nuevo escenario
El gobierno de Cristina Kirchner se encuentra ante una disyuntiva por el plan de adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que presentó el Grupo Clarín. De aceptarlo tal cual está, tendría que dar de baja dos batallas con las que persiguió al multimedios en los últimos años: la impugnación a la fusión de Cablevisión-Multicanal y la resolución que establecía que Fibertel “no existe más”.
Son dos piedras que podrían terminar trabando la adecuación de Clarín a la ley.
Ambas cuestiones, hoy judicializadas, deberían estar resueltas a la hora de dividir al Grupo en las seis unidades que contempla el plan. Caso contrario, los nuevos dueños podrían poner trabas y alegar que no pueden hacerse cargo de una empresa con la incertidumbre de no saber si las licencias les terminarán perteneciendo o no.
La fusión entre las dos firmas más importantes de televisión por cable fue aprobada por el hoy secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tres días antes de que Néstor Kirchner dejara la Presidencia en manos de su mujer, en 2007.
Lo hacía amparado en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Dos años después, en medio de la pelea política entre el Gobierno y el Grupo, el Comfer, la CNDC y el propio Moreno impugnaron ante la Justicia la fusión, que siguió adelante de hecho, pero en medio de una nebulosa jurídica. Cuatro años después, esa decisión sigue sin definición.
En el plan de adecuación, la apoderada del Grupo Clarín, María de los Milagros Páez, sostiene que para que se concrete la propuesta “es condición necesaria sanear previamente aquellas cuestiones administrativas o judiciales pendientes que impiden transferir a terceros las licencias a desinvertir sin vicios de títulos”. Y dice específicamente que el multimedios entiende que la aceptación del plan tornaría “abstracta y nula” la Resolución 557/09 del Comfer, que buscó anular la fusión.
Situación similar, aunque no especificada en el plan de adecuación, se da con el destino de Fibertel, empresa de internet absorbida por Cablevisión. En agosto de 2010, la Resolución 100 de la Secretaría de Comunicaciones fijó la caducidad de esa licencia y dio pie para que el Gobierno hiciera campaña mediática con la frase: “Fibertel no existe más”, expresada por Julio De Vido.
Esa resolución también fue impugnada por la empresa y recibió un fallo de primera instancia a favor del juez Roberto Torti. El Gobierno apeló y la causa ahora está estancada. Esa determinación es clave también porque es la que decretó la indivisibilidad de las redes de Cablevisión y Fibertel. El plan de adecuación de Clarín no especifica qué pasará con la empresa que presta el servicio de internet, que se ve afectada por la división que sufrirá Cablevisión en tres unidades.
El grueso de los usuarios de Fibertel quedará en la unidad 2 con Cablevisión, mientras que unos 100 mil quedarán en la unidad 1 y otros mil en la unidad 3.
Desde la Afsca todavía no emitieron opinión al respecto y explicaron que no harán “ninguna expresión pública hasta que salga el dictamen del área correspondiente”. Y agregaron que cada aspecto “se estudiará”, pero que no tomarán ninguna decisión que afecte cuestiones legales anteriores.
Clarín escondió en su plan para dividirse la aprobación de su fusión
Si la AFSCA acepta su propuesta, el Grupo cree que se terminarían dos guerras judiciales que mantiene con el Gobierno desde 2007.
Aplicación. El organismo que conduce Sabbatella ya está analizando la propuesta del multimedios. | Foto: Cedoc
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Son dos piedras que podrían terminar trabando la adecuación de Clarín a la ley.
Ambas cuestiones, hoy judicializadas, deberían estar resueltas a la hora de dividir al Grupo en las seis unidades que contempla el plan. Caso contrario, los nuevos dueños podrían poner trabas y alegar que no pueden hacerse cargo de una empresa con la incertidumbre de no saber si las licencias les terminarán perteneciendo o no.
La fusión entre las dos firmas más importantes de televisión por cable fue aprobada por el hoy secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tres días antes de que Néstor Kirchner dejara la Presidencia en manos de su mujer, en 2007.
Lo hacía amparado en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Dos años después, en medio de la pelea política entre el Gobierno y el Grupo, el Comfer, la CNDC y el propio Moreno impugnaron ante la Justicia la fusión, que siguió adelante de hecho, pero en medio de una nebulosa jurídica. Cuatro años después, esa decisión sigue sin definición.
En el plan de adecuación, la apoderada del Grupo Clarín, María de los Milagros Páez, sostiene que para que se concrete la propuesta “es condición necesaria sanear previamente aquellas cuestiones administrativas o judiciales pendientes que impiden transferir a terceros las licencias a desinvertir sin vicios de títulos”. Y dice específicamente que el multimedios entiende que la aceptación del plan tornaría “abstracta y nula” la Resolución 557/09 del Comfer, que buscó anular la fusión.
Situación similar, aunque no especificada en el plan de adecuación, se da con el destino de Fibertel, empresa de internet absorbida por Cablevisión. En agosto de 2010, la Resolución 100 de la Secretaría de Comunicaciones fijó la caducidad de esa licencia y dio pie para que el Gobierno hiciera campaña mediática con la frase: “Fibertel no existe más”, expresada por Julio De Vido.
Esa resolución también fue impugnada por la empresa y recibió un fallo de primera instancia a favor del juez Roberto Torti. El Gobierno apeló y la causa ahora está estancada. Esa determinación es clave también porque es la que decretó la indivisibilidad de las redes de Cablevisión y Fibertel. El plan de adecuación de Clarín no especifica qué pasará con la empresa que presta el servicio de internet, que se ve afectada por la división que sufrirá Cablevisión en tres unidades.
El grueso de los usuarios de Fibertel quedará en la unidad 2 con Cablevisión, mientras que unos 100 mil quedarán en la unidad 1 y otros mil en la unidad 3.
Desde la Afsca todavía no emitieron opinión al respecto y explicaron que no harán “ninguna expresión pública hasta que salga el dictamen del área correspondiente”. Y agregaron que cada aspecto “se estudiará”, pero que no tomarán ninguna decisión que afecte cuestiones legales anteriores.
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