Hacia un nuevo paradigma tecnosocial
Qué es la digitalización? La digitalización es el concepto que describe las transformaciones sociales, económicas y políticas asociadas con la adopción masiva de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), incluyendo la informática, y las telecomunicaciones (en especial la banda ancha). Si bien este cambio fundamental depende del despliegue y ampliación de infraestructura tecnológica, la digitalización pone el énfasis en la adopción y utilización intensa de TIC por parte de ciudadanos, empresas y gobierno en sus actividades cotidianas. Asimismo, su uso debe reflejarse en la entrega de bienes y servicios, tanto públicos como privados.
Para alcanzar un impacto significativo en la economía y la sociedad, la digitalización debe alcanzar altos niveles de utilización. En primer lugar, los bienes y servicios digitales deben ser asequibles por el conjunto de la población y empresas (particularmente pymes). En segundo lugar, las tecnologías digitales deben estar desplegadas a lo largo y ancho del territorio nacional de manera ubicua. En tercer lugar, la accesibilidad debe ser provista por múltiples redes móviles y fijas de voz y datos. Finalmente, dichas redes deben proporcionar suficiente capacidad de transporte para entregar un volumen creciente de contenidos a velocidades de acceso que permitan su uso efectivo. Si estas cuatro condiciones se materializan, el impacto económico y social de la digitalización será significativo.
LA DIGITALIZACIÓN TIENE UN IMPACTO POSITIVO EN LA ECONOMÍA, LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA. El impacto de la digitalización ha sido estudiado en tres dimensiones: económica, social y política. A nivel económico, a partir del aumento de la productividad total de los factores y la contribución a la innovación, la digitalización ejerce una contribución positiva y significativa al crecimiento del producto bruto. De hecho, cuanto más avanzado es el desarrollo de la digitalización de un país, mayor es su contribución al crecimiento económico. Más allá del crecimiento económico, la digitalización también tiene un impacto positivo en la creación de empleo calificado, contribuyendo a la creación de puestos de trabajo en software, tercerización de procesos, manufactura de equipamiento y partes. Adicionalmente, la digitalización tiene impacto positivo de derrame en otros sectores de la economía (en particular, comercio, servicios financieros y salud).
A nivel social, la digitalización contribuye en tres áreas clave: 1) mejoramiento de la calidad de vida; 2) disminución de la desigualdad social; y 3) acceso a servicios básicos. Considerando que la digitalización contribuye al crecimiento económico, es razonable asumir que a mayor desarrollo económico, mayor nivel de calidad de vida. En particular, los países que despliegan tecnologías digitales (redes y terminales de acceso), proveen redes de alta capacidad, y estructuras de mercado que permiten la reducción de precios, pueden afectar de manera positiva la calidad de vida de sus ciudadanos. De todos los pilares de la digitalización, la utilización es la más importante. En otras palabras, la reducción de precios, el desarrollo de las redes y la accesibilidad no son suficientes. El retorno social de la digitalización puede solamente ser alcanzado mediante el énfasis en los factores que promueven la demanda de servicios como el gobierno electrónico, el comercio electrónico, el contenido local de Internet y la adopción de redes sociales.
Finalmente, la digitalización también tiene un impacto positivo en la administración pública y el desarrollo político en tres áreas: 1) transparencia en la administración de los asuntos públicos; 2) entrega de información a la ciudadanía; y 3) eficiencia en la distribución de servicios públicos. Por ejemplo, la digitalización contribuye al desarrollo político de los estados y al fortalecimiento del estado de derecho en la medida en que un mejor acceso a la información sobre el desempeño de la administración pública genera una mayor transparencia respecto de los actos del gobierno. En paralelo con el aumento de la transparencia, la digitalización puede aumentar la eficiencia en el funcionamiento de la administración pública en la medida en que conlleva el desarrollo de aplicaciones y servicios de gobierno electrónico.
De esta manera, y basándonos en los beneficios múltiples de la adopción masiva de tecnologías de información y comunicación, el objetivo fundamental de los países es aumentar el índice de digitalización para maximizar su impacto económico, social y político.
¿CÓMO ESTÁ LA ARGENTINA EN TÉRMINOS DE SU DIGITALIZACIÓN? El desarrollo de la digitalización de un país es medido por un índice basado en seis componentes: 1) Asequibilidad: precio de diferentes servicios de telecomunicaciones; 2) Confiabilidad de infraestructura: nivel de robustez de las redes que transportan información digital; 3) Accesibilidad a las redes: adopción de terminales que permiten a individuos y empresas acceder a las redes que transportan información digital; 4) Capacidad: capacidad de las redes de telecomunicaciones para transmitir volúmenes elevados de información digital; 5) Utilización: adopción de plataformas y cambios en los procesos de negocio, los que indican una asimilación creciente de tecnologías digitales; 6) Capital Humano: proporción de la población económicamente activa calificada para desarrollar productos y servicios digitales.
El sub-índice que ha tenido la tasa de crecimiento más rápida en los últimos años es el de capacidad de redes que subió desde un valor de 3,76 en 2004, a uno de 31,84 en el 2012. Este crecimiento fue determinado por una mayor capacidad de transporte de datos internacional por usuario de Internet, que subió desde 2 Mbp/s a 22 Mbp/s en los últimos siete años. Esto se debió especialmente al despliegue de cables submarinos que vinculan al país con el resto del mundo.
Luego, también merece un comentario especial los avances realizados por la Argentina en términos de accesibilidad, que mide la adopción de terminales para acceder a las redes de telecomunicaciones. Dentro de este subcomponente se destaca una penetración de telefonía móvil en la Argentina superior al 140%, una penetración de internet móvil del 24% y una conexión de banda ancha fija por cada diez habitantes.
La posición relativa de la Argentina en relación a la asequibilidad (que mide la posibilidad económica de acceder a las tecnologías digitales) también es alta. Desde el punto de vista positivo, las tarifas de telefonía fija del país están bien posicionadas en relación a América Latina, siendo unas de las más bajas. Pero por otro lado, y tomando en consideración los precios de la banda ancha fija del cuarto trimestre del 2012, la Argentina presenta la tarifa más alta de la región en términos nominales.
El problema con el país es que si bien su situación ha mejorado significativamente desde el año 2004, lo mismo ocurrió con numerosos países, a escala mundial. Así, a finales del 2012, la Argentina ocupa la posición 33 en el ranking de los países de la OCDE, sólo por delante de Turquía y México; y cuarto en América Latina, después de Chile, Uruguay y Panamá.
Los tres desafíos que enfrenta la Argentina para aumentar su nivel de digitalización se ubican en torno al aumento de la inversión en infraestructura tecnológica (lo que determina la confiabilidad de las redes), la mejora en la capacidad de las redes existentes para ofrecer un servicio de mejor calidad y el desarrollo del capital humano.
La Argentina presenta actualmente un nivel de inversión en infraestructura cuatro veces menor que el promedio de países de la OCDE y de los líderes en América Latina. La segunda brecha con estos países se produce por un bajo nivel de capacidad de redes, motivado por un ancho de banda internacional por usuario que no llega a la mitad del promedio de los países con los que se realiza la comparación. Así también, las diferencias en capital humano y accesibilidad rondan los diez puntos.
En cuanto a las métricas de confiabilidad, la Argentina presenta un marcado retraso en la inversión promedio en telecomunicaciones por habitante, teniendo un valor cuatro veces inferior que el promedio de los países líderes de la región. Así también, en comparación con los países de la OCDE, la Argentina presenta un bajo porcentaje de conexiones a Internet por encima de los 2 Mbp/s. Esta situación se da como consecuencia de la baja capacidad de acceso internacional a Internet, en donde el promedio OCDE es más de diez veces superior que el valor que tiene la Argentina en esta métrica.
ELEMENTOS PARA LA ELABORACION DE UNA POLÍTICA PÚBLICA. Desde el 2004, la Argentina ha mejorado significativamente su nivel de digitalización. Sin embargo, a pesar de esta transformación, nuestro país se encuentra atrasado no sólo respecto de los países avanzados sino también de algunos de América Latina. Este atraso limita la contribución que las tecnologías de información y comunicación pueden hacer para transformar nuestra matriz productiva, impactando asimismo la calidad de vida y el sistema político.
En este contexto, es prioritario ahora definir una serie de políticas públicas que estimulen la adopción y maximicen el uso de dicha infraestructura. Es así que uno de los objetivos centrales debe ser el establecimiento de una Agenda Digital, orientada a cerrar la brecha digital y democratizar el acceso a las tecnologías de información y comunicación. La eliminación de la brecha digital implica reducir al mínimo las fallas de mercado, así como las brechas en la adopción y uso de tecnología digitales. Es por ello que, completando los planes de telecomunicaciones, el énfasis debe ser planteado alrededor de la adopción y utilización de TIC, en términos de cinco objetivos: 1) Economía digital, lo que significa la asimilación de tecnologías digitales en los procesos económicos, para así estimular el aumento de la productividad, el crecimiento económico y la creación de empleo formal; 2) Transformación gubernamental, lo que significa una modernización de la administración pública para la entrega eficiente de trámites y servicios; 3) Salud universal y efectiva, implicando una convergencia de los sistemas y la portabilidad de coberturas en los servicios de salud al conjunto de la población. Este objetivo plantea el uso de las TIC para mejorar la calidad de los servicios de salud y ampliar su acceso; 4) Educación de calidad, representando un salto cualitativo en la educación a todos los niveles, con una asimilación efectiva de tecnologías digitales. Este objetivo supone que la adopción de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje permitirá a la población insertarse con éxito en la Sociedad del Conocimiento; 5) Seguridad ciudadana, implicando la utilización de las tecnologías digitales para prevenir la violencia social como aliviar los desastres naturales.
Para alcanzar estos objetivos, es necesario desarrollar habilitadores que constituyen las condiciones necesarias para realizarlos. En este sentido, la Agenda Digital debe estar sustentada en cinco componentes clave: 1) Conectividad y asequibilidad: este habilitador contiene el desarrollo y capilaridad de redes, la adopción universal de terminales fijos y móviles, y la oferta de servicios a precio asequible. Aquí se abordan las reformas y programas que permiten ampliar el despliegue de una mejor infraestructura en el territorio nacional, la ampliación de la capacidad de las redes existentes, y el desarrollo de competencia en el sector de TIC para estimular la reducción de precios.; 2) Inclusión y Alfabetización Digital: este habilitador define el desarrollo equitativo de habilidades para operar tecnologías y servicios digitales. Con ello, el conjunto de la población sin exclusiones económicas, generacionales o étnicas podrá acceder a Internet, en particular los sistemas y servicios de gobierno electrónico; 3) Interoperabilidad: este habilitador crea las capacidades técnicas, organizacionales y semánticas necesarias en los sistemas de gobierno electrónico y de entrega de servicios públicos para compartir información y transacciones. Esto permite aumentar la eficiencia en la entrega de servicios públicos como la salud y la prosecución de trámites gubernamentales; 4) Marco jurídico: este habilitador contempla los decretos de seguridad cibernética y gobernanza de Internet, así como los lineamientos políticos tendientes a proteger la privacidad de la información, asegurar los derechos de propiedad intelectual y generar la certidumbre en las transacciones. Confianza digital contempla contribuir a la generación de un entorno cultural favorable para el desarrollo de la Agenda Digital, a partir de la armonización del marco jurídico; y 5) Datos Abiertos: el habilitador de datos abiertos permite la provisión de información gubernamental para fomentar el emprendimiento cívico e impulsar la transparencia. Contar con datos abiertos ayuda a mejorar los servicios públicos y permitir mayor rendición de cuentas.
Una vez puestos en práctica dichos programas, la Agenda Digital deberá alcanzar ciertas metas para que Argentina incremente su nivel de digitalización hasta el promedio de los países que componen la OCDE. En particular, esto implica alcanzar un nivel de penetración de banda ancha fija de 27,72 conexiones por cada 100 habitantes (de 10,88 en el 2012), elevar la inversión en telecomunicaciones per cápita de U$S 156,17 (de U$S 33,36 en la actualidad) lo que implica estimular la participación del sector privado, y alcanzar una capacidad de acceso internacional a Internet de 225.567 kbps/usuario (de 21.966 kbps/usuario actuales). Al alcanzar estas metas, la Argentina elevará su índice de digitalización de 44,09 a 64,21 en el 2018 (o sea un aumento de 20,12 puntos o del 45,63).
Esta transformación resultará en una contribución acumulada de más de U$S 5500 millones en PIB en los próximos cinco años, la creación de 315 mil empleos/año formales, así como un aumento significativo en los índices de calidad de vida, igualdad, transparencia, innovación y eficiencia en la entrega de servicios públicos.
El desarrollo de una Agenda Digital para la Argentina debe estar basado en un proceso diferente del usado en el pasado para formular políticas públicas. En primer lugar, debe ser el producto de una colaboración transversal de todas las entidades que componen el aparato del Estado. En segundo lugar, debe estar liderado por el Poder Ejecutivo. En tercer lugar, debe nutrirse de una participación activa del sector privado que provea comentarios y recomendaciones.
(*) Universidad de Columbia.
Director de Estudios de Estrategias. Instituto de Tele-Información.
Taller de trabajo
A partir de las 10, se realizará una jornada en el Anexo C de la Cámara de Diputados (Bartolomé Mitre 1864), destinada a analizar el impacto sobre la economía y la sociedad de las TIC y realizar un diagnóstico de la situación de nuestro país.
El desafío de las políticas públicas en tecnologías de la información
Un panorama de la situación de nuestro país en términos de digitalización a cargo del director de Estudios de Estrategias del Instituto de Tele-Información (Universidad de Columbia). Aportes para una agenda impostergable.
Qué es la digitalización? La digitalización es el concepto que describe las transformaciones sociales, económicas y políticas asociadas con la adopción masiva de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), incluyendo la informática, y las telecomunicaciones (en especial la banda ancha). Si bien este cambio fundamental depende del despliegue y ampliación de infraestructura tecnológica, la digitalización pone el énfasis en la adopción y utilización intensa de TIC por parte de ciudadanos, empresas y gobierno en sus actividades cotidianas. Asimismo, su uso debe reflejarse en la entrega de bienes y servicios, tanto públicos como privados.Para alcanzar un impacto significativo en la economía y la sociedad, la digitalización debe alcanzar altos niveles de utilización. En primer lugar, los bienes y servicios digitales deben ser asequibles por el conjunto de la población y empresas (particularmente pymes). En segundo lugar, las tecnologías digitales deben estar desplegadas a lo largo y ancho del territorio nacional de manera ubicua. En tercer lugar, la accesibilidad debe ser provista por múltiples redes móviles y fijas de voz y datos. Finalmente, dichas redes deben proporcionar suficiente capacidad de transporte para entregar un volumen creciente de contenidos a velocidades de acceso que permitan su uso efectivo. Si estas cuatro condiciones se materializan, el impacto económico y social de la digitalización será significativo.
LA DIGITALIZACIÓN TIENE UN IMPACTO POSITIVO EN LA ECONOMÍA, LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA. El impacto de la digitalización ha sido estudiado en tres dimensiones: económica, social y política. A nivel económico, a partir del aumento de la productividad total de los factores y la contribución a la innovación, la digitalización ejerce una contribución positiva y significativa al crecimiento del producto bruto. De hecho, cuanto más avanzado es el desarrollo de la digitalización de un país, mayor es su contribución al crecimiento económico. Más allá del crecimiento económico, la digitalización también tiene un impacto positivo en la creación de empleo calificado, contribuyendo a la creación de puestos de trabajo en software, tercerización de procesos, manufactura de equipamiento y partes. Adicionalmente, la digitalización tiene impacto positivo de derrame en otros sectores de la economía (en particular, comercio, servicios financieros y salud).
A nivel social, la digitalización contribuye en tres áreas clave: 1) mejoramiento de la calidad de vida; 2) disminución de la desigualdad social; y 3) acceso a servicios básicos. Considerando que la digitalización contribuye al crecimiento económico, es razonable asumir que a mayor desarrollo económico, mayor nivel de calidad de vida. En particular, los países que despliegan tecnologías digitales (redes y terminales de acceso), proveen redes de alta capacidad, y estructuras de mercado que permiten la reducción de precios, pueden afectar de manera positiva la calidad de vida de sus ciudadanos. De todos los pilares de la digitalización, la utilización es la más importante. En otras palabras, la reducción de precios, el desarrollo de las redes y la accesibilidad no son suficientes. El retorno social de la digitalización puede solamente ser alcanzado mediante el énfasis en los factores que promueven la demanda de servicios como el gobierno electrónico, el comercio electrónico, el contenido local de Internet y la adopción de redes sociales.
Finalmente, la digitalización también tiene un impacto positivo en la administración pública y el desarrollo político en tres áreas: 1) transparencia en la administración de los asuntos públicos; 2) entrega de información a la ciudadanía; y 3) eficiencia en la distribución de servicios públicos. Por ejemplo, la digitalización contribuye al desarrollo político de los estados y al fortalecimiento del estado de derecho en la medida en que un mejor acceso a la información sobre el desempeño de la administración pública genera una mayor transparencia respecto de los actos del gobierno. En paralelo con el aumento de la transparencia, la digitalización puede aumentar la eficiencia en el funcionamiento de la administración pública en la medida en que conlleva el desarrollo de aplicaciones y servicios de gobierno electrónico.
De esta manera, y basándonos en los beneficios múltiples de la adopción masiva de tecnologías de información y comunicación, el objetivo fundamental de los países es aumentar el índice de digitalización para maximizar su impacto económico, social y político.
¿CÓMO ESTÁ LA ARGENTINA EN TÉRMINOS DE SU DIGITALIZACIÓN? El desarrollo de la digitalización de un país es medido por un índice basado en seis componentes: 1) Asequibilidad: precio de diferentes servicios de telecomunicaciones; 2) Confiabilidad de infraestructura: nivel de robustez de las redes que transportan información digital; 3) Accesibilidad a las redes: adopción de terminales que permiten a individuos y empresas acceder a las redes que transportan información digital; 4) Capacidad: capacidad de las redes de telecomunicaciones para transmitir volúmenes elevados de información digital; 5) Utilización: adopción de plataformas y cambios en los procesos de negocio, los que indican una asimilación creciente de tecnologías digitales; 6) Capital Humano: proporción de la población económicamente activa calificada para desarrollar productos y servicios digitales.
El sub-índice que ha tenido la tasa de crecimiento más rápida en los últimos años es el de capacidad de redes que subió desde un valor de 3,76 en 2004, a uno de 31,84 en el 2012. Este crecimiento fue determinado por una mayor capacidad de transporte de datos internacional por usuario de Internet, que subió desde 2 Mbp/s a 22 Mbp/s en los últimos siete años. Esto se debió especialmente al despliegue de cables submarinos que vinculan al país con el resto del mundo.
Luego, también merece un comentario especial los avances realizados por la Argentina en términos de accesibilidad, que mide la adopción de terminales para acceder a las redes de telecomunicaciones. Dentro de este subcomponente se destaca una penetración de telefonía móvil en la Argentina superior al 140%, una penetración de internet móvil del 24% y una conexión de banda ancha fija por cada diez habitantes.
La posición relativa de la Argentina en relación a la asequibilidad (que mide la posibilidad económica de acceder a las tecnologías digitales) también es alta. Desde el punto de vista positivo, las tarifas de telefonía fija del país están bien posicionadas en relación a América Latina, siendo unas de las más bajas. Pero por otro lado, y tomando en consideración los precios de la banda ancha fija del cuarto trimestre del 2012, la Argentina presenta la tarifa más alta de la región en términos nominales.
El problema con el país es que si bien su situación ha mejorado significativamente desde el año 2004, lo mismo ocurrió con numerosos países, a escala mundial. Así, a finales del 2012, la Argentina ocupa la posición 33 en el ranking de los países de la OCDE, sólo por delante de Turquía y México; y cuarto en América Latina, después de Chile, Uruguay y Panamá.
Los tres desafíos que enfrenta la Argentina para aumentar su nivel de digitalización se ubican en torno al aumento de la inversión en infraestructura tecnológica (lo que determina la confiabilidad de las redes), la mejora en la capacidad de las redes existentes para ofrecer un servicio de mejor calidad y el desarrollo del capital humano.
La Argentina presenta actualmente un nivel de inversión en infraestructura cuatro veces menor que el promedio de países de la OCDE y de los líderes en América Latina. La segunda brecha con estos países se produce por un bajo nivel de capacidad de redes, motivado por un ancho de banda internacional por usuario que no llega a la mitad del promedio de los países con los que se realiza la comparación. Así también, las diferencias en capital humano y accesibilidad rondan los diez puntos.
En cuanto a las métricas de confiabilidad, la Argentina presenta un marcado retraso en la inversión promedio en telecomunicaciones por habitante, teniendo un valor cuatro veces inferior que el promedio de los países líderes de la región. Así también, en comparación con los países de la OCDE, la Argentina presenta un bajo porcentaje de conexiones a Internet por encima de los 2 Mbp/s. Esta situación se da como consecuencia de la baja capacidad de acceso internacional a Internet, en donde el promedio OCDE es más de diez veces superior que el valor que tiene la Argentina en esta métrica.
ELEMENTOS PARA LA ELABORACION DE UNA POLÍTICA PÚBLICA. Desde el 2004, la Argentina ha mejorado significativamente su nivel de digitalización. Sin embargo, a pesar de esta transformación, nuestro país se encuentra atrasado no sólo respecto de los países avanzados sino también de algunos de América Latina. Este atraso limita la contribución que las tecnologías de información y comunicación pueden hacer para transformar nuestra matriz productiva, impactando asimismo la calidad de vida y el sistema político.
En este contexto, es prioritario ahora definir una serie de políticas públicas que estimulen la adopción y maximicen el uso de dicha infraestructura. Es así que uno de los objetivos centrales debe ser el establecimiento de una Agenda Digital, orientada a cerrar la brecha digital y democratizar el acceso a las tecnologías de información y comunicación. La eliminación de la brecha digital implica reducir al mínimo las fallas de mercado, así como las brechas en la adopción y uso de tecnología digitales. Es por ello que, completando los planes de telecomunicaciones, el énfasis debe ser planteado alrededor de la adopción y utilización de TIC, en términos de cinco objetivos: 1) Economía digital, lo que significa la asimilación de tecnologías digitales en los procesos económicos, para así estimular el aumento de la productividad, el crecimiento económico y la creación de empleo formal; 2) Transformación gubernamental, lo que significa una modernización de la administración pública para la entrega eficiente de trámites y servicios; 3) Salud universal y efectiva, implicando una convergencia de los sistemas y la portabilidad de coberturas en los servicios de salud al conjunto de la población. Este objetivo plantea el uso de las TIC para mejorar la calidad de los servicios de salud y ampliar su acceso; 4) Educación de calidad, representando un salto cualitativo en la educación a todos los niveles, con una asimilación efectiva de tecnologías digitales. Este objetivo supone que la adopción de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje permitirá a la población insertarse con éxito en la Sociedad del Conocimiento; 5) Seguridad ciudadana, implicando la utilización de las tecnologías digitales para prevenir la violencia social como aliviar los desastres naturales.
Para alcanzar estos objetivos, es necesario desarrollar habilitadores que constituyen las condiciones necesarias para realizarlos. En este sentido, la Agenda Digital debe estar sustentada en cinco componentes clave: 1) Conectividad y asequibilidad: este habilitador contiene el desarrollo y capilaridad de redes, la adopción universal de terminales fijos y móviles, y la oferta de servicios a precio asequible. Aquí se abordan las reformas y programas que permiten ampliar el despliegue de una mejor infraestructura en el territorio nacional, la ampliación de la capacidad de las redes existentes, y el desarrollo de competencia en el sector de TIC para estimular la reducción de precios.; 2) Inclusión y Alfabetización Digital: este habilitador define el desarrollo equitativo de habilidades para operar tecnologías y servicios digitales. Con ello, el conjunto de la población sin exclusiones económicas, generacionales o étnicas podrá acceder a Internet, en particular los sistemas y servicios de gobierno electrónico; 3) Interoperabilidad: este habilitador crea las capacidades técnicas, organizacionales y semánticas necesarias en los sistemas de gobierno electrónico y de entrega de servicios públicos para compartir información y transacciones. Esto permite aumentar la eficiencia en la entrega de servicios públicos como la salud y la prosecución de trámites gubernamentales; 4) Marco jurídico: este habilitador contempla los decretos de seguridad cibernética y gobernanza de Internet, así como los lineamientos políticos tendientes a proteger la privacidad de la información, asegurar los derechos de propiedad intelectual y generar la certidumbre en las transacciones. Confianza digital contempla contribuir a la generación de un entorno cultural favorable para el desarrollo de la Agenda Digital, a partir de la armonización del marco jurídico; y 5) Datos Abiertos: el habilitador de datos abiertos permite la provisión de información gubernamental para fomentar el emprendimiento cívico e impulsar la transparencia. Contar con datos abiertos ayuda a mejorar los servicios públicos y permitir mayor rendición de cuentas.
Una vez puestos en práctica dichos programas, la Agenda Digital deberá alcanzar ciertas metas para que Argentina incremente su nivel de digitalización hasta el promedio de los países que componen la OCDE. En particular, esto implica alcanzar un nivel de penetración de banda ancha fija de 27,72 conexiones por cada 100 habitantes (de 10,88 en el 2012), elevar la inversión en telecomunicaciones per cápita de U$S 156,17 (de U$S 33,36 en la actualidad) lo que implica estimular la participación del sector privado, y alcanzar una capacidad de acceso internacional a Internet de 225.567 kbps/usuario (de 21.966 kbps/usuario actuales). Al alcanzar estas metas, la Argentina elevará su índice de digitalización de 44,09 a 64,21 en el 2018 (o sea un aumento de 20,12 puntos o del 45,63).
Esta transformación resultará en una contribución acumulada de más de U$S 5500 millones en PIB en los próximos cinco años, la creación de 315 mil empleos/año formales, así como un aumento significativo en los índices de calidad de vida, igualdad, transparencia, innovación y eficiencia en la entrega de servicios públicos.
El desarrollo de una Agenda Digital para la Argentina debe estar basado en un proceso diferente del usado en el pasado para formular políticas públicas. En primer lugar, debe ser el producto de una colaboración transversal de todas las entidades que componen el aparato del Estado. En segundo lugar, debe estar liderado por el Poder Ejecutivo. En tercer lugar, debe nutrirse de una participación activa del sector privado que provea comentarios y recomendaciones.
(*) Universidad de Columbia.
Director de Estudios de Estrategias. Instituto de Tele-Información.
Taller de trabajo
A partir de las 10, se realizará una jornada en el Anexo C de la Cámara de Diputados (Bartolomé Mitre 1864), destinada a analizar el impacto sobre la economía y la sociedad de las TIC y realizar un diagnóstico de la situación de nuestro país.
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