sociedad
ahora habra controles rigurosos
Se roban unos 200 mil celulares por mes
Lo revela un estudio privado. En el país hay más de 43 millones de aparatos y controles escasos que favorecieron el crecimiento del mercado negro de miles y miles de celulares robados cotidianamente. Son habilitados en forma espuria y, generalmente, se usan con fines delictivos. Ahora, el Gobierno nacional quiere ejercer un férreo control mediante un decreto: los usuarios deberán registrar la titularidad hasta con sus propias huellas digitales. Las empresas evalúan los alcances de la medida, pero creen que será “problemática”. Blumberg, autor de la iniciativa en 2004, dice que es insuficiente.
Por Brenda Focas

Basta caminar por barrios como Constitución, Once o por las galerías de la calle Lavalle para toparse con todo un mercado ilegal de la telefonía móvil. Diversos locales ofrecen aparatos, tarjetas, chips y hasta “liberar” teléfonos con programas informáticos. La venta ilegal genera un sinfín de laberintos en torno de la seguridad ya que hay un gran desconocimiento acerca de quiénes son los portadores de equipos que muchas veces son usados con fines delictivos.
Un reciente estudio de la consultora Carrier y asociados, especialistas en telefonía móvil, reve-ló que se roban 6.500 celulares por día en todo el país, es decir casi unos 200 mil por mes.
Esta situación es más grave aún entre los adolescentes, ya que un 29% de este segmento etario sufrió un robo de este tipo durante junio, según el informe. “El problema es que hay un inmenso canal no oficial, donde circulan SIM (chips) y teléfonos reciclados de dudosa proveniencia, como los chips que se venden en los trenes urbanos”, dijo el consultor Enrique Carrier.
Decretazo. Con el fin de controlar esta “ruta del delito”, el Gobierno firmará este lunes un decreto para controlar ese mercado. Ahora, para comprar un aparato nuevo o para usar uno con tarjeta, el usuario tendrá que registrar hasta su huella digital. De este modo, se estima que se reempadronarán unos 30 millones de celulares que funcionan con tarjeta prepaga en un período de 180 días.
El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, manifestó que “en muchísimos casos los celulares son una pieza fundamental para la comisión de un delito” y que el Gobierno busca “cerrar el circuito del mercado negro y perseguir a quienes están involucrados en él”.
La necesidad de poner orden viene acompañada de que el mercado hoy está saturado –43 millones de aparatos vendidos y 34 millones en uso– y es común que una persona tenga más de uno. En este contexto, desde hace varios años los robos pasaron a ser moneda corriente. Ante el alarmante crecimiento de delitos cometidos a través de los celulares, el Gobierno apunta a sellar esta primera batería de medidas, que comenzó con un antiguo reclamo de Juan Carlos Blumberg que fue sancionado por el Congreso en 2004, pero que hasta ahora no tenía reglamentación.
Las nuevas medidas estipulan que para comprar un celular habrá que dirigirse a alguna de las empresas que estén habilitadas para la venta de aparatos donde habrá que demostrar la identidad y se tomarán las huellas digitales del comprador.
Los teléfonos que ya están en uso no se registrarán si son de servicio con factura (unos 3,5 millones de usuarios). Pero el 90 por ciento que tiene servicio prepago, es decir con tarjeta, sí deberán inscribirse en el registro oficial. A los que no lo hagan, se le dará de baja el servicio.
Las empresas operadoras consultadas aseguraron que no fueron notificadas del decreto pero que, a primera vista, consideran dificultosa la implementación del sistema.
El anuncio despertó severas criticas de quienes entienden que estos cambios no servirán para paliar el delito sino para burocratizar el sistema de adquirir un equipo.
“Sería bueno que dentro de este plan de acción hubiera un control más férreo sobre la cadena de distribución. Más que generar nuevas leyes, quizás habría que cumplir con las existentes”, dijo Carrier.
Juan Carlos Blumberg manifestó que no le parece suficiente implementar el control con las huellas digitales sino que “lo más importante es que los celulares tengan GPS porque si no el delincuente roba un teléfono y va a seguir sucediendo lo mismo”.
El especialista en seguridad Luis Vicart calificó a las medidas de “pobres y poco viables”: “Todo mecanismo de control es bueno si no resulta demasiado complicado de poner en práctica. De lo sublime a lo ridículo hay un paso y de eso no se vuelve.”
Las nuevas medidas
*Sólo se podrá comprar un celular en alguna de las empresas habilitadas con DNI y toma de las huellas digitales del comprador.
*Se dará de alta el servicio una vez que el vendedor compruebe el domicilio del usuario por medio de una carta.
*Los teléfonos que tienen tarjeta deberán demostrar que son usuarios legítimos para habilitar cada una que compren.
*No se habilitarán celulares usados sin mostrar factura de venta o transferencia personal.
*Si un celular es robado no podrá ser rehabilitado nuevamente.
El caso de Iván Ojeda
Iván Ojeda, ejecutivo de cuentas de Telefónica, fue una de las víctimas del negocio ilegal de celulares. Estuvo preso siete meses en el penal de Devoto acusado de ser coautor de un secuestro extorsivo agravado. La única prueba que la Justicia tenía en contra de Ojeda era que las llamadas del secuestro se realizaron desde un teléfono celular que estaba a su nombre. Al no existir un registro, el juez no pudo comprobar que las llamadas habían sido realizadas fehacientemente por el acusado. La empresa de telefonía móvil, pese a haber sido intimada, nunca pudo acreditar el legajo de la persona que sacó el celular. El juez, entonces, entendió que las pruebas no eran suficientes y lo dejó en libertad. “Estoy seguro de que si hubiera existido un empadronamiento, Ojeda se hubiese evitado el calvario de estar en la cárcel imputado de un grave delito siendo inocente. Es importante que la gente entienda que, al no haber control, cualquier ciudadano común puede ser acusado de un delito donde su número de celular estuvo involucrado”, explicó.