MEDIOS Y COMUNICACION
Muchos más
que el 7-D
En medio del debate sobre “el
7D”, Ernesto Lamas invita a tener una mirada más amplia y, con datos en la
mano, a verificar algunos de los logros ya generados por la aplicación de la
norma.
Final del formulario
Por
Ernesto Lamas *
Hace tres años fue aprobada la
Ley 26.522. Los primeros nueve meses estuvo frenada por dos medidas cautelares.
Hasta hoy no se pudo aplicar el ya célebre artículo 161 de adecuación. Se
acerca el 7 de diciembre y la discusión gira en torno de lo que sucederá el día
después. Sin embargo, la ley de servicios de comunicación audiovisual es mucho
más que el 7-D.
Cuando en ámbitos académicos y
eventos de medios comunitarios se denunciaba la ley de radiodifusión de la
dictadura, en pocas ocasiones esa discusión logró traspasar el microclima.
Luego del envío por parte del Ejecutivo del proyecto de ley al Congreso, el
proceso de discusión en foros de todo el país, las movilizaciones convocadas
por organizaciones vinculadas al campo de la comunicación y la acumulación de
años en los que el tema fue prioritario en la agenda de los medios
alternativos, la cuestión del derecho humano a la comunicación tuvo aire y
tinta en los medios tradicionales y luego en los debates cotidianos. Ya no es
posible volver atrás, existe una nueva conciencia acerca de la producción de
sentidos, las empresas de medios, el rol del periodismo y el derecho a recibir,
buscar y difundir información. Constituye un logro simbólico de suma
importancia, pero hay otros logros que no son tenidos en cuenta por buena parte
de las empresas de medios comerciales y opinadores que en estos días repiten
que “no se hizo nada” con la ley de medios. Información concreta –que puede ser
verificada por cualquiera que la solicite a la Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual– es importante para el balance que permita
reconocer que en la inclusión de nuevas voces (uno de los principales objetivos
de la ley) se han dado pasos importantes.
Se encuentran en curso los
concursos para 687 frecuencias de FM baja potencia (con y sin fines de lucro),
en diez provincias. Estos concursos sientan un precedente, ya que fueron los
primeros convocados con la reserva del 33 por ciento para el sector sin fines
de lucro. Se realizaron talleres de capacitación para la confección de los
pliegos, para minimizar errores y ampliar las posibilidades de los potenciales
licenciatarios que no pueden recurrir a abogados o gestores.
En marzo de este año se
reglamentó el artículo 49, que permite la adjudicación directa para radios de
baja potencia ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad social. La
reglamentación se hizo en diálogo con las principales redes de radios
comunitarias (Farco y Amarc). En este momento hay más de 250 actuaciones de
solicitud de licencia en trámite enmarcadas en este artículo.
La Afsca está tramitando más de
cien expedientes de cooperativas de servicios públicos que solicitan prestar
servicio de cable. Existen alrededor de 50 solicitudes que cuentan con alguna
oposición y esos trámites se encuentran en la Comisión Nacional de Defensa de
la Competencia. Los otros 50 se están tramitando en el organismo. Ya se
adjudicaron 16 licencias y se espera duplicar el número a fines del año.
Según está previsto en el
artículo 151, las comunidades originarias pueden solicitar licencias para crear
radios. Actualmente hay 45 solicitudes en trámite, que están siendo analizadas
por una comisión integrada por la Afsca y el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas. Asimismo, se está analizando otorgar una autorización para gestionar
una señal de TV abierta a una comunidad mapuche en la zona de Bariloche.
En el marco del artículo 149, ya
hay 134 escuelas primarias autorizadas para contar con su radio. Existen otros
80 expedientes en trámite, de los cuales más de 50 ya tienen la frecuencia
reservada. A fin de 2012 habrá 200 escuelas con radios operativas.
También hay temas pendientes. Son
prioritarios la convocatoria a concursos para licencias de televisión con
condiciones razonables para los canales comunitarios, actualización de un plan
técnico que transparente el estado del espacio radioeléctrico, la puesta en
marcha del fondo de fomento previsto en el artículo 97 por medio del cual se
prevé apoyar proyectos especiales de comunicación audiovisual, medios
comunitarios, de frontera, y de los pueblos originarios, con especial atención
a la colaboración en los proyectos de digitalización, la creación de un espacio
de capacitación para los medios de comunicación emergentes, un debate con
participación del Estado, el Parlamento y las redes de medios sin fines de
lucro acerca de la sostenibilidad económica de radios y canales comunitarios
que requieren condiciones especiales.
Los medios comunitarios junto con
otros sectores de la sociedad civil vieron materializarse un reclamo histórico
y tienen sus propios desafíos. Poder “aprovechar” la legalidad para desarrollar
una comunicación de nuevo tipo convocante, interesante, que además de abrir los
micrófonos y las cámaras a quienes no tenían voz pública, también puedan
demostrar que lo comunitario no está reñido con producciones de excelente
nivel, investigación periodística rigurosa, uso de las tecnologías creativo y
eficaz.
* Fundador de FM La Tribu,
Coordinador Amarc (2003-2011), representante de los medios comunitarios en el
Consejo Federal de SCA (2010-2012).
MEDIOS Y
COMUNICACION
Sólo una
cuestión de acceso
Ornella Carboni y Carla Rodríguez
aportan elementos para reflexionar sobre la reconversión de la industria
audiovisual.Final del formulario
Por
Ornella Carboni y Carla Rodríguez *
Durante las últimas semanas el
caso judicial que imputa al sitio Taringa sobre la presunta violación a Ley de
Propiedad Intelectual 11.723/33 fue retomado en diarios y redes sociales. Este
fallo implica reflexionar sobre la reconversión de la industria audiovisual en
cuanto a su modelo de negocio y en particular sobre las garantías que deben
brindarse para el acceso a las obras intelectuales al conjunto de la ciudadanía
para su uso privado.
Ante el vertiginoso desarrollo
del mercado tecnológico y la apropiación por parte de los usuarios de los
dispositivos, que permiten una híper conexión (smartphones, tablets y otros),
se habilitan nuevas instancias para informarnos y comunicarnos como así también
para consumir productos y bienes culturales, por ejemplo escuchar música
mediante sistemas streaming, mirar contenidos televisivos on-line, descargar
películas o leer el diario en la web.
Hoy asistimos a un limbo
regulatorio que se enmarca en la encrucijada entre la gestión digital de los
derechos de autor y el acceso a la cultura en Internet. Esto pone en tela de
juicio los principios de propiedad intelectual de la era analógica que desde el
Convenio de Berna (1886) protegen las obras intelectuales. Asimismo, se
transforman las condiciones de acceso a los contenidos a partir del surgimiento
de nuevos intermedios que organizan los consumos de productos y servicios
dentro de la red (Google, Amazon, YouTube), se alternan las formas de
remuneración de los trabajadores creativos debido a la circulación de los
contenidos por la web y conviven contenidos profesionales y amateur.
En este contexto se presenta la
propuesta legislativa “Derecho de Acceso a la Cultura” elevada por Proyecto Sur
el pasado mes de mayo en la Cámara de Diputados. El proyecto plantea que los
usuarios puedan acceder de forma individual a las obras autorales o contenidos
protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, siempre y cuando no sea
utilizado con fines comerciales o lucrativos. De esta manera, se busca
garantizar el acceso a la cultura a través de Internet al conjunto de la
ciudadanía.
El fundamento sostiene que el
compartir o hacer uso de un contenido cultural disponible en la red no
constituye un acto ilegal por sí mismo, pues sólo se modifica el modo en el
cual accedemos a ellos. Si en el mundo analógico no es ilícito prestar un
diario, un libro o un disco, por qué debería serlo en el universo on-line, en
tanto que con tal acción no se persiga un fin de lucro o ganancia.
Otra de las tensiones que se
generan en torno del acceso en la era digital se refiere a la efectiva conexión
a la red. Lo que implica pensar en la calidad de la conectividad y en el
desarrollo de la infraestructura de las redes. En esta dirección, si se
considera a Internet como un servicio fundamental, cabe preguntarse si además
de diseñar políticas públicas para garantizar la conexión a la red a un precio
asequible y con una velocidad aceptable, no es preciso pensar en un acceso
universal, libre y gratuito, y establecer luego servicios diferenciales para
aquellos que requieran de “vías rápidas” en la red.
Dado tal estado de ebullición
regulatoria, económica y tecnológica, Internet se presenta como un espacio
complejo y controversial debido a la multiplicidad de intereses afectados donde
los Estados están desorientados, las empresas quieren maximizar sus beneficios
y los ciudadanos intentan defender sus derechos adquiridos. Varios
interrogantes están latentes, algunos a la espera de ser debatidos en el
recinto. La búsqueda de una armonización legislativa en pos de proteger el interés
público, y no particulares, es la que debería primar a la hora de establecer
las reglas de juego en el entorno digital.
* Docentes UNQ - Investigadoras
Conicet.
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