MEDIOS Y COMUNICACION
Responsabilidades y
derechos
Dos aportes sobre la cobertura
periodística del reciente asesinato de una joven en Buenos Aires. Washington
Uranga sostiene que si se desequilibran responsabilidades y derechos en el
ejercicio profesional se incurre inevitablemente en mala práctica periodística.
Por Washington
Uranga
El tratamiento dado por gran
número de periodistas y de medios a la noticia del asesinato de una adolescente
en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, podría titularse como un caso de mala
praxis periodística. Hubo de todo... menos información. Los periodistas y los
medios que trabajaron responsablemente la noticia –que también existen– han
sido los menos.
Puede argumentarse que las
fuentes judiciales no están a la altura del desarrollo de los actuales medios
de comunicación y de las exigencias que impone la velocidad noticiosa. Pero ¿se
puede exigir que la Justicia se adapte a la lógica de los medios? La
responsabilidad del Poder Judicial en todos sus niveles es impartir justicia:
en los tiempos y en las condiciones que se consideren imprescindibles para
alcanzar este objetivo central para toda la sociedad. Todo lo demás –incluida
la tarea de aportar información a los periodistas y a los medios– queda
subordinado a lo anterior.
Quizá los responsables de
comunicación en el ámbito de la Justicia podrían revisar algunos de sus
procedimientos, facilitar ciertos accesos a las fuentes. Sobre todo teniendo en
cuenta que el remanido “secreto de sumario” termina siendo traspasado y
vulnerado por investigadores, policías y quién sabe qué otro funcionario con
acceso al expediente.
Pero la dificultad no sirve como
excusa y no se puede admitir que se actúe bajo la premisa de que “lo que no se
sabe se inventa”. Porque en ese contexto surgen trascendidos de declaraciones
que nadie hizo, pruebas inexistentes, imputaciones incomprobables y, sobre
todo, especulaciones y teorías construidas por supuestos expertos o conocedores
del tema que llenan espacios y consumen horas de televisión y radio. Con ello,
irremediablemente, se daña a personas y se violan derechos ciudadanos.
El sujeto del derecho a la
comunicación y a la información es el ciudadano, que debe ser respetado en su
integridad como persona y como ser humano pensante. El ejercicio indebido y
falto de ética de la profesión periodística antes que un aporte constituye un
atentado que atenta contra el derecho ciudadano a la información para la
construcción libre y razonada de una opinión y la toma de decisiones
consecuente.
En este mal ejercicio
periodístico confluyen las empresas, los profesionales y las audiencias
cómplices. Desde distintas miradas, apetitos y expectativas, los tres actores
coinciden para generar productos alejados de la noticia y cercanos a la
especulación y a la construcción de historias macabras sin importar si guardan
alguna relación con la realidad.
Habría que decir también que el
método aquí utilizado no es diferente al que se estuvo usando en los últimos
tiempos por idénticos medios y algunos de los mismos periodistas, para desatar
operaciones políticas sobre la base también de noticias falsas, de conjeturas o
de titulares que luego no se sustentan en datos firmes, en información
chequeada y consistente.
La irresponsabilidad y la falta
de ética es la misma. Tan carente de rigurosidad e idéntico ejercicio de mala
praxis es inventar versiones sobre un homicidio como mostrar primeros planos de
supuestas bóvedas y argumentar sin más que allí se guardaron millones de
dólares producto de la corrupción. De la misma rigurosidad periodística se
carece cuando se generan, en un caso y en el otro, testimonios de testigos
supuestamente claves que luego no lo son por diferentes razones. Es lo mismo,
aunque parte de las audiencias midan idéntico procedimiento con diferente vara
porque antes han decidido qué es lo que quieren creer.
Sin lugar a dudas entre emisores
y receptores, entre periodistas y audiencias hay complicidades mutuas, sentidos
construidos que se alimentan entre sí como parte de lo que unos quieren ver y
creer y lo que otros ofrecen para satisfacer a los primeros. La diferencia
consiste en la capacidad de incidencia de unos y otros. Los periodistas, los
comunicadores en general, disponen de una artillería de medios y recursos que
es incomparable respecto de la que tiene el espectador, la audiencia, en su
condición de ciudadano. Es incomparable y no hay equivalencia posible. Esto no
hace sino acrecentar la responsabilidad de los periodistas y agravar la falta
de ética cuando se incurre en semejantes errores.
Nada de lo dicho podría servir
para limitar el derecho a trabajar de los periodistas, de acceder a las fuentes
libremente, a investigar con seriedad y responsabilidad. No se trata de eso. De
ninguna manera. Pero como todo derecho, el de informar también tiene su contracara:
la responsabilidad, la ética, el derecho a la comunicación de todos los
ciudadanos, en términos individuales y como comunidad. No existe derecho sin
obligación. Aunque algunos se hayan convencido de lo contrario.
MEDIOS Y COMUNICACION
Tropezar con la misma
piedra
Paola Fernández se pregunta si la
espectacularización de la noticia, la ficcionalización de la violencia y la
tragedia corresponden al tipo de medios que queremos como sociedad.
Por
Paola Fernández *
A propósito del hecho conocido
como la Masacre de Ramallo, el periodista Mariano Grondona, en una nota
publicada en el diario La Nación, sintetizaba de esta manera la actitud que
según él se necesita para entablar contacto con uno de los delincuentes
apostado en el banco: “Uno trata de que la conversación tenga algún efecto
tranquilizador, de inyectarles un grado de racionalidad. En televisión uno no
puede preguntarse todo el tiempo qué consecuencias van a tener las noticias. Si
no, en vez de ser periodistas nos convertimos en curadores del bienestar
psíquico del público”. La frase puede ayudar a comprender el criterio utilizado
por cierta prensa en los últimos días ante hechos de notoriedad. La reflexión
sobre la práctica profesional ante la coyuntura permite relacionar dos temas.
Que la cobertura de los medios ante sucesos violentos se realiza bajo
cuestionables criterios de noticiabilidad y espectacularización y que tales
parámetros no hacen sino responder al tipo de consumo televisivo que tenemos
como sociedad.
Tal como plantea Damián Fernández
Pedemonte (2010), “el sensacionalismo no es privativo de los medios populares
ni va inevitablemente unido a temas tabú, sino que responde a malas prácticas
periodísticas que construyen un lector modelo al que alojan en el ámbito de la
experiencia similar a la del entretenimiento, en vez de promover la reflexión
que la gravedad del tema demanda”.
En así que un suceso de la
envergadura del asesinato de una joven cuyo cuerpo se encontró en la Ceamse
irrumpe en la agenda mediática y es capitalizado por los medios para ubicar en
la opinión pública temas que se encuentran latentes en el imaginario popular,
gracias a imágenes construidas por los mismos medios y que responden a
intereses económicos y políticos. La cobertura de los hechos se basó
fundamentalmente en supuestos y en fuentes de dudosa veracidad y confiabilidad.
El uso del condicional fue tapa y ocupó gran parte de las pantallas
televisivas; se informó, se ratificó y se debatió sobre una violación que no se
sabía si existía y que incluso fue negada horas más tarde. El entorno familiar
de la joven fue sospechado antes por los medios que por la policía, dando por
evidente la filtración de información de fuentes judiciales como si el uso del
condicional no atentara contra el secreto del sumario. Pero al mismo tiempo la
oferta informativa actúa en complicidad con un tipo de consumo naturalizado por
parte de la ciudadanía.
La conjetura que no se apoya en
pruebas y fuentes confiables se ha convertido en parte esencial de la oferta
noticiosa masiva. Y suele ocurrir que el mismo medio que hace visible un
conflicto lo cierra por su sola decisión cuando se decide dar un giro en la
agenda.
Fernández Pedemonte sostiene que
es “así como el suicidio de Yabrán es la culminación del caso mediático del
asesinato de José Luis Cabezas, pero no de la causa judicial. Se trata de un
cierre simbólico. Un nuevo cambio de agenda operado por los medios”.
La lucha por otro tipo de
comunicación no se refiere sólo al cambio de estructura de propiedad de los
medios o la modificación de los contenidos, sino también a romper con esas
prácticas hegemónicas que transforman a los trabajadores de prensa en
operadores al servicio del poder económico de los dueños de los medios y de la
información como mercancía. Y no es que esto último no sea así, sino que
contiene al mismo tiempo un valor simbólico que no desagrega el económico.
Somos la información y los medios
que consumimos.
La lógica del minuto a minuto
hizo que Sergio Lapegüe, eufóricamente, inventara detenciones porque sabía que
eso le retribuía rating. La monetización de la tragedia. La aplicación de la
ley de medios no debe limitarse sólo a una disputa por la propiedad entre
Clarín y el Gobierno; debe contemplar también el cumplimiento de lo que
representa la información como servicio público. Los periodistas no pueden
responder únicamente al requerimiento editorial de la empresa para la que
trabajan, sino que tienen que atender a los criterios que conforman a la
información y la comunicación como derecho universal y servicio público. Esto
implica veracidad, objetividad (sujeta a la mirada y al trabajo realizado por
cada trabajador del medio) y, sobre todo, respeto al ciudadano.
Somos los medios y la información
que consumimos.
¿La espectacularización de la
noticia, la ficcionalización de la violencia y la tragedia, corresponden al
tipo de medios que queremos como sociedad? Porque el tipo de periodismo que
queremos es un reflejo del tipo de sociedad que queremos ser. Elijamos,
entonces, qué queremos ser.
* Licenciada en Comunicación
Social. Becaria Dpto. Ciencias Sociales UNQ.
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