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MEDIOS Y COMUNICACION
Hacer la punta
San Luis no es otro país, pero pretende serlo. También en materia de comunicaciones, donde los Rodríguez Saá intentan aprobar una ley de comunicación desconociendo la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual. De este tema se ocupa Daniela Monje.
Por Daniela Monje *
Una hora menos que en el resto del país, una pista de autos GT que significó el desmonte y la explotación de la sierra del Puesto de los Funes, una ciudad creada de la noche a la mañana (La Punta), extensas autopistas iluminadas y desiertas, dos intendencias en la capital, la mayor cantidad de casinos por habitantes del país, el proyecto de una locación para emigrantes chinos, altos índices de desocupación y pobreza para menos de medio millón de habitantes complementados con la negativa del gobierno filial a arbitrar los medios para la distribución de la asignación universal por hijo, wi fi gratuito para la periferia y las zonas rurales, un solo canal de TV abierta inscripto como público y gestionado por el gobierno provincial, un solo diario en papel propiedad de la familia gobernante, un polo cinematográfico que aporta glamour y divas porteñas desfilando por las estancias; en suma, el persistente clima de secesión, la máquina de impedir funcionando a la par de la propaladora de delirios y ahora, como para despedir el año, un proyecto de ley provincial de comunicación que desconoce a la Ley Nacional Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y se apresta a ser aprobada por el Parlamento provincial en breve. ¿Otro país? No, San Luis.
El proyecto de ley denominado con grandilocuencia “De libertad de pensamiento, expresión, conocimiento, información y de ideas” cuenta con escasos 11 artículos y busca regular “radiodifusión, televisión abierta, por cable, Internet, escritos y cualquier otro que se realice dentro de sus límites territoriales” (art. 2) en franco desconocimiento no sólo de la ley nacional 26.522 que tiene por objeto “la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina” (art.1) –que, vale decirlo, incluye a la provincia de San Luis–, sino de la extensa jurisprudencia en materia de libertad de expresión y derecho a la información que ha entendido la complejidad de la regulación conjunta de materias tan diversas como el audiovisual, Internet y prensa gráfica. Más aún, si hay una bandera en relación a la prensa gráfica es precisamente la de la libertad de expresión en tanto conquista liberal burguesa desde el siglo XVII hacia acá, lo cual implica básicamente que el Estado no puede imponer límites a la creación de medios gráficos –que a diferencia de la radiodifusión no utilizan un bien público como el espectro radioeléctrico– y menos aún pretender regular sobre sus contenidos. En un camino de argumentación por el absurdo, el proyecto de ley se propone como garante de una libertad de expresión presuntamente en riesgo, fundando sus competencias en dos artículos de la Constitución Nacional: el 32, según el cual “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”, y el 121, que establece que “las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal”. Realiza a partir de allí una interpretación al menos extemporánea del artículo 32, equiparando la libertad de imprenta a la potestad para regular servicios de comunicación audiovisual, y desconoce tanto la reforma de la Constitución Nacional de 1994 (art. 75. incisos 13 y 19) cuanto la jurisprudencia que existe en la materia, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha expedido en tres fallos respecto de la inconstitucionalidad de dictar leyes provinciales que otorguen licencias y poder de policía en materia de radiodifusión y sobre la potestad del Congreso de la Nación para dictar leyes que regulen la actividad radiofónica y las telecomunicaciones. (Fallos en 2004 en los casos de Buenos Aires y Río Negro y en 2006 en el caso de Misiones. Ver nota de Horacio Verbitsky en Página/12 del 27/9/09.) Contrariando el derecho público internacional más progresista en la materia, el proyecto de ley postula que “las autorizaciones para la prestación de servicios de comunicación tendrán una duración indefinida” (art.9) y que serán otorgadas por un Consejo Consultivo de Libertad de Expresión “con la única limitación de la efectiva disponibilidad de frecuencias” (art.4) y con el solo requisito para los licenciatarios de “indicar el director, editor o emisor responsable y su domicilio real y legal en el territorio de la provincia de San Luis” (art.5), estallando de este modo cualquier principio de pluralismo, desconcentración o límites a la propiedad extranjera y en un fuerte retroceso hacia una zona de absoluta discrecionalidad. El Poder Ejecutivo provincial ha procurado –sin conseguirlo– darle un barniz participativo al proyecto convocando a audiencias públicas con empresarios, periodistas y representantes de sectores interesados desde hace algunas de semanas. Así, mientras el país, luego de veintinueve años, sancionó una ley nacional en democracia calificada de ejemplar por organismos internacionales de derechos humanos, los gobernantes de San Luis deciden por enésima vez patear el tablero y hacerse de una norma propia, que conjuga aberración jurídica con prepotencia del poder.
* Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba
MEDIOS Y COMUNICACION
Niños y niñas como protagonistas
Y los miembros del Colectivo Abrojos (Tucumán) exponen su experiencia de trabajo en educación y comunicación popular con niños y niñas.
Por Colectivo Abrojos *
Este 20 de noviembre, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño cumplió veinte años. Y en estas dos décadas, como siempre, el mundo se ha transformado en el escenario de avances significativos y retrocesos alarmantes en los indicadores que centralmente definen la calidad de vida alcanzada por este importante sector de la población mundial que se encierra en el sustantivo infancia.
Esta veintena de años sirvió fundamentalmente para ayudar a muchos adultos a cambiar la mirada y la concepción sobre la niñez. Han provocado impactos inmediatos en el campo de la cultura, la comunicación, la economía, la educación, y generaron transformaciones directas en las relaciones intergeneracionales que se tejen tanto en los ámbitos privados de la familia como en el espacio público; que remite a la necesaria intervención estatal en el desarrollo de políticas concretas que tiendan a promover la inclusión y el desarrollo de la infancia, así como la promoción de propuestas integradoras a la hora de abordar problemáticas que tienen a los niños y niñas como participantes o protagonistas.
El trabajo que desarrolla Abrojos Colectivo de Educación Popular en Tucumán se enmarca en los desafíos que se proponen las organizaciones estatales y de la sociedad civil por consolidar las premisas que se incluyen en la Convención, a partir de estrategias de comunicación que colaboren en procesos de constitución subjetiva del paradigma de los derechos como motor de la vida ciudadana.
Con este horizonte como meta, el proyecto, integrado por comunicadores/as y por abogadas/os, trabaja con estudiantes, docentes y familias de Tucumán en la construcción de una propuesta comunicacional que aborda los por derechos como un proceso de apropiación y ejercicio colectivo que se hace carne con la propia participación. Un programa de radio que se emite semanalmente por Radio Nacional Tucumán es el resultado de encuentros y talleres donde jóvenes se reúnen a discutir diversas problemáticas sociales y generan producciones radiofónicas a partir de su tratamiento.
Durante 2009 se desarrollaron cuestiones vinculadas con la identidad, el cambio climático, la trata de personas, la diversidad sexual, la educación vial, la ley de servicios de comunicación audiovisual, las discapacidades y la accesibilidad, entre otros temas que ocupan un lugar prioritario en la agenda de una multiplicidad de organizaciones sociales que trabajan para el cambio social en sentido democrático e inclusivo.
Como miembros de una propuesta educativa, podemos señalar varias enseñanzas que la lectura permanente de la Convención nos deja cotidianamente en nuestros intercambios con niños y niñas en la búsqueda de un objetivo conjunto.
Una de ellas es la necesidad de corrernos definitivamente del paradigma adultocéntrico, de esa especie de certeza apriorística que determina que la verdad, el buen sentido y la corrección en los actos se encuentra del lado de los protadores de la mayoría de edad. Una mirada construida al calor de los legados de la modernidad que nos enseñó a considerar a la propia infancia a partir de las carencias (lo que todavía les falta a los niños para ser adultos) y ningunear las potencialidades que ya tienen y que expresan en el día a día.
Otro faro que ilumina la práctica cotidiana y que también se debe al paradigma que inaugura la Convención es que la educación ya no puede ser considerada como una mera transmisión de verdades absolutas a mentes vacías de contenidos, valores e ideales. Podemos como facilitadores concebir a los niños como sujetos de conocimiento y constructores del mismo, como generadores de relatos válidos y como portadores de deseos valiosos. Inclusive podemos darnos el lujo de conducir o guiar procesos educativos en campos en que los niños tengan más prácticas, habilidades y capacidades consagradas, como bien sabemos que sucede cada vez que las tecnologías de información y comunicación aparecen en los intercambios educativos. El rol del docente no está necesariamente definido por la cantidad de conocimientos acumulados, sino por la capacidad de generar condiciones para hacer viable la construcción colectiva de un proyecto en donde el niño se vea como protagonista y parte de las soluciones y no como parte de los problemas.
Por último, otro aporte que la asunción de los niños como sujetos de derecho conlleva es que la educación ha dejado de sostener la pesada mochila de servir para dar respuestas acabadas a los problemas humanos, para entrar al mundo más saludable y constructivo de ser el arte de hacer nuevas y mejores preguntas a viejos problemas, para que los niños también sean considerados a la hora de buscar soluciones.
* Colectivo de Educación y Comunicación Popular, Tucumán.
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