MEDIOS Y COMUNICACION
Luz, cámara, acción
Federico Corbière propone mirar la historia de las
industrias culturales para comprender qué es lo que está sucediendo hoy con las
medidas que dicen combatir la supuesta “piratería” en Internet y denuncia un
nuevo avance sobre la democratización cultural.
Por Federico Corbière
*
Sin lugar a dudas,
Thomas Alva Edison (1847-1931) fue un genio. No sólo por su inteligencia sino
por una singular habilidad para hacer negocios. El (falso) inventor de la
lamparita tiene registradas más de mil patentes y una historia de “niño
terrible”, que de telegrafista pasó a célebre científico.
Edison era una suerte de Steve Jobs del
siglo XIX. Supo experimentar sobre toda innovación a su alcance y
perfeccionarla. La bombilla incandescente (1883) sería años después fundamental
para la creación de la radio a válvulas, entre otros soportes que surgirían con
las industrias culturales.
El suyo fue el tiempo del cine. Su
conocimiento de una base tecnológica que ya mostraba una tendencia
transnacional por las rutas telegráficas, creadas por las agencias de noticias
Reuters y Havas, le permitieron imaginar un mundo globalizado sobre el que se
constituyó la revolución audiovisual del cinematógrafo.
Tras batallar con los hermanos Lumière, en
1902 Estados Unidos tuvo sus famosos nickelodeons (películas por cinco
centavos). También, un ganador y otro invento: las primeras formas de
concentración: vertical y horizontal, de lo que sería el principal oligopolio
del siglo XX.
Detrás de la pantalla estaba la Motion
Picture Patents Company (MPPC), organizada por Edison y conformada por nueve
productoras, que no sólo vendían los derechos de exhibición sino que
condicionaban a los dueños de las salas a presentar exclusivamente películas de
ese pool y a pagar licencias por usar sus proyectores.
Es decir, la MPPC controlaba el soporte,
los canales de exhibición, su distribución y los contenidos, anulando toda
posible competencia.
La falta de control estatal y la novela
negra de presiones mafiosas hicieron que los productores independientes se
mudaran de Nueva York. Ese será el curioso comienzo de Hollywood, en 1914,
cuyas principales cadenas hoy consolidadas reclaman por los derechos de
Propiedad Intelectual.
La MPPC tuvo su final en 1918 al aplicarse
la Sherman Act (ley antimonopolios). Sin embargo, su espejo actual está en la
Motion Picture Association of America (MPAA), con seis grandes operadores: Walt
Disney, Paramount, Sony, Twentieth Century Fox, Universal y Warner.
La MPAA apoyó todas las propuestas
elevadas al Capitolio para perseguir la “piratería” en Internet, seguida de
infinidad de firmas ligadas al sector.
Si bien la conmoción en el mundo
cibernético dejó las iniciativas en el tintero, el operativo en Nueva Zelanda
sobre Megaupload y detención de Kim Schmitz cumplen ya su efecto ejemplificador
sobre otros servidores de descarga que, por las dudas, están bloqueando enlaces
sospechados de infringir los derechos de autor de ésas y otras compañías.
Respecto del segmento musical no sólo
algunas ONG relativizan que la digitalización destruya la industria. Dominique
Leguern, anfitriona del Midem 2011 (Mercado Internacional del Disco y la
Edición Musical), la mayor feria del sector, que suele reunir cerca de 8000
participantes, con 4000 empresas y más de 2000 expositores, aseguró al cierre
de la edición 45ª, en Cannes: “La industria musical no está tan mal como
dicen”.
En su análisis, la responsable de Virgin
Records por más de una década señaló que la crisis está en el “mercado físico
de los CD”, mientras “hay un crecimiento del digital” y que la industria ha
demostrado capacidad para reinventarse.
La especialista explicó que el cambio está
en la monetarización por canales de sincronización, aplicaciones móviles
(cloud-music), sistemas de streaming por suscripción, entre otros esquemas de
negocios. En tanto, aventuró que las descargas gratuitas sostenidas por
publicidad no ofrecen una perspectiva viable, mientras modelos como iTunes
(Apple) suelen ser aún caros, debido a que las discográficas no cambian sus
políticas de precios.
Lo llamativo del caso es que el operativo
del FBI en tierras extranjeras ocurrió antes de darse a conocer que Megaupload
pensaba lanzar un servicio para bajar música con pago de regalías, siguiendo el
camino de My Space y Bandcamp como alternativa de iTunes, lo cual dinamizaría
la competencia en el sector y promovería un mayor acceso a la cultura rompiendo
dos tipos de barreras: las de consumo final de los usuarios y aquellas que
impiden a los realizadores darse a conocer.
Más allá de las conductas mafiosas que
dieron inicio al cine y el eventual lavado de dinero de Kim Schmitz, que
transforma a Edison en una carmelita descalza, lo cierto es que acciones
directas como éstas retrasan y atacan toda instancia de democratización
cultural.
Todo pasa en un opresivo universo
orwelliano con poco rating. Justo cuando el “conventillo global”, caracterizado
por el inolvidable Aníbal Ford, parecía abrir un espacio de libertad en las
redes de comunicación.
* Docente-investigador.
Facultad de Ciencias Sociales UBA
MEDIOS Y COMUNICACION
Acceso y participación
Diego Rossi anticipa los cambios que se producirán en
breve a partir de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual y las nuevas iniciativas oficiales en materia de comunicación, pero
alerta sobre la necesidad de que estos pasos estén acompañados de procesos de
participación apoyados en legitimidades políticas y sociales.
Por Diego Rossi *
La televisión abierta y
gratuita en la Argentina por fin concretará cambios estructurales en los
próximos dos años de aplicación de políticas públicas de comunicación.
Durante más de treinta años la cantidad de
emisoras de TV abierta en el país se ha mantenido invariable. Más aún: en la
década del ’90 se sinceró la influencia de los canales de la Ciudad de Buenos
Aires en todo el país, con la legalización de las redes y la concentración de
propiedad de canales del interior y las redes de TV por cable.
Millones de ciudadanos y ciudadanas que
habían naturalizado la necesidad de “pagar el peaje de inclusión por consumo”
de la TV por cable o satelital podrán optar ahora por la recepción gratuita con
más ofertas para sintonizar. Recordemos que en media Argentina aún hoy se
reciben una o dos señales de TV abierta y, a pesar de la modernización y los
esfuerzos que está desplegando Canal 7, la TV pública no llega a todo el
territorio.
El crecimiento del acceso federal a la TV
gratuita tiene dos vías: una, a mediano plazo, por los concursos públicos de
asignación de frecuencias (a partir de un histórico llamado para 220 emisoras).
Paralelamente, otra ventana de
oportunidades se abre desde 2010 con el programa Argentina Conectada, por el
cual el Estado está desplegando la red de antenas para la Televisión Digital
Abierta (TDA). A medida de su puesta en marcha, la TDA brinda una grilla cuya
variedad podría compararse con un abono básico de TV paga usual en otros países
(abono básico que en Argentina los cableros no ofrecieron porque tenían la vaca
atada de una audiencia cautiva por falta de ofertas en la TV abierta, por
repetir en directo las señales de Capital y el exterior, y por usar al fútbol
como anzuelo para el abono, entre otras travesuras de mercado).
De cumplirse las metas actualizadas en
estos días por la propia Presidenta, a fines de 2013 el 95 por ciento del
territorio y casi el ciento por ciento de la población estará cubierto por la
TDA, elevando la accesibilidad a todos los canales locales, más los nuevos
canales que salgan airosos de los concursos, más un paquete de señales públicas
y privadas cuyos permisos de emisión deberán tener criterios transparentes de
selección.
Mientras se produce el acortamiento de la
endémica brecha de acceso a la televisión gratuita, la participación de nuevos
actores sociales y la mejora de la programación son terrenos en disputa.
La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación
Audiovisual establece varios mecanismos para generar mejores pisos de
diversidad y pluralismo, además de la propiedad de los medios, como las cuotas
de pantalla y los fondos para la producción audiovisual. Las prioridades para
asignar fondos públicos a una programación diversa y federal, aun con las
tramas complejas que cualquier pulseada podría tener, seguirán ayudando a
reducir la fuerte incidencia de los mercaderes de la información y el
entretenimiento chivero y atorrante que todos conocemos.
Estamos en una situación estratégica para
seguir avanzando. La visibilidad de la “cuestión audiovisual” es una conquista
de la democracia argentina y de los protagonistas del debate de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual. Este año, además de haber pasado la
prueba de legitimidad política, parlamentaria y judicial, la ley será cumplida
a través del funcionamiento de la comisión bicameral, junto a los Consejos y
demás institutos creados para tutelar derechos y promover definiciones
colegiadas.
Comparemos el camino recorrido con las
dificultades del debate en Brasil, donde aun habiéndose realizado diversas
acciones colectivas, todavía no se concretó una política democratizadora; o en
Bolivia, donde la nueva ministra de Comunicaciones tiene como principal misión
promover consultas y consenso para lograr una ley de medios que supere los
invocados fantasmas de la mordaza y el “proestatismo” gubernamental.
Por otra parte, estamos alertas ante un
sistema de comunicaciones altamente globalizado tendiente a la concentración.
La crisis económica en España llevó en estos días al cierre o
redimensionamiento (vía Internet) de emisoras que habían comenzado con el
aliciente de la televisión digital... y también llevó a la entrada de empresas
multinacionales presionando otra vez hacia la TV de pago.
Hay mucho camino por recorrer, pero está
claro que cuanto más fortalezcamos las prácticas comunicativas y su
financiamiento con arreglo a legitimidades políticas y sociales, mejor
estaremos preparados para que el canto de sirenas del ajuste y del mercado
nunca nos haga retroceder los casilleros que tanto esfuerzo nos llevó avanzar.
* Profesor adjunto
Políticas y Planificación de la Comunicación, UBA
"La imagen del Che fue empleada para vender desde perfumes franceses hasta lencería femenina, casi siempre sin pedir la correspondiente autorización a Korda", sostiene Borrini.
Durante 2011, Wal Mart tuvo 180 millones de clientes, y ventas dentro de Estados Unidos por 260.000 millones de dólares, lo cual representa el 1,7 por ciento del PBI del país.