Internacional
En Venezuela, los medios deberán financiar a los nuevos
Los comunicadores de ese país deberán aportar un porcentaje de sus ganancias al fondo de la proyectada "Ley de Comunicación para el Poder Popular".
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06.08.2011 | 11:44
Chávez recorre la Guardia Nacional Venezolana durante un nuevo aniversario del cuerpo militar, el mismo día de la presentación del proyecto de ley. | Foto: AFP
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En Venezuela está todo listo para aprobar un proyecto denominado "Ley de Comunicación para el Poder Popular", a través del cual se buscar regular el funcionamiento de los medios comunitarios y alternativos. Lo relevante de la normativa, que buscará ampliar el espectro de telecomunicaciones, es que se financiará en parte con los aportes impuestos a los medios de comunicación privados.
En este sentido, el proyecto de la "ley de medios" venezolana, consignada este jueves ante la Asamblea Nacional para su debate y aprobación, prevé la creación de un fondo destinado a financiar los medios de comunicación comunitarios y alternativos.
El artículo 1º de la normativa propuesta, a la que tuvo acceso Perfil.com, expresa que su objeto es "(...) desarrollar, articular y consolidar el proceso comunicacional que se genera desde las organizaciones y movimientos sociales: sobre la base de un modelo antihegemónico, antiimperialista, antioligárquico y desalienante de la conciencia social (...)".
El eje del financiamiento se desarrolla entre los artículos 16 y 19 de la iniciativa, donde se explica que el fondo se nutriría de contribuciones estatales, de aportes de las utilidades obtenidas por el sistema bancario público; y del 2% de las ganancias obtenidas por los actuales medios privados o, como consigna el texto, "prestadores de servicios de telecomunicaciones". El objetivo descripto para el fondo es "cubrir gastos operativos, de mantenimiento, inversión, formación, capacitación de personal y producción de contenidos".
El fondo en cuestión sería controlado por una "junta de evaluación de proyectos" conformada por representantes de la vicepresidencia, el ministerio de Finanzas, el ministerio de Comunicación y cuatro voceros de los medios del llamado "Poder Popular".
El texto de esta normativa fue trabajado y debatido durante tres meses con los sectores involucrados, bajo el mecanismo conocido en Venezuela como "Pueblo Legislador", que permite a la ciudadanía elaborar proyectos jurídicos, y es el segundo de este tipo, tras la aprobación en marzo de la "Ley de Arrendamiento Inmobiliario".
En este sentido, el proyecto de la "ley de medios" venezolana, consignada este jueves ante la Asamblea Nacional para su debate y aprobación, prevé la creación de un fondo destinado a financiar los medios de comunicación comunitarios y alternativos.
El artículo 1º de la normativa propuesta, a la que tuvo acceso Perfil.com, expresa que su objeto es "(...) desarrollar, articular y consolidar el proceso comunicacional que se genera desde las organizaciones y movimientos sociales: sobre la base de un modelo antihegemónico, antiimperialista, antioligárquico y desalienante de la conciencia social (...)".
El eje del financiamiento se desarrolla entre los artículos 16 y 19 de la iniciativa, donde se explica que el fondo se nutriría de contribuciones estatales, de aportes de las utilidades obtenidas por el sistema bancario público; y del 2% de las ganancias obtenidas por los actuales medios privados o, como consigna el texto, "prestadores de servicios de telecomunicaciones". El objetivo descripto para el fondo es "cubrir gastos operativos, de mantenimiento, inversión, formación, capacitación de personal y producción de contenidos".
El fondo en cuestión sería controlado por una "junta de evaluación de proyectos" conformada por representantes de la vicepresidencia, el ministerio de Finanzas, el ministerio de Comunicación y cuatro voceros de los medios del llamado "Poder Popular".
El texto de esta normativa fue trabajado y debatido durante tres meses con los sectores involucrados, bajo el mecanismo conocido en Venezuela como "Pueblo Legislador", que permite a la ciudadanía elaborar proyectos jurídicos, y es el segundo de este tipo, tras la aprobación en marzo de la "Ley de Arrendamiento Inmobiliario".
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