cultura, Medios y Deportes declaró que no era “una persona con las condiciones y requisitos” para estar al frente de una compañía internacional. Si bien su control accionario de News Corporation (un 39 por ciento) le permite mantener las riendas del grupo, su influencia ha disminuido. En los últimos meses se ha desprendido de un millón de acciones de la compañía y su hijo James, hasta antes del escándalo considerado el heredero del grupo, renunció el año pasado como director ejecutivo de News Internationl, el brazo británico de la compañía, y como presidente de BskyB. James Murdoch declaró repetidamente que todo el escándalo de las escuchas se debía a “una manzana podrida”. El golpe letal para su carrera y la de su padre sería si la investigación policial en marcha llega a determinar que uno de los dos o ambos conocían y condonaban una práctica de espionaje periodístico que era vox populi en ambientes de prensa y que había llegado a la cultura popular de las series televisivas sobre el periodismo.
El nuevo marco regulatorio, que establece multas de hasta un millón de libras y obliga a los periódicos a pedir públicamente perdón si incurren en abusos, contará con la sanción de la reina Isabel II por medio de un acta real y sólo podrá modificarse con una mayoría parlamentaria de dos tercios. El acuerdo interpartidario esconde una sorda batalla en torno del tema. En noviembre pasado la Comisión Leveson propuso que continuara la autorregulación de la prensa con un código de conducta más estricto y la creación por ley de un nuevo organismo supervisor que vigilara el cumplimiento de las normas. La propuesta era moderada, pero la mayoría de los grandes medios puso el grito en el cielo y el primer ministro conservador, David Cameron, convocó a una negociación con los otros partidos dejando en claro que se oponía a que el Parlamento sancionara una ley porque era “una amenaza a la libertad de prensa”.
En los meses de negociación interpartidaria que siguieron, los conservadores propusieron un acta real para subsanar la falta de apuntalamiento legal que tendría el nuevo marco. La propuesta fue rechazada por sus aliados en el gobierno, los liberaldemócratas, y por la oposición laborista y las víctimas de abusos de la prensa, nucleados en torno de la agrupación Hacked off. El jueves pasado el premier Cameron dio por finalizada las negociaciones y convocó a una votación parlamentaria para ayer lunes. A última hora del domingo por la noche se llegó al acuerdo mediante un subterfugio. Las tres partes apoyaban la promulgación de una ley que estipula que un acta real sólo podrá ser revocada por las dos terceras partes de la Cámara de los Lores y los Comunes. Ambas partes pudieron reivindicar una victoria política. El interrogante es si este nuevo marco evitará nuevos abusos.
La autorregulación de la prensa fue consagrada en 1953 como una suerte de principio democrático sagrado, pero ha sido cuestionada y examinada por siete comisiones en las últimas décadas. La última de estas comisiones formada durante los escándalos familiares que sacudieron a la familia real (princesa Diana, divorcios, etc.) a principios de los ‘90 concluyó que era la última oportunidad para la autorregulación de la prensa. El experimento falló, como dejó en claro el escándalo de las escuchas telefónicas. El mismo Cameron se vio obligado a crear en julio de 2011 una nueva comisión investigadora de la prensa, luego de que se revelara que News of the World había interferido el celular de una adolescente desaparecida y surgiera una catarata de denuncias similares de víctimas de violaciones, familiares de los caídos en Afganistán e Irak o cualquier otro tema que hubiera captado el ojo mediático.
Desde que saltó el primer caso en 2005 –la escucha telefónica del príncipe William– se ha iniciado juicio a 16 personas, entre ellos la otrora número dos de Rupert Murdoch, Rebekah Brooks, y el ex jefe de prensa del primer ministro Cameron y ex editor del dominical David Coulson. El Grupo Murdoch aceptó pagar indemnizaciones en 254 casos y hay más de 250 demandas iniciadas, que incluyen a la esposa de Tony Blair, Cherie, y a Ted Beckham, padre del futbolista. En febrero, seis directivos del News of the World fueron arrestados y el jueves pasado el escándalo se extendió de lleno a otro grupo, el Trinity Mirror, con el arresto de Tina Weaver, ex editora de Sunday Mirror, y otros tres colegas suyos. Este lunes, un abogado de las víctimas, Hugh Tomilson, dijo ante el Alto Tribunal de Londres que la policía había descubierto cientos de nuevos casos de escuchas telefónicas.
El golpe más duro ha sido por el momento para Rupert Murdoch y News Corporation, segundo grupo mediático del mundo. Murdoch tuvo que abandonar su intento de ganar control absoluto de la cadena BSkyB y compareció dos veces ante el Parlamento. En mayo del año pasado la Comisión de Cultura, Medios y Deportes declaró que no era “una persona con las condiciones y requisitos” para estar al frente de una compañía internacional. Si bien su control accionario de News Corporation (un 39 por ciento) le permite mantener las riendas del grupo, su influencia ha disminuido. En los últimos meses se ha desprendido de un millón de acciones de la compañía y su hijo James, hasta antes del escándalo considerado el heredero del grupo, renunció el año pasado como director ejecutivo de News Internationl, el brazo británico de la compañía, y como presidente de BskyB. James Murdoch declaró repetidamente que todo el escándalo de las escuchas se debía a “una manzana podrida”. El golpe letal para su carrera y la de su padre sería si la investigación policial en marcha llega a determinar que uno de los dos o ambos conocían y condonaban una práctica de espionaje periodístico que era vox populi en ambientes de prensa y que había llegado a la cultura popular de las series televisivas sobre el periodismo.
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