Discusión y consecuencias de la Ley Rubeo

Campaña audiovisual por 25 millones

Es lo que pagará la provincia para costear la publicidad electoral de candidatos municipales y comunales, de cara a las elecciones de octubre. Un decreto de excepción permite superar los topes establecidos para las órdenes de publicidad.

 

La decisión del gobierno de Antonio Bonfatti de costear la propaganda electoral de los candidatos municipales y comunales en medios audiovisuales le demandará a la provincia un desembolso de 25 millones de pesos. La cifra fue confirmada a El Litoral por el secretario de Comunicación Social, Mariano Panicelli.

La determinación del Poder Ejecutivo de hacerse cargo de esos gastos se plasmó en un decreto que planteaba la medida como excepcional, y se inscribió en la polémica suscitada a partir de la vigencia de la ley 13.235 -conocida como Ley Rubeo-, que garantiza espacios gratuitos de publicidad para los candidatos en radio y televisión. Pero según interpretó el gobierno, en esta instancia electoral la ley resultaba inaplicable porque excedía las competencias de la provincia, dado que no es propietaria de las licencias de los medios y en consecuencia, no podía obligarlos a ceder esos espacios. La situación generó una encerrona, porque la propia ley prohíbe a los partidos a contratar publicidad de modo particular; eso hizo que de cara a las primarias, todos los precandidatos a intendente, concejales y jefes comunales se vieran privados de hacer campaña en radio y TV.

Finalmente, y tras una acalorada discusión política, el gobierno terminó acordando con la oposición que la manera de saldar el problema institucional y salir de la encrucijada era costeando con fondos de la provincia la campaña proselitista audiovisual para las generales de octubre.

Excepción

En los últimos días, el gobierno debió firmar otro decreto estableciendo una nueva situación de excepcionalidad. Se trata del Nº 3.057 que, esta vez, autoriza “con carácter excepcional” al secretario de Comunicación Social del Ministerio de Gobierno a “suscribir órdenes de publicidad cuyos montos superen los habilitados por la normativa vigente”. Dicho tope -que “excepcionalmente” será superado ahora- es de 400 mil pesos por orden.

En los considerandos se plantea que la Dirección General Publicitaria y Administrativa debe confeccionar las órdenes de publicidad por cada medio de comunicación “y por la totalidad de los segundos que le correspondiere emitir a éstos, superando de ese modo los montos máximos autorizados por la normativa vigente”. Consecuentemente, se argumenta la medida de excepción “con el objeto de facilitar, agilizar y, por tanto, cumplir en tiempo y forma lo consignado” en el decreto que establece la contratación de publicidad a cargo de la provincia, de cara a las elecciones de octubre.

El decreto lleva la firma de Bonfatti y del ministro de Gobierno, Rubén Galassi.